TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                       S A L A  C I V I L


Auto Supremo: 446/2014

Sucre: 15 de agosto 2014

Expediente: CB- 55 14 S

Partes: Ascencio Marca Mamani. c/ Ex Colonos del latifundio Valle Hermoso

            Alalay y contra presuntos interesados.     

Proceso: Usucapión. 

Distrito: Cochabamba.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 177 a 179 y vta. interpuesto por Ascencio Marca Mamani representado por Hernán Marca Huanca, contra el Auto de Vista de 20 de enero de 2014 de fs. 168 a 169 pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, en el proceso ordinario de usucapión seguido por el recurrente contra Ex colonos del latifundio Valle Hermoso Alalay y contra presuntos interesados; la respuesta al recurso por parte del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba de fs. 191-192; el Auto de concesión de fs. 203; los antecedentes del  proceso, y:


CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

I.1. Síntesis de los hechos que motivan la demanda:

El actor a través de su apoderado, en su memorial de demanda de fs. 10 y vta. indica que desde diez años se encuentra en posesión libre, voluntaria, pacífica, ininterrumpida y de buena fe junto a su familia, del lote de terreno Nº 1 de 213,66 m2. ubicado en la zona de Alalay Norte Villa Alto Cochabamba, Distrito 6, Sub Distrito 16, Manzano 385, donde realizó la construcción de su vivienda, llegando incluso junto a los vecinos del lugar y previo trámites de fraccionamiento, a hacer urbanizar la zona con la inclusión de los servicios básicos, establecimientos educativos, postas sanitarias, etc.; en base a esos argumentos y con el fin de regularizar su derecho propietario, interpone la indicada demanda de usucapión decenal.    

I.2.- Sustanciado el proceso en primera instancia, el Juez 12º de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de Cochabamba, mediante Sentencia Nº 0-057/10 de 31 de diciembre de 2010 cursante de fs. 102 a 106 y vta., declaró probada la demanda, improbadas las excepciones perentorias de falsedad, ilegalidad, improcedencia y falta de legitimidad del demandante opuestas por la Defensora de Oficio, disponiendo la consolidación del derecho propietario del lote de terreno objeto de litis a favor del demandante y su esposa Sofía Sarzuri de Marca, ordenando su registro en Derechos Reales a favor de los mismos. 

I.3.- En apelación la referida Sentencia, interpuesto por el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por Auto de Vista de 20 de enero de 2014 de fs. 168 a 169, revocó totalmente la Sentencia y declaró improbada la demanda de usucapión y probada la excepción de improcedencia opuesta por la Defensora de Oficio; en contra de esta resolución de segunda instancia, el demandante Ascencio Marca Mamani a través de apoderado, recurre de casación.


CONSIDERANDO II:

HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACION:

Del contenido del recurso de casación se resume lo siguiente:

El recurrente indica que las excepciones perentorias de la Defensora de Oficio no fueron interpuestas dentro del plazo legal ni mucho menos fueron acreditadas con prueba, por lo que no desvirtúan la demanda de usucapión.

Que el Alcalde Municipal de Cochabamba en su memorial de contestación se opuso a la demanda con simples afirmaciones bajo el argumento de ser propietario del lote de terreno objeto de usucapión, sin presentar ni producir prueba documental que acredite su derecho propietario; en otra parte del recurso indica que esa misma Institución en su apelación deducida contra la Sentencia, simplemente hizo referencia a la documental Inf. 688/2009 (fs. 56), la misma que no acreditaría su derecho propietario sobre el lote de terreno objeto de usucapión.

Indica que el Auto de Vista es atentatorio a sus derechos y garantías constitucionales  y contradictorio a preceptos legales y fue pronunciado en función al recurso de apelación del Gobierno Municipal, quien afirmó tener el derecho propietario del lote de terreno a usucapir remitiéndose simplemente a la prueba documental Inf. 688/2009.  

Que no se dio cumplimiento al art. 236 del Cód. Pdto. Civ., toda vez que declaró probada la excepción de improcedencia sin que la Defensora de Oficio en ningún momento haya interpuesto recurso de apelación, incurriendo en fragrante violación a normas procesales.

Reitera que la Alcaldía Municipal del Cercado, pese a señalar el Testimonio Nº 272 de fecha 07 de mayo de 1963 y registro en Derechos Reales que supuestamente acreditaría su derecho de propiedad, no acompañó documento idóneo que acredite su derecho de propiedad respecto al inmueble objeto de usucapión y su registro en Derechos Reales, ni mucho menos la publicidad para hacer oponible contra terceros conforme determina el art. 1538 del Código Civil; la documental Inf. 688/2009 no acreditaría ese aspecto. 

Indica que el Tribunal, al disponer que la parte actora debiera desvirtuar lo afirmado por la entidad municipal de que el inmueble es de propiedad pública, no se adecua a procedimiento, ya que las partes están obligadas a demostrar o probar los puntos de hecho fijados en el Auto de relación procesal de fs. 75-A vta.

En base a esos argumentos, indica que al amparo del art. 257, 258 e inc. 4) del art. 271 del Código de Procedimiento Civil, interpone recurso de casación solicitando se emita resolución CASANDO el Auto de Vista recurrido y se confirme en todas sus partes la Sentencia de primera instancia.


CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Dentro de uno de los modos de adquirir la propiedad prevista en el art. 110 del Código Civil, se encuentra la usucapión, sin embargo este instituto jurídico con el pasar del tiempo fue distorsionándose en su aplicación, sobre todo cuando se trata de usucapión de bienes inmuebles, pues muchas personas recurrían a esta figura jurídica como una forma fácil de adquirir de manera gratuita la propiedad ajena, dirigiendo las demandas contra personas desconocidas o presuntos propietarios pidiendo la citación mediante edictos bajo el argumento de desconocer los domicilios reales, actuando en muchos casos en deslealtad procesal, de tal modo que los propietarios ni se enteraban de la existencia de la demanda, haciendo simplemente que se les nombre defensor de oficio como mera formalidad y que no todos ejercen una adecuada defensa; pues al no existir un verdadero contendiente que defienda sus derechos, fácilmente se consolidaba la usucapión a favor del actor y en muchos casos sin cumplir a cabalidad con los requisitos legales que exige este instituto jurídico con la consiguiente pérdida del derecho de propiedad para su titular.      


Frente a esa situación, la Jurisprudencia ordinaria tanto de la Ex Corte Suprema de Justicia como del actual Tribunal Supremo de Justicia, han establecido de manera uniforme a través de reiterados fallos, entre estos en los Autos Supremos Nº 151/2013, 120/2013, 110/2013, 028/2013; 262/2011, 220/2010 para citar simplemente algunos, donde se dejó establecido que la usucapión una vez declarada judicialmente produce un doble efecto, adquisitivo para el que demanda y adquiere el derecho de propiedad de un determinado bien, y extintivo para el que pierde ese derecho de propiedad, por ello resulta indispensable que el actor dirija la demanda contra quienes figuren en el registro de Derechos Reales como titulares del derecho propietario del inmueble que se pretende usucapir; solo así la sentencia que declare la usucapión producirá válidamente ese doble efecto y surtirá sus alcances que establece el art 194 del Cód. Pdto. Civ.; pues el hecho de dirigir la demanda en contra de una persona que no sea propietaria del inmueble o contra presuntos propietarios desconocidos, implica vulneración al debido proceso y al derecho a la defensa que se encuentra garantizado no solo por la Constitución Política del Estado y las leyes, sino también por tratados internacionales.

Por ello, el actor debe necesariamente dirigir su demanda contra el verdadero titular del bien inmueble que pretende usucapir o contra los herederos del mismo, toda vez que el sujeto pasivo de la usucapión es siempre la persona que figura en el registro de Derechos Reales como titular del bien, para tal efecto debe también acompañar a la demanda la certificación o documentación que acredite ese aspecto, es decir la titularidad del inmueble; no siendo procedente la acción de usucapión contra personas desconocidas o presuntos propietarios; en ese sentido la jurisprudencia ordinaria ha exhortado a los Tribunales de instancia, exigir que en los procesos de usucapión el actor a tiempo de interponer la demanda acredite mediante documentación o certificación de Derechos Reales quien es la persona que figura como titular del inmueble más el antecedente dominial que la precede, estando el actor además obligado a cumplir con otros requisitos referentes a la situación física del inmueble como ser la individualización y la ubicación exacta, superficie, colindancias y todos los datos que tengan que ver con la identificación del inmueble o fracción que se pretende usucapir.

De no ser posible identificar al titular registral del inmueble, se debe agotar su averiguación a nivel de otras instancias como ser en el respectivo Gobierno Municipal quien también debe emitir certificaciones a través de su área técnica y Catastro dando cuenta a nombre de quien se encuentra registrado el inmueble, especificando con total exactitud la ubicación, extensión, colindancias y si el inmueble se encuentra en el área urbana o rural y otros aspectos que permitan una adecuada identificación.

Por otra parte, se orientó también en caso de que el inmueble que se somete a usucapión pertenezca a más de un titular, el actor debe determinar en forma precisa ese aspecto identificando a los titulares de esas fracciones que se verían afectados y dirigir la demanda contra ellos, siendo de vital importancia que los propietarios y terceros que tengan interés cierto, conozcan a plenitud de la acción intentada a efectos de que estén a derecho y asuman defensa si así ven por conveniente, de lo contrario se vulnera el debido proceso dejando en estado de indefensión al titular del inmueble, aspecto que la ley castiga con la nulidad.

En el caso presente, el actor mediante memorial de fs. 10 y vta. interpuso demanda de usucapión decenal alegando tener posesión por más de diez años del lote de terreno Nº 1 de 213,66 m2. ubicado en la zona de Alalay Norte Villa Alto Cochabamba, Distrito 6, Sub Distrito 16, Manzano 385, dirigiendo su demanda contra Ex Colonos del Latifundio Valle Hermoso Alalay y contra presuntos interesados pidiendo la citación mediante edictos, sin especificar ningún nombre ni identificar a ninguna persona, ni mucho menos acreditar quien es el titular o titulares registrales del inmueble que se verían afectados con la usucapión demandada; tampoco se acredita si el inmueble cuenta o no con registro en Derechos Reales y cual su antecedente dominial; si bien cursa a fs. 40 certificación emitida por Derechos Reales, la misma no proporciona ningún dato, siendo una certificación negativa por falta de especificación en la solicitud de los datos de registro del inmueble. 

Si bien el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, tomó conocimiento de la demanda de usucapión y a través de sus apoderados contestó la misma de manera negativa oponiéndose por completo bajo el argumento de ser esa Institución el propietario del inmueble objeto de usucapión, sin embargo al margen de presentar el Informe DBINM Nº 688/2009 que cursa a fs. 56, no presentó ninguna otra prueba que acredite tener el derecho propietario del inmueble en cuestión, no obstante que le fue fijado ese aspecto como único punto de probanza en el Auto de relación procesal, consiguiente los apoderados conforme manda el art. 1283 del Código Civil y 375 num. 2) de su Procedimiento, tenían el deber y la obligación de demostrar ese aspecto, toda vez que la Ley 1178 les obliga a los servidores públicos asumir defensa de manera eficaz y eficiente de los intereses del Estado; al margen de lo señalado, la Institución Municipal aun así demuestre su derecho propietario respecto al inmueble de referencia, legalmente tampoco puede constituirse en sujeto pasivo de la acción de usucapión, toda vez que los inmuebles que pertenecen al Estado y demás instituciones públicas, por disposición del Art. 339.II de la Constitución Política del Estado, no pueden ser objeto de usucapión.

Al no encontrarse dirigida la demanda de usucapión de manera específica contra persona particular (individual o colectiva) que tenga la calidad de propietaria registral del inmueble que se pretende usucapir, la demanda incumple los requisitos de especificidad con respecto a la identificación de la persona demanda para efectos de establecer válidamente la calidad de sujeto pasivo de la acción de usucapión y la Sentencia surta sus efectos y alcances que establece el art. 194 del Código de Procedimiento Civil; pues si el actor decide adquirir un bien ajeno por usucapión, resulta absolutamente lógico y razonable que desde el inicio mismo del proceso quede establecido con total claridad y certeza quien es el verdadero titular del inmueble que se verá afectado con dicha pretensión y por mandato legal contenido en el art. 327 num. 4) del Código adjetivo de la materia, está obligado a dirigir la demanda contra persona específica, en este caso contra el verdadero titular del inmueble, aspecto que no se advierte en el caso sub lite, incumpliendo los requisitos de admisibilidad y los jueces de grado están en la obligación de exigir para que se cumpla con esa obligación, garantizando de esta manera el debido proceso y el derecho a la defensa a la persona o personas que se verían afectadas en su derecho de titularidad; falencia que se advierte incluso en la propia Sentencia toda vez que la misma no establece contra quien se genera el efecto extintivo del derecho, aspecto que no fue tomado en cuenta por los jueces de instancia, permitiendo la sustanciación del proceso en base a una demanda defectuosa.

Frente a esa situación y siguiendo la línea jurisprudencial enunciada anteriormente, en aplicación del art. 252 del Cód. Pdto. Civ. y 106.I de la Ley Nº 439, lo que corresponde es anular obrados hasta la admisión de la demanda para que el actor adecue su demanda conforme a los términos señalados en la presente resolución.

Por todo lo anteriormente señalado, corresponde emitir resolución en la forma prevista por el art. 271 num. 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil. 

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010 y en aplicación de los arts. 271 num. 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil, ANULA obrados hasta fs. 41 vta. (admisión de la demanda) y como consecuencia de ello queda sin efecto todo lo obrado a partir de dicha pieza procesal, disponiendo que el Juez A quo, antes de admitir la demanda de usucapión, ordene que la parte demandante acompañe certificado de la Oficina de Registro de Derechos Reales, certificación de la Oficina Técnica y de Catastro del respectivo Gobierno Municipal, en los que conste las personas que figuren como titulares del derecho de propiedad del inmueble que se pretende usucapir, debiendo dirigir la demanda en contra de los titulares particulares de dicho inmueble.

No se impone multa por considerarse error excusable; sin embargo, en observancia del art. 17 parágrafo IV de la ley del Órgano Judicial, remítase copia de la presente resolución al Consejo de la Magistratura a los fines consiguientes de ley.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Mgda. Relatora: Dra. Rita Susana Nava Duran

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Dra. Patricia Ríos Tito

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: Quinto