TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA                        S A L A  C I V I L

Auto Supremo:391/2014                                                                Sucre:18 de julio2014                                                        

Expediente:        CB-39-14-S                                                                

Partes: Carla Isabel Velasco Chávez. c/ Fife Baker Ellis.                        

Proceso:Pérdida de autoridad paterna.                                        

Distrito:Cochabamba

VISTOS: El recurso de casación interpuesto por Carla Isabel Velasco Chávez de fs. 1032a 1034, contra el Auto de Vistade 18 de febrero de 2014 de fs. 1027 a 1029, pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, en el proceso de Pérdida de autoridad paterna, seguido por Carla Isabel Velasco Chávez contra Fife Baker Ellis; respuesta de fs. 1038 a 1040, concesión de fs. 1041, los antecedentes del proceso y:

CONSIDERANDO I:                                                                ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez de Partido de la Niñez y Adolescencia Nº1 de Cochabamba, pronunció Sentencia Nº103 de 06 de septiembre de 2013 cursante de fs. 1003 a 1007, por el que declara IMPROBADA la demanda de fs. 10 a 11 vta., interpuesta por Carla Isabel Velasco Chávez contra Fife Baker Ellis y con relación al niño E.F.E.V., dispone lo siguiente: 1.- Se mantiene intacta la autoridad paterna de Fife Baker Ellis, quien tiene los derechos, deberes y obligaciones reconocidos por las leyes bolivianas, convenios y tratados internacionales con relación a su hijo E.F.E.V. 2.- Se llama la atención al Sr. Fife Baker Ellis por no observar ciertas conductas asumidas que pueden afectar a su hijo, como la publicación de su fotografía y otros datos de identificación, debiendo en todo caso sujetarse a los procedimientos establecidos a fin de hacer valer sus derechos de padre. 3.- Se recomienda a la Sra. Velasco viabilizar el relacionamiento de E.F. con su padre. 4.- Se recomienda ambos padres deponer sus actitudes y viabilizar soluciones que permitan a E. F. pueda contar con figuras paternales presentes. 5.- Finalmente se recuerda a las partes que tienen el plazo de tres días para recurrir de la resolución.

Contra la referida Sentencia, Carla Isabel Velasco Chávez mediante su apoderado César Antonio Hinojosa Guzmán, mediante memorial de fs. 1009 a 1014, interpuso recurso de apelación.

En mérito a esos antecedentes, la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, emitió el Auto de Vista cursante de fs. 1027 a 1029, por el que CONFIRMA la Sentencia apelada.

Resolución que dio lugar al recurso de casación interpuesto por parte de Carla Isabel Velasco Chávez, que se analiza. 

CONSIDERANDO II:                                                                        HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

En la suma refiere interponer recurso de casación en el fondo y en la forma y al finalizar el primer párrafo no concreta en que efecto lo realiza, señalando de manera genérica que interpone recurso de casación contra el Auto de Vista, desarrollando en apartados sus reclamos aunque enumera que fueran 6 puntos, no existe el punto 5.

En el punto 1.- señala que al Auto de Vista que habría referido al razonamiento expuesto en sentencia de primera instancia, y evidenciado que la demanda no cumpliría lo determinado por el art. 275 del C.N.N.A., sin embargo de ello contradictoriamente confirmaría la sentencia señalando que estuviera conforme a derecho y los datos de la causa, considerando que en sujeción al art. 237 numeral 4) del C.P.C. debieran anular obrados hasta el vicio más antiguo que fuera la demanda, en razón de las consideraciones del Auto de Vista y si carecía de los requisitos de fondo nunca debiera ser admitido u ordenar se subsanen los defectos u observaciones cual dispondría el art. 277 de la norma que rige la materia de menores y al verificar este incumplimiento debiera anularse obrados hasta el vicio mas antiguo.

Que, al procesar demanda no clara la juzgadora habría puesto en estado de indefensión a su hijo, y que debía proteger el interés y por ello considera que no debiera admitirse una demanda presentada de manera defectuosa, procesarla y declarar improbada, al no observarse los arts. 275 y 277 del Código Niño Niña y Adolescente.

2.- Que, las autoridades reconocieran que los fundamentos corresponderían a una agresión por parte del demandado hacia la demandante, ese debiera ser fundamento para pronunciar incorrecta admisión por la carencia de requisitos esenciales, y no admitirla irracionalmente sabiendo que después se dictaría sentencia contra el interés del niño y sus derechos como demandante, haciendo consideraciones con relación al tema con cita de normas tanto de especialidad del menor, Ley 025 y Constitución Política del Estado, pretendiendo vincular a los derechos en protección del niño, niña y adolescente. Considera por lo anterior que el enmendar lo anterior fuera anular obrados hasta la admisión de la demanda, dice además su larga duración que no hubiera sido tomado en cuenta, siendo que este tipo de trámites fueran de tramitación sumaria.

3.- Repite que al admitir la demanda con vicios ya que los fundamentos no corresponderían sino a uno de divorcio y no de pérdida de autoridad paterna se habría provocado indefensión al niño, lanzando epítetos sandios contra la juzgadora. Razona luego que en lugar de corregir preferirían actuar contra la ley en desmedro de la vida de un menor, enmarañándose en su pretendido argumento de no haberse observado su argumento.

4.- Refiere al art. 105 del Código Procesal Civil, cuestionando una vez mas el razonamiento de si se consideraba que los argumentos de la demanda no eran adecuadas en lugar de anular obrados se habría confirmado la sentencia, concluyendo que por mas prueba que hubiera presentado, nunca se hubiera declarado probada al carecer de requisitos esenciales para su admisión.

6.- Que, las autoridades al reconocer  los errores esenciales de la demanda y no anular obrados hasta el vicio mas antiguo hubieran actuado vulnerando el art. 106-I de la Ley Procesal Civil que vinculado al art. 91 y 237-4) del C.P.C. que facultaría a las autoridades anular obrados al verificar semejante vicio, habrían actuado al margen de la ley vulnerando dice los arts. 90 y 92 del C.P.C. y art. 30-7 y 12 de la Ley del Órgano Judicial, pues el vicio habría causado indefensión desde el inicio, contradictoriamente se habría confirmado.

Que, con lo expuesto interpone recurso de casación en el fondo en merito a lo dispuesto por el art. 253-1) y 2) del Código de Procedimiento Civil, refiriendo que además plantea casación en la forma en sujeción a lo previsto por el art. 254-7) del C.P.C., anulando el Auto de Vista, determinando además la nulidad de obrados hasta la admisión de la demanda que fuera el vicio mas antiguo.    

CONSIDERANDO III:                                                                FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

La recurrente en el planteamiento de su recurso, en el que si bien refiere interponer recurso de casación en el fondo y en la forma, sensiblemente no diferencia de manera pertinente que aspectos considera fueran en el fondo, denotándose desconocimiento respecto al recurso de casación en el fondo, pese a la mención del art. 253-1) y 3) del Código de Procedimiento Civil cuya pretensión aparentemente es la nulidad de obrados, sin que ello se haya concretado de manera clara, por lo que este Tribunal considera no existir mérito para ingresar a analizar ese aspecto por no contar con los elementos necesarios para ello. Por otro lado de los argumentos expresados en los puntos descritos supra, es reiterado en los cinco puntos pese a enumerar que fueran 6, faltando el numero 5- la pretensión es demostrar que hubo una demanda planteada de manera deficiente, y que ese aspecto debiera ser observado por el Tribunal Ad quem a fin de anular obrados hasta su admisión, y que los argumentos expresados en las resoluciones tanto de primera instancia como el pronunciado por el Ad quem declarando improbada la demanda evidenciarían que esa situación sucedería pues su demanda no cumpliría con los requisitos formales necesarios para su procesamiento, que sin embargo de esos argumentos no se habría procedido a anular obrados, en desmedro del interés superior del niño.

El reiterado argumento expuesto por la recurrente, a mas de contener críticas a la administración de justicia, sale de contexto cuando pretende actuación del Órgano Jurisdiccional a título de protección del interés superior del niño, un razonamiento a todas luces incongruente, pues cambia absolutamente los argumentos para la consideración del recurso de casación a los expresados como agravios en apelación, pretendiendo un entendimiento en sentido de que de oficio debiera el Tribunal de apelación anular obrados hasta la admisión del mismo, por considerar que tuviera falencias en su interposición, desconociendo que el Tribunal Ad quem esta sujeta a lo determinado por el art. 227  y el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, en resguardo del principio de congruencia, en aplicación del art. 294 del Código Niño Niña y Adolescente, en ese antecedente el Tribunal de apelación respondió a los argumentos expuestos en apelación, no existiendo posibilidad que los fundamentos expresados den lugar a la anulación de obrados conforme la recurrente pretende desde su razonamiento con la pretensión de quebranto a los derechos de un menor, cuando aquello no es evidente, existiendo además consideraciones subjetivas que pretende desligar su propia impericia, negligencia o finalmente mala fe en afán de mostrar una situación que no es posible considerarlo, ignorando que en materia procesal rigen principios como el dispositivo que manda que la actividad jurisdiccional no pueda funcionar de oficio y requiere siempre la actividad individual de parte para iniciar, impulsar o terminar el proceso, entendiendo que de acuerdo a éste principio los jueces y tribunales, salvo excepciones, no adoptan medidas ni dictan resoluciones sin petición de parte, debiendo considerarse la iniciativa, en razón a que sin ella de las partes, no hay demanda; impulso, en consideración a que el proceso solo se desarrolla a petición de parte en la actividad procesal para avanzar en las distintas etapas para arribar a una resolución. Disponibilidad del derecho material, que representa el ejercicio o no de la acción, su renuncia, desistimiento, etc., es decir, solicitando o renunciando a la tutela jurisdiccional del Estado, debiendo el juez limitarse a las alegaciones de las partes, correspondiendo a ellos la carga procesal de aportar la prueba para acreditar los hechos controvertidos, si bien se reconoce al Juez la facultad de producir pruebas que pueden ordenarse en cualquier estado de la causa a través de “medidas de mejor proveer”, no significa que ello esté destinado a suplir la negligencia de las partes sino para esclarecer el derecho de los litigantes.

Por otro lado debe considerarse el Principio de Moralidad, en los que se tiene presente los principios de buena fe, lealtad, veracidad y probidad, entendiendo de ellas el conjunto de reglas de conducta, presididas por el imperativo ético, a las que deben ajustar las partes en su actuación en el proceso, este principio además tiene como propósito adecuar el proceso a sus fines, evitando actuaciones arbitrarias, maliciosas o temerarias, siendo obligación de las partes actuar en juicio con buena fe y no ejercer abusivamente los derechos.

En el caso de Autos primero que en casación se reclama aspectos que no fueron reclamados en apelación, segundo que intenta pretendiendo hacer valer su entendimiento sin considerar los principios que rigen el proceso como tal, basado en su propio desacierto, a título de vulneración del interés superior del niño, sin comprender el real alcance de aquello y estimar que es una garantía, que toda decisión que concierna al niño, debe considerar primordialmente sus derechos, siendo de gran amplitud, ya que no solo obliga al legislador sino también a todas las autoridades e instituciones públicas y privadas, así como a los padres; considerar además que es una norma de orientación o directriz que permite orientar el desarrollo armónico de las niñas, niños y adolescentes, que aparentemente no fue comprendido por la recurrente cuando pretende la existencia de presuntos hechos que desde su perspectiva constituirían argumentos para demostrar la existencia de causales para la procedencia de Pérdida de Autoridad Paterna y al no lograr probar aquello, finalmente cambiar diametralmente de perspectiva y acusar a los Tribunales de instancia en base a su razonamiento alejado de la realidad, incumpliendo los principios procesales descritos supra, yendo en definitiva contra el interés superior del niño, pues pretende victimizar a un menor de edad bajo argumentos no idóneos, y eso no puede constituir la vulneración de los derechos de un menor con su actuación como madre y no desde la administración de justicia, tergiversando incluso la realidad de los hechos cuando acusa retardación de justicia, cuando esa situación se produjo precisamente causado por las constantes suspensiones provocadas por la hoy recurrente, que lejos de admitir esa situación endilga al Órgano Jurisdiccional esa tardanza, siendo esto contrario a los principios descritos así como los establecidos en el art. 8 de la Constitución Política del Estado referido al “Ama Llulla” de la trilogía del “Ama Sua, Ama llulla, ama Qhilla”, referida a una dimensión de la sinceridad, verdad, responsabilidad, disciplina, honestidad, lealtad, práctica de valores, en base a la transparencia, que evidentemente no fue acatada por la actora en su recurso, pues a base de un discurso alejado de la verdad pretende la existencia de retardación de justicia pretendiendo sea atribuible al Órgano jurisdiccional cuando en los hechos le es atribuible a ella cual se verifica de actuados, siendo ese aspecto totalmente reprochable y anti ético consecuentemente cae en lo desatinado el propósito de conseguir nulidad de obrados con argumentos alejados de la realidad, desconociendo la normativa procesal con la que se desarrolló el proceso.

Se presentó demanda persiguiendo pérdida de autoridad paterna, su argumentación fue la de maltrato de ella y del menor, en torno a ello es que se tramitó el proceso, y si bien se presentó abundante prueba documental y otros, en definitiva no logró demostrar la concurrencia de los presupuestos contenidos en el art. 34 del Código Niño Niña y Adolescente, y mas bien sus argumentos tendieron a demostrar las diferencias que existieron entre su ex cónyuge y ella, no existiendo nada que se pueda considerar por lo menos de manera indiciaria que el demandado haya adecuado su conducta a las tres causales establecidas por la norma señalada supra, eso fue lo que de manera coherente analizó el Tribunal Ad quem, consecuentemente dar otro entendimiento con la utilización de argumentos alejados de la verdad con el pretendido de lograr una nulidad de obrados, no es posible considerarlo para dar lugar a su petición, no existiendo vulneración ni quebrantamiento de los arts. 6, 275, 276, 214 del Código Niño Niña y Adolescente, arts. 3 numeral 4), 30 numerales 7 y 12 de la Ley 025, 105, 106-I del Código Procesal Civil, ni el art. 115 de la Constitución Política del Estado, resultando insensato el análisis expuesto y la petición efectuada.

Por lo analizado, corresponder resolver lo formulado en la forma, conforme prevé los arts. 271 núm. 2) y 273 de la norma Adjetiva Civil, con la pertinente aclaración de que al no contener fundamento alguno lo referido a la petición de casación en el fondo además de su impertinencia, no se considera ni pronuncia en ningún sentido.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 parágrafo I núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial y los arts. 271 núm. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma, formulado por Carla Isabel Velasco Chávez por memorial de fs. 1032 a 1034, contra el Auto de Vista de 18 de febrero de 2014 que corre de fs. 1027 a 1029 vta. Con costas.

Se regulan los honorarios del Abogado en la suma de Bs. 1000. -

Regístrese, comuníquese y devuélvase.                                        

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.                                                        

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Dra. Patricia Ríos Tito

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: Cuarto.