TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                       S A L A   C I V I L


Auto Supremo: 470/2014.

Sucre: 27 de agosto 2014.

Expediente: CB 62 14 S.

Partes: Carlos Mérida Rojas y otra. c/ Samuel Aduviri Pérez y otros.

Proceso: Usucapión decenal.

Distrito: Cochabamba.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 366 a 367 vta., interpuesto por María Jesús Aldunate Montaño por si y en representación de Blanca Aldunate Montaño contra el Auto de Vista Nº 25 de 17 de febrero de 2014 que cursa de fs. 362 a 363, pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba en el proceso ordinario de usucapión, seguido por Carlos Mérida Rojas y otra en contra de las recurrentes y otros, la concesión de fs. 389, los antecedentes del proceso y;


CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez de Partido Duodécimo en lo Civil, pronuncia la Sentencia de 19 de septiembre de 2012 por la que declara improbada la demanda de fs. 24 probadas las excepciones perentorias de falsedad, ilegalidad e improcedencia opuestas a la acción principal, improbada la reconvención de fs. 56 a 67, probadas las excepciones perentorias de improcedencia falsedad, ilegalidad falta de acción y derecho, sin costas.

Resolución de primera instancia que fue recurrida de casación y resuelta mediante Auto de Vista de fs. 362 a 363 que confirma la Sentencia apelada, fallo que a su vez es recurrido de casación,  objeto de estudio.


CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

1.- Los Vocales han incurrido en error de hecho y de derecho en la apreciación de la prueba, ya que su petición está fundada en el incumplimiento de los términos del contrato suscrito (comprador y codemandado Samuel Aduviri), la que acredita la transferencia arbitraria  y forzada efectuada mediante documento privado de 15 de mayo de 1998, del mismo se deduce la venta sobre el lote Nº 18, el mismo no tiene la calidad de justo, porque lo descrito en las cláusulas segunda y sexta, que ha sido de conocimiento de los actores e ignorados por los Vocales, empero el Auto de Vista fundamenta su resolución que el documento por el cual las vendedoras transfirieron su derecho de propiedad y cuestiona si el precio fuera justo, aspecto que señala no haberse tomado en cuenta, asimismo señala que no se ha tomado en cuenta la restricción de venta por el plazo de cinco años desde la fecha en el registro de derechos reales a Samuel Aduviri e hijos, por ello el bien no podía ser comprometido en venta y el Auto de Vista ha obviado el art. 519 del Código Civil.

2.- Señala que no es evidente que no hayan acreditado su derecho propietario, refiriendo haber adjuntado fotocopias legalizadas del testimonio N° 186 otorgada ante el Notario Lucio Antezana Maldonado y registrado en Derechos Reales a fs. 625 Ptda. 781 del Libro Primero “B”, de la provincia Cercado en fecha 13 de abril de 1987, asimismo cursa la fotocopia legalizada del Testimonio de Escritura Pública 103, de la transferencia de acciones y derechos de la extensión de 10 hectáreas que realiza Rosario Guzmán Cassal de Estrada a María Jesús Aldunate Montaño, registrada en Derechos Reales Partida N° 344, del Libro “B”, de propiedades de la Provincia Cercado en fecha 9 de febrero “de 2.993”.

Por lo expuesto, solicita se conceda el recurso con la finalidad de que se revoque el Auto de Vista.


CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Los jueces de instancia concluyeron que las recurrentes no son propietarias del predio que pretender reivindicar, ese fue el razonamiento del Ad quem en el Auto de Vista recurrido, que confirmó la Sentencia de grado en la que de igual manera se dedujo la falta de legitimación para la pretensión de la reivindicación sobre el predio objeto de la Litis, impetrada por las reconvencionistas, así en el fallo recurrido se dijo lo siguiente: “… de la copia legalizada de fs. 171 a 173, se advierte de ella que las demandadas Blanca Aldunate Montaño y María Jesús Aldunate Motaño, trasfieren en calidad de venta a favor Samuel Aduviri Pérez y sus hijos menores Karen Melisa y Boris Arturo Aduviri… documento que se constituye en un contrato por el cual las vendedoras transfieren su propiedad sobre el inmueble…”

Las recurrentes acusan error de hecho y de derecho en la apreciación de la prueba pues el contrato, en el que manifiesta que su pretensión estuviera fundada en el incumplimiento del contrato suscrito con Samuel Aduviri, empero de ello de obrados de la relación procesal se advierte que en el proceso no se ha debatido el incumplimiento de contrato, pues de acuerdo a la admisión de la demanda reconvencional, se ha admitido una pretensión de la acción reivindicatoria en contra del demandante y no así otras acciones, pues debe entenderse que el contrato de 15 de mayo de 1998 que acusan las recurrentes de no haberse valorado, la misma tiene la eficacia que la otorga el art. 519 del Código Civil, ahora el hecho de que en la misma conste una prohibición de venta durante un cierto tiempo o que haya tenido algunos antecedentes observados en criterio de las recurrentes, las mismas no afectan la eficacia del contrato de 15 de mayo de 1998 (que continúa siendo válido), pues la disolución de un contrato debe ser declarada judicialmente o por acuerdo de partes, una disolución de un contrato no opera de pleno derecho, salvo el caso de contratos que por su naturaleza implique dicha disolución o que en el mismo se hubiera pactado dicha disolución, lo que no ocurre en el caso de autos, el contrato alegado por las recurrentes a la fecha mantiene su eficacia, pues no ha sido disuelto, deduciendo no haberse infringido el art. 519 del Código Civil, como erróneamente acusan las recurrentes.

Por otra parte en cuanto a las pruebas relativas al testimonio de la Escritura Pública N° 186 registrado en la oficina de Derechos Reales bajo la Partida N° 781 del Libro Primero “B” de la Provincia Cercado de 13 de abril de 1987 y del Testimonio de la Escritura Pública N° 103 registrada en la oficina de Derechos Reales bajo la Partida N° 344 del Libro “B” de Propiedades de la Provincia Cercado el 9 de febrero de “2.993”, corresponde señalar que el primer documento cursa a fs. 327 a 330, del cual no se advierte la data de su registro en Derechos Reales, el segundo documento descrito cursa de fs. 324 a 326 vta. evidencia la adquisición de una extensión de terreno registrado en Derechos Reales en fecha 9 de febrero de 1993, sin embargo de ello la data de ambos documentos resultan ser anteriores a la suscripción del documento privado de 15 de mayo de 1998 que cursa en fs. 171 a 173 (copia legalizada de un documento privado con reconocimiento de firmas y rúbricas), en la que las recurrentes realizan la transferencia de lote de terreno ahora objeto del litigio, por lo que se deduce conforme a esos antecedentes, que los de instancia han deducido la falta de legitimación para la pretensión reconvencional relativo a la acción reivindicatoria, concluyendo que tampoco se advierte errónea valoración de la prueba.

Para el entendimiento de la falta de legitimación, corresponde recurrir a la doctrina, así se cita a Lino E. Palacio quien en su obra "Derecho Procesal Civil" Ed. Abeledo Perrot, Tomo I, págs. 405 a 406 al teorizar los requisitos intrínsecos de admisibilidad de la pretensión señala lo siguiente: "Para que el juez se encuentre en condiciones de examinar la pretensión procesal en cuanto al fondo es preciso que quienes de hecho intervienen en el proceso como partes (actora o demandada), sean quienes deban figurar en ese proceso concreto asumiendo tal calidad. Estas últimas son las "justas partes" o las "partes legítimas", y la aptitud jurídica que permite caracterizarlas mediante esos términos se denomina legitimación para obrar o legitimación procesal. Cabe, pues, definir a la legitimación para obrar o procesal, como aquel requisito en cuya virtud debe mediar una coincidencia entre las personas que efectivamente actúan en el proceso y las personas a las que la ley habilita especialmente para pretender (legitimación activa) y para contradecir (legitimación pasiva) respecto de la materia sobre la cual el proceso versa. De la definición  precedente se infiere, en primer lugar, que la legitimación es un requisito que afecta tanto al actor como al demandado. La pretensión, en efecto, debe ser deducida por y frente  a una persona procesalmente legitimada. Lo cual no obsta, desde luego a que el sujeto pasivo que carezca de tal atributo sea citado al proceso y asuma en él calidad de parte demandada, circunstancia que le permitirá, eventualmente hacer valer su propia falta de legitimación y por consiguiente, la inadmisibilidad de la pretensión frente a él deducida…”; consiguientemente como se ha indicado en el párrafo anterior se deduce que  las recurrentes al suscribir el documento de fs. 171 a 173 han perdido la titularidad del mencionado lote de terreno, sobre el que ahora pretenden la reivindicación pues dicho documento, conforme a los antecedentes del proceso, continúa manteniendo su eficacia, como se ha anotado.

Por lo expuesto corresponde emitir fallo en base al art. 271 num. 2) del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO.- La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 parágrafo I num.1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010 y en aplicación de los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil declara INFUNDADO, el recurso de casación en el fondo de fs. 366 a 367 vta., interpuesto por María Jesús Aldunate Montaño por si y en representación de Blanca Aldunate Montaño contra el Auto de Vista Nº 25 de 17 de febrero de 2014 que cursa de fs. 362 a 363. Con costas.

Se regula honorario del abogado de la parte demandante en la suma de Bs. 1.000 por haber contestado el recurso.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Dra. Patricia Ríos Tito

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: Quinto