TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                          S A L A   C I V I L


Auto Supremo: 463/2014

Sucre: 22 de agosto 2014

Expediente:        CH-37-14-S

Partes: Claudia América Sensano Cardona. c/ Dionicio Duran Medrano.

Proceso: Acción negatoria

Distrito: Chuquisaca

                                                                                               


VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo cursante de fs. 275 a 278 vta., de obrados, interpuesto por NARCISO DURAN MOSTACEDO en representación de DIONICIO DURAN MEDRANO contra el Auto de Vista Nº SCCFI -225/2014 de 12 mayo de 2014, cursante de fs. 269 a 270 vta., pronunciado por la Sala Civil y Familiar Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro el proceso de Acción negatoria, seguido por Claudia América Sensano Cardona contra Dionicio Duran Medrano, concesión de fs. 284, los antecedentes procesales; y:


CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:


Que, la Juez de Partido en lo Civil y Comercial  de la Capital - Sucre, mediante Sentencia Nº 04/2014 de 16 de enero de 2014, declaró IMPROBADA la demanda de fs. 54-55 subsanada a fs. 61 de obrados consecuentemente no haber lugar a declarase la existencia de derechos a favor del demandado Dionicio Duran Medrano, respecto al inmueble objeto de la litis, los 51 lotes de terreno urbano sitos en la zona de Ckara Punco, urbanización San Juan Bautista  de esta ciudad con la superficie total de 20.465,11 mts2. Ni a disponerse el cese de molestias o perturbaciones, ni el pago de daños y perjuicios, e IMPROBADA la excepción perentoria de falta de acción y derecho de fs. 69-71 de obrados, con costas en aplicación del art. 198 inc. i) del C.P.C.


Deducida la apelación por la demandante y remitida la misma ante la instancia competente, la Sala Civil y Familiar Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, mediante Auto de Vista Nº SCCFI-225/2014 de 12 de mayo de 2014, Revoco parcialmente la Sentencia de 04/2014 de 16 de enero de 2014, declarando probada en parte la demanda, disponiendo que el demandado se abstenga de ejercer hechos perturba torios del derecho propietario de la actora.

En conocimiento de la determinación de segunda instancia, el demandado interpuso recurso de casación en la forma y en el fondo, mismo que se pasa a analizar.


CONSIDERANDO II

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:


En la Forma.-


1.- Que, el ad quem habría basado el fundamento de su decisión, en la enunciación de las declaraciones testificales de cargo, cursante a fs. 183 186, sin exponer en  lo esencial o sustancial de dicha valoración o análisis probatorio, por cuanto en el Auto de Vista recurrido habría una ausencia total de la valoración de la prueba testifical de descargo infringiendo absolutamente lo prescrito en el art. 476 del CPC, aspecto que no habría sido observado por el ad quem conforme se acreditaría por los fundamentos expresados en el segundo considerando del Auto de Vista recurrido, ni hacer fundamentación alguna del porque la Juez A quo, estaba errada al considerar a dichas declaraciones como contradictorias sin refutar los argumentos de la Juez de primera instancia.


2.- Que el Auto de Vista recurrido se encontraría afectado de nulidad  ya que en su parte considerativa, no señalarían ni se pronunciarían  sobre cada uno de los supuestos agravios  expresados en el memorial  del recurso de apelación y menos aún  sobre los argumentos de defensa  emitidos en el memorial  de contestación al recurso  por cuanto pasarían a hacer una exposición general, vulnerando lo dispuesto por  el art. 192 inc. 2) del CPC.


En el Fondo.-


1.- Que, el Auto de Vista recurrido  en error de hecho y derecho en la valoración de la prueba testifical de cargo de fs. 183 a 186, ya que no solo no expresarían  motivación alguna, respecto a la veracidad o falsedad de las declaraciones  efectuadas por los testigos de cargo, y no habrían tomado en cuenta que parte de los testigos propuestos por la actora fueron objeto de tacha conforme lo

establecido en el art. 44 inc. 5) y 6) del CPC, y que habría sido aceptada por la Juez A quo mediante Auto de fs. 97 vta., siendo que por otra parte la Juez A quo habría dado a las declaraciones valor probatorio por considerarlas contradictorias, otorgándole los de alzada valor probatorio sin motivación.


2.- Que, se incurriría en errónea apreciación de la prueba al tratar de refutar los argumentos expresados en la Sentencia por la Juez A quo, al calificar como no relevante la individualización de los terrenos sobre el cual fue sustentada la Sentencia, por cuanto el Ad quem no habría considerado objetivamente los datos que emergen del acta de audiencia de inspección judicial cursante a fs. 108 de obrados, en la que la Juez A quo habría evidenciado que los terrenos a los que hace referencia la demandante no se encuentran individualizados diferencialmente de los terrenos de propiedad de la parte demandada y en este entendido la aseveración que realizaría el Ad quem sobre que el demandado no habría invocado  sobre los terrenos objeto de la litis, resultaría falso por cuanto en el memorial de respuesta que cursa de fs. 69 a 71, se evidenciaría claramente que el demandado habría invocado ser propietario primigenio del 50% de toda la extensión superficial en la que se encontraría comprendido el supuesto derecho propietario de la actora.


Finalmente que la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, deliberando en el fondo y advertidos los errores incurridos, al estar formulado el recurso de casación tanto en el fondo como en la forma, CASEN EL AUTO DE VISTA recurrido para que en la previsión contenida por el art. 274-1 del CPC disponga la nulidad del Auto de Vista recurrido. 

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Entendiendo que la recurrente plantea el recurso de casación en la forma y en el fondo, es preciso señalar que en el contenido del mismo se tiene que el recurrente plantea dos agravios en la forma y dos agravios en el fondo, por lo que nos referiremos de principio en lo que corresponde a la forma e indicaremos que:

En la Forma.-

1.- En cuanto a que el Ad quem habría basado el fundamento de su decisión, en la enunciación de las declaraciones testificales de cargo, cursante de fs. 183 186, sin exponer en lo esencial o sustancial de dicha valoración o análisis probatorio, por cuanto en el Auto de Vista recurrido habría una  ausencia total de la valoración de la prueba testifical de descargo; al respecto es preciso señalar que de la revisión del Auto de Vista recurrido, se tiene que el Ad quem realiza una valoración general de las pruebas aportadas al proceso, basando su fundamentación en el hecho de determinar si median los actos peturbatorios del derecho de propiedad que alega la demandante, considerando estos hechos como esenciales para sustentar esta clase de acciones, por lo que en su razonamiento toman en cuenta lo siguiente: “…conforme los datos del proceso, las que se refieren a tal hecho son la prueba testifical de cargo constante a fojas 183 186, la cual con la eficacia jurídica  establecida en el art. 476 del Código de Procedimiento Civil, acreditan que hay perturbación de tal  ejercicio del derecho propietario, y por lo mismo debía mediar con relación a tal aspecto Sentencia estimatoria, pues está acreditada la perturbación abstracta…”, de lo que se deduce que en el criterio del Ad quem, la prueba de cargo resulto relevante en relación a las demás pruebas, para determinar los actos peturbatorios del demandado en relación al derecho propietario acreditado en el proceso por la actora, por lo que no es evidente la falta de fundamentación en relación a la ausencia de valoración de la prueba de descargo pues en la valoración de la misma se realizó la integración y contrastación con los demás elementos probatorios, tomando el Ad quem las declaraciones testificales de cargo como la prueba más relevante como base de su fundamentación.

2.- En cuanto que el Auto de Vista recurrido no se pronunciaría sobre cada uno de los supuestos agravios expresados en el memorial del recurso de apelación y los argumentos de defensa emitidos en el memorial de contestación al recurso; a esto corresponde señalar que el recurrente tiene activada la vía de impugnación para precautelar sus derechos, empero no para denunciar vulneraciones a nombre de otros que constituyen parte en el proceso, consiguientemente el recurrente no puede reclamar la falta de pronunciamiento sobre los supuestos puntos de agravio expuestos en el memorial de apelación de la parte demandante, por otra parte en cuanto a que el Ad quem no se habría pronunciado en relación a los argumentos de defensa expuestos en el memorial de contestación al  recurso de apelación, es preciso  puntualizar que el Tribunal de alzada cumplió con lo establecido en el art. 236 del CPC, que señala que : “El Auto de Vista deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que hubieren sido objeto de la Apelación y fundamentación a que se refiere el art.  227, excepto lo dispuesto en la parte final del art. 343 del CPC.”, de tal forma que el Auto de Vista debe ceñirse a los puntos que han sido objeto de Apelación, aspecto que es evidente en el Auto de Vista recurrido.

Por las razones expuestas, éste Tribunal concluye que son infundados lo agravios de forma deducidos por la parte recurrente.

En el Fondo.-

1.- El recurrente acusa que el Auto de Vista recurrido habría incurrido en error de hecho y derecho en la valoración de la prueba testifical  de cargo de fs. 183 a 186, ya que no se habrían tomado en cuenta que parte de los testigos propuestos por la actora fueron objeto de tacha, que habría sido aceptada por la Juez A quo  mediante Auto de fs. 97 vta., no refutando el fundamento de la Juez A quo de que la prueba testifical seria contradictoria; al respecto es preciso señalar que de la revisión de obrados e tiene que a fs. 96 Narciso Duran Mostacedo apoderado del demandante formula Tacha contra Armando Serrudo Herboso y Reynaldo Torres Díaz, disponiendo en consecuencia la Juez A quo por opuesta la tacha con noticia contraria mediante Auto de fs. 97 vta., en consecuencia de fs. 183 a fs. 186 se tiene la declaración testifical de Aldo Clamir Cava Chávez, Ana María Pinto, Ernesto Leaño Tobar y Reynaldo Torres Díaz, no existiendo la declaración de Armando Serrudo Herboso y con relación a Reynaldo Torres Díaz, su testificación no resulta trascendente en virtud a que las atestaciones de fs. 183 a 185 han cumplido con todos los presupuestos legales para que sus declaraciones sean creíbles ya que no se ha cuestionado su credibilidad y tampoco se los habría tachado, por lo que el ad quem les dio el valor probatorio que les otorga el art. 476 del CPC, que dispone que según las reglas de la sana crítica, dice que, apreciará las circunstancias y motivos que corroboren o disminuyeren la fuerza de las declaraciones de los testigos, normativa con que el A quem dio cumplimiento a tiempo de considerar, valorar y contrastar la prueba testifical presentada tanto por la demandante como por el demandado, no resultando en consecuencia contradictoria, la prueba testifical introducida al proceso, existiendo uniformidad en la atestaciones de cargo en relación a las respuestas a la pregunta 5 del interrogatorio, sobre los actos peturbatorios.

2.- En cuanto a que se incurriría en errónea apreciación de la prueba al calificar como no relevante la individualización de los terrenos sobre el cual fue sustentada la Sentencia N° 04/2014, y en este entendido la aseveración que realizaría el Ad quem sobre que el demandado no habría invocado su derecho propietario sobre los terrenos objeto de la litis, resultaría falso por cuanto en el memorial de respuesta que cursa de fs. 69 a 71, se evidenciaría claramente que el demandado habría invocado ser propietario primigenio del 50% de toda la extensión superficial en la que se encontraría comprendido el supuesto derecho propietario de la actora; en este sentido corresponde señalar los siguiente:

El art. 1455 del Código Civil que regula la acción negatoria establece que: “I. El propietario puede demandar a quien afirme tener derechos sobre la cosa y pedir que se reconozca la inexistencia de tales derechos. II. Si existen perturbaciones o molestias, el propietario puede pedir el cese de ellas y el resarcimiento del daño.", parágrafo segundo que se enmarca al caso de Autos, en este entendido de la revisión del Auto de Vista recurrido se tiene que el razonamiento de Ad quem resta relevancia a la individualización de los lotes respectivos sobre los que se habría invocado los supuestos de la acción negatoria, estableciendo dos aspectos: “…a saber, si media la invocación de propiedad del demandado respecto de la propiedad de la actora, aspecto sobre el cual no se ha acreditado tal invocación que se atribuiría el demandado y si acaso acontecieron actos peturbatorios del ejercicio del derecho de propiedad de la parte actora  y que provenga del demandado, para este último aspecto, no se necesita una individualización de lotes si no una mera consideración de la perturbación alegada…”, en esta lógica no resulta relevante la individualización del lote de terreno sobre el que se pretende hacer valer la acción de defensa del derecho propietario, cuando no se ha invocado por parte del demandado el derecho propietario sobre el mismo bien inmueble.

En este entendido el recurrente acusa que habría invocado ese derecho propietario en su memorial de respuesta cursante de fs. 69 a 71, pretendiendo que en relación a esta invocación de derecho propietario, la individualización del bien inmueble objeto de la litis cobre trascendencia en el fondo del fallo en relación a lo razonado por la Juez A quo, en virtud de que la resolución del Honorable Concejo Municipal de Sucre Nº 173/93 que aprobaba el loteamiento de los terrenos de la Sra. Cirila Medrano Vda. de Duran (madre del demandado) fue derogada por la Resolución Municipal Nº 331/95 emitido por el Honorable Concejo Municipal de Sucre quienes dispusieron dejar sin efecto el proyecto de urbanización denominado Vila San juan Bautista iniciado por la madre del demandado. 

Ahora bien, en virtud de lo antes expuesto de manera general podemos señalar que las acciones reales (Reivindicación, negatoria y confesoria) son los medios de hacer declarar en juicio la existencia, plenitud y libertad de los derechos reales, son mecanismos de defensa y estos,  tienen por objeto la protección de los derechos reales, los cuales se constituyen en un poder directo e inmediato sobre la cosa  frente a las demás personas, conforme ley, en este entendido lo que realmente resulta trascendental para hacer valer estas acciones es determinar la individualización o ubicación del inmueble de cual se pretende la protección de la ley, ya que quien pretende accionar la protección de su derecho propietario ante situaciones que limiten o perturben su derecho propietario sobre un bien inmueble, debe tener acreditado y ubicado ese bien sobre el cual pesa su derecho propietario, lo contrario resultaría en la improcedencia de la acción negatoria en el sentido de que no se tendría ubicado el bien o la cosa que se pretende proteger mediante esta acción, por lo que si bien la lógica del Ad quem resulta sesgada, en cuanto a la acción negatoria, por quitarle relevancia a la individualización del bien inmueble objeto de la litis, condicionando la importancia de este elemento a la invocación del derecho propietario del demandado, esto no cambia la decisión de fondo del fallo, ya que de la revisión de obrados se tiene que el derecho propietario de la actora se tiene acreditado e individualizado por las documentales cursantes de fs. 8 a 21, 46, 139-144 y fs. 177-181 de obrados.

En este entendido si bien la ley no determina las formas de determinar la individualización o ubicación del bien inmueble objeto el derecho propietario, sin embargo existen elementos y técnicas que coadyuven a determinar la ubicación exacta del inmueble, como el estudio geo-referencial del terreno, la descripción física del predio, la valoración técnica por parte del experto perito en el uso de técnicas de medición, y la urbanización entre otras formas de individualización, por lo que en el caso en análisis se tiene que los terrenos en cuestión inicialmente fueron urbanizados e individualizados en el estudio de urbanización aprobado por la Resolución Municipal Nº 173/93, que si bien fue derogado por la Resolución Municipal Nº 331/95; esta derogatoria del proyecto de urbanización, no desvirtúa que se haya determinado la ubicación del terreno en cuestión, tal cual consta en los planos del proyecto de urbanización derogado de fs. 12 a 21, y el plano de fs. 46, los informes técnicos de los peritos de fs. 139-144 y fs. 177-181 donde claramente incluso con tomas satelitales se denota la ubicación física del bien inmueble en litigio, no siendo en consecuencia relevante que el loteamiento del mismo este aprobado para la procedencia de la acción negatoria, porque se puede recurrir a otros medios a efectos de establecer y precisar la individualización del inmueble y en consecuencia establecer también su ubicación.

En el caso concreto el inmueble objeto del derecho propietario de la actora  tiene la superficie de 20,465.1094 Mts2 tal cual consta en el folio real de fs. 11, ubicado en la zona Ckara Puncu, distrito 23, barrió villa la esperanza circundante a la av. 6 de agosto como se puede observar en las imágenes satelitales que constan en el informe pericial de fs. 139 a 144 y los planos y datos que tienen como base el plano de loteamiento a nombre de Cirila Medrano Duran, cuyas dimensiones y colindancias están descritas en el informe pericial de fs. 177 a 181, acreditándose también los actos de perturbación realizados por el demandado según la valoración del Ad quem, por las testificales de fs. 183 a 185.

Por otro lado, si bien el demandado sostiene tener derecho propietario sobre el inmueble (fracción de terreno) al expresar en su memorial de respuesta a la demanda cursante de fs. 69 a 71, que sería propietario primigenio de toda la extensión superficial del 50% del inmueble  de 15.0500 Hs., ubicado en el ex fundo Ckara Punku derecho que habría adquirido mediante sucesión hereditaria, sin embargo de la revisión de los antecedentes del proceso, no se encuentra que Dionisio Duran Medrano haya acreditado el derecho propietario que alega sobre la fracción de los terrenos en litigio que además estarían dentro su propiedad, limitándose sólo a presentar un certificado de tradición dominial, que no acredita el derecho propietario que invoca sobre el bien inmueble en litigio de tal forma que, con base en ese elemento probatorio cursante en obrados, resulta imposible establecer el derecho propietario que sustente su titularidad sobre los terrenos en litigio.

Por lo anterior manifestado, corresponde a este Tribunal resolver conforme señala los arts. 271 núm., 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 parágrafo I núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, en aplicación de los arts. 271 núm. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADOS recurso de casación en la forma y en el fondo cursante de fs. 275 a 278 vta., de obrados, interpuesto por NARCISO DURAN MOSTACEDO en representación de DIONICIO DURAN MEDRANO contra el Auto de Vista Nº SCCFI -225/2014 de 12 mayo de 2014, cursante de fs. 269 a 270 vta. Con costas.

Se regula honorario profesional en la suma de Bs. 800.-.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Dra. Patricia Ríos Tito

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: Quinto