TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A  C I V I L


Auto Supremo:523/2014

Sucre:15 de septiembre2014         

Expediente:        LP-70-14-S

Partes:Amadeo Ramiro Pérez Casas, Max Román Pérez Casas,

Silvia María Pérez Casas y Omar Roberto Pérez Casas. c/        Elías Pérez

           Coraite, Juana Mendoza de Pérez, Antonio Pérez Mendoza,

           Vitaliano Quiroga Ferrel y Josefina Ulloa de Quiroga.

Proceso: Nulidad de documentos

Distrito:La Paz

VISTOS: El recurso de casación en el fondo cursante de fs. 940 a 945 y vta., interpuesto por Vitaliano Quiroga Ferrel y Josefina Ulloa de Quiroga contra el Auto de Vista Nº S-296/2013, cursante de fs. 935 a 937 y vta., pronunciado el 23 de agosto de 2013 por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz en el proceso ordinario de        nulidad de documentos seguido porAmadeo Ramiro Pérez Casas, Max Román Pérez Casas, Silvia María Pérez Casas y Omar Roberto Pérez Casas contra los recurrentes y otros; la respuesta de fs. 950 a 952; la concesión de fs. 965; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:                                                                ANTECEDENTES DEL PROCESO:

La JuezDecimotercero  de Partido Civil y Comercial de la ciudad de  La Paz, el15 de diciembre de 2006 pronunció la Sentencia Nº 470/2006, declarando probada en parte la demanda principal respecto a la nulidad de documentos, improbadacon relación al mejor derecho de propiedad interpuesta porAmadeo Ramiro, Max Román, Silvia María, Ciro Rodolfo y Omar Roberto Pérez Casas; improbada la demanda reconvencional de acción negatoria, mejor derecho de propiedad, acción reivindicatoria y pago de daños y perjuicios interpuesta por Vitaliano Quiroga Ferrel y Josefina Ulloa de Quiroga; improbada la demandareconvencional de nulidad de documento y pago de daños y perjuicios formulada por Elías Pérez Coraite, Juana Mendoza de Coraite y Antonio Pérez Mendoza, en consecuencia, declara la nulidad del documento privado Nº 07/2001 suscrito en fecha 20 de marzo de 2001 entre Elías Pérez Coraite, Juana Mendoza de Pérez y Vitaliano Quiroga Ferrel, reconocido en sus firmas y rúbricas en formulario Nº 2197345, debiendo Elías Coraite, Juana Mendoza de Pérez y su heredero Antonio Pérez Mendoza, restituir en el plazo de 10 días de ejecutoriada la Sentencia a Vitaliano Quiroga Ferrel, el vehículo marca VOLVO yVitaliano deberá devolver en el plazo de diez días de ejecutoriada la Sentencia a Elías Pérez Coraite y Juana Mendoza de Pérez el terreno de 1.500 ms.2 ubicado en Viriloco de la ciudad de Viacha, juntamente las construcciones precarias y maquinaria del Lavado San Juan, consistente en una bomba de tres rodetes, compresora con cabeza nueva y motor, tanque de manguera fumigadora (de aire) y sistemas eléctricos de seguridad. Asimismo declara la nulidad de la Escritura Pública Nº 1531/2001 de fecha 5 de junio de 2001, quedando sin efecto la cancelación contractual de la Escritura Pública Nº 466/93 de fecha 6 de diciembre de 1993, manteniéndosevigente la misma, sin costas.

Resolución de primera instancia que fue objeto de apelación por parte de Vitaliano Quiroga Ferrel, Josefina Ulloa de Quiroga por memorial de fs. 704 a 707; por Juana Mendoza Vda. de Pérez y Antonio Pérez `por memorial de fs. 716 a 720; por Silvia María y Omar Roberto Pérez Casas por escrito de fs. 728 a 729 y vta., que merecieron el Auto de Vista Resolución Nº S-296/13 de fs. 935 a 937 y vta., que confirmó la resolución de primera instancia.

Resolución de segunda instancia que es recurrida en casación objeto del presente análisis.

CONSIDERANDO II:                                                                HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Primero.- Que, el Juez de primera instancia de acuerdo al punto 4 de su Considerando II, pretende hacer ver que los demandantes hubieran demostrado este punto al contrastar las literalesde fs. 3 de obrados que en criterio del Juez, Elías Pérez Coraite por declaración expresa hubiera reconocido que los inmuebles fueron adquiridos por Roberto Pérez Mendoza, valoración de la prueba que demuestra que el Juezinferior en grado pronunció una Sentencia absolutamente parcializada porque no efectúa una valoración correcta de las fechas en que se suscribieron ambos documentos, pues el de fs. 3 (declaración voluntaria) fue suscrito cinco años después y el de fs. 521 (documento de compra venta) en ninguna parte señala que Elías Coraite Pérez hubiera adquirido ambos lotes  con los dineros de Roberto Pérez Mendoza de lo que se puede presumir que el documento de fs. 9 fue llenado en documento blanco donde estaba la firma de  Elías Pérez Coraite, sino cómo se explicaría la ausencia de la huella digital de Juana Mendoza de Pérez y sus testigos a ruego, por cuanto siElías Pérez reconoció ser testaferro, también Juana Mendoza de Pérez debiera haber reconocido que ella fungió también esa calidad, extremos que demuestran que el inferior efectuó errónea valoración  de las pruebas.

Segundo.- Que, con referencia al punto 5 del Segundo Considerando de la Sentencia recurrida,resulta inconcebible que el Juez señale que el propietario real fuera Roberto Pérez Mendoza, pretendiendo hacer prevalecer de manera forzada la literal de fs. 3 de obrados donde no participaba la Sra. Juana Mendoza de Pérez, concluyendo el Aquo que este documento es nulo porque no cumplió con el art. 651 del Código Civil, siendo equivocada la interpretación realizada porque si bien nofue registrada en Derechos Reales, hasta ese momento ya era propietario Elías Pérez Coraite y Juana Mendoza de Pérez y ya estaban en posesión de esos predios, pero en criterio del Juez de instancia para algunos casos tiene validez la Escritura Pública Nº 466 comodispone en la parte dispositiva donde la deja subsistente, en consecuencia el documento de permuta no infringió el art. 651 del Codigo Civil y el Aquo olvida que en ese documento existe un reconocimiento de firmas para garantizar los derechos  y obligaciones y son sujetos de guarda los notarios.

Que, asimismo el Juez Aquo señala la falta de dos testigos presenciales lo que invalidaría el documento pero olvida el juzgador que cualquier error de fondo es sujeto de corrección y subsanación entre partes, por lo que la ausencia de los testigos de ninguna manera invalida ese documento como señala la jurisprudencia (G.J. Nº 1600,p.40), que en este caso el Juez olvidó que en ese documento de permuta también suscribió Elías Pérez Coraite de quien no se puede invalidad su voluntad, documento registrado en tránsito.

Tercero.- Con referencia al punto 6 del parágrafo II de la Sentencia recurrida, expresamente el Juez de primera instancia señala que es nula la Escritura Pública Nº 1531/2001, porque en la misma se advierte la ausencia  de la firma de los dos testigos presenciales respecto de la impresión digital de Juana Mendoza de Pérez vulnerando con esta ausencia el art. 1299 del Código Civil, efectuando una mala interpretación de ese artículo y mala valoración de esa prueba prevista en el art. 353 inc. 1) y 3) del Código de Procedimiento Civil porque esa Escritura cumple con todos los presupuestos requeridos en la suscripción de documentos por analfabetos y con los arts. 24 y 25 de la Ley del Notariado porque cursan las firmas de Miryam Albertina Yujra y de Epifanía Fernández Yampara quienes firman por ella  y en la Escritura Pública Nº 1531-2001 (fs. 570 a 571) firman Miguel Usnayo y Edwin Velasco, testigos instrumentales, nombre que en ambas instancias no quisieron ver para favorecer a los demandantes haciendo procedente el recurso con referencia al art. 253 inc. 1) y 3) del Código de Procedimiento Civil.

Cuarto.- Que, con referencia al punto 7 del Considerando II de la Sentencia objeto del presente recurso, el inferior en grado señala de manera parcializada que no se hubiera demostrado que el muro perimetral primigenio que representaba los 1500 ms.2 transferidos a Elías Pérez Coraite y Juana Mendoza de Pérez, fundamento dirigido solamente a determinar la improcedencia de su acción de reivindicación, sin embargo el Juezque dictó la Sentenciano observó que por la Escritura Pública Nº 26 de 6 de febrero de 1980 (fs. 564 a 585) refiere que es propietario de 2500 ms.2, extremo que también refleja el Testimonio Nº 466 (fs. 568 a 569), que evidencia que pretendieron transferir a Elías Pérez la extensión de 1500 ms.2 quedando un saldo de 1000 ms.2 para ellos, que de acuerdo a la inspección judicial se demostró que estaba en propiedad de los demandantes Silvia Pérez, aspectos que pueden ser contrastados con las diligencias preliminares de fs. 408 a 442 que prueba que han sido objeto de desposesión violenta.

Que, asimismoresulta un exabrupto que el Juez que dictó la Sentenciadiga que la prueba cursante de fs. 408 al 420, 423 a 434, 436 a 442 no demuestra los 1500 ms.2.

Quinto.- Que, con referencia al punto 8 de la Sentencia manifiesta que no hubieran demostrado que la literal de fs. 3 por la que Elías Coraite reconocía su calidad de testaferro hubiera sido llenada con declaraciones falsas cuando de acuerdo al  Auto de término de prueba de fs. 378 en ninguno de sus puntos se señaló que debían probar este extremo y no se les impuso esa carga, existiendo mala interpretación del art. 1283 del Código Civil.

Que, por otra parte el juzgador señala que Elías contaba con 83 años de edad y su cónyuge analfabeta con 81 años lo que evitaba la posibilidad de establecer plenamente que tenían capacidad para querer y entender al momento de la celebración del contrato de permuta y Escritura Pública Nº 1531-2001, debiera entonces fijar estos puntos de hecho a probar, y no efectuar juicios de valor sin existir prueba médica que demuestre este extremo.

Sexto.- Que, con  referencia al punto 11 del Considerando II de la Sentencia recurrida, el Juez señala que  no tuviera el poder jurídico respecto del terreno de 1500 ms.2  porque serían nulas las Escrituras Públicas  Nº 1531-2001 y 1 a 07 2001, existiendo errónea interpretación de los arts. 1545 y 1455 del Código Civil porque no valoró el folio real de fs. 390 que evidencia que es legítimo propietario de 2500 ms.2 y transfirió solo 1500 ms.2 a través de la Escritura Pública Nº 466 en favor de Elías Pérez, que no fue registrada en Derechos Reales siendo su Folio Real, oponible frente a terceros, efectuando mala interpretación de los arts. 1455 y 1545 que refiere la preferencia entre adquirentes de un mismo inmueble, frente a la demandante que no tiene registro.

Que, respecto a la acción negatoria, esta norma proporciona al propietario la acción negatoria serví tutis, mediante la cual, este desconoce  un derecho real sobre la cosa de su  propiedad, alegare alguien y su objeto es lograr Sentencia que  establezca que la cosa está libre de carga.

Que, al margen de incurrir la Sentencia en interpretación errónea de las normas y deficiente valoración de la prueba se establece que el Tribunal de alzada al haber emitido el Auto de Vista Resolución  Nº 5-296-13, ha vulnerado lo previsto en el art. 236 del Código de Procedimiento Civil referido a la pertinencia de la resolución.

Que, por otro lado al haberse referido solo a la transcripción de algunos memoriales y a la Sentencia no puede constituirse  en un fundamento valedero para confirmar una Sentencia a todas luces forzada y parcializada de lo que se deduce que al confirmar una Sentencia omisiva  en la valoración de la prueba ha incurrido  también en  el art. 253 inc. 1) y 3) del Código de Procedimiento Civil.

Concluye su recurso pidiendo que se case el Auto de Vista  y deliberando en el fondo se declare probada la demanda reconvencional de acción negatoria y reivindicatoria del inmueble objeto de Litis.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

La casación es un recurso especial y extraordinario, por medio del cual se pretende rectificar la vulneración de la ley en que hubieran incurrido los Tribunales de apelación al emitir resolución; no es una instancia  susceptible de un nuevo estudio del proceso, ni de nueva valoración de las pruebas, pues la realizada por los Jueces ordinarios resulta incensurable en casación.

Conforme dispone el art. 250 del Código de Procedimiento Civil, éste puede interponerse en el fondo o en la forma; el primero de ellos, cuando la resolución recurrida contuviere violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la ley; cuando la resolución contuviere disposiciones contrarias o cuando en la apreciación de las pruebas se hubiera incurrido en error de derecho o de hecho; y en la forma, cuando la resolución es emitida por Tribunal incompetente, por la concurrencia delJuez o Vocal legalmente impedidos, por Tribunal con menor número de votos, otorgando más de lo pedido o por no haberse pronunciado sobre alguna de las pretensiones; por apelación desistida o faltando alguna diligencia o trámite declarados esenciales, catálogo expresamente dispuesto en los artículos 253 y 254 del Código de Procedimiento Civil, que determina que quien recurre de casación debe ceñirse a esas causales y el  cumplimiento de los requisitos previstos en el art. 258 num. 2) del Código de Procedimiento Civil, sea que se recurra en la forma por  errores “in procedendo” referidos a la infracción de normas adjetivas o en el fondo observando errores “in judicando”, teniendo asimismo cada uno de ellos, forma de resolución distinta y  específica,  pues si se trata de recurso de casación en la forma, el objetivo es la nulidad de obrados,  en cambio si es de fondo se pretende que el Tribunal case el Auto de Vista y resuelva el fondo del conflicto, por lo tanto, al margen del adecuado y correcto planteamiento del recurso, el recurrente debe señalar en forma expresa y clara qué es lo que pretende con el recurso planteado.

Cabe precisar asimismo, que el recurso de casación es de naturaleza extraordinaria, cuyo objeto esencial es la revisión de las resoluciones emitidas por los Tribunales de apelación, instancia en la que ése Tribunal Ordinario, puede ingresar en la revisión de los hechos y de las pruebas que han sido motivo del contradictorio porque es constitutiva de instancia, en tanto que el recurso de casación, sea en el fondo o en la forma, no es una tercera instancia en la que puedan revisarse hechos dilucidados ya en las instancias previas  y menos abrir su competencia para conocer hechos nuevos o para la valoración o revaloración de las pruebas analizadas por los Jueces y Tribunales ordinarios, cuya opinión al respecto es incensurable en casación, razón por la que, agotada la vía ordinaria, se apertura la posibilidad del recurso de casación  para la revisión de puro derecho, de los Autos de Vista emitidos por los Tribunales de apelación que han resuelto las impugnaciones de las Sentencias de primer grado.

En Autos, si bien el recurrente en la parte introductoria del recurso, anuncia que interpone recurso de casación en el fondo, en la especie, en los seis puntos que ampulosamente desarrolla, acusa y cuestiona de manera concreta y específica los argumentos y fundamentos de la Sentencia, contenidos en los puntos 4, 5, 6, 7, 8y 11 del Considerando II de la resolución dictada por el Juez Aquoseñalando taxativamente que lo acusado o referido y los yerros en la mala valoración de las pruebas y/o en la interpretación de las normas, que acusa han sido cometidos por el Juez de primera instancia, desconociendo absolutamente la naturaleza y alcances del recurso de casación que como se tiene manifestado precedentemente, el mismo está destinado al conocimiento de puro derecho de las resoluciones emitidas por los Tribunales de apelación, en consecuencia el recurrente debió impugnar el Auto de Vista y los yerros en que hubiera incurrido el Tribunal de apelación en sus fundamentos a momento de resolver el recurso de apelación, lo que en Autos no aconteció pues todos los puntos y argumento del recurso incoado están referidos concretamente a la Sentencia y la fundamentación realizada por el A quo, en consecuencia este Tribunal no puede aperturar su competencia para conocer el recurso planteado por los defectos que al margen de lo anotado, en la última parte del recurso,señala: “Al margen de incurrir la Sentencia en interpretación errónea de las normas y deficiente valoración de la prueba se establece que el Tribunal de alzada al haber  emitido el Auto de Vista Resolución  Nº 5-296-13, ha vulnerado lo previsto en el art. 236 del Código de Procedimiento Civil referido a la pertinencia de la resolución.”, otro yerro que evidencia por parte del recurrente, desconocimiento de la naturaleza del recurso de casacióne impide a este Tribunal la resolución del mismo pues cuando se acusa vulneración del art. 236 del Código de Procedimiento Civil,  este error debe ser acusado en recurso de casación en la forma, no en recurso de fondo  como en el caso de Autos, toda vez que cuando el justiciable advierte que noha obtenido respuesta fundada y pertinente a los agravios deducidos en la apelación corresponde la interposición del recurso de casación en la forma para que el Supremo Tribunal de Justicia, evidenciando los vicios acusados, anule la resolución impugnada ordenando que el Tribunal inferior resuelva el recurso planteado,  que tampoco resulta viable pues en el petitorio reiterando que se trata de recurso de casación en el fondo, solicita expresamente que este Tribunal se pronuncie por la “casación” y deliberando en el fondo se declare probada la demanda reconvencional, en consecuencia y estando erróneamente planteado el recurso y por las manifiestas incongruencias que contiene, siendo éstos, yerros atribuibles a la parte recurrente y que no pueden ser suplidos por este Tribunal por la afectación a la esencia misma del recurso de extraordinario de casación, el mismo deviene en improcedente.

Por lo expuesto y evidenciadas como están las deficiencias del recurso que se analiza, corresponde  en este caso la aplicación de los arts. 271 num. 1) y 272  del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 parágrafo I núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación de los arts. 271 num. 1) y  272 del Código de Procedimiento Civil, declara IMPROCEDENTE el recurso de casación de fs. 940 a 945y vta., de obrados, interpuesto por Vitaliano Quiroga Ferrel y Josefina Ulloa de Quiroga contra el Auto de Vista Nº S-296/2013, cursante de fs. 935 a 937 y vta., pronunciado el 23 de agosto de 2013 por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Con costas.

Se regula el honorario profesional en la suma de Bs. 1.000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Dra. Patricia Ríos Tito

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: Sexto