TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                             S A L A   C I V I L 


Auto Supremo: 488/2014

Sucre: 29 de agosto 2014

Expediente: T-23-14-S

Partes: Carmen Rosa Narváez Rocha. c/ Fabiana Olarte Quiroz de Jáuregui

            Blanca Zulema Narváez Rocha.

Proceso: Acción confesoria y reconocimiento de servidumbre de paso.

Distrito: Tarija.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo, interpuesto por Carmen Rosa Narváez Rocha, cursante de fs. 501 a 507 contra el Auto de Vista N° 47/2014 de 05 de mayo de 2014 de fs. 495 a 497 vta., de obrados, emitida por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dentro del proceso ordinario de Acción confesoria y reconocimiento de servidumbre de paso interpuesto por Carmen Rosa Narváez contra Fabiana Olarte Quiroz de Jáuregui y Blanca Zulema Narváez Rocha, concesión de fs. 519, los antecedentes procesales; y,


CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:


Que, tramitada la causa, el Juez de Partido Sexto en lo Civil y Comercial de la Capital - Tarija, mediante Sentencia Nº 41/2013 de fecha 30 de octubre de 2013, cursante de fs. 443 a 450 vta., declaró IMPROBADA la demanda  ordinaria de acción confesoria para el reconocimiento de  la existencia  de una servidumbre de paso, cursante a fs. 5-7 y aclaración de fs. 11 de obrados interpuesta por Carmen Rosa Narváez contra Fabiana Olarte Quiroz de Jáuregui y Blanca Zulema Narváez Rocha. Con costas.


Deducida la apelación por parte del demandante y remitida ante la instancia competente, la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, mediante Auto de Vista Nº 47/2014 de 05 de mayo de 2014, confirmo la Sentencia Apelada.


Ante la determinación adoptada por el Ad quem, la demandada  interpuso recurso de casación en el fondo, conforme consta de fs. 501 a 507 mismo que se pasa a considerar.


CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:


1.- Acusa que existiría error de derecho  en la apreciación de la prueba en la existencia del derecho y la existencia física del pasaje de uso común, ya que el folio real de fs. 10 consignaría de manera expresa el pasaje y los planos aprobados los cuales consignaran el pasaje de uso común, pruebas que no habrían sido valoradas pese a ser oponibles a terceros, en este sentido el vocal no habría realizado  un análisis pormenorizado  y detallado del antecedente dominial  de la escritura pública de propiedad del padre de la actora, tampoco de la escritura pública de partición avencional de la abuela y los hermanos del padre de la actora cursante a fs. 85 a 91, escritura que haría mención a la hijuela de su padre… consignado al Sud cincuenta y cuatro metros con treinta centímetros de los que 19 darían a la calle, Asimismo Blanca  Narváez  reconocería  la existencia del uso común, que se encontraría en la propiedad de Fabiana Olarte Quiroz de Jáuregui, determinando además que Dora Isabel Narváez Cardozo no habría sido dueña de la fracción de la servidumbre de paso (martillo) ya que la misma escritura haría mención a que su inmueble Colindaría al Este con Escolástico Narváez  e la dimensión de sesenta metros con setenta centímetros, en línea recta sin medir el martillo, por lo que no podía ceder ni transferir derechos que no tiene, pues en ese antecedente Dora Isabel Narváez no habría sido instituida como propietaria del martillo.


Por otra parte acusa también que existiría error en la apreciación de las pruebas en cuanto a la valoración integral del informe pericial que contendría en el punto C) de las conclusiones lo más importante que concluiría que el pasaje se encuentra en la propiedad de Fabiana Olarte Quiroz, y el plano de fs. 92, la prueba documental de fs. 228 a 231, los planos de Blanca Zulema Narváez Rocha y María Virginia Narváez R.  de fs. 334 y 335.


Finalmente, solicita que se valore su caso con completa imparcialidad y apego únicamente a derecho y pronuncien Auto Supremo CASANDO el Auto de Vista recurrido, fallando en el fondo declarar PROBADA la demanda con expresa condenación de costas. 


CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Planteado como está el recurso y con relación a los argumentos con los que recurre, aunque no de manera diferenciada, recogiendo la pretensión de la recurrente se tiene que esta acusa error en la valoración de la prueba, en este entendido es  necesario realizar las siguientes puntualizaciones:

Resulta conveniente señalar que el artículo 1460 del Código Civil (Acción Confesoria) señala que: “El titular de una servidumbre puede pedir a la autoridad judicial se reconozca la existencia de su derecho contra quien la niegue, o se hagan cesar impedimentos provenientes del propietario del fundo sirviente o de un tercero. Puede asimismo pedir se destruya lo que se ha hecho contra la servidumbre y obtener el resarcimiento del daño.”,  en este entendido esta acción tiene por objeto la declaración de la existencia de un derecho de servidumbre y la condena al demandado a que la reconozca y respete, eliminando todo obstáculo que haya puesto a la misma.

La recurrente acusa que existiría error de derecho en la apreciación de la prueba, ya que no se habría realizado un análisis pormenorizado y detallado del antecedente dominial de la escritura pública de propiedad del padre de la actora, tampoco de la escritura pública de partición avencional de la abuela y los hermanos del padre de la actora cursante a fs. 85 a 91, ya que la misma escritura haría mención a que el inmueble de Dora Narváez colindaría al Este con Escolástico Narváez en la superficie de sesenta metros con setenta centímetros, en línea recta sin medir el martillo, por lo que no podía ceder ni transferir derechos que no tenía. Al respecto corresponde señalar que conforme se tiene de la revisión de obrados, el Juez A quo, a tiempo de resolver sobre la demanda de acción confesoria donde la actora pretende se reconozca la existencia de una servidumbre de paso que le habría sido otorgado mediante la escritura pública 158/1994, como anticipo de legítima junto a un lote de terreno de 405,50 m2 que se encuentra enclaustrado, realizó un análisis detallado de todos los elementos probatorios introducidos al proceso para determinar la procedencia de la acción confesoria y establecer si las transferencias realizadas a las partes, por parte de sus ascendientes fueron efectuadas en los límites de su derecho propietario, en este sentido de la revisión de la Sentencia de fs. 443 a 450 vta., se tiene que el Juez A quo realizo un análisis referente a las acciones 1 y 4 que habrían sido otorgados en favor de Dora Isabel y Escolástico Narváez Cardozo por sus padres, mediante  la escritura 142/50 que sería el antecedente dominial común que señalo las dimensiones de su derecho propietario.

En este antecedente, el Juez A quo ha realizado el análisis comparativo y minucioso de todas las opciones, en base al informe técnico pericial de oficio de fs. 343 a 375, que muestra un estudio detallado y gráfico de las escrituras públicas 142/50 y 158/1994, las pruebas testificales de descargos, los planos introducidos al proceso, concluyo que: “la fracción que es reclamada como  elemento de obstrucción  de la servidumbre o pasaje de uso común de la señora Carmen Rosa Narváez Rocha Y que a la fecha  constituye una tienda de la demandada Fabiana  Olarte Quiroz, no se encuentra dentro la propiedad que correspondió al señor Escolástico Narváez Cardozo en consecuencia no pudo éste haber  dispuesto esta fracción a favor de su hija Carmen Rosa…”, razonamiento que fue confirmado por el Ad quem en el Cuarto Considerando del Auto de Vista recurrido, en consecuencia no es evidente que existiría error de derecho en la valoración de las escrituras públicas 142/50 y 158/1994, pues es evidente que el Juez A quo realizó la integración y compulsa de esta prueba con los demás elementos probatorios introducidos al proceso.

Por lo que en el caso de Autos se tiene que esta servidumbre de paso habría sido constituida por Escolástico Narváez en favor de su hija Carmen Rosa Narváez dentro su propia propiedad, sin percatarse que  dentro de esa disposición  incluyó una fracción de terreno que no era de su propiedad, por lo que en autos se ha determinado que el derecho propietario sobre la fracción que obstaculizaría el paso común a la avenida Potosí es de la demandada, por otra parte tampoco se evidencia la constitución de una servidumbre de paso que convertiría a la demandada en propietaria pasiva de la servidumbre de paso, en tal sentido no se puede reconocer el derecho sobre una servidumbre de paso cuando esta no ha sido constituida por autoridad judicial competente o no se ha probado el derecho propietario sobre la misma.

Por otra parte, en cuanto a que existiría error en la apreciación de las pruebas en cuanto a la valoración integral del informe pericial, el plano de fs. 92, la prueba documental de fs. 228 a 231, los planos de Blanca Zulema Narváez Rocha y María Virginia Narváez Rocha de fs. 334 y 335; al respecto corresponde señalar que la valoración de la prueba a que hace referencia el artículo 397 del Código de Procedimiento Civil y 1286 del Código Civil, esto supone realizar un análisis crítico e integral del conjunto de los elementos de convicción reunidos e introducidos en el proceso, lo que conlleva para el juzgador el deber de valorar los elementos probatorios en conjunto y no en forma aislada, en otras palabras confrontarlos e integrarlos unos con otros, con el propósito de obtener una conclusión afirmativa o negativa sobre la cuestión que se pretende resolver, siendo esta una atribución privativa de los jueces de instancia, por lo que la recurrente no puede pretender que este tribunal realice una revalorización de estas pruebas, pues como se mencionó supra, fueron valoradas de manera lógica y detallada por el Juez A quo y confirmado por el Ad quem, no siendo evidente el error en la valoración de las pruebas señaladas.

Por todo lo manifestado, corresponde a este Tribunal resolver conforme señala el art. 271 num. 2)  y el art. 273 del Código de Procedimiento Civil.


POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en virtud a la atribución contenida en el art. 42 parágrafo I num. 1) de la Ley N° 025 del Órgano Judicial y en aplicación de los art. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo, interpuesto por Carmen Rosa Narváez Rocha, cursante de fs. 501 a 507 contra el Auto de Vista N° 47/2014 de 05 de mayo de 2014 de fs. 495 a 497 vta. Con costas.


Se regula el honorario al profesional abogado en la suma de Bs. 1.000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Dra. Rita Susana Nava Duran

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Dra. Patricia Ríos Tito

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: Quinto