TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA  CIVIL


Auto Supremo:514/2014

Sucre:08 de septiembre 2014

Expediente: CB-66-14-S

Partes: Elvia Vianey Bishop Urzagaste y José Aguilar Rojas. c/ Cooperativa San Pedro Ltda.

Proceso: Anulabilidad.

Distrito: Cochabamba.

VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 759 a 769 vta.,  interpuesto por DanielAguilar Bishop en representación de Elvia VianeyBishopUrzagaste y José Aguilar Rojas contra el Auto de Vista de 04 de abril de 2014, cursante de fs. 741 a 742 vta., pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba en el proceso de anulabilidad seguido por Elvia Vianey Bishop Urzagaste y José Aguilar Rojas contra Cooperativa San Pedro Ltda., la concesión de fs. 780, los antecedentes del proceso, y:


CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez de Partido Segundo en lo Civil de la ciudad de Cochabamba,dictó Sentencia de 12 de febrero de 2011, cursante de fs. 704 a 711 vta., declarando improbada la demanda principal de fs. 9-11, improbadas las excepciones de falsedad, ilegalidad e improcedencia opuestas contra la reconvención, probada la acción reconvencional y las excepciones  perentorias de falsedad, ilegalidad, dolo, mala fe, inducción en error de hecho y de derecho al juzgador opuestas a la acción principal e improbadas la excepciones de falta de acción y derecho recíprocamente opuestas, y de prescripción opuestas contra la acción principal.

Resolución de fondo que es apelado por la parte actora  y en su consecuencia se dicta el Auto de Vista de 04 de abril de 2014, cursante de fs. 741 a 742 vta., que confirma la Sentencia de 12 de abril de 2011; Resolución de Alzada que es recurrida de casación en el fondo y en la forma por la parte demandante, que merece el presente análisis.


CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN.

En la forma:

Los recurrentes denuncian que el memorialde fs. 633 y a fs. 615 se acompañó prueba literal que acredita por parte del acreedor el desembolso del crédito y que fue objeto dela demanda, aspecto que fue reclamado por memorial deexplicación y complementación de fs. 750 a 753  que fue rechazada sin dar explicación, omisión que ingresa en el citado art. 254 inc. 4) del CPC.

Asimismo, se acusa que Elvia Vianey Bishop Urzagaste no fue notificada con la apertura del auto de apertura de término de prueba, y si la defensora de oficio por su representada a fs. 641,  y pese de a la existencia de diligencia se la hace con un testigo que no firma, lo que habría provocado indefensión.

También denuncia perdida de competencia, porque el sorteo con nota defs. 740 no acredita que esta distribución se haya practicado públicamente porque se presentó un memorial en fecha 14 de abril  se lo notificó conjuntamente con el Auto de Vista ya pronunciado.

En el fondo:

El recurso luego de hacer una remembranza de los antecedentes procesales en el punto III de los fundamentos de la casación en el fondo, señala que el Juez de primera instanciajustifica a la Cooperativa  cuando llama a susfundamentos de hecho comoestrategiasoperacionales, sin considerar para nada que el contrato de 14 dejunio de 2000 tiene como título “contratode préstamodedinero” sin referirse a ningún instituto Jurídico de sustitución, delegación, expromisión y hasta novación. En ese contexto los recurrentes hacen análisis, de los institutos de novación, expromisión, indicando que el Auto de Vista transgredióel art. 1-1- del CPC, y los arts. 384 y 403 del CC, porque aplica como transmisión delas obligaciones a un documento en el que no se ha operado siquiera  un instituto extintivo como la novación y no haber aplicado el principio esencial de legalidad. Más adelante acota que no pude el juzgador considerar dicho instrumento como novación, si opuesta dicha excepción en el mismo proceso ésta ha sido rechazada “in límine” mediante auto de 27 de junio de 2000. Prosiguen indicando los caracteres de la integridad de créditos del instituto de la cesión, señalando que los garantes no pueden novar una obligación que no les corresponde, ya que la sustitución de un sujeto de una obligación opera por subrogación.

Concluyen solicitando al Tribunal Supremode Justicia anule obrados o case el Autode Vista  y deliberando en el fondo declare probada  su demanda de anulabilidad en relación al contrato de minuta  de fecha 14 dejunio de 2000 e improbada la reconvencional de 27 de junio de 2005.


CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

En la forma:

Previo a ingresar a considerar a las infracciones de forma deducidas, se debe indicar que solo es posible aplicar una medida anulatoria de obrados como solución deultima ratio, siendo la regla la protección de los actos válidamente desarrollados en proceso, y su excepción la nulidad de aquellos, en esa connotación el art. 16 de la Ley Nº 025 indica que: “Las y los magistrados, vocales y jueces, deberán proseguir con el desarrollo del proceso sin retrotraer  a las etapas concluidas, excepto cuando existiera irregularidad procesal reclamada oportunamente  y que viole su derecho a la defensa”, esa misma lógica se percibe en la Ley Nº 439, sobre la nulidad en los actos procesales, con vigencia anticipada,  que precisa la especificidad y trascendencia del vicio para que opere la nulidad  poniendo como factor gravitante para esa medida la indefensión que hubiere causado aquel acto. En esa lógica, la nulidad procesal, como sanción, solo será factible si aquel acto afectó el debido proceso en su elemento de derecho a la defensa, y no operará cuando se busca el simple cumplimiento de fórmulas ritualistas, garantizando de esa forma el derecho a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones que postula el art. 115-II de la Constitución Política del Estado.

En relación al reclamo efectuado por memorial de explicación y complementación de fs. 750 a 753  que fue rechazada sin dar explicación, omisión que ingresa en el art. 254 inc. 4) del Código de Procedimiento Civil, se debe señalar que a la interposición del memorial precitado, el Tribunal Ad quem manifestó que la solicitud de explicación y complementación impetrada versa sobre  cuestiones que tienen relación sobre lo sustancial de la decisión emitida lo cual estaba debidamente fundamentada, en ese contexto, el Tribunal de Alzada fundamentó en el autode fs. 754 que el requerimiento de complementación, que de forma general trataba sobre la falta de desembolso, estaba en la respuesta de los sustancial de la controversia, por lo que ese pronunciamiento no puede ser estimado como una causal de incongruencia que se subsuma al art. 254-4 del CódigoAdjetivo dela materia, por haberse emitido, conforme el criterio del Ad quem, una respuesta al agravio fundado en apelación.

En relación a la acusación de indefensión de Elvia Vianey Bishop Urzagaste por no notificarla con el auto de apertura de término de prueba; al particularse debe indicar que conforme acreditan los actos procesales desarrollados, a fs. 640 se dictó Auto de relación procesal, calificación del proceso y apertura del término de prueba misma que  fue notificada a las partes a fs. 641, donde evidentemente se notificó a la defensora de oficio sin constar el nombre del testigo, sin embargo ese acto aparentemente anómalo cumplió con su objetivo de hacer conocer a la demandante Elvia Vianey Bishop Urzgasate ese acto procesal, que por el principio de finalidad del acto procesal, la sola presencia de un vicio no es razón suficiente para que el Juez declare la nulidad de un acto procesal, se requiere, además, compulsar si el acto aunque anómalo cumplió con el propósito procesal, en el caso de comunicación; además cabe resaltar que la recurrente no reclamooportunamente el vicio, ahora expuesto, convalidando con ese accionar cualquierdefectoprocesalsuscitado en la tramitación dela causa.

Sobre la denuncia de perdida de competencia, ya que el sorteo con nota de fs. 740 no acredita que esta distribución se haya practicado públicamente porque se presentó un memorial en fecha 14 de abril  se lo notificó conjuntamente con el Auto de Vista ya pronunciado. Se debe indicar que, en función al reclamo,  conforme el cargo de sorteo de fs. 740 no se observa irregularidad en ese acto, pues se presume que ese acto fue practicado públicamente y no existe argumento expuesto que desvirtúe aquello, a más de indicar que en la cronología de actos desarrollados tampoco su acredita por qué hubiere perdido competencia el Tribunal de apelación, ya que conforme los datos de la Resolución la misma fue dictada el 04 de abrilde 2014, y notificada el 15 de abril del mismo año, y el memorial a que se hace referencia fue notificado el día 16 de abril de 2014 (ver fs. 749); en ese sentido no se observa que el Tribunal de Alzada hubiesedictado su determinación fuera del plazo establecido en el art. 204 III del Código de Procedimiento Civil.

Por lo expuestono existe fundamento válido que pudiera propender una nulidad procesal por haberse afectado el derecho ala defensa de los recurrentes, por lo que el recurso de forma se declara infundado.

En el fondo:

En función a lo señalado en el recurso y la naturaleza de la pretensión se realiza las siguientes consideraciones:

El contrato, de manera general, es un acuerdo de voluntades del que nacen obligaciones de contenido patrimonial, regulado por ley y con consecuencias jurídicas. Conforme señala el art. 452 del Código Civil  son requisitos de formación de los contratos: el consentimiento de las partes, el objeto, la causa, la forma, siempre que sea legalmente exigible; por lo que podemos inferir que el contrato necesariamente debe contar con estos requisitos en su formación para ser útil; elementos que deben acudir al contratode forma válida, dentro los parámetros establecidos por ley, para la eficacia jurídica del acto.

La doctrina ha vinculado la ineficacia estructural  a los casos de nulidad, teniendo como premisa siempre la fase de formación del contrato, es decir el vicio debe encontrarse coetáneo a la celebración del contrato. Al respecto, Compagnucci de Caso (El Negocio Jurídico, 1992, pág. 508) señala que “Es nulo un negocio que tiene un defecto genético e intrínseco que lo hace ineficaz. Como lo destacamos en el título, se trata de ineficacia de mayor grado que se encuentra en la estructura del negocio, y de allí sus carácter de intrínseca, y cuya causa se ubica en la génesis del acto”. Respecto al consentimiento y los vicios que afectan a éste en la formación del contrato, el art. 473 del Código de Procedimiento Civil  indica que: “No es válido el consentimiento prestado por error, o con violencia o dolo”, situación normativa que se correlaciona con la sanción impuesta  a esta forma de obtener el consentimiento sancionada con anulación del contrato conforme precisa el art.554-4 de la misma norma sustantiva.

En la misma línea de análisis, encontramos sobre la violencia ejercida al obtener el consentimiento, se debe distinguir la violencia física, que se concreta  con el empleo de una fuerza material sobre el sujeto que queda subyugado a la voluntad del otro, y la violencia moral que consiste en inspirar por medio de amenazas  o por otro medio un temor que suprima la libre voluntad. Analizando éste último, la violencia moral actúa por la intimidación  que altera la normal declaración de la voluntad que vicia el consentimiento, siempre que la amenaza sea injusta, es decir que la intimidación tiene que ser promovida sin derecho e importar la comisión de un acto ilícito; en contrario sensu, cuando aquella intimidación resulta del ejercicio de derechos propios, no puede ser considerada como violencia moral que vicie el consentimiento y de lugar  a la anulación del contrato. El art. 481 del Código Civil regla que: “El uso o amenaza de hacer valer una vía de derecho sólo invalida el consentimiento cuando está dirigida a conseguir ventajas injustas”, por lo que el uso de hacer valer los derechos propios no invalida el consentimiento, salvo que en ese acto jurídico se haya conseguido ventajas injustas, entendiendo que esa ventaja injusta sea inherente al derecho que se pretende.

Precisado aquello, se debe acudir a los antecedentes del proceso  a objeto de establecer la naturaleza del proceso, en ese mérito, el memorial dedemanda, defs. 298 a 303, tiene como pretensión principal la anulación de la minuta de 14 de junio de 2000, bajo el fundamento que la Cooperativa San Pedro Ltda. enun proceso coactivo se encontraba usando una vía de derecho poniendo en peligro jurídico el único bien inmueble que tenían, que con el uso de ésta violencia moral se les obligó a suscribir un documento con falsedad ideológica transformándolos de garantes en deudores directos de una obligación que no recibieron, por lo que esa vía de derecho deslegitimizaba e invalidaba su consentimiento prestado.

Conforme lo expresado, la pretensión del proceso se circunscribía a la anulación del contrato de 14 de junio de 2000 por aparente vicio del consentimiento, que habría resultado de la presión en la vía de derecho por el proceso coactivo seguido a ellos como garantes; en tal mérito se debe indicar que el proceso coactivo y la iniciación de éste no se considera como una violencia injusta, per se, ejercida por la Cooperativa San Pedro Ltda., pues ejerciendo un derecho propio se encontraba facultada para ejercitar la acción de ejecución contra la deudora principal y los garantes, ahora recurrentes.

Ahora bien, al circunscribir la pretensión de anulación a un vicio de consentimiento es lógico establecer  que sólo el consentimiento en el contrato de referencia se encontraba con vicio, entendiendo que los otros requisitos de validez presentes (objeto, causa y forma) eran útiles, por ello se entiende que el contrato que es anulable puede ser confirmado, por cuanto si el vicio en la voluntad se salva y los demás requisitos de validez están presentes, entonces el contrato puede ser confirmado y tener la eficacia requerida, empero tal razonamiento no tendría asidero si en el contrato los demás requisitos no se acomodan a los requerimientos que la ley impone. Bajo lo impreso, si bien la pretensión fue de anulación del contrato de 14 de junio de 2000 por violencia moral, el elemento fáctico para fundar tal pretensión es contradictorio, porque señala que en el contrato firmado no existía ningún préstamo, es decir que la obligación estaba ausente en el acto jurídico increpado, en tal razón no existía el objeto del mismo, por lo que en función a los hechos que el actor estableció a momento de fundar la demanda no se establecía la anulación por violencia moral.

En el recurso, más allá de los antecedentes que se describe con abundante detalle,  se hizo mucho énfasis en la teoría de las obligaciones, precisando las instituciones de la novación, expromisión y subrogación, sin embargo tales conceptualizaciones son irrelevantes para establecer el objeto mismo de la controversia-la anulación de contrato- pues toda esa teoría no coadyuva en nada a probar al aparente vicio del consentimiento, sino que solo atañe a la naturaleza de obligaciones que supuestamente emergieron de una obligación, anterior del contrato, cuestión no discutida en el presente proceso.

Por otro lado, cuando los recurrentes hacen énfasis en el no desembolso del dinero por parte de la Cooperativa, se debe indicar que esa situación no puede ser constituida como presupuesto de la anulabilidad porque tal aspecto no es coetáneo a la celebración del contrato, o sea no se presenta como vicio estructural del mismo; por otro lado, al argumento del no desembolso del dinero tiene que ver como una cuestión de eficacia del acto en los términos establecidos por el art. 821 del Código de Comercio y no como una tesis de invalidez.

Por lo manifestado se evidencia que los recurrentes no tienen el fundamento necesario para revertir la decisión del Ad quem, puesto que su fundamentación en el recurso de casación en el fondo se limita a disentir el tipo de obligación que se hubiera existido en el contrato observado, sin explicar, conforme su pretensión, porque era susceptible de anulación el mismo.

En consecuencia éste  Tribunal Supremo de Justicia emite resolución en la forma determinada por los arts. 271-2 y 273 del  Código Adjetivo Civil.


POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 parágrafo I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO  el recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 759 a 769 vta.,  interpuesto por Daniel AguilarBishop en representación de Elvia VianeyBishopUrzagaste y José Aguilar Rojas contra el Auto de Vista de 04 de abril de 2014. Con costas.

Se regula el honorario del abogado en la suma de Bs. 700.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Dra. Patricia Ríos Tito

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: Sexto