TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA  CIVIL


Auto Supremo: 432/2014

Sucre:05 de agosto 2014

Expediente: T-16-14-A

Partes: María Patricia Vargas Aramayo. c/ Colegio de Arquitectos de Tarija.

Proceso: Cumplimiento de Obligación.

Distrito: Tarija.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo y en la forma de fs. 216 a 218 vta.,   opuesto por Rodolfo Gustavo Caballero Sierra en representación del Colegio de Arquitectos de Tarija, y el recurso de  casación en el fondo de fs. 223 a 228 vta.,   interpuesto por Beder E. Soto Llanos y Juan Víctor Llave Jaimes en representación del Gobierno Autónomo del Departamento de Tarija, contra el Auto de Vista Nº 16/2014 de 17 de marzo de 2014, cursante de fs. 205 a 207, pronunciado por la Sala  Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, en el proceso ordinario de Cumplimiento de Obligación seguido por María Patricia Vargas Aramayo contra el Colegio de Arquitectos de Tarija, la concesión de fs. 233, los antecedentes del proceso, y;


CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez de Partido Primero en lo Civil de la ciudad  de Tarija, dicta Auto de 29 de mayo de 2013, cursante de fs. 98 a 101, que declara probada la excepción de incompetencia formulada por Rodolfo Gustavo Caballero Sierra en representación del Colegiode Arquitectos de Tarija, declarándose la juez de la causa incompetente para el conocimiento de la acción, por considerar que el contrato de litis no se trata de un mero contrato privado  pues si bien fue plasmado de esa forma en su contenido y teniendo en cuenta que forma parte de este el Convenio interinstitucional Nº 15/2008, se trata de un contrato administrativo, correspondiendo su conocimiento a la jurisdicción contencioso administrativa.

Resolución que es apelada por la parte actora, por escrito de fs. 168 a 171 vta.,  y a su  consecuencia se dicta el Auto de Vista Nº 16/2014 de 17 de marzo de 2014, cursante de fs. 205 a 207, que revoca en todas sus partes el Auto apelado de fs. 98 a 101,  y deliberando en el fondo se dispone que la Juez A quo prosiga con el conocimiento de la acción ordinaria de cumplimiento de obligación; Resolución de Alzada que es recurrida de casación tanto por el Colegiode Arquitectos como por el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, que merece el presente análisis.


CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Recurso del Colegio de Arquitectos de Tarija

En la forma, señala que se pretende el cumplimiento deun contrato administrativo sustentado en un Convenio interinstitucional en el que intervino la Gobernación de Tarija, por ello se debió acudir desde el inicio al tribunal Supremo de Justicia conforme el art. 775 del CPC, por losjueces obraron sin competencia, por lo que considera que se ha incurrido en causal de nulidad en el inc. 1 del art. 254 del Código de Procedimiento Civil, y violación delos arts. 775 del CPC y 122de la CPE.

En el fondo, la entidad recurrente sostiene que los fundamentos del Auto de Vista no guardan relación con los antecedentes del proceso, primero, al sostener que el Contrato Nº 02/2010 es el documento base del cumplimiento de la obligación, aspecto que no es evidente por cuanto el ConvenioInterinstitucional Nº 15/2008 forma parte integrante del mencionado contrato privado, en razón a que los recurso de la consultoría  devienen del Estado y no del Colegio de Arquitectos, que únicamente sirvió de intermediario. Conforme la cláusula cuarta del contrato. En consecuencia debe integrase en la interpretación de todos los demás documentos que forman parte del Contrato entre ellos el Convenio Interinstitucional; agrega que no existen dos partes en el proceso sino tres,  entendiendo que la Gobernación asumirá o no con los costos dela consultoría; a más de señalar que no sepuede aplicar regulaciones de contratos privados, que las normas del Código Civil no constituyen fundamento para determinar la competencia del Juez para dilucidar competencia.

Señala también que se aplicó erróneamente el art. 778 del CPC, porque nos e pretende impugnar una resolución administrativa, por ello no pude acudirse a la vía del contencioso administrativo sino a la vía contenciosa. Además señala que la obligación de cancelar o no la pretensión demandada, deberá recaer sobre la Gobernación. En consecuencia siendo parte de la relación procesal dicha entidad en proceso debe ventilarse en el campo administrativo ante tribunal especial.

Concluye solicitando se anule obrados hasta el vicio más antiguo, es decir hasta el decreto de admisión de la demanda, y en caso de no admitir la causal de nulidad resolviendo el fondo case el Auto de Vista disponiendo que la contienda se dilucide en la vía contenciosa manteniendo firme al Auto Definitivo.

Recurso del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija

En lo fundamental del recurso señala que el Auto de Vista realiza una interpretación errónea de los arts. 450, 519 y 523 del Código Civil, al establecer que el contrato privado Nº 02/2010 fue celebrado únicamente entre el Colegio de Arquitectos de Tarija y la actora, y  que no corresponde que la controversia sea en un proceso contencioso administrativo. A esto dice que el contrato esde prestación de servicios donde el Colegio de Arquitecto concurre en mérito al Convenio Interinstitucional,  por lo que si bien la Gobernación no firmó expresamente pero es parte  del acuerdo, por lo que al aceptar la participación de ese ente gubernamental dicho documento tiene calidad de contrato administrativo. , que según sus cláusulas menciona la ley 1178 y las  formas de resolución.

Señala también que es de aplicación el art. 778 del CPC, y el D.S. 181, que quedó sentado por la jurisprudencia ordinaria (A.S. 281/2012, A.S. 399/2012) y la jurisprudencia constitucional (SCP 1486/2013). Dice además que el Juez está llamado a integrar a todas las partes que tenga interés directo respeto a las pretensionespor ello el Auto de Vista realizó una interpretación errada al manifestar que solo el Colegiode Arquitectos y la actora son partes del contrato, por lo que la gobernación es también parte del contrato Nº 02/2010 por lo que se establece que se estaría frente a un contrato administrativo.

Finaliza pidiendo se conceda el recurso ante el Tribunal Supremo para que se dicte resolución casando en el fondo el Auto de Vista.


CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Del recurso de casación del Colegio de Arquitectos de Tarija

En la forma:

La institución recurrente plantea como argumento de forma la falta de competencia de los órganos jurisdiccionales que conocieron el presente caso, por la naturaleza de la controversia que no es civil sino administrativa; tal situación recursiva resulta paradójica porque los antecedentes procesales refieren que ese es el tema de debate en esta instancia emergente de una excepción de incompetencia, siendo la misma de fondo pues de su dilucidación dependerá su tramitación en una u otra vía.

En el fondo:

En función a los agravios expuestos en el recurso se hace necesario realizar las siguientes consideraciones:

Algunas diferencias de los contratos de carácter privados de aquellos denominados contratos administrativos, son que  en los contratos privados los sujetos intervinientes persiguen intereses particulares y sus obligaciones y derechos se mantienen en un plano horizontal por la prestación recíproca a la que se reatan; esta relación contractual es propia del Derecho privado, y están regulados, ordinariamente, por el Código Civil.

Por otro lado, los contratos administrativos, en estricto sensu, donde interviene el Estado como parte contratante, mediante las instituciones que componen la Administración Pública, la relación contractual se ve compelida a la satisfacción de necesidades de carácter público, y su regulación pertenece al Derecho Administrativo. En este se punto, para el análisis, es necesario ser más precisos para inferir la diferencia contractual de la que se controvierte, para ello nos permitimos citar a Rafael Bielsa  que en su obra “Principios del Derecho Administrativo” enseñaba: “Es contrato Administrativo  el que la Administración celebra con otra persona pública o privada, física o jurídica, y que tiene por objeto una prestación de utilidad pública”, acotando que “…todo contrato administrativo deben concurrir los siguientes elementos esenciales a)Uno de los sujetos de la relación jurídica es la Administración pública (Estado, provincia, comuna o entidad autárquica) obrando como tal, es decir, como entidad de derecho público. B) El objeto del contrato es una prestación de utilidad pública; por ejemplo, un servicio público propio, un empleo público, una obra pública (de interés general o colectivo), etc.”. Así también, Eduardo García de Enterría/ Tomás Ramón Fernández, en su obra Curso de Derecho Administrativo (Tomo I) explican que “Existe contrato administrativo en todos aquellos casos en que el órgano administrativo que celebra el contrato se mueve en el ámbito de su giro o tráfico característico, es decir dentro el campo concreto de las competencias y atribuciones cuyo ejercicio constituye su misión y responsabilidad específica”. Estos criterios doctrinales tienen el común denominador para identificar al contrato administrativo la participación de la Administración u órgano administrativo en la celebración del contrato, lo cual es trascedente en la diferencia con un contrato de naturaleza privada en función al sujeto contratante.

No obstante de esta aproximación doctrinal, lo importante está en el desarrollo legislativo presente en nuestro Estado, a ese efecto referimos  el D.S. Nº181 de 28 de junio de 2009, que al respecto en su art. 85° prevé “(Naturaleza) Los contratos que suscriben las entidades públicas para la provisión de bienes y servicios, son de naturaleza administrativa”; que es concordante con los estipulado en el art. 775 del Código de Procedimiento Civil que señala: “En todos los casos que existiere contención emergente de los contratos, negociaciones o concesiones del Poder Ejecutivo, conforme las previsiones pertinentes de la Constitución Política del Estado, se presentará la demanda ante la Corte Suprema de Justicia con los requisitos señalados en el Artículo 327”,  en la interpretación de su contenido, solo es factible la consecución de un contrato de carácter administrativo cuando una de las partes es la Administración Pública o un órgano estatal, a más del objeto y las disposiciones características de este tipo de contrato, lo que permite su dilucidación ante un órgano jurisdiccional especializado.

Cabe asimismo subrayar lo estipulado en el art. 32 del D.S. 181, que señala en referencia a la Máxima Autoridad Ejecutiva que “La MAE de cada entidad pública es responsable de todos los procesos de contratación desde su inicio hasta su conclusión, y sus principales funciones son: … f) Suscribir los contratos, pudiendo delegar esta función mediante Resolución expresa, en el marco del Artículo 7 de la Ley N° 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo”, que a decir de esta citada disposición la delegación se efectúa “únicamente dentro de la entidad pública a su cargo”.

Considerados estos aspectos de orden normativo, en el caso de análisis, se tiene que en fecha 10 de agosto de 2010, el Colegio de Arquitectos de Tarija, en calidad de Contratante, con María Patricia Vargas Aramayo, en calidad de Consultora, suscribieron el “Contrato privado Nº 02/2010 que tiene como objeto la prestación de servicio de Estudio a diseño final a nivel TESA del Proyecto “Centro Internacional de Espectáculos Lago San Jacinto”, conforme se evidencia de fs. 12 a 19; en ese margen el recurso de casación interpuesto por el Colegio de Arquitectos  de Tarija sostiene que el Convenio Interinstitucional Nº 15/2008 forma parte integrante del mencionado contrato privado, en razón a que los recurso de la consultoría  devienen del Estado y no del Colegio de Arquitectos, conforme la cláusula cuarta,  por lo que es parte del contrato la Gobernación lo cual le otorga naturaleza administrativa.

De lo alegado en recurso se debe indicar que, conforme el fundamento supra, un criterio diferenciador es el sujetointerviniente en la relación contractual que es el Estado  como  administrador de la cosa pública, sin embargo acorde al “Contrato Privado Nº 02/2010” cursante de fs. 12 a 19, se tiene que los intervinientes en dicho acto jurídico es el Colegio de Arquitectos de Tarija, representado por su Presidente Ronald Percy Rivera Claussen, por una parte, y por otra, María Patricia Vargas Aramayo, como Consultora, siendo esa relación de carácter privado ya que ambas personas no son sujetos de la Administración Pública, sino particulares obligándose a prestaciones recíprocas.

Asimismo, cabe resaltar las disposiciones contractuales que respaldan ese criterio como es que la Póliza de garantía es a la orden del Colegio de Arquitectos y que su incumplimiento será a favor del contratante, además que la facturación es a nombre del  ente profesional, referencias de orden contractual que verifica el favorecimiento dela institución recurrente como parte contratante. Si bien en la cláusula cuarta, que es observada en el recurso, se señala que forman parte de ese contrato  el “Convenio Interinstitucional Nº 015/2008” tal atención en nada merma el carácter privado del contrato, pues si bien ese Convenio es un antecedente de la relación contractual analizada sin embargo no evidencia que en el mismo la ex Prefectura haya delegado u otorgado facultades a esa institución privada, como es el Colegio de Arquitectos de Tarija, para la celebración de un contrato a su nombre, más aún, como se dijo, conforme al art. 32 del D.S. 181, es la Máxima Autoridad Ejecutiva de la ex Prefectura-  la responsable de todo el proceso de contratación desde su inicio hasta su conclusión siendo su función la de suscribir los contratos administrativos, como es el caso, y aún en la delegación de esa función sólo es asequible a un funcionario de la misma institución, en misma línea el contrato solo tiene una eficacia entre las partes contratantes no pudiendo inmiscuirse en sus efectos a la institución gubernamental, conforme señala el art. 523 del Código Civil, por la sola referencia que es parte de ese contrato el Convenio Interinstitucional Nº 15/2008, lo cual no convierte al contrato de carácter privado a uno de naturaleza administrativo como tampoco reata en sus efectos a la exPrefectura; y en su caso, si es de criterio del Colegio de Arquitectos que esa contrato le es oponible al ente estatal por el antecedente del Convenio firmado entre ellos tal situación debe ser controvertido en un proceso especializado por los mismos, más no en el ordinario como el presente, en ese sentido la decisión del Tribunal de apelación fue correcta al revocar la decisión inferior y ordenar que prosiga la acción ordinaria instaurada.

Por el criterio emitido se hace insustancial fundamentar el tipo de proceso adecuado para la dilucidación de un contrato de orden administrativo, sin embargo solo a modo de explicación y por la dudas que generó la decisión del Ad quem se debe indicar que, la jurisdicción contencioso administrativa contiene el proceso contencioso y el proceso contencioso administrativo, conforme los arts. 775 y 778 del Código de Procedimiento Civil, respectivamente, que aún permanecen vigentes, ambos dirigidos a dilucidar ante un Juez especializado la legalidad de los actos de la Administración (contencioso administrativo) y  las controversias que surjan de los contratos, concesiones y negociaciones que realiza el Estado en su rol de administrador de la cosa pública (contencioso). Las contenciones emergentes de los contratos administrativos deben ser dilucidados en un proceso contencioso, así se ha manifestado la SCP Nº 60/2014 de 3 de enero de 2014 que sostuvo: “…se tiene que los tres contratos suscritos entre la UAGRM y la Empresa Constructora Aguarague, contemplaron entre una de sus cláusulas el marco legal que regirá dicha relación contractual, cuya base se tiene en el texto constitucional, además en la Ley de Administración y Control Gubernamentales, debido a que por la naturaleza administrativa de los mismos genera el sometimiento a las cláusulas de los contratos, en tal entendimiento los conflictos suscitados en los contratos Administrativos deben ser impugnados ante la instancia respectiva, conforme a lo previsto en el art. 775 del CPC” (subrayado nuestro); criterio constitucional que es concordante con la emisión de numerosos fallos de este Colegiado, haciendo hincapié que la señalada SCP Nº 60/2014 modificó el criterio que se tenía en la SCP Nº 468/2013, a la que hace referencia el Auto de Vista; situación que nada cambia la decisión de que la prosecución del proceso ordinario presente, por lo que el recurso instaurado deviene en infundado.

Recurso del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija

En lo fundamental la Gobernación tiene como reclamo que al Ad quem  estableció que el contrato privado Nº 02/2010 fue celebrado únicamente entre el Colegio de Arquitectos de Tarija y la actora y  que no corresponde que la controversia sea en un proceso contencioso administrativo. De lo recurrido se puede establecer la falta de comprensión de la institución gubernamental del fallo de Alzada, pues dicha Resolución fue absolutamente nítida en señalar en referencia al GobiernoAutónomo Departamental de Tarija  que no intervino como parte contratante en el Contrato Privado Nº 02/2010 en el que intervienen el Colegio de Arquitectos de Tarija y la consultora María Patricia Vargas Aramayo, que lógicamente, el efecto del contrato no le sería vinculante a esa institución, en tal caso no es adecuado la instauración de un recurso si no tiene como base una perjuicio de la Resolución emitida, pues parecía que forzadamente la Gobernación pretende se le inmiscuya en esta controversia sin una base legal cierta. En relación al proceso adecuado a sustanciarse en la jurisdicción especializada, no es sustancial por el razonamiento vertido y por la aclaración ya realizada antes. Por lo manifestado el recurso deviene en infundado.

En consecuencia éste  Tribunal Supremo de Justicia emite resolución  en la forma determinada por el art. 271-2)  y 273 del Código de Procedimiento Civil.


POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 parágrafo I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADOS,  el recurso de casación en el fondo y en la forma de fs. 216 a 218 vta., opuesto por Rodolfo Gustavo Caballero Sierra en representación del Colegio de Arquitectos de Tarija, y el recurso de  casación en el fondo de fs. 223 a 228 vta.,  interpuesto por Beder E. Soto Llanos y Juan Victor Llave Jaimes en representación del Gobierno Autónomo del Departamento de Tarija, contra el Auto de Vista Nº 16/2014. Sin costas por no existir contestación.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Dra. Patricia Ríos Tito

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: Quinto