TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA                           S A L A  C I V I L

Auto Supremo: 419/2014                                                                 Sucre: 04 de agosto 2014                                                        

Expediente: PT- 20 14 S                                                      

Partes: Godofredo Saavedra Ruíz. c/ Florentino Morales Cahuana y Pedro  

             Morales Quispe          

Proceso: Reconocimiento de mejor derecho propietario, nulidad de anticipo de

               legítima y cancelación de folio real, retiro de construcción, pago de   

               frutos, daños y perjuicios.                

Distrito: Potosí.

VISTOS: El recurso de casación en la forma de fs. 939 a 948 interpuesto por Godofredo Saavedra Ruíz, contra el Auto de Vista Nº 53/2014 de 25 de marzo de 2014 de fs. 934 a 936 pronunciado por la Sala Civil y Comercial del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, en el proceso ordinario de reconocimiento de mejor derecho propietario, nulidad de anticipo de legítima y cancelación de folio real, retiro de construcción de dos plantas, pago de frutos, daños y perjuicios, seguido por el recurrente contra Florentino Morales Cahuana y Pedro Morales Quispe; las respuesta al recurso de fs. 965 a 968; el Auto de concesión de fs. 969 vlta.; los antecedentes del  proceso, y:

CONSIDERANDO I:                                                          ANTECEDENTES DEL PROCESO: 

Sustanciado el proceso en primera instancia, el Juez 2º de Partido en Materia Civil y Comercial de la ciudad de Potosí, mediante Sentencia Nº 049/2013 de 23 de diciembre de 2013 cursante de fs. 876 a 882 y vta., declaró probada en todas sus partes la demanda de fs. 36-38 ampliada a fs. 41 e improbada la acción reconvencional de fs. 86 a 90, aclarada de fs. 232 a 233 (de prelación de derecho propietario, nulidad y cancelación de folios reales), reconociendo el mejor derecho propietario a favor del demandante respecto al inmueble de 102,99 m2 de calle 12 de Octubre entre Boquerón y Hnos. Ortega, registrado en DD.RR. en la Partida 831, folio 399, Libro 1 de Propiedades Ciudad y Frías el 27 de julio de 1979 con  matrícula actualizada 5011010014550, disponiendo que el Registrador de Derechos Reales proceda a cancelar la Matrícula y Folio Real 5011010000311 de 26 de agosto de 2003 respecto al contrato derivado de anticipo de legítima, declarando nulo sin valor legal el contrato suscrito el 18 de agosto de 2003 protocolizado por Testimonio Nº 273/2003 de 21 de agosto de 2003, salvando para en ejecución de sentencia la calificación de daños y perjuicios, disponiendo también que el demandando en el plazo de 30 días de ejecutoriada la sentencia, proceda al retiro de la construcción sobre el bien inmueble objeto de litis.       

En apelación la referida Sentencia, interpuesto por los demandados; la Sala Civil y Comercial del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, por Auto de Vista Nº 53/2014 de 25 de marzo de 2014 de fs. 934 a 936, anuló obrados hasta fs. 230, hasta el momento en que el Juez luego de haberse prestado el juramento de ley de los demandados respecto a la obtención de la prueba literal de fs. 197 a  220, las corra en traslado y posterior a ello, admita la misma en su momento o en sentencia; en contra de esta última Resolución de segunda instancia, el demandante Godofredo Saavedra Ruíz, recurre en casación en la forma.

CONSIDERANDO II:                                                                         HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Del contenido del recurso, en lo esencial se resume lo siguiente:

El recurrente indica que existe incongruencia entre el recurso de apelación y el Auto de Vista, calificándolo al mismo de ultra-petita.

1).- En el primer punto realiza consideraciones de manera general respecto al debido proceso y congruencia que debe existir en las resoluciones judiciales.  

2).- Indica que los demandados en su recurso de apelación en ninguna parte acusaron la existencia de vicio procesal, ni solicitaron la anulación de proceso; simplemente hicieron referencia a una excepción de cosa juzgada y mala valoración de la prueba solicitando que se revoque la sentencia y se declare probada su excepción; sin embargo el Ad quem de oficio procedió a declarar la nulidad de obrados hasta fs. 230 ordenando al Juez de la causa admita prueba que había sido propuesta y la valore en sentencia.

3).- Afirma que se vulneró el debido proceso en cuanto al derecho a la defensa, ya que los apelantes al no haber reclamado de ninguna nulidad en su recurso, su persona no tuvo la posibilidad de pronunciarse respecto a esa posible nulidad; que se vulneró el principio de congruencia previsto en el art. 236 del Cód. Pdto. Civ., apartándose el Auto de Vista diametralmente de lo solicitado en el recurso, subsumiendo la resolución en la disposición del art. 254 num. 4) del mismo cuerpo normativo, citando para el efecto los A.S. 396/2013 y 443/2013.

4).- Por otra parte acusa de indebida aplicación de los arts. 16 y 17 de la Ley 025 indicando que el Tribunal de apelación no podía haber establecido la nulidad si ésta no fue reclamada oportunamente; que la supuesta vulneración en que hubiera incurrido el Juez A quo al no haberse pronunciado sobre la prueba de reciente obtención de fs. 197 a 220, no fue objeto de reclamo y/o impugnación en ninguna parte del proceso.

5).- Hace referencia al art. 105 y 109 de la Ley Nº 439 (Nuevo Código Procesal Civil) indicando que las mismas se encuentran en total concordancia con los arts. 16 y 17 de la Ley 025 y que el requisito para que el Juez o Tribunal de segunda instancia pueda disponer una nulidad, requiere no solo que se haya expresado el reclamo en la apelación, sino también que dicho reclamo se haya solicitado en el momento oportuno para su corrección.

6.- Seguidamente hace referencia a los principios que rigen las nulidades procesales citando para el efecto la SC 1568/2010-R; en cuanto al principio de especificidad indica que la normativa legal en vigencia no establece en forma específica y precisa que la falta de pronunciamiento sobre una prueba de reciente obtención, sea causal de nulidad de obrados; en cuanto al principio de finalidad del acto y de trascendencia refiere, que la prueba de reciente obtención extrañada por el Ad quem, existe de fs. 75 a 85 como también se encuentra en diferentes partes del proceso y fue valorada en sentencia, cumpliendo su finalidad de hacer conocer al Juez un hecho y por tanto fue tomada en cuenta dicha prueba, resultando intrascendente la nulidad dispuesta por el Ad quem. 

7).- Finalmente, acusa al Auto de Vista recurrido de ser carente de motivación y fundamentación que se limita simplemente a realizar una relación de los hechos impugnados, no fundamenta en derecho los motivos por los cuales se determinó la nulidad, ni los derechos que hubieren sido vulnerados, las normas mal aplicadas o cual el perjuicio causado, vulnerando el principio del Juez Natural en su vertiente fundamentación, proponiendo seguidamente la aplicación del art. 271 num. 3) del Código de Procedimiento Civil anulando obrados hasta fs. 934.     

En base a esos antecedentes solicita en su petitorio que se ANULE el Auto de Vista recurrido y se disponga se dicte nueva resolución sin espera de turno y previo sorteo.

CONSIDERANDO III:                                                                 FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Al haberse emitido una resolución anulatoria de obrados por parte del Ad quem y contra la cual el recurrente interpuso únicamente recurso de casación en la forma; previo a ingresar al tratamiento del caso en cuestión, corresponde realizar algunas consideraciones respecto a las nulidades procesales.

Se debe tener presente que hoy en día rige un nuevo régimen de nulidades procesales con criterio más restringido, incorporado por las Leyes Nº 025 del Órgano Judicial y 439 del nuevo Código Procesal Civil, mismas que no conciben al proceso como un fin en sí mismo o la protección de las meras formas previstas en la ley procesal, sino el resguardo del debido proceso en cuanto al derecho a la defensa se refiere, donde se otorgue la efectividad de los derechos reconocidos en la ley sustantiva, no siendo suficiente que se produzca un mero acaecimiento de un vicio procesal para declarar la nulidad; la nulidad por la sola infracción de una forma procedimental resulta insustancial; hoy en día lo que interesa en definitiva es analizar si se han transgredido efectivamente las garantías del debido proceso con incidencia en la igualdad y el derecho a la defensa de las partes; solo en caso de ocurrir esta situación se halla justificado decretar la nulidad procesal a fin de que las partes en el marco del debido proceso hagan valer sus derechos dentro de un plano de igualdad de condiciones para defender sus pretensiones, siendo ese el espíritu del art. 16 y 17 de la Ley Nº 025 y arts. 105 al 109 del nuevo Código Procesal Civil; estos últimos vigentes por mandato expreso de su mismo texto, Disposición Transitoria Segunda numeral 4).

Ambos cuerpos normativos buscan la materialización de los principios que hoy rigen la administración de justicia previstos en la Constitución Política del Estado y que se encuentran replicados en las dos leyes de referencia, con ello se pretende revertir el antiguo sistema formalista, dejando a un lado las viejas prácticas con la que se han venido tramitando los procesos judiciales por más de tres décadas con predominio de nulidades y en el mayor de los casos innecesarias que solo ocasionó retardación de justicia a lo largo del tiempo en desmedro del mundo litigante y de la propia administración de Justicia, lo cual se pretende revertir definitivamente.

Al margen de lo señalado, a tiempo de decidir sobre una nulidad procesal se debe tener presente una serie de principios procesales como el de especificidad o legalidad, trascendencia, convalidación, finalidad del acto, preclusión, etc., procurando siempre la conservación de los actos conforme lo estableció el Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP. 0876/2012. Las citadas disposiciones legales y los principios señalados marcan el límite de los jueces y magistrados en cuanto a las nulidades a ser decretadas estableciendo como regla general la continuidad de la tramitación del proceso hasta su total conclusión como lo manda el art. 16 de la ley 025, siendo la nulidad una excepción de última ratio, aspectos que deberán ser tomados en cuenta en lo posterior por los operadores de justicia a la hora de decretar una nulidad.

Establecido lo anterior y en consideración de los agravios expuestos por el recurrente, mismos que se encuentran extractados en calidad de resumen en el Considerando  II de la presente Resolución, incumbe a este Tribunal determinar si la nulidad dispuesta por el Ad quem se encuentra enmarcada a lo establecido por nuestro ordenamiento legal vigente y los principios que rigen las nulidades procesales señalados anteriormente. 

En el caso presente, el Ad quem en la mayor parte del Auto de Vista recurrido realiza una transcripción de los argumentos del recurrente sin emitir al respecto un criterio propio y utiliza como único argumento para declarar la nulidad de obrados, el  hecho de que el Juez de la causa no se habría pronunciado en su momento ni en sentencia con respecto a la presentación de prueba de reciente conocimiento (fs. 197 a 220 referida a una querella criminal rechazada y otros documentos), no obstante que los demandados cumplieron con el juramento respectivo; en base a ese argumento toma la decisión de anular obrados hasta fs. 230 para que simplemente el Juez de la causa corra en traslado con dicha prueba y posterior a ello admita la misma.

Si bien el A quo no se pronunció de manera expresa respecto a la admisión al momento de la presentación de la indicada prueba de reciente obtención; sin embargo al ser la misma ratificada por los demandados en el otrosí de su memorial de fs. 232-233 y vta., (Subsanación de demanda reconvencional), dichas pruebas quedaron admitidas por decreto de 03 de junio de 2013 (fs. 234) y puestas en conocimiento del demandante sin que éste haya emitido ningún pronunciamiento al respecto al momento de contestar la reconvencional; como también, los demandados por memorial de fs. 276 a 277 posterior al Auto de relación procesal y dentro de los 05 días que establece el art. 379 del Adjetivo de la materia, nuevamente se ratificaron en toda la prueba presentada anteriormente describiéndola a detalle, mereciendo el decreto de 14 de agosto de 2013 que indica no ser necesaria su ratificación, ello en razón de haber sido ya admitida y legalmente incorporada al proceso.

Al margen de lo indicado, las pruebas de fs. 197 a 220 que se dice ser de “reciente obtención” y que están referidas a una querella penal y su rechazo, testimonio de Derechos Reales de inscripción de declaratoria de reconocimiento de derechos, antecedentes y resoluciones judiciales de un proceso sumario de reivindicación, gran parte de dichas pruebas ya fueron presentadas por los demandados al momento de contestar la demanda principal, como también la mayor parte de las mismas fueron tomadas en cuenta al momento de dictar resolución conforme se evidencia del repetido Considerando II de la Sentencia (fs. 877 a 879 y vta.), excepto la querella penal rechazada; consiguientemente lo extrañado por el Ad quem, respecto a la falta de admisión de dicha prueba no tiene razón de ser, más aún si se considera que no existe de parte de los demandados ningún reclamo en el curso del proceso de esa supuesta falta de admisión, ni acusaron en su apelación vicio procesal alguno y menos solicitaron la anulación del proceso, quienes por el contrario reclaman de mala valoración de la prueba por parte del A quo, conforme lo manifiesta el recurrente en su recurso de casación, frente a esa situación no existe motivo alguno para que se anulen obrados, correspondía en todo caso al Ad quem proceder a revisar si la valoración de la prueba efectuada por el Juez de la causa fue correcta o no.

El recurrente acusa de indebida aplicación de los arts. 16 y 17 de la Ley 025 y de no haberse observado los principios que rigen las nulidades procesales, haciendo referencia al mismo tiempo a los arts. 105 y 109 de la Ley Nº 439 del Nuevo Código Procesal Civil; si bien el Ad quem para tratar de fundamentar su resolución, cita los arts. 16 y 17 de la Ley 025, sin embargo no toma en cuenta que la finalidad de dichas normas legales, es la continuidad del proceso hasta su total conclusión, siendo ese el mandato que impone a los administradores de justicia la primera norma legal de referencia, estableciendo límites y restricciones a las nulidades procesales.

El art. 17 parágrafos I y III de la misma Ley de referencia, si bien permite decretar la nulidad de oficio en el primer caso y a solicitud de parte en el segundo, disposiciones legales que tienen concordancia con los arts. 105 y 106 de la Ley Nº 439 del Código Procesal Civil, pero esa facultad no es para que se opere de manera discrecional, sino que la misma se encuentra restringida o condicionada a la observancia de determinados presupuestos legales, en el primer caso especialmente cuando existiere defensión y en el segundo cuando existiere reclamo previo y oportuno de la parte afectada durante la tramitación del proceso, reclamo que debe ser realizado en el momento preciso y no en cualquier tiempo; al margen de ello, en ambos casos, el error o infracción cometida debe estar expresamente sancionado por la ley como causa de nulidad; esto implica que debe observarse el principio de especificidad o legalidad que se encuentra implícitamente previsto en el art. 251 parágrafo I del Código de Procedimiento Civil y 105 y 106 de la Ley Nº 439; en el caso presente ninguno de esos presupuestos legales concurren para que haga viable la nulidad, toda vez que el hecho extrañado no se encuentra previsto por la ley como causa de nulidad, ni fue reclamado en ningún momento por los demandados, incumpliendo el Ad quem lo dispuesto por el art. 108 de la última Ley de referencia que establece el deber que tiene el Tribunal de segunda instancia de realizar una verificación previa si el apelante planteó alguna forma de nulidad insubsanable de la sentencia o nulidad expresa de actos procesales de primera instancia. 

Al margen de lo señalado y como muestra de que las nulidades procesales se encuentran restringidas, el nuevo Código Procesal Civil en su art. 109 establece el ámbito de extensión de la nulidad, lo que implica que la nulidad hoy en día no necesariamente debe afectar a todo el proceso o parte del mismo, sino únicamente determinados actos procesales, razón por la cual la norma legal obliga a los administradores de justicia a tiempo de decidir sobre una nulidad, el de especificar sobre qué actos en concreto recae la misma y si ésta a de afectar o no los actos anteriores y posteriores del proceso, aspecto que tampoco fue tomado en cuenta por el Ad quem.      

Finalmente, corresponde referirse a la cita que realiza el Ad quem del A.S. Nº 307/2013, mismo que utiliza como parte de su fundamento para anular obrados; sin embargo no toma en cuenta que en esa resolución se dejó establecido que el Juez o Tribunal que conoce de una apelación debe en lo posible dar una solución sobre el fondo del litigio, ya sea revocando o modificando la resolución impugnada y no necesariamente anularla; el término “revocar” significa modificar o cambiar una resolución por otra y no anularla como aparentemente entiende el Ad quem; de tal modo que la cita que realiza del indicado Auto Supremo, resulta contraria a la decisión que asume el Ad quem de anular el proceso.

Por todas las consideraciones realizadas, se concluye que el Ad quem al disponer la nulidad del proceso, ha actuado al margen de lo permitido por la Ley, ni observó los principios de especificidad y transcendencia que rigen las nulidades procesales, sustrayéndose de su obligación de resolver el recurso de apelación, y frente a esa situación, este Tribunal de Casación se encuentra legalmente imposibilitado de poder resolver el fondo del asunto, no quedando otra alternativa que anular la resolución impugnada conforme previene el art. 271 num. 3) del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el artículo 42 numeral 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial de 24 de junio 2010 y en aplicación a lo previsto por los artículos 271 núm. 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil: ANULA el Auto de Vista Nº 53/2014 de 25 de marzo de 2014 de fs. 934 a 936 y dispone que el Tribunal Ad quem sin espera de turno y previo sorteo y en atención a recurso de apelación, pronuncie nueva resolución debidamente fundamentada y motivada y congruente, resolviendo el fondo del asunto con arreglo a lo previsto por el art. 236 del Código de Procedimiento Civil; nulidad que comprende hasta fs. 933 vta. (Sorteo de la causa).

No siendo excusable el error, se impone multa de un día de haber a los Vocales suscriptores del Auto de Vista recurrido a ser descontado de sus haberes por la Dirección Administrativa y Financiera del Órgano Judicial.

En cumplimiento a lo previsto en el art. 17 parágrafo IV de la Ley Nº 025, hágase conocer la presente resolución al Consejo de la Magistratura para los fines consiguientes.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Dra. Rita Susana Nava Durán.

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Dra. Patricia Ríos Tito

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: Quinto.