TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA                        SALA CIVIL


Auto Supremo: 473/2014                                                                Sucre: 27 de agosto 2014                                                                Expediente: O-35-14-S                                                                

Partes: Isidro Fernando Beltrán Ortiz, Manuel Beltrán Ortiz y Cinda Emilia

            Beltrán Ortiz. c/ Martina Ortiz Gonzales Vda. de Beltrán.

Proceso: Reposición y homologación de partidas, Inserción de nombre y

rectificación de apellido.                        

Distrito: Oruro.


VISTOS: El Recurso de Casación de fs. 99 a 105 vta., interpuesto por Martina Ortiz Gonzales Vda. de Beltrán contra el Auto de Vista N° 69/2014 de 17 de abril de 2014, cursante de fs. 90 a96 y vta., pronunciado por la Sala Civil, Familiar y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, dentro del proceso dereposición y homologación de partidas, Inserción de nombre y rectificación de apellido, seguido porIsidro Fernando Beltrán Ortiz, Manuel Beltrán Ortiz y Cinda Emilia Beltrán Ortiz contra la recurrente; la concesión del recurso de fs. 115; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:                                                        ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Tramitado el Proceso, elJuezde Partido Primero en lo Civil de la Capital, emitió la Sentencia de fecha 23 de enero de 1997, cursante de fs. 15 a 16, declarando probada la demanda y en consecuencia dispuso la notificación a la Dirección Departamental del Registro Civil, dependiente de la H. Corte Departamental Electoral a objeto de que proceda a la rectificación del apellido materno de Hinojosa a Ortiz en las siguientes partidas: Pdta. Nº 208 de 14 de abril de 1956, libro de nacimientos Nº 1- 56 Int. 4 O.R.C 194 (Huanuni) correspondiente a Beltrán Hinojosa Isidro; Pdta. Nº 169 de 24 de 24 de junio de 1957, Libro de nacimientos Nº 257 Int. 7 O.R.C. 194 (Huanuni) correspondiente a Beltrán Hinojosa Manuel y Pdta. Nº 425 de 14 de diciembre de 1959 Libro-(cuadernillo) Nº 8-59 Int. 22 O.R.C. 194 (Huanuni) correspondiente a Beltrán Hinojosa Cinda Emilia. De igual forma, determinó que en la Partida Nº 208 de 14 de abril de 1956 Libro Nº 1-56 Int. 4 O.R.C. 194correspondiente a Isidro Beltrán, se adicione el nombre de Fernando, debiendo quedar para el futuro como Isidro Fernando Beltrán Ortiz, nacido en Huanuni provincia Dalence del departamento de Oruro, siendo sus padres Oscar Beltrán Ruiz y Martina Ortiz Gonzáles nacido el 4 de abril de 1956; Manuel Beltrán Ortiz, nacido en Huanuni, provincia Dalence del departamento de Oruro en fecha 17 de junio de 1957, siendo sus padres Oscar Beltrán Ruiz y Martina Ortiz Gonzales, Cinda Emilia Beltrán Ortiz nacida en Huanuni, provincia Dalence del departamento de Oruro en fecha 6 de diciembre de 1959, siendo sus padres Oscar Beltrán Ruiz y Martina Ortiz Gonzales. Para tal fin ordenó se libré la ejecutorial de Ley.

Contra la referida Sentencia, Martina Ortiz Gonzales Vda. de Beltrán, interpuso Recurso de Apelación cursante de fs. 24 a 25 vta.

En merito a esos antecedentes, la Sala Civil, Familiar y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, emitió el Auto de Vista N° 69/2014 de fecha 17 de abril de 2014, cursante de fs.  90 a 96 y vta., por el que anuló el Auto de concesión de fs. 42 de 1 de agosto de 2013, en razón a que la sentencia se encontraría ejecutoriada,

Resolución que dio lugar al Recurso de Casación, interpuesto por Martina Ortiz Gonzales, mismo que se pasa a considerar y resolver.

CONSIDERANDO II:                                        

HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Denuncia la transgresióndel art. 190 del Código de Procedimiento Civil, arguyendo que los actores en el encabezado señalan: “demanda de reposición y homologación de partidas, inserción de nombre y rectificación de apellido” y en el petitorio de la misma demanda, señalan: “demandamos en la vía ordinaria de puro derecho reposición y homologación de nuestras partidas de nacimiento con carácter de Nueva Inscripción” y el Juez A quo emitió sentencia disponiendo la rectificación del apellido materno y adición del nombre de Isidro “Fernando” , sin haberse manifestado absolutamente nada sobre la homologación solicitada por los demandantes, situación que debió ser observada por el Tribunal de Alzada.

Denuncia también que el Tribunal de Alzada, así como aplico el art. 17 parágrafo I de la Ley 025, este debió aplicar también el art. 354 parágrafo II del Código de Procedimiento Civil, pues al ser declarado el proceso de puro derecho, el Juez A quo debió correr nuevos traslados por su orden dentro el plazo de 10 días, a menos que estos fueren renunciados por las partes y en el caso de Autos, la recurrente fue la única que renunció, por lo tanto denuncia la violación del art. 354 del Código de Procedimiento Civil.

Continúa denunciando que los certificados de nacimiento y el acta de adopción de fecha 30 de diciembre de 1971, son documentales que fueron celebrados antes de la vigencia del Código Civil Vigente, por lo que debió aplicarse lo que dispone el art. 1567 del Código Civil, es decir que el tramite debió tramitarse de acuerdo al Código Civil Santa Cruz y su respectivo procedimiento, no siendo evidente que el acta de adopción de fecha 30 de diciembre de 1971, no es objeto de debate, tal como lo manifestó el Tribunal de Alzada, pues al ser objeto de apelación debe ser considerada como objeto de discusión.

Refiere que la prueba ofrecida en segunda instancia, por la parte actora, fue considerada por el Auto de Vista que respaldó su decisión en las mismas, cuando estas nunca fueron de conocimiento de la recurrente ni de su abogada y másaún cuando estas fueron ilícitamente incorporadas al proceso.

Denuncia que el Tribunal de Alzada transgredió el art. 236 del Procedimiento Civil toda vez que no fundamentó y motivó su fallo, además de no haberse manifestado sobre la homologación solicitada por los demandantes y tampoco se manifestó sobre la aplicación del Código Santa Cruz, no dando de este modo una cabal aplicación del art. 17-I de la Ley de Organización Judicial y, a la vez  denunciando la aplicación del término “convalidación” figura que no se aplicaría en un trámite judicial.

Denuncia la recurrente que pese a haberse apersonado ante el Tribunal de Alzada señalando domicilio procesal, el cual fue aceptado, sin embargo con las pruebas ofrecidas por Cinda Emilia Beltrán Ortiz, se le notificó en el tablero de notificaciones y no así en el domicilio procesal señalado, vulnerándose los arts. 115, 119 y 117-I de la Constitución Política del Estado.

Finalmente, denuncia que la Sentencia emitida por el A quo en fecha 23 de enero de 1997, no puede ser considerada como cosa juzgada, porque con dicha sentencia no fueron notificadas ninguna de las partes integrantes del proceso, señala también que, cuando se extendió la “ejecutorial de Ley”, el proceso aún no se encontraba ejecutoriado, toda vez que en obrados no consta diligencia de notificación con la sentencia.

En base a esas consideraciones, la recurrente solicita se case el Auto de Vista recurrido.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

En el caso de Autos, se tiene que el Tribunal de Alzada, en fecha 17 de abril de 2014 emitió el Auto de Vista Nº 69/2014, arguyendo que la recurrente conoció de lo dispuesto en la sentencia de primera instancia desde hace bastante tiempo atrás y que ésta no ejerció objeción alguna contra ella, consintiendo de esta manera en su ejecutoria, asimismo, señaló que la apelación interpuesta por la recurrente sería improcedente, por estar ejecutoriada tácitamente la sentencia, por lo que correspondería anular obrados hasta el decreto que inicia el trámite de la apelación, en base a esas consideraciones, el Tribunal de Apelación determinó anular el Auto de concesión de fs. 42, es decir el Auto que concedió el recurso de apelación, por encontrarse la sentencia ejecutoriada.

En base a esa resolución, se planteó el presente recurso de casación y revisado el mismo, se tiene que, la recurrente se aboca a los numerales 1, 2 y 3 del art. 253 del Código de Procedimiento Civil, es decir, a las causales de fondo por las cuales procede el recurso de casación, sin señalar si este es en el fondo o en la forma; sobre el caso, éste Tribunal Supremode manera uniforme ha establecido que contra fallos anulatorios de obrados,dictados en Autos de Vista, no cabe sino el recurso de casación de forma o nulidad, el mismo que está destinado a revisar si el fallo anulatorio fue o no correcto en su análisis y emisión, buscando de esta manera la nulidad de la resolución recurrida para que ingrese a resolver el recurso y emita otro fallo, por lo expuesto, se tiene que al ser el fin del recurso de casación en la forma la nulidad del Auto de Vista recurrido, la recurrente en su petitorio debió solicitar dicho fin, empero contradictoriamente, solicita se case el Auto de Vista recurrido y se falle en lo principal. Consiguientemente, en razón a que el Auto de Vista anuló obrados hasta el Auto de concesión del recurso de apelación, por encontrarse ejecutoriada la sentencia de primera instancia, la recurrente, debió basar su recurso en dicha determinación, es decir que debió haber atacado de manera específica, las razones por las cuales el Tribunal de Alzada emitió dicha resolución, fundamentando los motivos por los que considera que la sentencia de primera instancia no se encontraría ejecutoriada, es decir que en su recurso de casación debió abocarse a los agravios que dicha nulidad le ocasiona y no así a otros aspectos que no resultan necesarios para anular el Auto de Vista recurrido.

Dicho lo anterior, corresponde a éste Tribunal, dar respuesta a los agravios de forma y que tienen relación con la resolución anulatoria de Alzada.

La recurrente manifiesta, que al no haber sido notificadas las partes con la sentenciaemitida por el Juez A quo de fecha 23 de enero de 1997, la sentencia no se encontraría ejecutoriada, de lo  manifestado y conforme lo señala el Auto de Vista, si bien no existe en obrados papeleta de notificación que demuestre el conocimiento expreso de la recurrente con la citada sentencia, causa extrañeza que la misma, después de 16 años de emitido dicho fallo, solicite el desarchivo del mismo, argumentando que nunca fue citada con la presente demanda y tampoco presentó memorial respondiendo afirmativamente, indicando que la firma que cursa tanto en la papeleta de notificación como en el memorial de respuesta no le pertenecerían, además de solicitar que se le notifique con la sentencia para posteriormente presentar apelación, sobre este punto, la recurrente si consideró que dichas firmas no corresponderían a su persona y que no tuvo conocimiento de dicho fallo, debió plantear el respectivo incidente de nulidad, mas no recurso de apelación, pues al planear el recurso de alzada dio por bien hecho las actuaciones anteriores a la sentencia.

Asimismo, respecto a la prueba presentada por la parte actora en etapa de apelación, se debe señalar que, en aplicación del art. 133 del Código de Procedimiento Civil, las partes tienen la obligación de asistir en forma obligatoria a estrados  judiciales  los días martes y viernes a efecto de notificarse con las resoluciones y actuaciones que se hubiesen producido, obligación que opera no solo en primera instancia, sino también en todas las instancias que fuesen activadas por las partes, por lo tanto si la recurrente denuncia que no se le corrió traslado con la prueba que adjuntó la parte actora, esta debió reclamar oportunamente dicha situación y solicitar la nulidad de notificación que fue realizada en el tablero de notificaciones del Tribunal de Alzada y no así en su domicilio procesal, pero de la revisión de obrados se verifica que la recurrente después de tres meses de realizada dicha notificación, presentó memorial por el que solicitó se pase el proceso a otra Sala por pérdida de competencia de la Sala donde actualmente se encontraba radicado el proceso, pero en ninguna parte del memorial la recurrente hizo mención a la falta de notificación con las respuestas de la parte actora quienes acompañaron prueba a sus memoriales, por lo tanto la recurrente convalidó dicha situación, es decir que dio por bien hecho el acto viciado, pues al tener expedito el derecho para deducir nulidad no lo hizo oportunamente, dotando a dicho acto de plena eficacia jurídica; en la práctica se realizan actos de convalidación cuando la parte perjudicada realiza actuaciones posteriores al acto irregular sin deducir oportunamente la nulidad del mismo, situación que como ya se manifestó ocurrió en el caso de Autos.

Respecto a que el Tribunal de Alzada declaró ejecutoriada la sentencia de primera instancia, debemos hacer mención al art. 515-2) del Código de Procedimiento Civil que respecto a la autoridad de cosa juzgada que reciben las sentencias señala: “Cuando las partes consintieren expresa o tácitamente en su ejecutoria”, de lo manifestado, en base a la revisión del proceso y de conformidad a las literales adjuntas relacionados a un proceso de División y Partición de bienes que inició la recurrente, que cursan en obrados de fs. 64 a 72, y que datan de fecha posterior a la sentencia de primera instancia emitida en este proceso, se deduce que la recurrente, tenía pleno conocimiento de que los actores llevaban como apellido materno Ortiz, toda vez que estos fueron identificados de manera individual además de ser reconocidos como sus hijos, extremo que emerge a consecuencia de la sentencia de fecha 23 de enero de 1997, por lo tanto la recurrente no puede pretender que después de 16 años se le notifique con dicha sentencia arguyendo desconocimiento del mismo, pese a haber realizado actos que dan a entender que si bien no fue notificada de manera expresa con dicha resolución empero ella realizó actos que hacen entender el conocimiento y aceptación de dicha resolución, situación que produce el consentimiento tácito para la ejecutoria de la sentencia.

Al margen de o anterior a fs. 23 vta., cursa constancia de entrega de fotocopias legalizadas de todo lo obrado a la ahora recurrente en fecha 17 de mayo de 2013, consiguientemente con dichas fotocopias legalizadas tuvo conocimiento de todo lo obrado, incluso de la sentencia cuya notificación extraña, constituyéndose dicha entrega en una notificación tácita, razón por la que la apelación presentada el 31 de mayo de 2013 resulta fuera de plazo, aspecto que el Juez de la causa debió advertir a fin de evitar la sustanciación de actuados procesales innecesarios.

Por las razones expuestas,  y no siendo evidentes los agravios denunciados por la recurrente, éste Tribunal falla en la forma prevista por el art. 271 núm.2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.


POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 parágrafo I. núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en los arts. 271 núm. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADOel Recurso de Casación de fs. 99 a 105 y vta., interpuesto por Martina Ortiz Gonzales Vda. de Beltrán, contra el Auto de Vista N° 69/2014, de fecha 17 de abril de 2014, cursante de fs. 90 a 96 y vta. Con costas.

Se regula honorarios profesionales en la suma de Bs. 1.000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Dra. Patricia Ríos Tito

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: Quinto