TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA  CIVIL



Auto Supremo: 510/2014

Sucre: 08 de septiembre 2014

Expediente: CB-57-14-S        

Partes: Victoria Gladys Vargas Iriarte.c/María Inés Rocha Gonzáles.  

Proceso:Cumplimiento de contrato, extinción de obligación ycomplementación

de datos en las minutas.

Distrito:Cochabamba.


VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 715 a 716 y vta., interpuesto por Victoria Gladys Vargas Iriartecontra el Auto de Vista Nº 64/2014 de 14 de abril de 2014, cursante de 711 a 712 y vta., pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, en el proceso ordinario de Cumplimiento de contrato, extinción de obligación y complementación de datos en las minutas seguido por Victoria Gladys Vargas Iriarte contra María Inés Rocha Gonzáles,la concesión de fs. 720, los antecedentes del proceso, y;


CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

La Juez Primero de Partido en lo Civil de la ciudad de Cochabamba dicta  Sentencia Nº 32/2013 de 25 de septiembre de 2013, cursante de fs. 673a680, declarando 1)Improbada la demanda ordinaria de cumplimiento, extinción de obligación y complementación de minutas de transferencia de los inmuebles con una extensión superficial de 306,50 Mt2 y 559,50 Mt2 registrados en Derechos Reales bajo la Foja 106 y Partida 393 del Libro Primero B de Propiedad del cercado el 6 de abril de 1972 a nombre de María Inés Rocha Gonzáles, y 2) Probada la excepción de improcedencia de la demanda, interpuesta por María Inés Rocha Gonzáles.

Resolución de primera instancia que es apelada por la parte actora, mediante escrito de fs. 682 a 683, que merece el Auto de Vista de14 de abril de 2014, cursante a 711 a 712 y vta., que confirma la Sentencia apelada. Resolución de Alzada que es recurrida de casación en el fondo por la parte demandante, que obtiene el presente análisis.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

1. Violación del artículo573 del Código Civil:

Refiere el recurrente que la Sentencia y el Auto de Vista recurrido señalan de manera conteste y uniforme, que su derecho de exigir el cumplimiento de la obligación extrañada (suscripción de una minuta de transferencia que puede ser inscrita en la Oficina de Derechos Reales), se encuentra limitada en razón a que no habría cancelado la suma de USD. 2.236.77, saldo del precio final fijado entre las partes, monto éste que habría sido ofrecido pagar, en el Otrosí de la demanda presentada.

Agrega que el pago del precio de un bien inmueble es una contraprestación a la transferencia del mismo. Así lo establecería el artículo 584 del Código Civil que transcribe. En el presente caso, la indicada transferencia no habría sido perfeccionada en razón a que las fojas y partidas incluidas en el título suscrito por la vendedora no permitirían inscribir el derecho propietario en la Oficina de Derechos Reales. Para su perfeccionamiento, se necesitaría ineludiblemente de que cada uno de los lotes transferidos, puedan ser individualizados en dicha oficina, obligación ésta que correspondería al vendedor. Como compradora no podría realizar dicha labor. Tal como establecería el parágrafo I del artículo 586 del Código Civilque imprime.

La parte que se encuentra en incumplimiento sería la vendedora. Ella tendría el deber, como se ha solicitado en la demanda, de incorporar en las minutas de transferencia la matrícula (antes fojas y partida) de manera individual a los dos terrenos transferidos y posteriormente se ordene su inscripción en la Oficina de derechos Reales. Mientras no se cumpla con dicha obligación no se le podría exigir el pago de monto alguno. Así lo establecería el parágrafo I del artículo 573 del Código Civil que en lo pertinente transcribe.

Pese a ello, como muestra de la buena fe con que actuó y actuará, jamás habría negado su obligación de cancelar el monto adeudado. Prueba irrefutable de ello sería la declaración contenida en el Otrosí de la demanda, donde textualmente ofrece la cancelación del monto adeudado y la orden de depósito judicial por la suma de USD. 2.263.77, monto con el cual puntualiza quedará cumplido el pago total del precio de venta de los inmuebles.

El Juez de primera instancia no habría aceptado dicho pedido. Por lo tanto cómo se podría explicar que la autoridad judicial que no se pronunció sobre un pedido expreso, ahora puede utilizar ese argumento para negar un derecho, aún a sabiendas, por la prueba producida, de que la parte  demandada es la que se encuentra en falta y no así la demandante. El Auto de Vista recurrido desconocería la buena fe con que se actuó y particularmente los alcances del artículo 573 del Código Civil.

2. Violación del principio de verdad material consignado en el art. 180 dela Constitución Política del Estado:

En la Sentencia y en el Auto de Vista, de manera conteste y uniforme, se determinaría que  los documentos de transferencia que han sido presentados por su parte son legítimos y legales, consecuentemente estaría probada la venta y el pago realizado, sin embargo prefieren sustentar en un supuesto argumento de forma, que como se ha demostrado precedentemente no existe, para negarle su justo derecho de perfeccionar la propiedad sobre dos bienes que habría adquirido y que por negligencia de la vendedora no se le permite disfrutar en su plenitud.

La posición asumida por el Auto de Vista recurrido, atentaría contra el principio de verdad material, consignado en el art. 180 de la Constitución Política del Estado, como uno de los elementos esenciales que tiene como fin desvirtuar el ritualismo o formalismo que rigió a toda la legislación y actuación judicial, anterior a febrero de 2009.

Si la autoridad recurrida considera que el pago de un saldo mínimo es un elemento esencial, debió haber condicionado la suscripción de esas minutas complementarias a la realización del mismo (verdad material) y no descartar todo el procedimiento realizado, obligando a que los litigantes tengan que peregrinar nuevamente por la justicia ordinaria otros 5 años. Si el recurso es declarado Infundado, se le obligará a realizar el depósito judicial que fue negado por el Juez de primera instancia y embarcarse nuevamente en un juicio de otros 5 años.

Refiere que el Juez debió analizar el fondo del tema sometido a su análisis y no recurrir a un tema formal para afectar el derecho propietario que tiene y que tiene protección constitucional por imperio del artículo 56 de la Constitución Política del Estado.

El Tribunal Constitucional Plurinacional habría sido claro en la necesidad de romper con el ritualismo al cual estamos acostumbrados, más aún si se está protegiendo un derecho constitucional (a la propiedad). Al respecto señala la  S.C.P. Nº 0048/2014 de 3 de enero transcribiendo al efecto la parte pertinente de la misma. Y puntualiza que la Sentencia Constitucional transcrita precedentemente es vinculante para todas las personas públicas o privadas, conforme determina el artículo 15 del Código Procesal Constitucional.

Por lo expuesto, solicita al Tribunal Supremo de Justicia proceda a Casar el Auto de Vista de 14 de abril de 2014 y deliberando en el fondo declare Probada la demanda.


CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

La recurrente en su recurso de casación en el fondo, acusa violación tanto del artículo 573 del Código Civil, así como del principio de verdad material consignado en el art. 180 de la Constitución Política del Estado, y encontrándose relacionadosambos fundamentos, se pasa a considera de forma conjunta los mismos.

1. De antecedentes de la presente causa y de la revisión de los documentos privados de transferencia de lote de terreno de fecha 11 de agosto de 1997 (fs. 8 a 11 y de fs. 182 a 196), se evidencia que María Inés Rocha Gonzáles(vendedora)cede en venta real y definitiva dos lotes de terreno aVictoria Gladys Vargas Iriarte(compradora), el primer lote en la suma de Bs. 3.000 ycon una superficie de 306.50 M2, el segundo lote en la suma de Bs. 5.500 ycon una superficie de 559.50 M2;ambos ubicado en la zona de Condebamba y registrados en el Registro de Derechos Reales a fojas 106 ptda. 363 del Libro 1º “B” de la ciudad y el Cercado en fecha 6 de abril de 1972, dineros que la propietaria declara recibir en moneda de curso legal y corriente a su entera satisfacción en la fecha;asimismo, en la cláusula quinta de dichos documentos, María Eufracia Gonzáles Vda. de Rocha cancela su derecho de usufructo. Dichos documentos privados han sido debidamente reconocidos por los intervinientes por ante la Notaría de Fé Pública Nº 34 en fechas 11 y 12 de agosto de 1997, respectivamente.

De la misma forma, los referidos contratantes en fecha 12 de agosto de 1997 suscriben el documento privado de transferencia de lotes de terreno (fs. 197), que en los hechos se constituye jurídicamente en un contradocumento, donde las partes intervinientes reiterandola venta efectuada,establecen que en relación al primer lotede terreno, el precio total convenido es de $us. 10.727.50, el mismo que será cancelado en tres cuotas, la primera en la suma de $us. 3.000 a tiempo de suscribir la documentación y la minuta de transferencia correspondiente, la segunda en la suma de $us. 3.000 en fecha 23 de septiembre de 1997, y la última de $us. 4.727.50a la entrega de los planos aprobados por la H. Alcaldía Municipal. Igualmente, en relación al segundo lote de terreno, se establece que el precio total es de $us. 16.225.50, el mismo que también será cancelado en tres cuotas, la primera en la suma de $us. 3.500, la segunda de $us. 4.500 a cancelarse el 23 de septiembre de 1997, y el saldo de la 3º cuota a la entrega de los planos aprobados por la H. Alcaldía. Por lo que ratificando la entrega de la primera cuota en la suma total de $us. 6.500 a la vendedora,los intervinientes firman el referido documento en señal de conformidad.

Posteriormente,los contratantes supra referidos suscriben varios documentos privados de cancelación de dineros:

El primero de fecha 14 de noviembre de 1997, con reconocimiento de firmas (fs. 198 a 203), dondela vendedora Inés Rocha Gonzálesratificando el documento privado de fecha 12 de agosto de 1997 y la transferencia realizada de los dos lotes declara que como pago total de una primera cuota recibió la suma total de $us. 6.500, y que en la fecha de suscripción de éste documento recibe la suma de $us. 7.500 correspondiente al pago de la segunda cuota; ratificando que el saldo o tercera cuota se efectivizará a tiempo de la entrega de los planos aprobados por la H. Alcaldía Municipal.

El segundode fecha 21 de enero de 1999, donde los contratantes haciendo constar la anterior cancelación de $us. 6.500 y de $us. 7.500, declaran que en la fecha por el mismo concepto se cancela a la Sra. Inés Rocha Gonzáles la suma de $us. 5.000 correspondiente a una tercera cuota acordada; asimismo se hace constar que el monto total acumulado es de $us. 19.000, quedando un saldo por cancelar de $us. 7.953 que serán cancelados en el momento de la entrega de los planos aprobados de los dos lotes.

En el tercero de fecha 26 de marzo de 1999, se hace constar que Inés Rocha Gonzálesrecibe de Victoria Gladys Vargas Iriarte la suma de $us. 2.000 por concepto de pago de una cuota por la compra de dos lotes de terreno; de igual manera se consigna que la suma total acumulada es de $us. 21.000, quedando un saldo por cancelar de $us. 5.953.

En el cuarto documento de fecha 23 de septiembre de 1999, se hace constar que Inés Rocha Gonzáles recibe de Victoria Gladys Vargas Iriarte la suma de $us. 1.000 por concepto del pago a cuenta de una cuota por la compra de dos lotes de terreno; tambiénse consigna que la suma total acumulada y cancelada es de $us. 22.000, quedando un saldo por cancelar de $us. 4.953 que serán cancelados en el momento de la entrega de los planos aprobados de los dos lotes.

Igualmentela parte actora adjunta también una serie de recibos que han sido objetados por la parte demandada, los mismos que no cuentan con el correspondiente reconocimiento de firmas y rúbricas.

Ahora bien, en relación a lo anterior se tienela prueba de cargo producida y específicamente de los informes periciales (fs. 213 a 276, y de fs. 469 a 494)se infiere que la parte actora ha acreditado plenamente la eficacia jurídica de los dos documentos privados reconocidos de transferencia de lotes de terreno, ambos de fecha 11 de agosto de 1997,ratificados por el documento privado de fecha 12 de agosto de 1997, lo que no ha sido desvirtuado por la parte demandada.

Asimismo los documentos privados de cancelación de dineros de fs. 198 a 206, no han sido objetados por la parte demandada, por lo mismo tienen la eficacia jurídica establecida por los arts. 1291 y 1297 del Código Civil.

2. Ahora bien, de la relación jurídica contractual establecida en los documentos privados reconocidos de compra y venta de fecha 11 de agosto de 1997, así como en el contradocumento de fecha 12 de agosto de 1997, se tiene que los mismos se constituyen en el acuerdo de voluntades de ambas partes, y conforme dispone el art. 519 del Código Civil debe cumplirse como si fuera ley entre las partes contratantes.

De la interpretación del referido contrato de compra y venta efectuado por las partes se tiene establecido con claridad la cosa que se vende y el precio que se debe pagar; consiguientemente, de acuerdo al art. 291 del mismo sustantivo civil, las partes tienen el deber de proporcionar el cumplimiento exacto de la prestación debida.
Como se trata de un contrato de venta, la transferencia de la propiedad se ha operado en el instante mismo en que los contratantes -vendedor y comprador- se pusieron de acuerdo en la cosa vendida y en el precio; es decir, la adquisición del dominio sobre el bien inmueble objeto de la venta se produjo solo con el consentimiento de los contratantes, sin necesidad de formalidad alguna porque el contrato de venta no las requiere, conforme manda el art. 521 del Código Civil que establece: “En los contratos que tienen por objeto la transferencia de la propiedad de una cosa determinada o de cualquier derecho real, o la constitución de un derecho real, la transferencia o la constitución tiene lugar por efecto del consentimiento, salvo el requisito de forma en los casos exigibles".

Los contratos deben ser ejecutados de buena fe y obligan no sólo a lo que se ha expresado en ellos sino también a todos sus efectos conforme a su naturaleza y según la ley, asípreviene el art. 520 del mismo cuerpo legal.

3.Empero, como en todo contrato de venta, las prestaciones son también reciprocas e interdependientes. El cumplimiento de una depende del cumplimiento de la otra.

En el presente caso, el comprador, de acuerdo al contrato suscrito, debía cancelar el precio de la venta en tres cuotas, dos de las mismas han sido cubiertas, empero la tercera cuota solo habría sido cubierta de manera parcial, por lo que según confiesa el demandantequedó adeudando la suma de $us. 2.263,77 como saldo del precio total que debió pagar a la entrega de los planos aprobados por parte de la vendedora. Por su parte, la vendedora quedó obligada a la entrega de los planos aprobados por la H. Alcaldía de Cochabamba a objeto de que se efectivice el pago de la última cuota que estaba convenido en la suma total de $us. 12.953, que correspondía a la tercera cuota de los dos lotes de terreno transferidos en favor de la compradora; sin embargo, la aprobación de los planos habría sido gestionada por el esposo de la parte actora, entendiéndose de ésta manera que la obligación de la parte demandada se encuentra cumplida por gestión de la parte actora y no así por voluntad de la parte demandada. Asimismo, si bien la parte actora ha cumplido con el pago parcial de dichas cuotas empero no ha cumplido con el importe total de las mismas, incumpliendo de ésta manerael contrato.Por su parte la vendedora tampoco accedió a la suscripción de las minutas aclarativas y complementarias que posibilitarían la inscripción en el registro de Derechos Reales del derecho de propiedad transferido a favor de la compradora, negándose de ésta manera a dar estricto cumplimiento al art. 520 del Código Civil que dispone: ”El contrato debe ser ejecutado de buena fe y obliga no solo a lo que se ha expresado en él, sino también a todos los efectos que deriven conforme a su naturaleza, según la ley, o a falta de ésta según los usos y la equidad”.

A pesar de aquello, la parte actora en su demanda de fs. 12 a 14 y vta., haciendo referencia que a la fecha de interposición de la demanda ha cancelado un total de $us. 24.689,23 a la vendedora y que por lo tanto existiría un saldode $us. 2.263,77 (DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES 77/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA), solicita en su Otrosí que una vez admitida la demanda se ordene el Depósito Judicial por la suma de $us. 2.263,77.- monto con el cual quedaría cumplido el pago total del precio de venta de los inmuebles y que protesta cumplir inmediatamente ante el requerimiento. Solicitando de ésta manera el cumplimiento del contrato, lo que ha sido entendido de ésta manera por la parte demandada en su contestación de fs. 21 a 24, donde textualmente refiere:”…a través de su demanda pretende:…b. El cumplimiento de la obligación de pago pactada a favor del comprador”.

Sin embargo, éste extremo no ha sido advertido por el A quo, ni por el Ad quem, porque habiendo la actora ofrecido el pago del saldo restante y no habiendo peticionado la resolución del contrato, y siendo que tampoco la parte demandada hubo reconvenido la resolución del contrato, lo que se buscaba era indudablemente el cumplimiento del contrato, empero los tribunales de instancia no han dado curso a dicho ofrecimiento.

4. Ahora bien, habiendo la parte actora solicitado expresamenteel cumplimiento de su obligación, de consiguiente inviabiliza la procedencia de la excepción de defensa de incumplimiento de contrato establecida por el art. 573 del Código Civil en favor de la parte acreedora.

No obstante, sin que la parte demandada haya activado la excepción de defensa de incumplimiento de contrato (non adimpleticontractus), el A quo como el Ad quem de oficio y sin atribución alguna,tanto en la resolución de primera instancia al declarar improbada la misma así como en la Resolución de Alzada al confirmar la anterior, hacen valer en el presente caso de autos dicha excepciónen favor de la parte demandada,que no es sino la facultad de negar el cumplimiento y retener la prestación que le corresponde a una de las partes contratantes mientras la otra no cumpla o no se allane a cumplir lo que le corresponde, conforme prescribe el parágrafo I del art. 573 del sustantivo Civil: ”I. En los contratos de prestaciones reciprocas cualquiera de las partes podrá negarse a cumplir su obligación si la otra no cumple o no ofrece cumplir al mismo tiempo la suya, a menos que se hubiere convenido otra cosa o de la naturaleza del contrato resultaren términos diferentes para el cumplimiento”,infringiéndose de ésta manera ésta norma sustantiva civil.

Es más, conforme al principio de verdad material corresponde referir que la parte demanda a tiempo de contestar a la demanda postula “…que jamás ha transferido bien o lote de terreno alguno, mediante minutas (dos) de fecha 11 de agosto de 1997 y que la firma que se le atribuye en cada uno de dichos instrumentos no le corresponde…”, sin embargo, y como se ha referido en el punto 1 del presente considerando dichos asertos han sido desvirtuados por la prueba de cargo producida y especialmente por la prueba pericial referida (fs. 213 a 276, y de fs. 469 a 494), de donde sin embargo se concluye, la falta de lealtad procesal de la parte demandada y su negativa de mala fe para cumplir el contrato suscrito, en franco desconocimiento inclusive de los principios ético morales establecidos en el art. 8 de nuestra Constitución Política del Estado Plurinacional, enmarcandosu actuar,de esta manera,en la segunda parte del segundo parágrafo del art. 573 del Código Civil que dispone:”…pero no podrá oponérsela y se deberá cumplir la prestación si, teniendo en cuenta las circunstancias, la negativa fuera contraria a la buena fe”. 

En síntesis, si bien es cierto que ninguna de las partes puede demandar el cumplimiento de la obligación contraria sin antes cumplir u ofrecer el cumplimiento de su propia obligación, según el principio de la exceptio non adimpleticontractus, empero, en el caso que nos ocupa quien ha solicitado cumplir de inicio la prestación debida ha sido ladeudora-demandante, lo que no ha sido excepcionada o rechazada por la parte acreedora-demandada que está facultada por ley para éste efecto. En consecuencia la compradora recurrente está perfectamente facultada para demandar a la vendedora exigiendo el cumplimiento de la obligación emergente delos contrato de fecha 11 y 12 de agosto de 1997 (fs. 8 a 11, de fs. 182 a 196, y de fs. 197).

Lo anterior demuestra que el Ad quem, ha procedido incorrectamente al confirmar la sentencia pronunciada por el A quo, creando un peligroso antecedente respecto a los efectos de los contratos, por desconocimiento de la referida excepción y por consiguiente del art. 573 del Código Civil,adecuandode ésta manera su accionar a la causal de casación en el fondo alegada en el recurso en examen, correspondiendo en consecuencia sea enmendada dicha omisión.

Conforme a los argumentos expuestos, y al ser evidentes las infracciones acusadas, corresponde a este Tribunal Supremo fallar en la forma prevista por el art. 271 núm.4) y 274 del Código de Procedimiento Civil.


POR TANTOLa Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por los arts. 41 y 42 parágrafo I, num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación delos arts.  271 núm. 4), y 274 del Código de Procedimiento Civil,CASA, el Auto de Vista Nº 64/2014, de 14 de abril de 2014, de fs. 711 a 712 y vta. de obrados, y deliberando en el fondo declara:1) Probada la demanda ordinaria de cumplimiento, y de complementación de las minutas de transferencia de los dos inmuebles:el primer lotecon una superficie de 306.50 M2;el segundo lote con una superficie de 559.50 M2; ambos ubicado en la zona de Condebamba y registrados en el Registro de Derechos Reales a fojas 106 ptda. 363 del Libro 1º “B” de la ciudad y el Cercado en fecha 6 de abril de 1972 a nombre de María Inés Rocha Gonzáles. 2) Improbada la solicitud de extinción de la obligación de pago, así como la condenación al pago de daños y perjuicios; interpuesta por Victoria Gladys Vargas Iriarte. Y 3) Improbadas las excepciones perentorias de falsedad, ilegalidad, improcedencia de la demanda, falta de derecho y acción, falta de suficiente legitimación activa para demandar y falta de suficiente legitimación pasiva para contradecir, interpuesta por María Inés Rocha Gonzáles. Sin costas.En mérito a lo resuelto se dispone el cumplimiento del contrato, y a objeto del perfeccionamiento de la transferencia por ante la Oficina de Derechos Reales se dispone que la demandada suscriba las correspondientesescrituras complementarias y aclaratoriascon todos los datos que corresponden a los dos lotes de terreno trasferidos; sea previo pago del saldo restante por parte dela demandante, dentro los diez (10) días siguientes a la determinación del saldo que será establecido en ejecución de sentencia; debiendo en consecuenciaen el término de diez (10) días la vendedora María Inés Rocha Gonzálessuscribir las minutas aclarativas en favor dela compradora Victoria Gladys Vargas Iriarte, todo en aplicación de los arts. 519, 520, 521, 584 y 568 del Código Civil.

Sin responsabilidad por ser excusable.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Dra. Patricia Ríos Tito

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: Sexto