TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CIVIL


Auto Supremo: 401/2014                                                        

Sucre: 25 de julio 2014                                                

Expediente: LP-53-14-S                                                        

Partes: Empresa Unipersonal “Constructora América” representada  por Orlando

Elmer Saucedo Montoya. c/ Banco Internacional de Desarrollo S.A.

            “BIDESA” en liquidación, representado por José Meruvia Villarroel

Interventor Liquidador.                                        

Proceso: Devolución de depósito a plazo fijo, pago de interés y pago de daños y

perjuicios.        

Distrito: La Paz.


VISTOS:El recurso de casación de fs. 1375 a 1378, interpuesto por Carlos Hugo Pinilla Orihuela por la Empresa “Constructora América” de propiedad del Arq. Orlando Elmer Saucedo Montoya, contra el Auto de Vista Nº 392/2013 de fecha 18 de noviembre de 2013, cursante de fs. 1369a 1372, pronunciado por la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso ordinario de Devolución de depósito a plazo fijo, pago de interés y pago de daños y perjuicios, seguido por la parte recurrente contra el Banco Internacional de Desarrollo S.A. “BIDESA” en liquidación, representado por José Meruvia Villarroel Interventor Liquidador; la concesión de fs. 1391; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:                                                        ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Tramitado el Proceso, el Juez Décimo Segundo de Partido en lo Civil y Comercial de la Ciudad de La Paz, emitió la Sentencia Nº 440/10 de 28 de mayo de 2010, cursante de fs. 1067 a 1070 y vta.y el Auto Complementario de fecha 02 de agosto de 2010, cursante a fs. 1087, por el quese declara probada la demanda de fs. 154 a 164 vta., disponiendo que en el término de tercer día, el Banco Internacional de Desarrollo S.A. “BIDESA” en liquidación, devuelva a la Empresa “Constructora América”, el depósito a plazo fijo Nº 4897 por el monto de $us. 1.000.000.- (Un millón de Dólares Americanos 00/100), que fue emitido en fecha 25 de junio de 1997, más los intereses devengados, así como el resarcimiento de daños y perjuicios, cuyo monto será determinado en ejecución de sentencia. En lo que respecta a la demanda reconvencional, como a las excepciones planteadas por el Banco Internacional de Desarrollo S.A. “BIDESA” en liquidación de fs. 454 a 459, declaró improbadas las mismas. Sin costas por ser juicio doble.

Contra la referida Sentencia y Auto complementario, José Meruvia Villarroel en representación del Banco Internacional de Desarrollo S.A. “BIDESA” en Liquidación, interpuso recurso de apelación cursante de fs. 1090 a 1109 y vta.

En merito a esos antecedentes, la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitió Auto de Vista Nº 392/2013 de 18 de noviembre de 2013, cursante de fs. 1369 a 1372, por el que anula obrados hasta fs. 1066 vta. inclusive.

Resolución que dio lugar al recurso de casación en la forma interpuesto por Carlos Hugo Pinilla Orihuela por la Empresa “Constructora América”, el mismo que se pasa a considerar y resolver.

CONSIDERANDO II:                                                                HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

1.- Denuncia que el Auto de Vista es nulo por violación  del art. 251 parágrafo I del Código de Procedimiento Civil, por cuanto se anuló la sentencia sin especificar la causa expresa de nulidad, misma que debe estar expresamente determinada por la Ley, denuncia también, que no existe infracción alguna que interese al orden público para declarar la nulidad de oficio, tal como exige el art. 252 del Código de Procedimiento Civil.

2.- Acusa que el Auto de Vista resulta ser arbitrario, toda vez que en forma contraria a la sentencia de primera instancia, no explica ni precisa sobre cual punto de la sentencia falta motivación y fundamentación, pues la sentencia en los considerandos 4to, 5to, 6to, 7mo, 8vo y 9no, no contiene los argumentos y razonamientos de su decisión, por lo que no existe vicio alguno de nulidad.

3.- Manifiesta que el Tribunal de Alzada elude entrar al fondo de la cuestión, con afirmaciones vagas e imprecisas, razón por la cual acusa que el Tribunal de Alzada para invalidar la sentencia debió hacer mención expresa y detallada de todas y cada una de las pruebas que no habrían sido valoradas por el A quo, las que por su importancia cambian o pueden cambiar totalmente el resultado del proceso.

4.- Denuncia que el Auto de Vista, señaló que no se efectuó la valoración de los elementos que demuestren o no la realización de las operaciones que hubieran dado lugar al pago o no del DPF 4897, empero esta resolución no especificó, ni precisó, cuales fuesen los elementos que no fueron valorados en la sentencia, por lo que no correspondía anular la resolución de primera instancia sin precisar esos elementos.

5.- Arguye que la resolución de Alzada no precisó ni explicó cuáles serían las disposiciones de la Ley de Bancos y Entidades Financieras y del Estatuto Orgánico de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras que no fueron tomadas en cuenta en la sentencia y cual su incidencia en el proceso, toda vez que los puntos relativos a excepciones previas opuestas por BIDESA fueron resueltas por el Juez de primera instancia y que fueron apeladas en el efecto diferido debieron ser considerada por el Tribunal de Alzada, y como dicho tribunal no se pronunció sobre esos agravios correspondería la nulidad del Auto de Vista, conforme el art. 254 núm. 4) del Código de Procedimiento Civil por violación de los art. 227 y 236 de la citada norma.

En este mismo punto, el recurrente denuncia que. respecto a la existencia de un proceso de liquidación a cargo de una autoridad jurisdiccional, el Tribunal de Alzada no precisó cuál sería la incidencia del mismo en el presente proceso por lo que la resolución anulatoria sería ilegal e impertinente.

6.- Concluye mencionando que en la sentencia emitida por el A quo, no existe vicio alguno de nulidad, menos vicios que impliquen graves lesiones a disposiciones de orden público, seguidamente manifiesta que la parte apelante no pidió la nulidad de la sentencia sino la revocatoria, existiendo de esta manera consentimiento tácito de las partes sobre cualquier vicio de la sentencia.

Por lo expuesto, la parte actora en sujeción a lo establecido en los arts. 271 núm. 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil,  solicita seanule el Auto de Vista Nº 392/2013 emitido por la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, y consecuentemente se disponga se dicte nuevo Auto de Vista, que resuelva los supuestos agravios denunciados en el recurso de apelación y se  imponga multa al Tribunal infractor.

CONSIDERANDO III:                                                                FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Al haber sido interpuesto recurso de casación en la forma, denominado también recurso de nulidad, debemos señalar que este tiene como finalidad subsanar los defectos formales o procesales en que se hubieran incidido durante la tramitación del proceso, infracciones que se sancionan con la nulidad de obrados, por lo que el recurso de casación debe estar adecuado a las causales establecidas en el art. 254 del Código de Procedimiento Civil ya los principios que rigen las nulidades.

De esta manera y en razón a la disposición del Tribunal de Alzada de anular obrados hasta la sentencia, la parte actora plantea el presente recurso, manifestando que la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz omitió pronunciarse sobre la expresión de agravios de la apelación que fue planteada por la parte demandada, apartándose de esta manera de los puntos resueltos por el A quo, vulnerando los arts. 227 y 236 del Código de Procedimiento Civil, así como también omitió la valoración de la prueba producida en el proceso, incurriendo de esta manera en las causales establecidas en el art. 254 núm. 4) y 7) del Código de Procedimiento Civil, denunciando los siguientes agravios que se deducen a continuación: falta de especificación respecto de la causal de nulidad; imprecisión sobre los puntos de la sentencia en los cuales falta motivación y fundamentación; falta depuntualización de las pruebas que no habrían sido valoradas por el A quo; falta de individualización y precisión de los elementos que no habrían sido valorados respecto a las operaciones que hubieran dado lugar o no al pago del DPF 4897; ausencia de precisión respecto a las disposiciones de Ley de Bancos y Entidades Financieras y del Estatuto Orgánico de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras que no fueron tomadas en cuenta en la sentencia y la incidencia de estas en el proceso, así como también, la incidencia que ocasionaría la existencia de un proceso de liquidación a cargo de una autoridad jurisdiccional; concluye manifestando que, al no existir vicio alguno de nulidad en la resolución de primera instancia, no correspondería la nulidad de la misma, más aun cuando la parte apelante solicitó se revoque la sentencia mas no que se anule.

En base a lo manifestado, previamente corresponde señalar que el art. 190 del Código de Procedimiento Civil establece que: “La Sentencia pondrá fin al litigio en primera instancia; contendrá decisiones expresas, positivas y precisas; recaerá sobre las cosas litigadas, en la manera en que hubieren sido demandadas sabida que fuere la verdad por las pruebas del proceso; en ella se absolverá o condenará al demandado.”. De igual forma respecto a la forma de la sentencia, el art. 192 núm. 2) y 3) de la citada norma, dispone que: “La sentencia se dará por fallo y contendrá: 2) La parte considerativa con exposición sumaria del hecho o del derecho que se litiga, análisis y evaluación fundamentada de la prueba, y cita de las leyes en que se funda.3) La parte resolutiva, con decisiones claras, positivas y precisas sobre la demanda o la reconvención en su caso, y sobre las excepciones opuestas, declarando el derecho de los litigantes y condenando o absolviendo total o parcialmente”.

De lo señalado se tiene que la sentencia al igual que toda resolución judicial, como es el Auto de Vista, debe cumplir con dos requisitos indispensables e inexcusables que son: la fundamentación y motivación, debiendo ajustarse las mismas a las pretensiones deducidas por las partesdurante la tramitación del proceso o al recurso planteado, de esta manera, se entiende a la fundamentacióncomo la obligación que tiene el Juez para citar  las razones de hecho y de derechoque se aplican al caso y en las cuales apoyó su determinación; y por motivación el deber de señalar cuales fueron las circunstancias y/o razonamientos lógico-jurídicos que se tomaron en cuenta para la emisión de la resolución. Por tanto, las resoluciones judiciales, debenadecuarse a los arts. 190 y 192 del Código de Procedimiento Civil, debiendo contener, el hecho o hechos en los cuales basa su determinación, los elementos de prueba que fueron aportados por las partes y que son objeto de la litis, las que deberán ser individualizadas, analizadas y valoradas, también debe contener la citación de manera expresa de las normas en las que sustenta su decisión. Asimismo, sobre el particular, el Tribunal de Apelación, a tiempo de emitir resolución, debe,además de lo citado supra,adecuarse a lo dispuesto en el art. 236 del Procedimiento Civil.

En el caso concreto, el Auto de Vista Nº 392/2013 de 18 de noviembre de 2013, procedió con la anulación de la sentencia Nº 440/10 de 28 de mayo de 2010, en base al fundamento de que dicho fallo fue dictado con falta de motivación y fundamentación necesaria, que no se valoró toda la prueba presentada, que el Banco Internacional de Desarrollo S.A. se encuentra tramitando el proceso de liquidación por lo que era necesario tener en cuenta la Ley de Bancos y Entidades Financieras, así como el respectivo Estatuto Orgánico de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras y así determinar lo que en derecho corresponde. De esta manera se tiene que, si el Tribunal de Alzada consideró que el A quo, no falló conforme a los puntos que observó en su resolución, éste debió señalar y precisar en principio, en que puntos de la sentencia faltó motivación y fundamentación; asimismo, debió precisar y fundamentar las pruebas que no fueron valoradas, así como los elementos que demuestren o no el pago del DPF 4897; de igual forma, debió señalar cual la incidencia de que el BIDESA se encuentre en proceso de liquidación y el porqué de la necesidad de aplicar la Ley de Bancos y Entidades Financieras, así como el respectivo Estatuto Orgánico de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras; aspectos todos, que a diferencia de la primera observación realizada, hacen al fondo de la litis, mas no a la forma; por lo tanto si el Ad quem, ingresó a considerar aspectos de fondo, éste debió exponer y fundamentar los mismos y conforme a ellos emitir el criterio que consideró correcto, pues de la revisión de la resolución de Alzada, se evidencia que a excepción de una, las observaciones al ser de fondo, no tiene relación con la resolución que anula obrados hasta fs. 1066 vta. inclusive, es decir hasta la sentencia, pues el Ad quem, no tomó en cuenta que cuando se emite una resolución observando aspectos de fondo, no corresponde la emisión de una resolución anulatoria, de igual forma éste debió observar que para la emisión de una resolución judicial, no basta con la simple enunciación de las observaciones, pues estas deben estar fundamentadas y motivadas, además de tener relación con la resolución de primera instancia, de ahí que, pese a que el Ad quem observó la falta de motivación y fundamentación de la sentencia emitida por el A quo, éste debió desarrollar del porque consideró que existía falta de motivación y fundamentación, precisar los puntos de la sentencia en las que existiría dicha falta, es decir las razones y motivos por las cuales realizó dicha observación. Por lo expuesto, si el Ad quem realizó observaciones de fondo, este debió resolver el fondo de la causa y revocar la sentencia, si así consideraba pertinente, tal como fue pedido de la parte apelante, mas no anular la misma.

Concluyendo, se deduce que la decisión de anular fojas hasta la sentencia, así como las razones en las cuales basó dicha determinación, son insuficientes, pues no basta la simple indicación de la observación, sino que esta al igual que la observación que realizó al Juez A quo debió estar motivada y fundamentada, consecuentemente, se deduce también, que en razón a que el Tribunal de Alzada omitió dar respuesta a los agravios planteados en el recurso de apelación, éste vulneró el art. 236 del Código de Procedimiento Civil.

Por las razones expuestas, corresponde fallar conforme a lo previsto en los arts. 271 núm. 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 parágrafo I. núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en los arts. 271 núm. 3) y 274 del Código de Procedimiento Civil, ANULAel Auto de Vista Nº 392/2013 dictado por la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, debiendo emitir nueva resolución, sin espera de turno y previo sorteo.

No siendo excusable el error, se impone un día de multa a los Vocales  suscriptores del Auto de Vista, a ser descontados de su haber mensual. A ese fin notifíquese a la Dirección General Administrativa y Financiera.

En previsión del art. 17 parágrafo IV de la Ley del Órgano Judicial, remítase copia de la presente Resolución al Consejo de la Magistratura a los fines consiguientes de ley.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Dra. Patricia Ríos Tito

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: Quinto.