TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                    S A L A   C I V I L


Auto Supremo: 420/2014

Sucre: 04 de agosto 2014

Expediente: CB-83-13 S.

Partes: Alejandrina Sandoval de Rivera. c/ Serafín Wilfredo Villegas Ayala

Proceso: Restitución de inmueble, retiro o en su caso retención de mejoras.

Distrito: Cochabamba.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 415 a 419 interpuesto por Serafín Wilfredo Villegas Ayala mediante su apoderada Felipa Ayala Choque, contra el Auto de Vista Nº 74/2013 de 28 de mayo de 2013 de fs. 410 a 412 y vta., pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, en el proceso ordinario de restitución de inmueble, retiro o en su caso retención de mejoras seguido por Alejandrina Sandoval de Rivera contra el recurrente; la respuesta al recurso de fs. 426- 427 y vta.; el Auto de concesión de fs. 428; el Auto Nº 94/2014 de 28 de marzo de 2014 de fs. 678 a 682 y vta., emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Chuquisaca dentro de la acción de amparo constitucional interpuesto por Serafín Wilfredo Villegas Ayala contra Dra. Rita Susana Nava Durán, Dr. Rómulo Calle Mamani, Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia y otros, y demás antecedentes del proceso, y:

C0NSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

I.1.- Sustanciado el proceso en primera instancia y luego del Auto de Vista anulatorio Nº 302/2011 (fs. 307 y vta.), el Juez de Partido 8º Civil y Comercial de la ciudad de Cochabamba, pronunció la Sentencia de 04 de febrero de 2013 (2ª Sentencia) que cursa de fs. 371 a 378 y vta., declarando probada la demanda ordinaria de restitución de inmueble y retiro o en su caso retención de mejoras formulada a fs. 24 a 25 y vta. por Alejandrina Sandoval de Rivera; improbadas las excepciones perentorias de falsedad, ilegalidad, falta de acción y derecho e incongruencia opuestas por el demandado, disponiendo la restitución a favor de la demandante el lote de terreno de 950 mts.2 ubicado en el Cantón Santa Ana de Cala Cala; asimismo dispuso que Serafín Wilfredo Villegas Ayala proceda a tercero día de ejecutoriada la sentencia, al retiro de las mejoras realizadas en dicho terreno. Igualmente determinó haber lugar al pago de daños y perjuicios en favor de la demandante a ser averiguados en ejecución de sentencia.

I.2.- la indicada Sentencia fue recurrida de apelación por el demandado y resuelta mediante Auto de Vista Nº 74/2013 de 28 de mayo de  2013 que cursa de fs. 410 a 412 y  vta., confirmando la Sentencia apelada, con costas; resolución que a su vez fue recurrida en casación por el demandado a través de su apoderada.

I.3.- En conocimiento del recurso de casación, la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, emitió el Auto Supremo Nº 467/2013 de 13 de septiembre de 2013, declarando infundado el recurso de casación.

I.4.- En contra de los Magistrados que emitieron el indicado Auto Supremo, Serafín Wilfredo Villegas Ayala interpuso acción de amparo constitucional, mismo que fue resuelto por los Dres. Elena Esther Lowenthal Claros de Padilla y Hugo Córdova Egüez, Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Chuquisaca, mediante Auto Nº 94/2014 de 28 de marzo de 2014 cuya resolución cursa en fotocopia legalizada de fs. 678 a 682 y vta., CONCEDIENDO PARCIALMENTE la tutela solicitada y dejando sin efecto el Auto Supremo Nº 467/2013 de 13 de septiembre de 2013 y todos los actuados realizados con posterioridad a la emisión de dicha resolución, disponiendo que se emita un nuevo Auto Supremo.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVARON EL RECURSO DE CASACIÓN Y LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE GARANTÍAS:

II.1.- Resumen del recurso de casación:

El recurrente realiza la exposición de sus argumentos en seis puntos:

1.- En el Primer Punto realiza una relación de los antecedentes de la tramitación del proceso hasta la notificación con el Auto de Vista recurrido.

2.- En el Segundo Punto acusa la pérdida de competencia del Juez A quo indicando que una vez devuelto el expediente, se dictó decreto de CÚMPLASE el 14 de octubre de 2011 (fs. 323 vta.), momento desde el cual correría el plazo de 40 días para la emisión de la Sentencia cuando el superior en grado anula y dispone que se dicte una nueva Sentencia.

Manifiesta que el Juez de instancia, por Auto de fecha 17 de diciembre de 2012 (fs. 367 vta.) dejó sin efecto el decreto de autos de fecha 25 de enero de 2010 (fs. 251) y el 27 de diciembre de “2011” (2012) emitió nuevo decreto de Autos (fs. 369), pronunciando Sentencia el 04 de febrero de 2013 (fs. 371 al 378), olvidándose que el plazo empezaba a computarse desde el decreto de cúmplase, incurriendo en pérdida de competencia conforme al art. 208 del Procedimiento Civil, situación que no habría sido advertida por el Ad quem y por esos motivos, resultaría procedente y viable el recurso de casación en el fondo previsto en el art 253 num. 1) y 3)  y el recurso  de casación en la forma conforme el art. 254 num. 1), 6) y 7) todos del Procedimiento Civil.

3.- El Punto Tres manifiesta que los Vocales de la Sala Civil Segunda pronunciaron el Auto de Vista recurrido sin dar cabal cumplimiento al art. 234 del Cód. Pdto. Civ. transcribiendo para el efecto el contenido de dicha norma legal, incurriendo también en pérdida de competencia prevista en el art. 208 del Procedimiento Civil y art. 122 de la Constitución Política del Estado, citando para el efecto nuevamente los arts. 253 num. 1) y 3) y 254 num. 1), 6) y 7) manifestando que resultaría procedente y viable en este caso el recurso de casación en la forma y en el fondo.

4.- En el Punto Cuarto manifiesta que el A quo hubiera rechazado in límine la excepción de obscuridad e imprecisión por ser de naturaleza previa, excediendo su poder e incurriendo en la nulidad prevista por los arts. 122 y 115 de la Constitución Política de Estado que garantiza el derecho al debido proceso, pues al no haber hecho uso de las excepciones previas tiene todo el derecho de oponer excepciones perentorias sin limitación alguna dentro de plazo de ley, acusando el incumplimiento del art. 3 num. 1) y 3) y  art. 90 del Cód. Pdto. Civ., lo que haría procedente el recurso de casación en el fondo y en la forma de conformidad con los arts. 253 num. 1) y 3)  y 254 num. 1), 6) y 7) del Cód.  Pdto Civ.

5.- En el Punto Quinto haciendo referencia a las siguientes literales manifiesta: en el Folio Real Nº 3011020023757 columna “B” se evidencia que de los 2.000 mts2., existen anotaciones preventivas por compra de Silverio Calancha Rojas de 500 ms.2 y Antonio Villarroel Flores de 450 ms.2 vendidos por Alejandrina Sandoval sin embargo élla las negó; de fs. 9 a 10 Sentencia presentada como prueba que le reconoce a la demandante el mejor derecho propietario sobre los 2.000 ms.2 transferidos por Benjamín Cadima y no así sobre el lote de terreno que le corresponde a su persona; la de fs. 28 y 273 Testimonio de Derechos Reales y Folio Real  30110020023757 de los 2.000 ms.2 de Alejandrina que determinan sus colindancias distintas a las suyas; indica también que la documentación de fs. 34 a 37 y la de fs. 42 establecen claramente las superficies y colindancias de las cuales no se percató el Juez; que el informe topográfico de fs. 299 en el punto 2 establece que el lote 36-B pertenece al plano aprobado por  Eliseo Vallejos según R.M. 1457 con una superficie de 821,70 ms.2 que negó la demandante en su declaración jurada; finaliza indicando que el A quo no realizó un análisis minucioso y una correcta revisión de la prueba literal citada en lo concerniente a superficies y límites y por lo mismo ha incurrido en error de hecho en concordancia con el art. 253 num. 3) del Procedimiento Civil.

6.- En el Punto Sexto, citando los arts. 24, 115, 117, 119, 120, 122, 178, 180-I, 180-II, 235-2, 410 de la Constitución Política del Estado; art. 17-III, 30 num. 14)  de la Ley de “Organización Judicial”; arts. 1-I, 2, 3-1, 3-3, 90 y 250 y siguientes del Cód. Pdto. Civ., indica que interpone recurso de casación en el fondo y en la forma, solicitando que se ANULE el Auto de Vista recurrido.

II.2.- Resolución del Tribunal de Garantías:

Del contenido del Auto Nº 94/2014, en lo esencial se resume lo siguiente:

El Tribunal de Garantías indica que el Tribunal de Casación habría establecido que los “motivos” 1º, 2º, 3º y 4º del recurso de casación, son improcedentes al no haberse cumplió con los requisitos formales del art. 258 del Cód. Pdto. Civ., tampoco fueron reclamados oportunamente ante las autoridades inferiores jerárquicas, sin que dicha improcedencia se refleje en la parte dispositiva del Auto Supremo Nº 467/2013 y sin exponer ningún fundamento de hecho ni de derecho, en forma incongruente de manera conjunta y con una sola conclusión, decide resolver en el fondo los cuatro motivos indicados y respecto al 5º motivo del recurso, concluir indicando que dicha reclamación carecía de mérito y por ello lo declaran “infundado”. 

Refiere también que no existe respuesta razonada y pertinente a los hechos cuestionados en el recurso de casación, donde el recurrente sí estableció con claridad y de manera entendible qué motivos fueron formulados como casación en el fondo y cuales en la forma, indicando que en este último (forma) se configuran en los motivos 1º, 2º, 3º, 4º, y el 5º motivo estaría  referido al recurso de casación en el fondo.

Indica que aparte de incurrir en incongruencia interna y al haber previamente determinado la improcedencia del recurso por incumplimiento de requisitos formales, se infringe la jurisprudencia constitucional vinculante establecida en la SCP 2210/2012 de 08 de noviembre; que existe falta total de fundamentación en hecho y de derecho debidamente razonada, pertinente y suficiente respecto al reclamo del recurrente en los motivos tercero y quinto del recurso de casación, constriñendo respecto a este último punto a resolver en el fondo y valorar los medios probatorios.

En base a esos fundamentos concede parcialmente la tutela respecto a la falta de atención y resolución fundamentada en hecho y derecho únicamente de los motivos 3º y 5º del recurso de casación, dejando sin efecto el Auto Supremo Nº 467/2013 y todo los actuados posteriores.      


CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Establecido los antecedentes descritos en los considerandos I y II y en cumplimiento al Auto Nº 94/2014 de 28 de marzo de 2014 del Tribunal de Garantías que en su 5º Considerando concluye extrañando la falta de atención y resolución fundamentada en hecho y derecho de los “motivos” 3º y 5º del recurso de casación; este Tribunal de Casación se limitará básicamente a resolver lo establecido y determinado por el Tribunal de Garantías, sin que ello implique desmerecer pronunciarse con respecto a los demás puntos del recurso de casación en los aspectos a correspondan. 

Como se tiene indicado, el recurrente realiza la exposición de sus argumentos como supuestos agravios en cinco numerales los cuales se encuentran extractados en calidad de resumen en el Considerando II.1 de la presente Resolución, concluyendo con la cita de los arts. 253 y 254 del Código de Procedimiento Civil manifestando que su recurso procede en la forma y en el fondo; sin embargo los argumentos contenidos en los Puntos 2º, 3º y 4º están referidos exclusivamente a cuestionar aspectos de procedimiento, correspondiendo los mismos ser considerados como recurso de casación en la forma únicamente y en ese sentido serán resueltos los mismos.  

En tanto que el Primer Punto del recurso simplemente contiene una mera relación de los antecedentes y pormenores de la tramitación del proceso sin absolutamente exponer ni mucho menos fundamentar ningún agravio, por lo que no puede considerarse este aspecto como exposición de agravios y por lo tanto no corresponde realizar ninguna consideración al respecto.

Retomando los aspectos de forma diremos que el Segundo Punto del recurso está referido a acusar la pérdida de competencia del Juez A quo en la emisión de la segunda Sentencia del 04 de febrero de 2013 (fs. 371 al 378) entendiendo que el plazo de los 40 días para la emisión de la misma empezaba a computarse desde el decreto de CÚMPLASE de fecha 14 de octubre de 2011 (fs. 323 vta.) y que el Juez de la causa habría procedido a anular un anterior decreto de Autos y emitir uno nuevo; al respecto corresponde indicar que si el recurrente consideraba que el A quo anuló incorrectamente el decreto de Autos de fecha 25 de enero de 2010 (fs. 251) o si la emisión de un nuevo como es el decreto del 27 de diciembre de 2012 (fs. 369) y que a consecuencia de ello se habría dictado la Sentencia fuera de plazo, debió haber reclamado en el momento oportuno, esto es a la emisión de cada una de las resoluciones que consideraba eran incorrectas, para que el Juez advertido del posible error, pueda enmendarlos o dejarlos sin efecto y en caso de negativa, interponer los recursos que se encuentran previstos en la Ley (art. 215, 225 CPC. y art. 24 Ley 1760), aspecto que no ocurrió en el caso presente, toda vez que el recurrente no hizo ningún reclamo oportuno, consintiendo y convalidando tácitamente cualquier defecto procesal, ni mucho menos reclamó en su recurso de apelación deducido contra la Sentencia de fecha 04 de febrero de 2013 (fs. 371 al 378); consiguientemente, el Ad quem no estaba obligado ni podía emitir ningún pronunciamiento sobre algo que no se reclamó en apelación, toda vez que la resolución de vista debe circunscribirse a lo establecido por el art. 236 del Cód. Pdto. Civ.

El Tercer Punto del recurso de casación está referido a denunciar el mero incumplimiento del art. 234 del Cod. Pdto. Civ. y pérdida de competencia del Tribunal Ad quem indicando que no se habría decretado oportunamente “autos” para resolución; sin embargo este aspecto tampoco fue reclamado oportunamente por el recurrente, pues si consideraba que el Ad quem no dio cabal cumplimiento a dicha norma legal, debió haber formulado su reclamo en ese momento y no esperar que se emita una resolución tardía para luego recién reclamar en casación; sin embargo de la revisión de los antecedentes del proceso se tiene que el  sorteo de la causa se realizó el 29 de abril conforme se evidencia a fs. 406 vta. y el Auto de Vista recurrido fue emitido el 28 de mayo de 2013, estando dicha resolución dentro del plazo legal que establece el art. 204.III del Cód. Pdto. Civ., y consiguientemente no se advierte ninguna pérdida de competencia del Ad quem. 

No obstante de ello, se debe indicar que el art. 234 del Adjetivo Civil no establece un plazo perentorio para la emisión del decreto de Autos como pretende entender el recurrente y el mero incumplimiento o demora en la emisión del mismo no se encuentra sancionada como causa de nulidad procesal, resultando el reclamo en este punto totalmente irrelevante e intrascendente que no incide en lo absoluto de manera negativa en las garantías esenciales de la defensa, ya que no denota que esa aparente irregularidad procesal le haya ocasionado perjuicio cierto e irreparable al recurrente que dé mérito a ser remediado a través de la acción de amparo; pretender anular el proceso por esos meros reclamos, implicaría actuar en contra de la previsión contenida en el  art. 251 del Cód. Pdto. Civ., arts. 16 y 17 de la Ley 025 del Órgano Judicial, y arts. 105, 106 y 107 de la Ley 439 del nuevo Código Procesal Civil, aspecto que no fue tomado en cuenta por el Tribunal de Garantías, accediendo a dar curso a las pretensiones insustanciales del accionante.

El Cuarto Punto está referido a reclamar del rechazo de las excepciones de obscuridad e imprecisión y respecto al cual el recurrente tampoco ha formulado ningún reclamo oportuno en los términos que se tiene indicado anteriormente, no obstante de haber sido legalmente notificado conforme se evidencia a fs. 45, consiguientemente este aspecto también se encuentra convalidado por las actuaciones posteriores del recurrente, precluyendo su derecho a reclamar en etapa casacional. 

Se debe tener presente que hoy en día rige un nuevo régimen de nulidades procesales incorporado por la Ley 025, misma que no busca la protección de las meras formas previstas en los códigos de procedimiento o adjetivos, sino el resguardo del debido proceso en cuanto al derecho a la defensa se refiere, dentro de ese contexto la nulidad por la sola infracción de una forma procedimental resulta insustancial; precisamente para evitar este tipo de nulidades que solían decretarse a menudo por los operadores de justicia, es que actualmente se tiene la previsión contenida en los arts. 16 y 17 de la Ley 025 del Órgano Judicial; al margen de ello, a tiempo de decidir sobre una nulidad procesal se debe tener presente una serie de principios como el de especificidad o legalidad, trascendencia, convalidación, finalidad del acto, entre otros, procurando siempre la conservación de los actos conforme lo estableció el Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP. 0876/2012, y consiguientemente dichos principios no solo deben ser observados en la justicia ordinaria sino también en la justicia constitucional al momento de decretar una nulidad.   

Por todas las consideraciones realizadas, el recurso de casación en la forma (Puntos 2º, 3º y 4º) deviene en infundado.

Con respecto al Quinto Punto del recurso de casación que merece una  particular consideración por la determinación asumida por el Tribunal de Garantías en el Auto Nº 94/2014 donde se estableció que este punto debería ser considerado como aspecto de fondo, obligando a resolver en ese sentido y valorar los medios probatorios; sin embargo se hace notar que el recurso de casación en el fondo se encuentra deficientemente planteado, donde el recurrente simplemente realiza una relación sucinta de algunas de las pruebas y no fundamenta en que consiste el error de hecho que acusa, tampoco indica que hechos en concreto se habrían demostrados con las pruebas que refiere y cual el error en que hubieran incurrido los jueces de instancia, ni mucho menos contiene el recurso de casación en el fondo una petición, simplemente se solicita que se ANULE el Auto de Vista, petición que responde únicamente al recurso de casación en la forma y no al fondo, razón por la cual anteriormente en el A.S. 467/2013 se había declarado infundado el recurso, aspecto que no fue comprendido por el Tribunal de Garantías.

No obstante la deficiencia indicada, este Tribunal de Casación por la determinación asumida del Tribunal de Garantías en el Auto Nº 94/2014, se encuentra constreñido a ingresar a considerar el fondo del asunto y valorar la prueba, labor que ordinariamente se encuentra reservada de manera privativa para los jueces de grado, siendo incensurable en casación, a menos que se demuestre el error manifiesto en la valoración de la prueba.

Realizadas las puntualizaciones que anteceden, debemos indicar que el recurrente en el Punto Quinto de su recurso realiza una simple relación descriptiva de las literales de fs. 1, 9-10, 28, 34-37, 42, 273 y 299  indicando que el A quo no habría realizado un análisis minucioso y una correcta revisión de las indicadas pruebas respecto a la superficie y límites del terreno incurriendo en error de hecho al tenor del art. 253 inc. 3) del Cód. Pdto. Civ.

Como se podrá advertir, el recurrente atribuye el error de hecho en la valoración de la prueba, al Juez de primera instancia y no al Ad quem que emitió el Auto de Vista recurrido, poniendo en relevancia el tema de la superficie y límites del inmueble objeto de litis; para ver este aspecto corresponde primeramente referirse a los documentos primigenios de propiedad de ambos litigantes; en ese entendido diremos que el recurrente hace referencia al testimonio de Derechos Reales que cursa a fs. 28 y vta. en original, mismo que tiene el valor probatorio que reconoce el art. 1289, 1296 y 1309 del Código Civil; de ello se evidencia que la demandante Segundina Sandoval de Rivera en diciembre de 1990 tenía registrado en Derechos Reales, 2.000 mts2. de terreno, el cual formaba parte del ex fundo “Taquiña” ubicado en el Cantón de Santa Ana de Cala Cala, Provincia Cercado del Departamento de Cochabamba, en el contenido de dicho documento se indica las siguientes colindancias: Al Norte con un camino vecinal; al Sud con el fundo de Fernando Fuentes; al Este con los terrenos de Paulina Vargas y Ángel Balderrama; al Oeste con otro camino vecinal; posteriormente sobre dicha extensión se le reconoció a la hoy demandante el mejor derecho propietario en otro proceso ordinario tramitado anteriormente conforme se evidencia por el Testimonio original de la Sentencia de fecha 03 de diciembre de 2002 que cursa de fs. 4 a 13 de obrados a la cual también hace referencia el recurrente; dicha sentencia se encuentra ejecutoriada según se advierte del mismo testimonio de referencia.

Por otra parte, por la documental de fs. 97-99 consistente en Testimonio original Nº 953/93 debidamente registrado en Derechos Reales en fecha 02 de diciembre de 1993 que merece el valor probatorio establecido por el art. 1289 del Sustantivo Civil, el recurrente Serafín Wilfredo Villegas Ayala a través de dicha prueba acredita que inicialmente fue propietario de una extensión de 5.311 mts2. de terreno marcada con la parcela Nº 36, el cual también fue parte del ex fundo Taquiña ubicado en la misma zona de Santa Ana de Cala Cala, documento en el cual se consignan las siguientes colindancias: Al Norte con un camino vecinal; al Sud con otro camino vecinal; al Este con otro camino vecinal y al Oeste con terreno de Julio Colque; derecho propietario que fue ratificado por su vendedor Eliseo Vallejos Fuentes mediante minuta del 11 de mayo de 1994 cuyo documento cursa en original a fs. 34 y vta. con reconocimiento de firmas y rúbricas, al cual hace referencia el recurrente.

La Resolución Municipal de fecha 22 de octubre de 1993 (Nº 1457/93) cuya copia original cursa a fs. 36, con el valor probatorio del art. 1296 del Código Civil, acredita que se procedió a aprobar a nombre del vendedor del recurrente, el Plano de Urbanización del terreno de 5.311,40 mts2. ubicado con acceso a una avenida, dos calles innominadas y un área verde dentro del Manzano Nº 30, Distrito 22 de la Zona de Condebamba de la ciudad de Cochabamba, conforme al siguiente detalle: Lote Nº 36-A de 2.312,68 mts2.; Lote Nº 36-B con una superficie de 821,54 mts2., y 2.177,18 se destinó para incorporar a vía pública; Resolución Municipal que tiene la fuerza probatoria impuesta por el art. 1296 del Código Civil.

Como se podrá advertir, en ninguno de los documentos de transferencia del recurrente y menos en la Resolución Municipal de 22 de octubre de 1993 (Nº 1457/93), se indica que la propiedad del recurrente o parte de la misma estuviera comprendido en el Manzano Nº 44 (hoy 389) lugar donde se encuentra ubicado la propiedad de la demandante Alejandrina Sandoval de Rivera; más por el contrario, es el propio vendedor del recurrente quien de manera reiterada indica que la venta del terreno de 5.311 mts2 se encuentra en el Manzano Nº 30 y no así en el Manzano Nº 44; responden a este tipo de afirmaciones los documentos de fs. 60-61, 66-68, 69-70, 125-126 que se encuentran todos con reconocimiento de firmas y rúbricas y por tanto con el valor legal que establece el art. 1297 del Código Civil.

De lo descrito se establece que las colindancias de los terrenos de ambos litigantes, desde el inicio de su adquisición se encontraban claramente definidas y con la urbanización de la zona, lo único que se hizo es convertir los caminos vecinales que colindaban dichos inmuebles, por vías públicas, quedando definida la ubicación de la propiedad de Serafín Wilfredo Villegas Ayala (recurrente) en el Manzano Nº 30 y de la demandante Segundina Sandoval de Rivera en el Manzano Nº 44, aunque posteriormente con la aprobación del Plano General de la ciudad de Cochabamba, los manzanos cambiaron de número asignándose al Manzano 30 el Nº 649 y al Manzano 44 el Nº 389, quedando ambas propiedades de los contendientes separadas por una vía pública denominada “Sumaj Llajta”, conforme se evidencia por la certificación de fs. 215 y las declaraciones testificales de fs. 198-203, quienes aclaran que la indicada calle anteriormente se denominaba German Busch, lo que quiere decir que esa vía pública ya existía desde mucho más antes.

Las pruebas a las cuales hace referencia el recurrente en el Quinto Punto de su recurso de casación, la mayor parte son ratificatorias del derecho propietario de la demandante, tal es el caso de fs. 1 y 273 consistentes en Folio Real Nº 3011020023757 donde la demandante tiene registrado a su nombre un saldo de 950 mts2., de los 2.000 mts2. que inicialmente adquirió conforme da cuenta la literal de fs. 28; la de fs. 34 es una minuta ratificatoria de venta que realiza el vendedor a favor del recurrente, la misma que no cuenta con registro en Derechos Reales, y en ninguna parte de su contenido indica que el terreno o parte del mismo se encuentre en el Manzano 44.

Se aclara que los informes periciales que fueron propuestos por ambas partes litigantes, no fueron aceptados como prueba por haber sido presentados de manera extemporánea conforme da cuenta los decretos de fs. 144 vta. y 167 vta.; de la misma forma, el informe topográfico de fs. 299 presentando en segunda instancia al cual hace referencia el recurrente, tampoco fue admitido como prueba por el Ad quem conforme se evidencia a fs. 305, consiguientemente esas documentales no corresponden ser valorados por este Tribunal de Casación.

La de fs. 35 se trata de un Plano de Urbanización aparentemente con sello de aprobación mediante Resolución Municipal de 22 octubre de 1993 (Nº 1457/93), sin embargo en el sello de legalización se indica como fecha de aprobación de ese mismo documento (Plano), el 12 de enero del 94, es decir dos meses y 21 días después de la emisión de la indicada Resolución Municipal, aspecto que denota la existencia de una evidente contradicción; pues si la Resolución Municipal fue emitida en octubre de 1993 disponiendo de manera expresa en su parte dispositiva la aprobación del Plano de Urbanización, éste documento ha quedado aprobado en ese mismo instante y no es posible que se indique en la legalización que dicho plano fue aprobado recién en enero de 1994, citando para el efecto la Resolución de octubre de 1993, aspecto que no tiene una explicación lógica y razonable, por lo que ese instrumento no puede formar convicción ni puede anteponerse en su valor probatorio a la Resolución Municipal (Nº 1457/93) de 22 de octubre de 1993, documento éste por el que se aprobó la Urbanización del ahora recurrente, precisando que el inmueble de su propiedad corresponde al Manzano No. 30.   

Por las consideraciones anteriormente realizadas, no corresponde dar mérito a los reclamos del recurrente respecto al recurso de casación en el fondo, toda vez que el mismo, al margen de no contener la fundamentación necesaria, no contiene una petición en sentido de que se case el Auto de Vista recurrido, por el contrario simplemente pide que se anule dicha resolución, petición que responde únicamente al recurso de casación en la forma y no al fondo; pues en caso de acceder a dar curso a los argumentos de fondo, se estaría incurriendo en incongruencia externa y emitiendo fallo ultrapetita, es decir concediendo sobre algo que no fue solicitado ni pedido, conforme lo estableció la Jurisprudencia Constitucional en las S.C. Nº 0486/2010-R; 1289/2010-R.

En términos procesales, toda impugnación o recurso judicial se encuentra  estructurado de dos componentes esenciales que son la causa petendi y el petitium y para que pueda ser atendido en su verdadera dimensión, debe existir la suficiente coherencia en todo su contenido; la causa petendi es el motivo por el cual se recurre y está integrado por el elemento fáctico y normativo, los cuales deben ser precisados y fundamentados adecuadamente por el recurrente; mientras que el petitium es la solicitud expresa, clara y concreta que se realiza en el recurso; ambos componentes (causa petendi y petitium) están directamente vinculados con la finalidad del recurso lo que en doctrina se conoce como el “nexo o relación de causalidad”; esto muestra la enorme importancia que tiene el petitium, mismo que no sólo debe ser claro, sino sobre todo coherente con el fundamento que sustenta la pretensión; en ese sentido se tiene establecido por el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de sus reiterados fallos plasmados en sentencias y autos constitucionales, entre estos en la SCP 1456/2013 y AC 0099/2012-RCA, las cuales también son aplicable al caso de autos por disposición expresa del art. 15 del Código Procesal Constitucional; en el caso de autos, el recurso de casación en el fondo traído a colación, al margen de no contar con la fundamentación necesaria, no tiene la petición que es un elemento esencial en todo recurso, consiguientemente no se sabe que es lo que pretende el recurrente con este tipo de recurso, existiendo únicamente petición por que se anule el Auto de Vista recurrido, el cual solo responde al recurso de casación en la forma como se tiene indicado anteriormente.                  

De lo manifestado, se concluye que no se advierte que el Juez de la causa y el Ad quem hubieran incurrido en error de hecho en la valoración de la prueba (quinto punto del recurso) y consiguientemente, el recurso de casación en el fondo deviene en infundado.       

Por todas las consideraciones realizadas, corresponde resolver en la forma prevista por el art. 271 núm. 2) del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el Art. 42 parágrafo I num. 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en el Art. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil declara: INFUNDADO los recursos de casación en la forma y en el fondo interpuestos por Serafín Wilfredo Villegas Ayala representado por Felipa Ayala Choque, contra el Auto de Vista Nº 74/2013 de 28 de mayo de 2013 de fs. 410 a 412 y vta., pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba. Con costas.

Se regula honorarios profesionales en la suma de Bs. 1.000 (Un Mil 00/100 Bolivianos).

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Duran

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Dra. Patricia Ríos Tito

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: Quinto