TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA  CIVIL


Auto Supremo:518/2014

Sucre:08 de septiembre 2014

Expediente: CB-54-14-S

Partes: Filomena Guevara Anzaldo y Honorina Guevara Anzaldo. c/Bernarda Guevara Anzaldo, Vicente Guevara Anzaldo        y Florencia Guevara Anzaldo.

Proceso: Nulidad de documentos.

Distrito: Cochabamba.

VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 210 a 214 vta.,  interpuesto por Filomena Guevara Anzaldo y Honorina Guevara Anzaldo contra el Auto de Vista de 28 de enero de 2014, cursante de fs. 205 a 206 vta., pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba en el proceso de nulidad de documentos seguido por Filomena Guevara Anzaldo y Honorina Guevara Anzaldo contra Bernarda Guevara Anzaldo, Vicente Guevara Anzaldo y Florencia Guevara Anzaldo, la concesión de fs. 232, los antecedentes del proceso, y:


CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez de Partido Mixto y de Sentencia Nº 2 de Punata, Cochabamba, dictó Sentencia de 21 de enero de 2011, cursante de fs. 158 a 160, declarando probada la demanda de fs. 17- 19 e improbadas las excepciones perentorias de falsedad, ilegalidad, improcedencia, oscuridad, contradicción, imprecisión, y falta de acción y derecho opuestas a la demanda por las codemandadas por memorial de fs. 32-33 y memorial de fs. 47; en su mérito declara la nulidad de los contratos de compra-venta de fechas 20 de julio de 2006 y 30 de octubre de 2006, se salva los derechos de las partes a la partición del acervo hereditario.

Resolución de fondo que es apelado por Florencia Guevara Anzaldo, y en su consecuencia se dicta el Auto de Vista de 28 de enero de 2014, cursante de fs. 205 a 206 vta., que revoca la Sentencia de 21 de enero de 2011 y deliberando en el fondo declara improbada la demanda de fs. 17-19 y probada la excepción de improcedencia, e improbadas las excepciones de falsedad, ilegalidad, oscuridad, contradicción, imprecisión, falta de acción y derecho opuestas por Florencia y Bernarda Guevara Anzaldo y por la Defensora de oficio de Vicente Guevara Anzaldo; Resolución de Alzada que es recurrida de casación por la parte demandante, que merece el presente análisis.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN.

En la forma:

Las recurrentes señalan que se ha violado el mandato contenido en el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto se habrían expresado 8 agravios por el apelante y respondido sólo uno, quedando incompleta la respuesta del Auto de Vista, lo que importaría denegación de justicia e incumplimiento de deberes.

En el fondo:

Las recurrentes discrepan de lo señalado por el Ad quem respecto  a que ellas consideraron que los documentos de transferencia son nulos en virtud  de violar lo establecido por el art. 1066 y 1059 del Código Civil y afectar la legítima de los actores, toda vez que la demanda denulidad de fs. 17-19 se ha basado de manera específica en la nulidad prevista en el art. 549 -3) del Códigode Procedimiento Civil, por ilicitud de la causa y por ilicitud del motivo que impulsó  alas partes a celebrar el contrato, por lo que las recurrentes aluden a las declaraciones testificales, fundamentando que las mismas demostraron la causal de nulidad de los documentos de venta, toda vez que los supuestos compradores  nunca pagaron el precio se aprovecharon de la edad de sus padres, y los presionaron a firmar ventas falsas.

Denuncian también sobre lo manifestado por el Ad quem en relación a que los vendedores  ejercieron la facultad que les reconoce el art. 105 del Código Civil, por cuanto los contratos cuya nulidad fue declarada en sentencia no constituyen actos de liberalidad propiamente dicho sino contratos de compraventacelebrados por los propietarios de los inmuebles con tres de sus seis hijos, contratos celebrados bajo presión, por lo quedichas transferencias fueron viciadas de nulidad al ser aparentes y falsas por cuanto los compradores no pagaron el precio, aunque ínfimos, consignados en los documentos, por lo que no existió venta siendo contratos fictos para disfrazar la verdad por lo que se ha obrado con ilicitud de causa y motivo, para burlar la legítima que les corresponde.

Asimismo se denunciaviolación de los arts. 1286 del Código Civil y 397 de su procedimiento y errónea interpretación y aplicación de los arts. 1066 1059 del Código Civil, fundando en que se violaron esas normas al considerar que los contratos son onerosos cuando las pruebas demostraron con claridad meridiana que fue para evadir sus derechos sucesorios y la legitima de otros hijos que no fueron tomados en cuenta, por ello los vendedores se reservaron el usufructo. Arguyen que dichas transacciones son fictas  que se hicieron con el único propósito de apropiarse indebidamente de dos inmuebles, sin pagar precio para evitar que tres de los seis hijoshereden a futuro, a lo que traen a colación el Auto Supremo Nº 32 de 06 demarzo de 2008  que habría sentado jurisprudencia en caso similar.

Concluye solicitando se anule obrados hasta el estado de pronunciarse un nuevo Auto de Vista, en sujeción al art. 236 del procedimiento, en su caso se case el Auto de Vista y deliberando en el fondo se mantenga firme y subsistente la Sentencia de 21 de enero de 2011.


CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

En la forma:

Las recurrentes denuncian violación del art. 236 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto se habrían expresado 8 agravios por el apelante y respondido sólo uno, lo cual importaría una respuesta incompleta. Al respecto se debe señalar que los medios impugnatorios de las resoluciones judiciales, como es el recurso de nulidad, tiene por finalidad que se subsane el vicio o error alegado, por el que se considere perjudicado con esa determinación, en ese sentido el art. 213-I del Código de Procedimiento Civil establece que: “Las resoluciones judiciales serán recurribles mediante impugnación de la parte perjudicada”, en esa lógica, a las recurrentes no les es permisible fundar infracción en una aparente incongruencia negativa del Autode Vista, por cuanto la apelación no fue un acto procesal interpuesto por ellas sino por la parte demandada, en tal caso el aparente agravio de incongruencia, de ser así, debió ser opuesto por la apelante, situación no ocurrida que supone la conformidad de la respuesta otorgada por el Ad quem, siendo infundado la acusación formulada en el recurso de nulidad.

En el fondo:

En función a las infracciones denunciadas en el recurso de casación se hace necesario realizar las siguientes consideraciones:

La invalidez de los actos vía nulidad importa, conforme doctrina, una sanción legal  con la cual el contrato pierde sus efectos en virtud de una causa originaria, es decir establecido en su celebración, referida también como ineficacia estructural, infiriendo tres características de la sanción: a) la nulidad debe ser expresa, b) deja sin sus efectos propios, y, c) su causa es contemporánea a la celebración del acto, es decir es un vicio congénito.

Nuestra legislación tipificó los supuestos de invalidez por nulidad de los contratos, cada una con características distintas que responden a situaciones  abstractas por las que el contrato es considerado nulo.

El art. 549 señala los casos de nulidad de contratos indicando que el contrato será nulo: 1) Por faltar en el contrato, el objeto o la forma prevista por la ley como requisito de validez. 2) Por faltar en el objeto del contrato los requisitos señalados por ley. 3) Por ilicitud de la causa y por ilicitud del motivo que impulsó a las partes a celebrar el contrato. 4) Por error esencial sobre la naturaleza o sobre el objeto del contrato. 5) En los demás casos determinados por ley.

Enfocando el análisis sobre la ilicitud de la causa y la ilicitud del motivo que impulso a las partes a celebrar el contrato, el art. 589 del Código Civil tipifica la causa ilícita señalando que: “La causa es ilícita cuando es contraria al orden público o a las buenas costumbres o cuando el contrato es un medio para eludir la aplicación de una norma imperativa”; se hace preciso indicar que la causa como un elemento constitutivo del contrato,  está en la función económica-social que el contrato desempeña, que a decir de los hermanosMazeaud, "...ésta cumple una función económico- social, que el contrato cumple, y consiste en la modificación de una situación existente que el derecho objetivo considera importante para sus propias finalidades; como tal, la causa es constante e inmutable, sea cual fuere la intensión personal de cada una de las partes". Bajo esos términos el Auto Supremo Nº  120/2012 de 17 de mayo de 2012 señaló que: “…resulta necesario aclarar que como señala Francisco Messineo, la causa, entendida como el fin económico-social, tiene una función teleológica (es el por qué del contrato). En otras palabras para analizar la causa de un contrato debemos tener en cuenta el fin económico y social del mismo. En un contrato de venta el objeto es la transferencia de la propiedad de una cosa, en tanto que la causa, en términos generales, será el intercambio de una cosa a cambio de un precio y, en particular, para el vendedor la obtención del precio de la cosa, mientras que para el comprador la adquisición de la propiedad de la cosa; aunque con ello de ninguna manera se quiere decir que el precio sea realmente cancelado o la cosa realmente entregada”, por lo que la causa se enmarca el fin económico social que el contrato busca en su celebración, en ese margen el contrato se considera nulo por ilicitud de la causa cuando la finalidad  del contrato es contraria al orden público (contrato prohibido) o a las buenas costumbres (contrato inmoral)  o cuando el contrato es un medio para eludir la aplicación de una norma imperativa (contrato ilegal).

Por otro lado, cabe precisar que el motivo ilícito encuentra su asidero en el art. 490 del Código Civil que señala: “El contrato es ilícito cuando el motivo que determina la voluntad de ambos contratantes es contrario al orden público o a las buenas costumbres”; a esto cabe precisar que el motivo es un elemento subjetivo, la voluntad del sujeto para asistir al contrato, por lo que pareciere irrelevante el móvil de las partes, por separado, para la validez del contrato, sin embargo cuando ese motivo en conjunto determina el acuerdo arribado por las partes y el mismo es contrario al orden público o las buenas costumbres ese contrato es considerado ilícito. Al respecto Carlos Miguel Ibañez (Derecho de los contratos, 2010, pág. 363) explica que: “Los motivos individuales  de los contratantes sólo alcanzan relevancia, cuando el móvil perseguido ha sido explicitado, incluido, incorporado, en el contenido del contrato, lo que implica su conocimiento por la otra parte, y, además ha constituido la causa determinante del consentimiento. En tal caso es un motivo causalizado, que integra la causa fin, y si ese móvil se torna de cumplimiento imposible o si es ilícito, puede anular el contrato”, por ello se explica que el motivo es ilícito cuando aquel móvil personal contrario al orden público o a las buenas costumbres ha sido determinante para el acuerdo de las voluntades, es decir el motivo individual -elemento subjetivo- se encuentra incluido en la celebración del acto que por ser encontrado con el orden público o las buenas costumbres se torna ilícito el mismo.

Veamos ahora otro tipo de invalidez, situado en el art. 543 del Código Civil, la simulación de contrato, que consiste, en términos generales, en aparentar un  acto que realmente no existe o como señala de CompagnuccideCasso“…los intervinientes dan apariencia de certeza a algo no verdadero. Dicen vender y están donando, o bien afirman comprar y no realizan acto alguno”; reconociendo dos tipos de simulación, laabsoluta, que es un negocio aparente sin contenido real, en cambio, la relativa, es aquel que esconde total o parcialmente otro acto, que es el verdaderamente acordado.

Es también necesario realizar diferencia de la nulidad sustentada en la afectación a la legítima, a esto es preciso partir nuestro análisis del art. 1059 del Código Civil, que señala: “I. la legítima de los hijos, cualquiera sea su origen, es de las cuatro quintas partes del patrimonio del progenitor, la quinta parte restante constituye la porción disponible que el de cujus puede destinar a liberalidades, sea mediante donaciones o mediante legados, en favor de sus hijos, parientes o extraños”, ésta fórmula normativa prevé la proporción del patrimonio que el de cujus puede destinar a liberalidades, en cuatro quintas partes, situación legal que se considera antes o después de abierta la sucesión; en esa lógica el de cujus si no tiene herederos forzosos puede disponer de la totalidad de sus bienes (art. 1065 del Código Civil) y en caso de que los tuviera (herederos forzosos) la liberalidad de sus actos sobre su patrimonio se limita a la proporción que indica el art. 1059-I del Código Civil.  Se debe dejar en claro que la liberalidad, referida, es la libre disposición no onerosa que tiene el de cujus en su patrimonio sea en donaciones (mediante actos entre vivos) y o legados (por testamento). En ese contenido, aún el causante por actos entre vivos haya dispuesto liberalmente sus bienes, es decir donado los mismos en exceso, no es pasible aquel acto de voluntad a ser sancionado con nulidad, pues si el de cujus sobrepasó la porción de liberalidad permitida, la ley prevé como remedio la reducción de la disposición testamentaria o la reducción de las  donaciones efectuadas, conforme los arts. 1068 y 1254 del Código Civil; entonces queda claro que la afectación a la legítima  por excederse el límite de liberalidad en las disposiciones, noda lugar a la nulidad de esos actos, sino que, una vez abierta la sucesión, su reducción hasta reponer la proporción fijada en ley como legítima, de otra manera, se entendería  que todas las donaciones, per se,  realizadas por el causante por actos entre vivos fuera nulo, lo que riñe con el poder que faculta el art. 105-I del Código sustantivo, además que a objeto de esa reducción lo primero es determinar la masa hereditaria y en función a ella verificar si aquel acto de disposición es susceptible de reducción conforme establecen las normas sucesorias.

Sin embargo no debe confundirse la liberalidad, limitada por el régimen sucesorio, con los actos de disposiciónque hubiere realizado el de cujusde su patrimonio en sujeción estricta del art. 105 del Código Civil, es decir aquellos actos en que onerosamente disponeel causante de su patrimonio antes de abierta la sucesión no puede considerarse como actos de liberalidad que tiendan a  violar la legítima, puesto que los actos que derivan de contratos sinalagmáticos, por naturaleza, tienen una contraprestación que recibe el causante a cambio, en ese contexto, la disposición de un bien  tiene una retribución onerosa que no afecta el patrimonio, dese el caso de la compra venta, al vender un bien  se tiene una retribución en dinero del mismo, por lo que en un sentido meramente económico el patrimonio no sufre  ninguna afectación, por lo que si el patrimonio no es afectado, claro está, tampoco existe lesión a la legítima.

En ese mismo contexto, cabe hacer examen del art. 1066 del Código Civil que está referido a las modificaciones y pactos y de las cargas y condiciones  sobre la legitima sancionadas con nulidad, en tal caso en el primer parágrafo la norma expresamente sanciona la nulidad cuando por disposición testamentaria se modifica o suprime la legitima de los herederos forzosos, o seimponen cargas o condiciones sobre ellas, previsión legal que resguarda la legitima declarando nula la disposición por testamento a la modificación o supresión de la legítima que afronte lo determinado en ley, así como las cargas o condiciones sobre ella que deba realizar el heredero forzoso.  En segundo parágrafo dela norma, se señala que se sanciona con nulidad todo contrato, celebrado antes de abrirse la sucesión, que modifique, suprima o imponga cargas o condiciones a la legítima de los herederos forzosos, en el particular, la norma se refiere a los actos que tengan por objeto la modificación, supresión o impongan carga o condiciones a la legitima, es decir, el contrato que se sanciona con nulidad es aquel que en su objeto, en específico, se pacte sobre la legítima para su reforma, supresión o imposición de condiciones, empero, no importa una limitación al derecho que tiene el causante de realizar actos de disposición como es la compra venta facultado por el art. 105-I del Código Civil.

Determinado lo precedente, las recurrentes señalan que discrepan del análisis del el Ad quem de los arts. 1066 y 1059 del Código Civil, toda vez que la demanda de nulidad de fs. 17-19 se basó de manera específica en la nulidad prevista en el art. 549 -3) del Código de Procedimiento Civil, aludiendo que los compradores  nunca pagaron el precio, se aprovecharon de la edad de sus padres, y los presionaron a firmar ventas falsas. Al respecto, se debe considerar que la tesis argumentativa de las recurrentes es que su pretensión de invalidez estuvo basada en el art. 549 num. 3 de Código Civil, por lo que antes de analizar los documentos que se pretenden anular, se hace necesario aclarar que los hechos referidos a la falta de pago, el supuesto aprovechamiento de la edad de sus padres y la aparente presión que en ellos hubiere ejercido, de ninguna manera configuran la causal invocada, aspecto que más adelante se desarrollará.

El contrato que proviene de la escritura pública Nº 86/2006, por una compra venta de un inmueble situado en la Av. Cívica (Aniceto Arce) de Cliza, prov. Jordán, con matrícula Nº 3.08.1.01.0000132, efectuado por Juan Bautista Guevara Aguilar y Constantina Anzaldo Sarmiento a favor de Bernarda Guevara Anzaldo, Vicente Guevara Anzaldo y Florencia Guevara Anzaldo, acto jurídico que tiene como causa el intercambio de una cosa (inmueble) a cambio de la obtención del precio de la cosa y la adquisición de la propiedad, siendo esa causa lícita, por cuanto la finalidad económica social inmediata es la adquisición del inmueble y la obtención del precio en dinero, por lo cual esa causa de ningún modo puede ser considerada ilícita. Mismo razonamiento se efectúa en relación al contrato que proviene de la escritura pública Nº 87/2006, por una compra venta de un inmueble situado en Huasacalle de Cliza, prov. Jordán, con matrícula Nº 3.08.1.03.0000006, efectuado por Juan Bautista Guevara Aguilar y Constantina Anzaldo Sarmiento a favor de Bernarda Guevara Anzaldo, Vicente Guevara Anzaldo y Florencia Guevara Anzaldo, siendo aplicable el criterio anterior.

En relación al motivo ilícito, también indicado, se debe señalar que en ambos contratos descritos supra no se encuentra que el motivo particular de las partes se haya inscrito en el acuerdo, es decir el móvil individual de las partes por las cuales cada una de ellas procedió con la compra venta del inmueble no se exterioriza en los términos contractuales, por esa situación de un análisis objetivo no se encuentra que el elemento subjetivo, motivo, se tenga en las consideraciones del contrato para que sea considerado ilícito.

Por lo manifestado, no encuentra fundamento que los contratos que se persiguen su invalidez se subsuman a la causal de nulidad descrita en el art. 549-3 del Código Civil, por lo que aún las recurrentes al discrepar que la determinación del Ad quem debió partir de la nulidad por ilicitud de la causa o ilicitud del motivo no tiene fundamento por cuanto, como se  vio, los actos denunciados de invalidez en su causa y motivo son lícitos, no correspondiendo declarar su nulidad como injustificadamente se pide.

Siguiendo en el análisis del recurso, respecto a lo sostenido por el Ad quem del art. 105-I del Código Civil indicado que los propietarios ejercieron la facultad que le permite esa norma que disienten las recurrentes;se debe indicar que el precitado artículo declara que “La propiedad es el poder jurídico que permite usar, gozar y disponer de una cosa y debe ejercerse en forma compatible con el interés colectivo, dentro los límites y con las obligaciones que establece el ordenamiento jurídico”, por lo que el derecho de propiedad otorga a su titular la facultad de disposición del bien, es decir, de enajenar a título oneroso o gratuito, de constituir en ella servidumbre, hipoteca, darla en uso, etc. empero siempre dentro los límites permitidos por ley y no abusar de ese poder.  En el caso, el Tribunal de Alzada realizó un análisis correcto de lo dispuesto en el art. 105 I del Código Civil al resaltar la facultad de disposición que tenían los propietarios de los inmuebles en transferir esos bienes a su hijos, que no tiene prohibición alguna para el acaecimiento de una sanción de invalidez. Si bien se acepta por las recurrentes el poder de disposición que tenían los propietarios, sin embargo de forma contradictoria, se indica que los contratos fueron celebrados  bajo presión y obrando con fraude, y que estuvieran viciadas de nulidad por ser aparentes y falsas, por cuanto los compradores  nunca pagaron los precios consignados, siendo esos contratos fictos, decantado en ese fundamento que se obró con ilicitud de la causa e ilicitud del motivo; en función a esa manifestación recursiva vale hacer dos precisiones, la primera, es que cuando se analiza la ilicitud de la causa e ilicitud del motivo del contrato, se parte de un análisis objetivo del mismo, pues la ilicitud denunciada se debe encontrar en los términos del acuerdo,por lo que al pretender la nulidad por ilicitud de la causa o ilicitud del motivo la premisa es la veracidad de lo plasmado en ese contrato considerándose que el vicio se encuentra en su contenido, sin embargo, cuando se funda la nulidad por considerase que el contrato es simulado, el análisis de invalidez no está ligado al soporte del acuerdo pactado por las partes, por cuanto se entiende que lo manifestado no es cierto, en otras palabras, la existencia de discordancia entre la voluntad real y la voluntad declarada (contenido del contrato) exige un análisis amplio y no limitado de los manifestado en el contrato. Un efecto casi igual sucede cuando se increpa invalidez  (por anulabilidad) por considerarse que existe vicio del consentimiento -violencia o dolo como se denuncia- pues la voluntad manifestada fue obtenida mediante engaño o violencia.

De lo manifestado, se encuentra contradicción cuando las recurrentes plantean ilicitud de causa e ilicitud de motivo y al mismo tiempo plantean que el contrato es ficto y que la declaración fue obtenida bajo presión, ya que si existe ilicitud dan por exacto el contenido del contrato y su análisis es objetivo, pero al indicar que el contrato es ficto se debe buscar examinar cuál fue el verdadero acuerdo de voluntad que las partes buscaron en la celebración de los actos que se buscan invalidar; además si era ficto, se entiende que hubo una componenda entre ambas partes, es decir entre propietarios y compradores, pero es ilógico que se señale que los propietarios actuaron bajo presión, entonces el análisis toma otro rumbo, que es el de conocer la existencia o no de vicio de consentimiento.

Toda esta confusión de tesis recursiva por parte de las recurrentes se hace más latente cuando plantea una errónea interpretación y aplicación de los arts. 1066 y 1059 del Código Civil, pues si a principio se disiente del análisis del Tribunal de Alzada por partir su razonamiento de esos artículos y que su nulidad está fundado en el art. 549 num. 3 del mismo Código, más adelante indica de forma contradictoria a esa tesis que “Dichas transacciones realizadas constituyen ventas fictas que se las hicieron con el único propósito de apropiarse indebidamente de dos inmuebles, sin pagar precio alguno, por las características descritas para así evitar que tres de los seis hijos hereden a futuro a sus padres, atentando contra su derecho a la legítima, vulnerando así los arts. 1066 y 1059 del Código Civil”, argumento que trastoca el principio de no contradicción, por cuanto las recurrentes no afianzan una explicación en función a la invalidez que propugnan, generando  desconcierto en su propia explicación.

No obstante lo manifestado, si las recurrentes fundan la nulidad en que los contratos de transferencia suscritos fueron realizados con el propósito de apropiarse indebidamente de los bieneshereditarios lo cual afectó la legitima, se debe indicar, con absoluta nitidez, que la legitima sólo se lesiona cuando el acto de disposición no onerosa exceda la proporción de la liberalidad exigida en el art. 1059 del Código Civil, y, por el contrario, si  aquel acto de disposición deviene de un contrato sinalagmático, por el cual se hace un intercambio de bienes, dentro el tráfico patrimonial, como es la compra venta, no existe violación a lo preceptuado en el art. 1059-I del Código sustantivo de la materia, en razón a que el patrimonio del de cujus no es mermado por el acto de disposición ya que existe una contraprestación monetaria por el bien transferido, siendo aquel acto útil a los fines del art. 105-I del mismo compilado sustantivo; razonamiento jurisprudencial asumido por el Tribunal Supremo de Justicia en diferentes Auto Supremos, bajo el análisis vertido.

En relación al Auto Supremo Nº 32 de 06 de marzo de 2008, que trae a colación las recurrentes se debe señalar que, ese criterio, desde el punto de vista de este Colegiado, es errado en razón de que no se puede concebir que un contrato de compra venta sea considerado como un acto de liberalidad, pues la transferencia de un bien derivado de la venta, por naturaleza, tiene obligación recíproca en dinero, conforme señala el art. 584 del Código Civil, a más de ser excesiva la presunción que se pretende encontrar en la constitución derivada del usufructo, pues en nada ese gravamen menoscaba el derecho de los compradores, pues al consensuarse el contrato, los propietarios pueden disponer de su propiedad conforme faculta el art. 105 del Código sustantivo; por otro lado, no existe disposición legal alguna que prohíba o sancione con nulidad el contrato de compra venta entre padres e hijos, consiguientemente sin que exista dicha previsión legal (principio de legalidad), no es correcto pretender la invalidez de ese contrato. En esa lógica, la transferencia de un bien de padres a hijos, aun existiendo coherederos, no está sancionada de nulidad, puesto que no se trata de un acto de liberalidad que afecte la legítima, habiendo el Tribunal Ad quem aplicado correctamente las normas transcritas precedentemente, por lo que se declara infundado el recurso de casación en el fondo.

En consecuencia éste  Tribunal Supremo de Justicia, no existiendo fundamento legal para revertir la decisión de Alzada, emite resolución en la forma determinada por los arts. 271-2 y 273 del Código Adjetivo Civil. 

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 parágrafo I numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los arts. 271-2 y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO  el recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 210 a 214 vta.,  interpuesto por Filomena Guevara Anzaldo y Honorina Guevara Anzaldo contra el Auto de Vista de 28 de enero de 2014. Con costas.

Se regula el honorario del abogado en la suma de Bs. 700.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Dra. Patricia Ríos Tito

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: Sexto