TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                        S A L A  C I V I L


Auto Supremo: 532/2014

Sucre: 19 de septiembre 2014

Expediente:         SC- 80 14 S

Partes: Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). c/ Rómulo Cardona

            Sotelo, Margarita Castillo Carrasco, Nicolasa Vega Durán, Hilda Núñez

            Sanguino.   

Proceso: Reivindicación, desocupación y entrega de inmueble.

Distrito: Santa Cruz.

VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 180 a 183 y vta., interpuesto por Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) representado por Edwin De La Cruz Troche, contra el Auto de Vista Nº 156 de 11 de abril de 2014 de fs. 176 y vta., pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en el proceso ordinario de reivindicación, desocupación y entrega de inmueble, seguido por la Institución recurrente contra Rómulo Cardona Sotelo, Margarita Castillo Carrasco, Nicolasa Vega Durán e Hilda Núñez Sanguino; la respuesta al recurso de fs. 186-187; el Auto de concesión de fs. 188; los antecedentes del  proceso, y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

I.1. Síntesis de los hechos que motivan la demanda:

La Institución actora a través de sus apoderados, en su memorial de demanda de fs. 18-20 subsanada a fs. 27, afirma ser propietaria del lote de terreno de 2.800 mts2. ubicado en Kilómetro 3.5 de la carretera antigua Santa Cruz - Cochabamba entre cuarto y quinto anillo, debidamente registrado en DD.RR. el 01 de marzo de 1974, inmueble donde se encontraría construida una Estación de Servicio de venta de combustible; indica que en parte del indicado predio en una extensión de 75 m2 se encontrarían asentados personas que construyeron sus negocios (Kioscos) de venta de dulces y comida rápida donde utilizan fuego para cocinar, aspecto que representa un peligro que ponen en riesgo la infraestructura de la Estación; señala también que los ocupantes alegarían ser propietarios y que viven por más de 20 años en el inmueble. En base a esos antecedentes interpone la demanda indicada al exordio.   

Sustanciado el proceso en primera instancia, el Juez 3º de Partido de en lo Civil y Comercial de la ciudad de Santa Cruz, mediante Sentencia Nº 52 de 19 de julio de 2013 cursante de fs. 152 a 153 y vta., declaró probada la demanda en todas sus partes ordenando a los demandados a que desocupen y entreguen el inmueble a la Institución demandante en el plazo de diez días de ejecutoriada la sentencia, bajo prevención de ley.

Apelada la Sentencia por los demandados Rómulo Cardona Sotelo, Margarita Castillo Carrasco y Katia Teresa Mérida Núñez (la última de las nombradas, heredera de Hilda Núñez Sanguino), la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Auto de Vista Nº 156 de 11 de abril de 2014 de fs. 176 y vta., anuló la Sentencia por considerar existir vulneración al debido proceso en su vertiente del derecho a la defensa; en contra de esta resolución de segunda instancia, la Institución demandante interpuso recurso de casación en la forma y en el fondo.

CONSIDERANDO II:

HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Del contenido del recurso de casación, se resume lo siguiente:

II.1.- En la forma, denuncia existir de parte del Ad quem, violación a las formas esenciales del proceso, ya que esa instancia no se habría pronunciado a los fundamentos de la contestación al recurso de apelación.

Indica que no toda falta de formalidad procesal constituye un acto ilegal u omisión indebida, aspecto que no habría sido considerado por el Ad quem.

Que el Juez de la causa al trabar la relación procesal, no vulneró el derecho a la defensa de los demandados, aspecto que tampoco habría sido considerado por el Ad quem.

Que los aspectos indicados anteriormente, implicarían violación a las formas esenciales del proceso previsto en el art. 254 num. 4) del Código de Procedimiento  Civil con incidencia en la vulneración objetiva del derecho a la defensa de los recurrentes en directa relación al debido proceso consagrado en el art. 115 de la Constitución Política del Estado.

II.2.- En el fondo, indica el hecho de que el Juez A quo haya trabado la relación procesal sin considerar que la reconvención de los demandados fue presentada de manera extemporánea, de ninguna manera implica vicio procesal, ni restringe derechos y garantías de ninguna de las partes y menos el derecho a la defensa de los demandados, y por consiguiente no era posible que el Juez de la causa aplique el art. 3 del CPC. como erróneamente apreció el Ad quem.

Señala también el hecho de que no se haya considerado en Sentencia la contestación y la reconvención, fue debido a su extemporaneidad, aspecto que de ninguna manera pudo haber sido convalidado por el Juez de la causa, siendo totalmente infundado que en el Ad quem señale haberse desestimado el auto de relación procesal.

Acusa mala interpretación y aplicación indebida del art. 16 de la Ley del Órgano Judicial y que al disponer la nulidad de la Sentencia, se estaría validando un acto procesal presentado fuera de plazo de ley, vulnerando el derecho a la defensa e igualdad de las partes previsto en los arts. 115 y 119 CPE.

Por otra parte, denuncia existir vulneración al principio de congruencia acusando al Auto de Vista de contener fundamentos contradictorios, ya que por una parte reconoce que la respuesta y reconvención a la demanda fueron presentadas fuera de plazo y al anular obrados valida de forma ilegal dicho acto procesal extemporáneo, vulnerando el debido proceso y el derecho a la defensa e igualdad, aspecto que haría viable el recurso conforme al art. 253 num. 2) del Cód. Pdto. Civ.

En base a esos antecedentes, citando varias disposiciones legales, solicita se CASE el Auto de Vista recurrido y se confirme la Sentencia de primera instancia. 

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Se ha establecido en reiterados autos supremos que el recurso de casación es considerado como un medio impugnatorio vertical de carácter extraordinario equiparable a una demanda nueva de puro derecho, que puede ser planteado en la forma, en el fondo o en ambos casos a la vez, conforme se encuentra establecido en el art. 250 del Código de Procedimiento Civil; cuando el recurso se plantea en la forma, se lo hace estrictamente por errores de procedimiento o por incongruencia en la estructura de la resolución, denominado en doctrina error “in procedendo”, cuya finalidad es la anulación de la resolución recurrida o del proceso mismo, en este último caso siempre y cuando se hubieren violado las formas esenciales de su tramitación sancionadas expresamente con nulidad por la ley; en el recurso de casación en la forma solo está permitido acusar la infracción de normas adjetivas o procedimentales y no así las normas de carácter sustantivo. 

En tanto que el recurso de casación en el fondo procede por errores de fondo en la resolución del litigio denominado también “error in judicando” y está orientado a que el Tribunal de casación revise el aspecto sustancial de la resolución impugnada, siendo su finalidad la casación del Auto de Vista recurrido a través de la emisión de una nueva resolución que lo reemplaza resolviendo el fondo de la controversia en base a la correcta compulsa de la prueba y la aplicación o interpretación de la ley sustantiva; valga la redundancia aclarar que en este tipo de recurso no corresponde acusar la infracción de las normas procedimentales o adjetivas las cuales como se tiene dicho están reservadas para el recurso de casación en la forma; por ello y debido a razones de orden lógico, no se puede interponer recurso de casación en el fondo contra una resolución anulatoria, por cuanto el Juez o tribunal que emite este tipo de resolución (anulatoria) lo hace por aspectos estrictamente formales o de procedimiento sin ingresar a considerar el aspecto sustancial o fondo del asunto.  

En cada uno de los recursos, los hechos denunciados deben circunscribirse a las casuales de procedencia establecidas en los arts. 253 y 254 del adjetivo civil respectivamente y cumplir con el mandato del artículo 258 inc. 2) del mismo cuerpo legal; es decir, citar en términos claros, concretos y precisos la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente y especificar en qué consiste la violación, falsedad o error; esas especificaciones se realizarán ya sea de las leyes sustantivas o adjetivas de acuerdo al tipo de recurso que se interponga y deben hacerse precisamente en el recurso y no fundarse en memoriales o escritos anteriores ni suplirse posteriormente.

En cuanto al petitorio en uno u otro recurso también difiere; en caso de ser interpuesto al mismo tiempo ambos recurso (forma y fondo), no se puede terminar solicitando simplemente porque se case la resolución recurrida o se anule la misma, la petición tendrá que ser de manera alternativa acorde al planteamiento de cada recurso porque los fundamentos y la finalidad que persiguen son diferentes, los cuales debe realizarse diferenciándose claramente el uno con respecto del otro.

Por otra parte, es preciso señalar que toda impugnación o recurso judicial se encuentra estructurado de dos componentes esenciales que son la causa petendi y el petitium y para que pueda ser atendido en su verdadera dimensión, debe existir la suficiente coherencia en todo su contenido; la causa petendi es el motivo por el cual se recurre y está integrado por el elemento fáctico y normativo, los cuales deben ser precisados y fundamentados adecuadamente por el recurrente; mientras que el petitium es la solicitud expresa, clara y concreta que se realiza en el recurso; ambos componentes (causa petendi y petitium) están directamente vinculados con la finalidad del recurso lo que en doctrina se conoce como el “nexo o relación de causalidad”; esto muestra la enorme importancia que tiene el petitium, mismo que no sólo debe ser claro, sino sobre todo coherente con el fundamento que sustenta la pretensión; en ese sentido se tiene establecido por el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de sus reiterados fallos plasmados en sentencias y autos constitucionales, entre estos en la SCP 1456/2013 y AC 0099/2012-RCA.

En el caso presente, el recurrente interpuso al mismo tiempo recurso de casación en la forma y en el fondo contra una resolución anulatoria donde solicita como único petitorio de manera expresa que se dé aplicación al parágrafo II del art. 274 del Código de Procedimiento  Civil y se “CASE” el Auto de Vista recurrido y se confirme en todas sus partes la Sentencia de primera instancia, sin tomar en cuenta que la resolución de la cual recurre, se trata de una resolución anulatoria donde el Ad quem no ingresó a analizar el aspecto sustancial o de fondo de la problemática. 

Si bien ambos recursos (forma y fondo) contienen en su totalidad aspectos de forma, sin embargo nos encontramos ante una solicitud expresa de que se “case” la resolución recurrida, no existiendo ninguna solicitud por la anulación de dicha resolución, lo cual resulta totalmente incoherente y contradictorio a los argumentos del propio recurso, toda vez que no es posible cuestionar aspectos de forma que están destinados a la nulidad procesal, para luego solicitar que se case la resolución recurrida; con ese tipo de planteamiento lo que pretende el recurrente es que este Tribunal ingrese a considerar el fondo del asunto y se case el Auto de Vista recurrido, aspecto que es inviable procesalmente, toda vez que al margen de no existir ningún argumento de fondo y existir contradicción entre los argumentos de los recursos y el petitorio, no existe de parte del Ad quem un pronunciamiento sobre el fondo del asunto; en caso de dar curso a la solicitud planteada implicaría fallar en per saltum, aspecto que no está permitido en nuestro sistema procesal; razón por la cual los indicados recursos resultan siendo improcedentes.

Por lo anteriormente señalado corresponde resolver ambos recursos en la forma prevista por el art. 271 numeral 1) y 272 del Código de Procedimiento  Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el Art. 42  parágrafo I, num. 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en el Art. 271 núm. 1) y 272 del Código de Procedimiento Civil, declara, IMPROCEDENTE el recurso de casación en la forma y en el fondo interpuestos por el Abogado y apoderado de Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), contra el Auto de Vista Nº 156 de 11 de abril de 2014 de fs. 176 y vta., pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. Sin costas.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Duran

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Dra. Patricia Ríos Tito

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: Sexto