TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A  C I V I L


Auto Supremo: 442/2014

Sucre: 8 de agosto 2014

Expediente: CH-56-13-S

Partes:Carlos Pomacusi Daza.c/ Pablo, Benito, Luis, Wilson, Eusebia, Olga,

Martha, Felicia ySimona todos de apellido Medrano Arancibia.

Proceso:Nulidad, acción reivindicatoria y mejor derecho propietario.

Distrito: Chuquisaca.

VISTOS: El recurso de casación interpuesto por Carlos Pomacusi Daza de fs. 388 a 400 y vta., contra el Auto de Vista Nº 313/2013 de 20 de junio de 2013,pronunciado por la Sala Civil y Familiar Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro el proceso de nulidad, acción reivindicatoria y mejor derecho propietario,seguido por Carlos Pomacusi Daza contra Pablo, Benito, Luis, Wilson, Eusebia, Olga, Martha, Felicia y Simona, todos de apellidos Medrano Arancibia, la respuesta de fs. 405 a 409,la concesión de fs. 410, Auto Constitucional de fs. 591 a 605 yvta., Auto de fs. 606 a 607, de fs. 615 y de fs. 624, Acta de audiencia pública de incidente de recusación de fs. 627 y vta., los antecedentes procesales; y,

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Que, el Juez de Partido Primero en lo Civil y Comercial de la ciudad de Sucre, pronunció la Sentencia Nº 54 de 02 de agosto de 2012(fs. 273 a 280), declarando improbada la demanda principal de fs. 28 a 29, así como la ampliación de fs. 32, con costas, probadas las excepciones perentorias de fs. 42 a 43; improbada la excepción perentoria de impersonería en el demandante opuesta por el Defensor de Oficio por memorial de fs. 67 a 69 de obrados.

Deducida la apelación por el demandante, la Sala Civil y de Familia Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca mediante Auto de Vista Nº 46 de 15 de febrero del 2013 (fs. 348 a 350), anuló la Sentencia, Resolución que fue recurrida de casación por memorial de fs. 355 a 357, resuelto por Auto Supremo Nº 211/2013 de 26 de abril de 2013 de fs. 371 a 374, que anuló el Auto de Vista recurrido y dispuso que el Tribunal de Alzada, sin espera de turno y previo sorteo pronuncie nueva Resolución resolviendo la apelación con la pertinencia establecida por el art. 236 del Código de Procedimiento Civil.

En cumplimiento a ésta última Resolución emanada de este Máximo
Tribunal, la Sala Civil y Familiar Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, pronunció el Auto de Vista Nº 313 de 20 de junio de 2013 de fs. 381 a 382 y vta., mediante el cual confirmó totalmente la Sentencia apelada, Resolución de Alzada que es impugnada por el actor Carlos Pomacusi Daza a través del recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 388 a 400 y vta., que merece el presente análisis.

CONSIDERANDO II :

HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

En la forma:

Acusa que el Juez de Primera instancia admitió la demanda de nulidad en base a lo dispuesto por el art. 549 incisos. 1), 3) y 4), cuando en la demanda sólo se consignó los incisos 1), 2) y 3) del mismo artículo, lo que implica la inobservancia del art. 334 del Código Adjetivo de la materia, solicitando se anule el proceso hasta la admisión de la demanda.

Acusa también, que los co demandados Pablo, Benito, Luis, Wilson, Eusebia, Olga y Martha todos de apellidos Medrano Arancibia fueron citados por edictos y ante su incomparecencia el Defensor de Oficio planteó excepción perentoria de impersonería en el actor, sin embargo, dicha acción debió ser planteada y resuelta como previa y no perentoria infringiéndose los art. 236 y 338 el Procedimiento Civil.

Concluye solicitando se anule obrados hasta la admisión de la demanda o en su caso hasta el Auto de Vista para que el mismo sea pronunciado con la pertinencia del art. 236 del Código Adjetivo de la materia.

En el fondo:

Acusa que el Auto de Vista recurrido carece de fundamentación legal respecto a las causales de nulidad invocadas durante todo el proceso.

Alega también que los de instancia incurrieron en error de derecho, porque omitieron valorar la siguiente documentación: el testimonio 75/1993, por el que se acredita que es propietario juntamente sus hermanos de un lote ubicado en el ex fundo Mesa Verde, con una extensión de 6000 hectáreas, adquirido de su anterior propietaria Delfina Daza Yucra, el cual fue debidamente registrado en Derechos Reales bajo la Matricula 1011990020477 de fecha 25 de febrero de 1993; el testimonio Nº 412/1994, documento privado elevado a instrumento público por el que Olga Loayza Villegas transfirió el mismo lote de terreno a favor de Félix Medrano Sarcillo y Juana Arancibia de Medrano (padres de los demandados) el 26 de febrero de 1985, documento protocolizado el 15 de julio de 1994 yregistrado en Derechos Reales; provisión ejecutoria de fs. 10-23 que da cuenta de la existencia de un proceso de reivindicación sobre el mismo lote de terreno que es motivo de litis, terreno que al presente se encuentra en posesión de las hijas de los demandados Félix Medrano Sarcillo y su esposa, proceso que en sentencia declaró probada la demanda, situación que acredita que la escritura pública No. 412/1994, es fraudulenta y nula de pleno derecho, pues su registro en Derechos Reales es posterior a la de él, por lo que se evidencia su derecho preferente; tampoco se valoró el informe pericial y el acta de inspección con los cuales demuestra que el lote de terreno de 6000 has y el lote de 5200 Has.es el mismo inmueble y no, como concluyeron los de Alzada, que en base a la diferencia en la extensión señalaron que serían terrenos distintos.

Los de instancia tampoco tomaron en cuenta el antecedente dominial con el que cuenta su terreno, en contraposición e inexistencia de dicho antecedente propietario de los demandados, sin embargo, aduce, que si los demandados alegan que Olga Loayza Villegas heredó de su madre el terreno transferido, ésta sólo podía heredar 4,33 Has., que se consolidó a favor de su madre a raíz del trámite de afectación correspondiéndole a la misma la parcela Nº 1 y no el lote Nº 2, que le correspondió a Bernabé Calderón, por consiguiente, al haber transferido un terreno que no era de su propiedad, dado que el que le transfirieron tenia superficie distinta y que este último terreno le correspondía a otra persona se demostró la concurrencia de las causales previstas por el art. 549 en sus inc. 1), 2) y 3) del Procedimiento Civil, para acreditar la nulidad demandada.

Que los de instancia vulneraron lo dispuesto por los art. 105, 1296 y 1453-I) del Código Civil, debido a que, conforme a la prueba testifical y al contrato privado agrícola su persona demostró estar en posesión física del inmueble objeto del litigio, pese a no ser necesario cuando se cuenta con título de propiedad, motivo por el cual sí podía demandar la reivindicación del terreno que se encuentra ilegalmente en posesión de los demandados.

Tampoco se valoró que su derecho propietario sobre el terreno del proceso y que es el mismo terreno que alega la parte contraria se encuentraregistrado en Derechos Reales desde fecha 25 de febrero del 1993 y el de la otra parte recién desde el 15 de julio de 1994, es decir un año después de la inscripción efectuada por su persona, motivo por el cual se halla demostrado su mejor derecho propietario en relación a dicho terreno.

Concluye solicitando se anule el proceso hasta el Auto de Vista o en su caso se case la resolución objeto del presente recurso de casación y deliberando en el fondo se declare probada su demanda principal, disponiendo la nulidad del contrato de venta de 26 de febrero de 1985, protocolizado en fecha 15 de julio de 1994, la cancelación de la inscripción efectuada por los demandados en Derechos Reales y en ejecución de sentencia se libre mandamiento de desapoderamiento del mismo, declarando improbadas las excepciones opuestas por los demandados.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

En la forma:

Habiendo la parte recurrente interpuesto recurso de casación en la forma y en el fondo, corresponde a este Tribunal Supremo pronunciarse primero respecto al recurso de casación en la forma, toda vez, que de ser evidentes las infracciones acusadas en el recurso de casación en la forma, se resolverá por la nulidad de obrados.

En dicho antecedente, se establece que el recurrente arguye que el Juez A quo, admitió la demanda de nulidad al amparo de lo dispuesto por el art. 549 inc. 1), 2) y 4), sin embargo, argumenta que su persona se amparó en los tres primeros inciso y no así en el inc. 4) del referido artículo, al respecto de la revisión de obrados, principalmente de la Sentencia recurrida, se advierte que si bien el Juez de mérito admitió la acción también por la causal del inc.4) del art. 549 del Código Civil, empero, a tiempo de pronunciar Resolución, lo hizo en base a los tres primeros incisos que contiene dicho precepto sustantivo y que sustentaron la presente demanda, conforme correctamente también concluyó el Ad quem.

Ahora bien, respecto a la excepción de impersonería en el demandante la cual fue deducida por el Defensor de Oficio, pero como perentoria, se tiene que la misma fue declarada improbada en Sentencia, conforme también correctamente evidenciaron los de Alzada, aspecto que de ninguna manera causa agravio alguno al ahora impugnante. Por lo que, el recurso de casación interpuesto en la forma, deviene en manifiestamente infundado.

En el fondo:

1.Respecto a que el Auto de Vista carece de fundamentación legal en relación a las causales de nulidad invocadas en el proceso.

Al respecto cabe señalar en primer lugar que el recurrente a tiempo de interponer la demanda principalreferente a la pretendida nulidad de la Escritura Pública Nº 412/94, cursante a fs. 28 a 29 y vta., luego de exponer los antecedentes manifestó: “Con esos antecedentes y en mérito a las pruebas adjuntas en calidad de prueba preconstituída, conforme el art. 330 y 398 del Código de Procedimiento Civil, acredito que la escritura de la indicada venta es fraudulenta y nula de pleno derecho, puesto que la inscripción de la misma en Registro de Derechos Reales de Chuquisaca fue posterior…en base a los fundamentos legales descritos en los art. 546, 547, 549 Núm. 1), 2) y 3), 551, 552, y 1453, 1454 respectivamente del Código Civil, pidiendo a su digna autoridad, que luego de los trámites de rigor, se sirva dictar sentencia declarando PROBADA la demanda, consiguientemente declare NULA Y SIN VALOR, la escritura de transferencia testimoniada con el Nº 412-1994…”,de dicha lectura se evidencia que el actor no fundamentó cómo el Testimonio Nº 412/94 se acomoda a los tres primeros incisos previstos por el art. 549 del Código Civil; situación similar acontece a tiempo de plantear el recurso de casación en el fondo ya que una vez más no realiza una fundamentación respecto a la nulidad invocada en su demanda, situación que no puede ser enmendada por éste Tribunal motivo por el cual no se puede considerar en esta etapa casacional la nulidad reclamada.

Sin embargo, es conveniente aclarar que la subsistencia del derecho propietario de los padres de las ahora demandadas no conlleva necesariamente la necesidad de declarar improbadas las otras pretensiones demandadas, en virtud a que al coexistir dos títulos de propiedad válidos, respecto de un mismo inmueble corresponde determinar la preferencia que la ley otorgue a uno respecto al otro, aclarando también que para la procedencia del mejor derecho de propiedad uno de los presupuestos es precisamente la coexistencia de dos o más titulares respecto a un mismo inmueble, situación que da lugar a la dilucidación de la preferencia del derecho siguiendo los criterios legalmente establecidos o a falta de ellos los que orienten la aplicación de los principios generales del derecho.

Por lo que no es evidente en ésta parte la violación del art. 1-II del Código de Procedimiento Civil.

2.Respecto al error de derecho en que incurrieron los Tribunales de instancia con referencia a la valoración de la prueba mencionada y la violación de los arts. 1296, 1309 del Cód. Civil y art. 400 de su procedimiento, denunciado por el ahora recurrente en los puntos II-b), II-c) y II-d) de su memorial de casación.

De manera introductoria es conveniente señalar que las causales de casación están establecidas por ley, siendo una de ellas la violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la ley, y cuando en la apreciación de las pruebas se hubiere incurrido en error de derecho; en consecuencia, se considera que existe violación o interpretación errónea de la ley cuando el A quo o el Ad quem no ha aplicado correctamente los preceptos legales o en su caso a tiempo de resolver ha desconocido o atribuido a un determinado mandato legal uno distinto al que contiene, asimismo el error de derecho tiene relación con la otorgación del valor probatorio determinado en ley, es otorgar o negar el valor probatorio que la ley le ha asignado a un medio de prueba, situación concurrente al sistema de valoración de los medios del proceso, por lo que la valoración del elemento probatorio cuando la ley le asigna un valor predeterminado, vincula al Juez con esa valoración legal, y si no fue preestablecido, se recurre a la sana crítica. En ese antecedente y conforme a los principios de accesibilidad, impugnación y verdad materialestablecidas por la Constitución Política del Estado Plurinacional, corresponde evidenciar si los extremos denunciados son evidentes:

2.1.De la revisión de obrados, y conforme se evidencia de fs. 119 a 125,se tiene que la titularidad del objeto de la presente causa deviene de un proceso de afectación al ex fundo “Mesa Verde”, Provincia Oropeza del Departamento de Chuquisaca, de propiedad de la señora Concepción Villegas Vda. de Loayza seguida a denuncia de Manuel Bejarano, Secretario General del Sindicato, habiéndose declarado el fundo rústico propiedad mediana afectable mediante resolución de sentencia agraria de 4 de julio de 1957, Auto de Vista de 27 de agosto de 1959 y resolución de 14 de abril de 1961. Y como consecuencia de dicha afectación, entre otros, la señoraConcepción Villegas Vda. de Loayza quedó en propiedad de la Parcela Nº 1 (Hacienda) con una superficie de 4.33 Has. de terreno, cuyos límites son al norte con la parcela de Bernabé Calderón, al sud con la hacienda la “Madona”, al este con la hacienda “Lechuguillas”, y al oeste con la hacienda “San Juanillo”. En tanto queFrancisco Caballero es dotado con la parcela Nº 24 con una extensión de 6 Has., cuyo límites son al norte con la fábrica de cemento, al sud con la parcela de Damián Flores y Benjamín Ballesteros, al este con la parcela de Martín Medrano, y al oeste con la parcela de Damián Flores.

Del Testimonio Nº 329/1983 de fecha 29 de marzo de 1983que cursa a fs. 116 a 118, se conoce queFrancisco Caballero Marín transfirió en calidad de venta aDelfina Daza Yucraun lote de terreno de seis Has., correspondientes a la parcela Nº 24 del plano general, ubicada en el ex fundo de “Mesa Verde” Cantón San Sebastián de la Provincia Oropeza- Chuquisaca, limitando al norte con la fábrica de Cemento, al sud con la parcela de Damián Flores y Benjamín Ballesteros, al este con la parcela de Martín Medrano y al oeste con la parcela de Damián Flores, quedando Registradaen la oficina de Derechos Reales de Chuquisaca a fs. 49, Nº95 del Libro de Propiedades de la Provincia Oropeza- Sucre en fecha 30 de marzo de 1983.

Con éste derecho propietario Delfina Daza Yucra, mediante documento privado reconocido de compraventa de un lote de terreno de fecha 08 de junio de 1988, transfiere a sus hijos Carlos, Félix, Claudio Pomacusi y Crecencio Caballero el bien inmueble ubicado en el ex fundo Mesa Verde, con una extensión de 6 hectáreas y por la suma de Bs. 1.000, documento que posteriormente fue protocolizado y elevado a instrumento público mediante Escritura Pública Nº 75/93 (fs. 1-2) en fecha 18 de febrero de 1993, la misma que fue debidamente inscrita en el Registro de Derechos Reales a fs. 57, Nº 57 del Libro 3 de Propiedades Capital en fecha 25 de febrero de 1993, habiéndosele asignado a dicha propiedad la Matricula No. 1.01.1.99.0020477.

Asimismo, con éste derecho propietarioDelfina Daza Yucra y sus hijosen lasgestiones 1986, 1987 y 1991 respectivamente,otorgan los terrenos ubicados en el ex fundo “Mesa Verde” con una superficie de seis hectáreas, terrenos colindantes a la fábrica de cemento, Martin Medrano, Damián Flores y Benjamín Ballesteros, en contrato de trabajo agrícola bajo la modalidad de partida,a los señores Félix Medrano y Juana de Medrano, padres de los ahora demandados conforme se infiere de fs. 47, 48, 49 y de fs. 110, quienes ingresaron bajo esta modalidad de trabajo a dichos predios,justificándosede ésta manera posteriormentela permanenciade dichos señores y de su descendencia en dichos predios.

2.2.Mediante Testimonio Nº 412/1994 de fecha 15 de julio de 1994 de fs. 7 a 9 vta, se advierte que Olga Loayza V. (quien se constituye en heredera de Concepción Villegas Vda. de Loayza conforme se evidencia de fs. 326 y 328) declarando ser propietaria de un lote de terreno desmembrado del ex fundo “Mesa Verde”, próximo a “Cal Orko”, Cantón San Sebastián, Provincia Oropeza Chuquisaca, procede a transferir el lote Nº 2 del plano respectivo, con una superficie de cinco hectáreas y dos mil metros cuadrados (5.2000 Has.) a favor de los esposos Félix Medrano Zarcillo y Juana Arancibia de Medrano(progenitores de las ahora demandadas), mismo que colinda con los terrenos de Martín Medrano, con los de Benjamín Ballesteros y con los terrenos de la Fábrica de Cemento, quedando registrada en el Registro de Derechos Reales de Chuquisaca a fojas 449, número 447, del libro 4 de Propiedades correspondiente a la capital- Sucre en fecha 15 de julio de 1994. Que empero no registra antecedente dominial anterior alguno.

2.3. De la Provisión Ejecutorialde fecha 13 de octubre de 2001cursante a fs. 10 a 23 vta., expedida por el Juez de Partido Primero en lo Civil de ésta Capital dentro el proceso de reivindicación de terreno seguido por el ahora también actor Carlos PomacusiDaza en contra de Félix Medrano Zarcillo (progenitor de los ahora demandados) quien reconvino por usucapión, se conoce que ya se instauró una anterior demanda sobre el bien inmueble objeto de la presente demanda, que se encuentra ubicado en la zona de Mesa Verde, Cantón San Sebastián, Provincia Oropeza, de éste Departamento de Chuquisaca, mismo que le fue favorable totalmente al ahora demandante, en donde se ordena que el entonces demandado Félix Medrano Zarcillo restituya en el plazo de 30 días de ejecutoriado el fallo a Carlos Pomacusi Daza y a Crecencio Caballero Daza a una hectárea y media de terreno a cada uno,encontrándose dicho fallo totalmente ejecutoriado en la actualidad.

2.4.De lo precedentemente analizado se tiene que mediante Escritura PúblicaNº75/1993, Carlos, Félix, Claudio Pomacusi y Crecencio Caballero en fecha 08 de junio de 1988 adquirieron el bien inmueble ubicado en el ex fundo Mesa Verde, con una extensión de 6 hectáreas, adquirido de su anterior propietaria Delfina Daza Yucra, quien a su vez adquirió de su anterior propietario Francisco Caballero Marín, documento que fue protocolizado y elevado a instrumento público el 18 de febrero de 1993 e inscrito en Derechos Reales bajo la Matricula No. 1011990020477 en fecha 25 de febrero del mismo año, asimismo, se tiene el Folio Real de dominio de fs. 5 y 24, a nombre de los hermanos Pomacusi y Crecencio Caballero inscrito el día 25 de febrero de 1993, por el que se acredita el derecho propietario de los mismos, documentos ambos que cuentan con la eficacia probatoria asignada por los arts. 1289 y 1296 del Código Civil,ratificados por los informes periciales de fs. 183 a 190 y 193 a 197 y el acta de inspección de visu de fs. 247 a 248, ésta última, a través de la cual se acredita la ubicación exacta del inmueble objeto de Litis y que merecen la fe probatoria asignada por los arts. 1333 del sustantivo civil y art. 441 del adjetivo civil,  y arts.  1334, 1286del Código Civil y art.397 de su Procedimiento,respectivamente, y corroborados ademáspor la declaración del testigo de descargo Cándido Bejarano Cardoso (fs. 249 vta.), quien en la respuesta a la pregunta dos y refiriéndose a los colindantes del bien inmueble objeto de litigiomanifestó: “los colindantes son: Martin Medrano (hermano de Félix), Fancesa y Benjamín Ballesteros”, extremos estos que desvirtúan el argumento contradictorio esgrimido por los demandados, en sentido de que el terreno objeto del proceso sería distinto al suyo y que tendría distinto origen por existir diferencia en la extensión, lo que en definitiva no ha sido demostrado por la parte demandada, contrario las referidas demandadas de manera contradictoria alegan ser propietarios a título sucesorio del bien inmueble objeto de litigio.

Asimismo de la provisión ejecutoria referida precedentemente en el subpunto 2.3 del presente considerando, se demuestra la existencia de un proceso anterior de reivindicación seguido por el actoren contra Félix Medrano Zarcillo (progenitor de las ahora demandadas), mismo que le fue favorable al ahora demandante, en donde se ordena que Félix Medrano Zarcillo restituya en el plazo de 30 días de ejecutoriado el fallo a Carlos Pomacusi Daza y a Crecencio Caballero Daza a una hectárea y media de terreno a cada uno, encontrándose en la fecha dicho fallo totalmente ejecutoriado, cuyo alcance como prevé el art. 194 del Código de Procedimiento Civil comprende no sólo a las partes intervinientes en aquel proceso sino también a las que trajeren o derivaren sus derechos de aquellos, documento que cuenta además con la eficacia probatoria establecida por los arts. 1309 del Código Civil y art. 400 del Código de Procedimiento Civil.

Con lo cual, queda plenamente demostrado que se trata del mismo inmueble objeto del litigio y no otro, como erróneamente concluyeron tanto el Juez de mérito, como los de Alzada, por lo mismo no han asignado el valor probatorio correspondiente a los medios de prueba referidos precedentemente, tampoco se ha aplicado correctamente los preceptos legales contenidos en los arts. 1296, 1309 del Código Civil y art. 400 de su procedimientoen relación a los hechos debatidos en el presente proceso,correspondiendo por ello, fallar en consecuencia.

3.Asimismo, con relación al mejor derecho propietariotambién demandado por el ahora recurrente.

Del antecedente dominial,Escritura Pública Nº 329/1983 de fecha 29 de marzo de 1983 de fs. 116 a 118, se evidencia que Francisco Caballero Marín transfirió a favor de Delfina Daza Yucra el terreno adquirido por dotación de la Reforma Agraria, el mismo ubicado en el Ex Fundo Mesa Verde, parcela Nº 24, con una extensión de 6 hectáreas, que consigna las siguientes colindancias: al norte con la Fábrica de Cemento, al sud con la parcela de Damián Flores y Benjamín Ballesteros, al Este con la parcela de Martin Medrano, y al Oeste con la parcela de Damián Flores.

Posteriormente, por testimonio de Escritura PúblicaNº 75/1993 de fecha 18 de febrero de 1993, Delfina Daza Yucraprocede a transferir dicho predio a favor de sus hijos Carlos, Félix, ClaudioPomacusi y Crecencio Caballero.

De otro lado, según la Escritura Pública Nº 412/1994 de fecha 15 de julio de 1994, se advierte que Olga Loayza V. (quien se constituye en heredera de Concepción Villegas Vda. de Loayza conforme se evidencia de fs. 326 y 328), transfiere el lote Nº 2 del plano respectivo, situado en el Ex Fundo Mesa Verde con una extensión de 5.2000 hectáreas a favor de Félix Medrano Zarcillo y Juana Arancibia de Medrano, progenitores de los ahora demandados, mismo que colinda con los terrenos de Martín Medrano, con los de Benjamín Ballesteros y con los terrenos de la Fábrica de Cemento y que no menciona antecedente dominial anterior.De dicha transferencia, según los datos consignados, el bien inmueble resultaría el mismo cuya titularidad alega el actor, porque las colindancias consignadas coinciden con lade la parte ahora demandada, aspecto que llama la atención, porque quien transfiere a los ascendientes de las ahora demandadas es Olga Loayza V., quien ha título de sucesión hereditaria habría adquirido de su madre Concepción Villegas Vda. de Loayza, empero, de la revisión del proceso de afectación se evidencia que el inmueble que a ella le correspondió de 4.33 hectáreas, no coincide con las colindancias del inmueble que su heredera habría transferido a los padres de las ahora demandadas.

Sin embargo laparte demandadaen la contestación a la demanda de fs. 42 a 43 y vta., de forma espontánea alega que el demandante no ha poseído nunca el lote de terreno reclamado, el mismo que habría sidoposeído por sus padres y está siendo poseído en la actualidad por sus hermanos y ellas, posesión aducida que refieren tiene su respaldo en el título de propiedad Testimonio Nº 412/1994 de fecha 15 de julio de 1994 que aparejan, afirmando de ésta manera que ellos son dueños del lote de terreno reclamado por el actor, es decir que son dueños por sucesión hereditaria del mismo bien inmueble objeto de la presente causa. Confesando de esta manera de que se trata del mismo bien inmueble objeto de litigio; empero,en el presente caso de autos no han desvirtuado el mejor derecho de propiedad del actor.

Toda vez que al respecto, como se ha referido en el subpunto 2.3, se tienela Provisión Ejecutorial de fecha 13 de octubre de 2001, expedida dentro el proceso de reivindicación de terreno seguido por el actor Carlos Pomacusi Daza contra el reconviniente de usucapión Félix Medrano Zarcillo, de donde se conoce que ya se instauró una anterior demanda sobre el mismo bien inmueble objeto de la presente demanda, que le fue favorable al ahora recurrente, por lo que se ordena que el entonces demandado Félix Medrano Zarcillo restituya en el plazo de 30 días de ejecutoriado el fallo a Carlos Pomacusi Daza y a Crecencio Caballero Daza a una hectárea y media de terreno a cada uno, encontrándose dicho fallo totalmente ejecutoriado en la actualidad.De donde se infiere que el derecho propietario de la parte actora Carlos Pomacusi Daza ha sido debidamente acreditado, motivo por el cual se ha declarado probada la demanda de restitución e improbada la demanda de usucapión planteada por el entonces demandado Félix Medrano Zarcillo, padre de las ahora demandas, fallo que como se ha dicho se encuentra plenamente ejecutoriado.

Al respecto también debemos referir que la interpretación del art. 1545 del Código Civil debe ser en sentido amplio, tendiente a establecer el origen del derecho propietario, criterio que fue asumido por la extinta Corte Suprema de Justicia, la misma que es adoptada por éste Tribunal Supremo, mediante el Auto Supremo Nro. 46 de 09 de febrero de 2011 que refiere”…como se precisó anteriormente, frente a una demanda de mejor derecho propietario, es necesario, en principio acreditar que el derecho propietario del actor como del demandado emergen de un mismo vendedor o lo que es lo mismo tienen un mismo origen, conforme establece el artículo 1545 del Código. Pero, la interpretación de esa disposición no se limita a un sentido restringido, es decir a establecer que el causante del actor y del demandado sea la misma persona, por el contrario, en sentido amplio, dicha determinación orienta a establecer el origen del derecho propietario, vale decir establecer si los derechos contrastados tienen un mismo origen(las negrillas y subrayada son nuestras)”.

Del mismo modo, en el presente caso de autos no resulta determinante la diferencia de extensión del inmueble o en su caso la presunta ausencia de colindancias para establecer si es el mismo o no, debido a que al margen del testimonio de propiedad del demandante Nº 75/1993, como se ha referido en el punto 2 del presente considerando, la parte actora también aportó otros medios de prueba que acreditan el antecedente dominial de dicha propiedad donde se encuentra plenamente identificado tanto la extensión así como las colindancias del referido bien inmueble, como se evidencia del informe pericial, la provisión ejecutorial, así como la prueba testifical de descargo de Candido Bejarano Cardozo (fs. 249) y la confesión espontánea de la parte demandada que cursa a fs. 42 a 43 y vta. y 309 a 313 de obrados, para asumir que se trata del mismo inmueble. Extremo que se ratifica con el examen efectuado en el sub punto 2.1 y 2.2 del presente considerando,de donde se tiene que el derecho propietario del actor y de la parte demandadatienen un mismo origen.

Estando por ese hecho también acreditado el preferente derecho propietario del actor, respecto de los demandados, y con relación al inmueble objeto del presente proceso, en mérito también de la prelación de inscripción efectuada por la parte demandante en el Registro de Derechos Reales, por lo que dicha inscripción surte sus efectos desde el momento de su inscripción y adquiere la prelación y oponibilidad frente a tercerosconforme establecenlos arts. 1, 14 y 15 de la Ley de Inscripción de derechos Reales, aspecto que ciertamente también ha sido erróneamente valorado y concluido por los de Alzada violando de ésta manera el art. 1545 del Código Civil y que corresponde ser enmendado por este Tribunal.

4.Por último, con relación a la acción reivindicatoria, también demandada y que no fue acogida por los inferiores jerárquicos.

De la revisión de actuados y teniendo en cuenta la previsión contenida en el art. 105 del Código Civil, que previene: “I.- La propiedad es un poder jurídico que permite usar, gozar y disponer de la cosa y debe ejercerse en forma compatible con el interés colectivo, dentro de los límites y con las obligaciones que establece el ordenamiento jurídico. II. El propietario puede reivindicar la cosa de manos de un tercero y ejercer otras acciones en defensa de su propiedad con arreglo a lo dispuesto en el Libro V del Código presente, así como lo dispuesto por el art. 1453 parágrafo I del Código Civil, que prevé: "El propietario que ha perdido la posesión de una cosa puede reivindicarla de quien la posee o la detenta", además de la doctrina legal desarrollada por este Máximo Tribunal, como la contenida en el Auto Supremo Nº 299/2008, que estableció: "Que, la acción reivindicatoria intentada por los demandantes, se halla prevista en la disposición contenida en el artículo 1453 del Código Civil, en tal sentido, este Tribunal Supremo considera que la precitada norma legal al establecer entre las acciones de defensa de la propiedad a la acción reivindicatoria, señala que ésta se halla reservada al propietario que ha perdido la posesión de una cosa, es decir, que el primer requisito para la procedencia de la acción reivindicatoria, es la existencia de un derecho de propiedad sobre la cosa cuya reivindicación se demanda. Sólo aquél que demuestra ostentar derecho propietario puede reivindicar la cosa de quien la posea o detente. Derecho propietario, el cual por su naturaleza, conlleva la posesión emergente del derecho mismo, consiguientemente, no necesariamente debe estar en posesión corporal o natural del bien, habida cuenta de que tiene la posesión civil”que está integrada por sus elementos“corpus y animus”.

En el caso de Autos, resulta evidente que el actor acreditó su derecho propietario respecto del inmueble objeto de la litis, así como la posesión del mismo, que se halla implícita en dicho derecho propietario, así fluye tanto de las declaraciones de los testigos de cargo, cuyas actas cursan a fs. 241 a 246, como del documento de contrato de trabajo agrícola de fs. 110 por el cual Felix Medrano y Juana de Medrano se comprometen a trabajar los sembradíos agrícolas, al partir, en la superficie de 6 hectáreas en el fundo “Mesa Verde” de propiedad de Carlos, Félix, Claudio Pomacusi y Crecencio Caballero en fecha 28 de febrero de 1991 y el testimonio de Escritura Pública No. 75/93 de 18 de febrero de 1993 de fs. 1 a 2 de obrados, respectivamente.

Asimismo y respecto a que la demanda de reivindicación no procedería debido a la ausencia de uno de los requisitos como es la posesión, éste criterio ha sido modulado por la ex Corte Suprema, criterio que es compartido por este Máximo Tribunal Supremo, en sentido de que para la procedencia de la reivindicación no es necesario estar en posesión material de la cosa o que se haya perdido la posesión, tal como refiere el A.S. N° 199 de 13 de octubre de 2004 que ha establecido:”…el solo hecho de tener título de propiedad, otorga al propietario el corpus y animus sobre la cosa, ejerciendo el uso, goce y disposición sobre aquélla, facultándole además, el derecho de reivindicar la cosa de manos de un tercero, aunque el demandante no hubiera estado en posesión material de la cosa en litigio. Así el derecho de propiedad se diferencia de las acciones posesorias, pues en éstas últimas si es preciso la posesión física o corporal por parte de quien la invoca, lo que no sucede con el primero…”. Consecuentemente, no necesariamente el demandante debe estar en posesión corporal o natural del bien, habida cuenta que tiene la “posesión civil” al haber sido declarada probada su demanda de mejor derecho de propiedad, correspondiendo su reivindicación aun en ausencia de la posesión como alegan los demandados.

Finalmente como se ha referido en los subpunto 2.1 y 2.3, Delfina Daza Yucra y sus hijos en las gestiones 1986, 1987 y 1991, otorgan los terrenos ubicados en el ex fundo “Mesa Verde” con una superficie de seis hectáreas, en contrato de trabajo agrícola bajo la modalidad de partida, a los padres de laparte ahora demandada, quienes ingresaron bajo esta modalidad de trabajo a dichos predios,empero a pesar del requerimiento de la parte actora ya no quisieron abandonarel referido terreno, por eso mismo habiéndose instaurado un anterior proceso de reivindicación por el ahora también actor Carlos Pomacusi Daza en resolución de instancia se ordena al entonces demandado Félix Medrano Zarcillo que restituya en el plazo de 30 días de ejecutoriado el fallo a la parte actora, y en ejecución de resolución, ante la negativa de abandonar dichos predios por parte de las ahora demandadas, puesto que la anterior demanda no habría sido dirigidas contra las mismas, se inicia la presente demanda, de donde se evidencia la desposesión del bien inmueble objeto de la presente demanda.

Por lo que tanto el Juez de primera instancia, como los de Alzada, al no haber otorgado mérito a la precitada acción, ciertamente, desconocieron los alcances de dicho instituto jurídico y adecuaron su accionar a la causal de casación en el fondo alegada en el recurso en examen, correspondiendo sea enmendada dicha omisión.

Conforme a los argumentos expuestos, y al ser evidentes las infracciones acusadas, corresponde a este Tribunal Supremo fallar en la forma prevista por el art. 271 núm.4) y 274 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 41 y 42 num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los arts. 271 núm. 2) y 4), 273 y 274 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma, y en virtud del recurso de casación en el fondo CASA parcialmenteel Auto de Vista Nº 313/2013 de 20 de junio de 2013, cursante a fs. 381 a 382 y vta.y deliberando en el fondo declara improbada la demanda de nulidad de escritura Pública Nº 412/1994 de fs. 7 a 9 vta., probada la acción reivindicatoria y mejor derecho propietario, incoada por Carlos Pomacusi Daza a fs. 28 a 29 y ampliada a fs. 32, en su mérito se declara el mejor derecho propietario del actor Carlos Pomacusi Daza respecto del inmueble objeto del proceso, en relación a los demandados, por prelación de la inscripción de su derecho propietario en los Registro de Derechos Reales, así como probada la acción reivindicatoria de dicho inmueble a favor de éste, debiendo los demandados restituir el mismo al actor a tercero día de su legal notificación, bajo prevención de ley; asimismo, declara improbadas las excepciones de improcedencia de la demanda de nulidad, inaplicabilidad de los numerales 1),2) y 3) del art. 549 del Código Civil y falta de acción y derecho, intentada por los demandados.

Sin responsabilidad por ser excusable.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Dra. Patricia Ríos Tito

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: Quinto.