TRIBUNAL SUPREMO   DE JUSTICIA

   S ALA CIVIL


Auto Supremo: 445/2014

Sucre: 15 de agosto2014

Expediente: PT-23-14-S

Partes: Armando Mamani Muruchi. c/Lurdes Ortencia Balcázar Soliz

Proceso: Divorcio

Distrito: Potosí

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 224 a 226,  interpuesto porArmando Mamani Muruchi, contra el Auto de Vista  Nº 56/2014 de fecha 30 de abril de 2014, cursante de fs. 218 a 221 y vta., pronunciado por la Sala Familiar, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, en el proceso ordinario de divorcio seguido por el recurrente contra Lurdes Ortencia Balcázar Soliz; el Auto de concesión de fs. 228 vta., los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Que, tramitado el proceso de referencia, el Juez de Partido Mixto Liquidador y de Sentencia de la localidad de Puna del Departamento de Potosí, pronunció la Sentencia Nº 7/2014 de 30 de febrero de 2014, cursante de fojas 188 a 189 y vta., declarando PROBADA la demanda de fojas 4 a 5 por la causal del artículo 131 del Código de Familia, en consecuencia disuelto el vínculo matrimonial que unía a los espososArmando Mamani Muruchi y Lurdes Ortencia Balcázar Soliz, homologando  la asistencia a favor de  la madre y de la menor.

Apelada la sentencia de primera instancia, la Sala Familiar, de la Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, mediante Auto de Vista Nº 56/2014 de fecha 30 de abril de 2014, revocó íntegramente  la Sentencia apelada, declarando IMPROBADA la demanda de fs. 4 a 5.

Contra el fallo de segunda instancia, el demandante Armando Mamani Muruchi por memorial cursante de fojas  224 a 226, interpuso  recurso de casación en el fondo en base a los argumentos señalados a continuación.

CONSIDERANDO II:

HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

1.- Que, el Tribunal de alzada incurrió en error de hecho y de derecho por la omisión  del análisis y valoración de las pruebas, porque no ha tomado en cuenta la valoración de la sana crítica realizada por el Juez inferior que ha llegado a esa conclusión, precisamente  porque han existido  los medios de prueba  necesarios para determinar la desvinculación matrimonial, ya que el art. 130 del Código de Familia solo exige para la procedencia de la acción, la separación  de hecho, libre consentida y continuada por más de dos años y como se advierte de la revisión del expediente, ha cumplido con la carga de la prueba que le correspondía, demostrando por todos los medios de prueba que el órgano jurisdiccional  ha valorado correctamente.

Que, el Tribunal de alzada tampoco ha considerado que la ley ha previsto el divorcio como  vía para evitar que un matrimonio derive en lo inesperado cuando existen pruebas de que no hay solución o entendimiento que puede acarrear problemas mayúsculos porque no se puede obligar a las personas que  continúen en unión cuando existen problemas insalvables e irreconciliables.

Que, el art. 190 establece que la Sentencia pondrá fin al litigio en primera instancia y debe contener declaraciones expresas y precisas y en este caso el juzgador ha obrado correctamente, observando las reglas de valoración de las prueba, una por una, asimismo, tiene facultades para aplicar la sana crítica, entendiéndose la misma como la experiencia, razonamiento lógico y sobretodo voluntad de las partes que en el caso, ya no quieren continuar en la vida conyugal lo que significaría  empeorar las relaciones  de familia.

II.- Que, el Auto de Vista  no tiene suficiente motivación y fundamentación conforme a las reglas establecidas y considerando que el debido proceso es una garantía constitucional prevista en el art. 115 par. II de la Constitución Política de Estado y como garantía  jurisdiccional en el art. 117 I de la misma norma constitucional, entendiéndose que el debido proceso debe orientar la labor jurisdiccional  y los actos y resoluciones deben ser respetuosas de las normas procesales y también de los derechos y garantías que conforman el debido proceso conforme establece la jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo que dispone que las resoluciones deben ser expresas, claras y completas por lo que el Tribunal está obligado  a considerar

Concluye su recurso pidiendo se case el Auto de Vista impugnado.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Entendido doctrinalmente el divorcio como “la facultad o poder jurídico  que tiene cualesquiera de los cónyuges de acudir ante el órgano jurisdiccional competente, para  demandar la disolución  de su vínculo matrimonial, fundando su acción en alguna de las causales prescritas en la ley.”, se infiere que, cualquiera de los cónyuges por previsión específica legal, puede interponer demanda de divorcio ante el Juez de Partido de Familia, al amparo de cualquiera de las causales  dispuestas en los artículos 130 y 131 del Código de Familia.

Así, cuando la acción de divorcio se plantea por la causal dispuesta en el art. 131 de Código de Familia, vale decir  la separación de  hecho, libremente consentida y continuada por más de dos años, independientemente de los motivos que hubieran dado lugar a la misma, la prueba debe limitarse a demostrar la duración y continuidad de la separación, por el lapso dispuesto por ley, vale decir dos años, entendiéndose que en ese tiempo, ha desaparecido el afecto que mantenía unida a la pareja y los objetivos comunes que sostienen a este instituto, máxime cuando no existe ninguna intención de continuar una vida en común, hecho que se demuestra a  través de todos los medios de prueba dispuestos en el Código de Procedimiento Civil, de los que las partes pueden valerse pero de manera especial con la prueba testifical, interesando únicamente que el Juez a momento de emitir resolución, llegue al convencimiento de que  los esposos se encuentran separados por más de dos años.

A lo que se debe añadir que conforme dispone el art. 1 del Código de Procedimiento Civil:

“I. Los jueces y tribunales de justicia sustanciarán y resolverán, de acuerdo a las leyes de la República, las demandas sometidas a su jurisdicción.

II. No podrán excusarse de fallas bajo pretexto de falta, oscuridad o insuficiencia de la ley, en las causas sometidas a su juzgamiento, debiendo pronunciar sentencia según la equidad que hace de las leyes, conforme a las disposiciones que comprenden casos semejantes al hecho particular que ocurriere.”

Por su parte el art. 193 de la misma norma dice:

El Juez no podrá dejar de fallar en el fondo de las causas sometidas a su juzgamiento, bajo pretexto de falta, oscuridad o insuficiencia de la ley, ni salvar los derechos de los litigantes para otro proceso. Deberá fundar su sentencia en los principios generales del Derecho, las leyes análogas o la equidad que nace del ordenamiento jurídico del Estado.”

Disposicionesconcordantes con los principios de verdad material y eficacia establecidos en la Constitución Política de Estado que orientan hacia la resolución efectiva de los procesos para evitar a las partes la agudización de sus conflictos, pues éstas acuden al órgano jurisdiccional para encontrar la salida a los mismos porque  se entiende que por sí mismos no han podido arribar a buen término;  para lo que el Juez debe desplegar una función proactiva en la averiguación de los hechos y de la verdad, para tener convencimiento de los mismos al momento de dictar resolución, pues el juzgador desde la nueva visión del derecho, no es ya la figura pasiva concebida por la doctrina tradicional- procedimentalista, que  pretendía la  aprehensión de la verdad, exclusivamente a través de  un determinado mecanismo procesal reatado solo a la verdad formal, hoy la misma ha pasado a un segundo plano porque el Juez ya no puede conformarse con la fría aplicación de la norma sujeta a cánones rigurosos en su interpretación y aplicación  sino que debe buscar y  alcanzar un estado de certeza respecto a los hechos que se dilucidan en proceso y tener la firme convicción de haber obtenido la verdad material, objetiva,  antes que la verdad formal, que subyace en la formalidad de la norma y hace del Juez un mero espectador de la Litis e impide el efectivo surgimiento de la verdad material respecto de los  hechos controvertidos, en detrimento del resultado del proceso y de las partes  frustrando así  la  verdadera finalidad del sistema jurisdiccional

En el caso de Autos, el recurrente refiere que el Ad quem al revocar la Sentencia habría incurrido en error de hecho y de derecho en la valoración de las pruebas,  emitiendo una resolución en la que no ha  tomado en cuenta la valoración y sana crítica realizada por el Juez inferior que ha llegado a esa conclusión, precisamente porque han existido los medios de prueba necesarios para determinar la desvinculación matrimonial, ya que el art. 131 del Código de Familia solo exige para la procedencia de la acción, la separación  de hecho, libre consentida y continuada por más de dos años  habiendo cumplido por su parte con la carga de la prueba que le correspondía.

Al respecto y establecido lo anterior, de la revisión de la resolución que se impugna se tiene que efectivamente el Ad quem,  bajo el razonamiento de que el actor no hubiera cumplido con la carga de la prueba  conforme los arts. 1283 del Código Civil y 375 de su Procedimiento además que el Juez  de la causa si bien habría valorado la testifical de cargo conforme a los arts. 397 y 476 del Código de Procedimiento Civil, no ocurriría lo mismo con la testifical de descargo que también es conteste y uniforme en tiempos y lugares respecto a la causal invocada; que al contrario, toma en cuenta las contestaciones al contrainterrogatorio realizado de oficio y en contravención al art. 460 par. I y III del Código de Procedimiento Civil; que  respecto a la prueba documental, en Sentencia el A quo hace referencia y basa la resolución en los antecedentes del proceso de asistencia familiar, donde la demandada efectúa la afirmación  de que se encuentra separada de su esposo desde hace 4 meses y el Juez en ese antecedente y efectuando la relación  de las fechas de los procesos, incidentes de cesación, modificación e incremento de asistencia, etc.,  aplicando la presunción  legal llega a la conclusión que hasta la fecha del último incidente (30 de septiembre de 2013) los esposos se encuentran separados  más de dos años sin que exista reconciliación, empero, esa confesión no sería expresa ni precisa  para que pueda producir consecuencias jurídicas determinadas por los artículos 1321 del Código Civil y 347 de su procedimiento, incorporando el presupuesto de la presunción legal para modificar lo expresado por la demandante en proceso de asistencia familiar quebrantando el principio de indivisibilidad de la confesión.

De lo anterior y revisados los antecedentes de obrados, de manera particular las testificales de cargo se tiene que  de fs. 152 a 153 se tiene que Emeliana Villca Muruchi, refiere “ellos están separados aproximadamente tres años.”, por su parte  a fs. 152 y vta., Segundino Ordoñez Chambi a la misma pregunta dice: “Ellos están separados más de dos años en forma continua.” Y respondiendo a la pregunta “Digan cómo es cierto y evidente  que desde hace más de dos años, no ha habido  reconciliación alguna con mi esposa Lurdes Ortencia Balcázar Soliz”, dice que “no ha habido reconciliación en ningún momento” y, Dionicio Villca Mamani a fs. 153 respondiendo a las mismas preguntas manifiesta que los cónyuges “están separados  más de dos años en forma libre y consentida”, refiriendo en la siguiente pregunta de manera coincidente que: “No se han reconciliado ningún año.”. Declaraciones que dan cuenta que efectivamente los cónyuges se encuentran separados más de los dos años exigidos por el art. 131 de Código de Familia y dadas las características del hecho a probar que es precisamente el tiempo de separación, las mismas tienen todo el valor probatorio que la ley les otorga, en el entendido que la prueba testifical prevista en los arts. 444 al 476 del Código de Procedimiento Civil establecen la regulación legal de la prueba testifical, que consiste precisamente en el llamamiento que se hace de una persona que no es parte en el proceso para que diga o manifieste  lo que sabe o conoce directamente sobre el objeto de la Litis, medio probatorio cuya fuente está constituida por el testigo y su conocimiento de los hechos, prueba que en Autos ha sido refrendada por otro medio probatorio como el informe social evacuado por la  responsable de SLIM-SSPAM Género de la Localidad de Puna.

Ahora bien respeto a las presunciones a las que ha arribado el A quo, a través de los antecedentes del proceso de asistencia familiar sustentado entre las partes, si bien el A quo incurre en error al señalar que las mismas tendrían el valor probatorio que les otorga el art. 347 del Código de Procedimiento Civil, porque en realidad lo manifestado por Lurdes Ortencia Balcázar Soliz, en el memorial de demanda en ese proceso no se constituye en la confesión clara y positiva de la demanda objeto de Autos, no es menos evidente que ese antecedente, sumado a los otros elementos que se pueden rescatar del referido proceso de asistencia familiar, son prueba indiciaria como dejó sentado el A quo- que permite presumir y corroborar el tiempo que los cónyuges se encuentran separados así como la continuidad de la separación para configurar la causal invocada por el demandante, a lo que también se suma  el acta  de Audiencia  de Violencia Familiar de fs. 25 cuya data es de fecha 18 de agosto de 2011 en la cual por las desavenencias surgidas en la vida conyugal, la esposa  manifiesta que quiere separarse y que saldrá del hogar para irse a la casa de sus padres, audiencia en la que  el Juez dispuso la separación temporal de los esposos, asignando un monto de asistencia familiar en favor de la hija del matrimonio entre algunos de los puntos considerados.

Por otro lado, revisada la prueba testifical de descargo, Damiana Lea Callamullo y Natalia Cayo Vega, evidentemente las mismas son coincidentes cuando refieren que los cónyuges estarían separados desde hace “un año y más”, sin embargo al contrainterrogatorio realizado por el Juez, a la pregunta de si sabían si habría existido reconciliación o no, ambas de manera coincidente respondieron no conocer este aspecto; respondiendo de la misma manera a las otras preguntas, excepto Natalia Cayo Vega que manifestó que se encontrarían separados desde hace más de dos años, sin embargo, revisada la resolución de primera instancia a objeto de corroborar los fundamentos del Ad quem a tiempo de revocar la sentencia, se advierte que el A quo en el Considerando III Motivación y Fundamentación - realiza la valoración de todos los medios de prueba incorporados al proceso, tanto los de cargo como de descargo, dentro de ellos las testificales de ambas partes, concluyendo en el caso de las de descargo que las mismas son contradictorias  y no pueden ser tomadas en cuenta  porque no cumplen  los requisitos de  certeza y seguridad en sus afirmaciones para que tengan valor legal, de lo que se infiere que el Tribunal de Alzada ha incurrido en error al señalar que estas pruebas no habrían sido valoradas al igual que las de cargo  y que el Juez habría basado su decisión en el contrainterrogatorio respecto a la causal invocada, cuando lo que hace es más bien todo lo contrario, desestimarlas por la evidente contradicción en las mismas no existiendo  contravención al art. 460 par. I y III del Código de Procedimiento Civil porque supuestamente el Juez habría contrainterrogado de oficio induciendo a los testigos, debiendo señalar al respecto que como se tiene manifestado precedentemente, la labor del Juez debe ser pro activa  para buscar la verdad material de los hechos, al margen de que la referida prueba testifical no ha sido confirmada por ningún otro medio de prueba para rebatir la de contrario. De lo anterior, cabe puntualizar que el criterio y fundamentos en virtud de los cuales el tribunal de alzada revocó la sentencia  obedece a exacerbado rigorismo formal,  al pretender que los antecedentes del proceso de asistencia familiar, no deben ser considerados  como elementos de prueba, cuando de la revisión de obrados, se establece que la misma fue incorporada y acumulada al proceso a solicitud de las partes porque en cuerda separada se estaba tramitando un incidente de modificación de la pensión alimenticia, por otro lado el hecho de que el Juez hubiese interrogado directamente a los testigos no constituye ninguna vulneración por el contrario esa actitud responde al principio de verdad material que establece la prevalencia del derecho substancial sobre el derecho formal, principio al que todas las autoridades del Órgano Judicial y de otras instancias, se encuentran reatados a su aplicación, conforme estableció el Tribunal Constitucional Plurinacional en la Sentencias Constitucionales Plurinacionales Nº 0144/2012 de 14 de mayo, que dice: “…la estructura del sistema de administración de justicia boliviano, no puede concebirse como un fin en sí mismo, sino como un medio para obtener el logro y realización de los valores constitucionales, por otra parte, impele a reconocer la prevalencia del derecho sustantivo sobre el derecho adjetivo o sobre las formas procesales, que a su vez y en el marco del caso analizado obliga a los administradores de justicia entre otros a procurar la resolución del fondo de las problemáticas sometidas a su jurisdicción y competencia dejando de lado toda nulidad deducida de formalismos o ritualismos procesales que impidan alcanzar un orden social justo en un tiempo razonable”,

Por todo lo manifestado, corresponde a este Tribunal resolver conforme lo estipulado en los arts. 271 num.4) y 274 del Código de Procedimiento Civil. 

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 41 y 42 parágrafo I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en los arts. 271 núm. 4) y 274 del Código de Procedimiento Civil,CASA el Auto de Vista N° 56/2014 de fecha 30 de abril de 2014 emitido por la Sala Familiar,Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Potosí, en el proceso ordinario de divorcio seguido por el recurrente contra Lurdes Ortencia Balcázar Soliz y deliberando en el fondo declara firme y subsistente la Sentencia de primera instancia Nº 7/2014 de fecha 13 de febrero 2014 de fs. 188 a 189 vta.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Dra. Rita Susana Nava Durán.

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Dra. Patricia Ríos Tito

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: Quinto