TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
               S A L A   C I V I L

Auto Supremo: 359/2014

Sucre: 03 de julio 2014

Expediente: LP-51-13-S

Partes: Carolina Isabel Nielsen Reyes de Leickardt y Roberto María Nielsen

            Reyes Kurschner. c/Elka María del Rosario, René Efraín, Fátima María

            Sol Katherine, María Rene y Pedro Steve todos de apellidos Verduguez

            Linares.

Proceso: Mejor derecho de propiedad y otros.

Distrito: La Paz.


VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo cursante de fs. 1700 a 1719, interpuesto por Carlos Hugo Pinilla Orihuela en representación de Carolina Isabel Nielsen Reyes de Leickhardt y Roberto María Nielsen Reyes Kurschner, contra el Auto de Vista Nº 127/2013, que cursa de fs. 1690 a 1695 vta. de 22 de marzo de 2013 pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el proceso ordinario doble sobre reconocimiento de mejor derecho de propiedad, reivindicación, pago de frutos civiles y de daños y perjuicios, y  reconvención sobre mejor derecho de propiedad, acción negatoria y entrega de bien inmueble, seguido por los recurrentes en contra de Elka María del Rosario, René Efraín, Fátima María Sol Katherine, María Rene y Pedro Steve, todos de apellidos Verduguez Linares, la respuesta de fs. 1721 a 1726, la concesión de fs. 1727 y lo inherente:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez Décimo Tercero de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de
La Paz, pronunció la Sentencia Nº 146/2005 de 23 de junio de 2005, cursante de fs. 725 a 730, por la que declara improbada la demanda principal, y en lo relativo a la reconvención declara probada en parte la misma en cuanto al reconocimiento de mejor derecho de propiedad e improbada respecto a la acción reivindicatoria, entrega de bien inmueble, desapoderamiento y acción negatoria, reconociendo el mejor derecho de propiedad a los reconventores sobre el inmueble sito en la calle Prolongación 30, Nº 1732, esquina rio Huayñajahuira continuación de la Avenida Costanera, con código catastral Nº 44-180-9, adquirido mediante compra venta según Escritura Pública Nº 98/98 de 26 de junio de 1998 otorgada por el Notario de Fe Pública Félix Llanos Moscoso, con una superficie de 1.450 m.2, inscrito en Derechos Reales bajo la Partida Nº 01455438 de 3 de junio de 1998, actual folio real Nº 2.01.1.01.0005280, sin costas.

Resolución de primera instancia que es recurrida de apelación por la parte actora y resuelta por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de La Paz, conforme al Auto de Vista de fs. 1690 a 1695 vta., por el que confirma la Sentencia apelada, con costas, fallo que a su vez es recurrido de casación objeto de estudio.

CONSIDERANDO II:

HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

En la forma:

Acusan que el Ad quem vulneró las formas esenciales del proceso conforme al art. 254 inc. 7) del Código de Procedimiento Civil, arguyendo que fuera obligación del tribunal de alzada, valorar la prueba producida en el proceso con la finalidad de establecer si el fallo de primera instancia se encuentra a derecho, obligación que no habría sido cumplida, por dicha razón acusa la falta de valoración de la Escritura Pública Nº 262/81 de 28 de octubre de 1981 inscrita bajo la partida Nº 1861 del libro 1º “A”  el 9 de noviembre de 1981 que cursa de fs. 763 769, por que se hubiera demostrado la existencia de un proceso ordinario de Usucapión seguido por Federico Nielsen Reyes contra Justo Machaca relativo a cuatro fracciones denominadas como A, B, C y D, con una extensión superficial de 14.809 m2 ubicado en el lugar denominado Hankoloma de la zona de Calacoto de la ciudad de La Paz, que haría fe de acuerdo al art. 1289 del Código Civil da fe sobre el acto que contiene mientras no fuere declarado nulo en la vía judicial.

Señala que el Tribunal de Alzada no valoró que el derecho de propiedad de los demandantes no solo se remonta al registro que figura a nombre de Federico Nielsen Reyes, bajo la Pdta. Nº 892,  del Libro 1º “C” de 25 de agosto de 1954 (fs. 939 vta.), sino que también deviene de la E.P. Nº 262 de 28 de octubre de 1981, inscrita en Derechos Reales bajo la Pdta. Nº 1861 del Libro “A” de 9 de noviembre de 1981 que hace plena prueba.

Asimismo acusa que se omitió valorar que la Escritura Pública Nº 366 de 24 de agosto de 1954 inscrita en Derechos Reales bajo la Pdta. 892 fs. 939 vta., del Libro 1º “C” de 25 de agosto de 1954 respecto al derecho de propiedad de Federico Nielsen Reyes que cursa de fs. 444 a 446, se encuentra registrado en la Dirección Distrital de Catastro bajo el Código 44-189-9 de 5 de enero de 1981 conforme el sello saliente a fs. 446 vta., es decir con anterioridad al registro catastral de los demandados.

También acusa que al Ad quem omitió valorar lo fundamental de la Escritura Pública de 5 de junio de 1981, respecto a que el terreno perteneciente a Federico Nielsen Reyes inscrito en Derechos Reales bajo la Pdta. 892, fs. 939 vta., del Libro 1º “C” del año 1954, que cursa de fs. 542 a 544 en el que señala haberse transferido una parte a favor de la Alcaldía Municipal para ensanche de vía, tenía en esa fecha mayo de 1981- Código catastral 44-180-9, correspondiente al mismo código con el que actualmente cuenta el terreno de los demandados.

Manifestaron que era deber del juzgador valorar las pruebas del proceso, que en el presente caso no se valoró la prueba cursante a fs. 26 consistente en certificación de Derechos Reales que acreditaría que el derecho propietario de los actores deviene de la sucesión hereditaria de Federico Nielsen Reyes Kurschner, habiéndose inscrito su declaratoria de herederos bajo la Pdta. Nº 0102700 de 5 de enero de 1991 que canceló las Partidas: Nº 892, fs. 939 vlta., del Libro “C” de 25 de agosto de 1954, que registraba el derecho de propiedad del nombrado sobre una extensión de 16.400 m.2 situados en la zona de Alto Calacoto de esa ciudad, adquirido por trasferencia realizada por Julio Patiño Bustamante mediante Escritura Pública Nº 366 de 24 de agosto de 1954; y la Pdta. 1861, fs. 1861 del Libro 1º “A” de 9 de noviembre de 1981 que correspondía al derecho de propiedad de su causante sobre los denominados lotes A, B, C, y D, situados en Hankoloma zona de Calacoto de esa ciudad, adquiridos mediante Usucapión según consta de la Escritura Pública Nº 262 de 28 de octubre de 1981. Que el registro de su derecho propietario a título sucesorio recayó sobre una superficie de 16.854 m.2, como consecuencia de haberse descontado las limitaciones correspondientes a las transferencias efectuadas por su causante en vida. Adujeron que la certificación de referencia concuerda con el informe de Derechos Reales de fs. 789 de 18 de octubre de 2005, que acreditarían el derecho de propiedad de los actores.

Asimismo que no se valoró la Escritura Pública Nº 118/94 de 28 de enero de 1994, cursante de fs. 16 a 19; igualmente indicaron que no se valoró los certificados de Derechos Reales de fs. 453 y 459, que harían plena prueba conforme los arts. 1296-II y 1523 del Código Civil, en los cuales se mencionaría que los actores registraron su derecho propietario bajo la Pdta. 01102700 de 5 de enero de 1991, a título de sucesión hereditaria, de acuerdo a ello refieren que no se valoro el Testimonio de fs. 707 a 709, que acreditaría la calidad de herederos de los actores respecto a sus progenitores Federico Nielsen Reyes e Ilse Berta Kurschner viuda de Nielsen Reyes.

Refirieron que el Tribunal Ad quem no valoró prueba referida al proceso de división y partición de los bienes de la sucesión de Federico Nielsen Reyes. En ese sentido extrañaron la valoración de la tarjeta de propiedad de fs. 15 y de la Escritura Pública Nº 118/94 de 28 de enero de 1994, que acreditaría que Roberto Nielsen Reyes, por sucesión hereditaria, quedó como propietario de los lotes de terreno correspondientes a la hijuela “B”, con una superficie de 6.093 m.2, que se alternan con los lotes “A”, que correspondieron a Carolina Isabel Nielsen Reyes en una superficie de 6.096 m.2 y el restante de 3.619 m.2 cedidos a la Alcaldía para vías públicas. En ese mismo sentido y contenido el informe pericial de 24 de septiembre de 1992 y el plano de fs. 710, que harían plena prueba conforme a los arts. 1287, 1289-I y 1309 del Código Civil.

Igualmente reclamaron que no se valoró las fotografías de fs. 3 a 9 que demostrarían el despojo violento cometido por René Verduguez Villarroel; que no se valoró la transferencia realizada por Carolina Nielsen Reyes a favor de Godefrido Cárdenas, mediante Escritura Pública Nº 049/97 de 22 de septiembre de 1997, que tuviera como colindante el lote de terreno objeto de la presente Litis.

De igual manera acusan la no valoración de las fotocopias legalizadas de fs. 558 a 589, referidas a los registros catastrales existentes en la carpeta de código 44-180, que determinan que su causante tenía registrada su propiedad bajo el código catastral 44-180-9. Denunciaron la falta de valoración del peritaje cursante de fs. 372 a 383, del informe de fs. 412, del informe de Derechos Reales de fs. 361, que evidencia que el derecho de propiedad de Gabino Villca sobre dos parcelas de terreno con una superficie de 1.4000 Has. Ubicadas en el ex fundo Calacoto Alto adquirido mediante dotación agraria según Título ejecutorial Nº 034401 de 17 de abril de 1957, en cumplimiento de la Resolución Suprema Nº 78473 de 2 de octubre de 1958, fue registrado bajo la Pdta. 514 de 13 de febrero de 1977, la cual consignaría varias limitaciones.

Refieren la no valoración del Título Ejecutorial Nº 34401 de 17 de abril de 1959 que acreditaría la Dotación a favor de Gabino Villca de 1.4000 Has. En el fundo Calacoto Alto cantón Palca Provincia Murillo del Departamento de La Paz, inscrito en dos oportunidades, la primera en 21 de junio de 1976 bajo la Pdta. 338, fs. 338 del Libro 40 de 1976 y posteriormente, la segunda, bajo la Pdta. Nº 514, fs. 514 del Libro 40 de 13 de febrero de 1977.

Que, no se valoró la Escritura Pública Nº 583/81 de 12 de octubre de 1981, por la cual Marcelino Guibarra Ibáñez en representación de varias personas entre ellas de Gabino Villca, como campesinos de la zona Cupillani, es fundo Calacoto Alto, transfirió a favor de la Cooperativa Docente Administrativa de Vivienda de la Universidad Mayor de San Andrés varios terrenos, entre ellos los 13.000 m.2 de propiedad de Gabino Villca.

Finalmente refieren que no se valoró las publicaciones de prensa de la Alcaldía Municipal por las cuales se citó a los propietarios de los terrenos de Jankoloma, rio Huayñajahuira, entre los que se menciona a Roberto Nielsen Reyes, lo que constituiría reconocimiento de su derecho de propiedad.

En el fondo:

1.- Acusaron la violación de los arts. 1287, 1289-I y 1538-I y II del Código Civil, porque esos preceptos legales no habrían sido aplicados a la Escritura Pública Nº 262/81 de 28 de octubre de 1981, cursante de fs. 763 a 769, al respecto señalaron que la fuerza probatoria de esa Escritura Pública, no fue reconocida pese hacer plena prueba de acuerdo al art. 1289-I del Código Civil y que al encontrarse debidamente inscrita en Derechos Reales bajo la Pdta. 1861 fs. 1861 del Libro 1º “A” de 9 de noviembre de 1981, resulta oponible frente a terceros, conforme el art. 1538 I y II, disposición que también habría sido violada.
Refirieron que no existe ninguna Sentencia judicial que determine la invalidez de esa Escritura Pública ni de su inscripción en Derechos Reales, por lo que al negarle validez se habría violado las disposiciones legales invocadas.

2.- Acusaron error de derecho en la valoración de la prueba referida a las literales cursantes de fs. 24 a 92 que corresponden a las fotocopias legalizadas del proceso de interdicto de retener la posesión seguido por Carolina Isabel Nielsen Reyes de Leickhardt contra René Verduguez Villarroel ante el Juzgado Sexto de Instrucción en lo Civil, así como en la apreciación de las documentales de fs. 238 a 311 que corresponden al proceso penal seguido por Carolina Isabel Nielsen Reyes de Leickhardt contra René Verduguez Villarroel por el delito de despojo tramitado ante el Juzgado Quinto de Instrucción en lo Penal; esencialmente porque las fotocopias legalizadas aludidas constituyen documentos públicos de acuerdo al art. 1287 I del Código Civil y 1289 I del mismo cuerpo legal que contienen declaraciones que hacen fe entre las partes otorgantes como entre sus herederos. En ese sentido apuntaron que los demandados son hijos de René Verduguez Villarroel, por lo que al desconocerse el valor probatorio de esos documentos se habría incurrido en error de derecho.

3.- Al haberse negado valor probatorio a las fotocopias legalizadas de fs. 24 a 92 y de fs. 238 a 311, relativas a los procesos de interdicto de retener la posesión y al proceso penal por despojo, el Tribunal de Alzada habría incurrido en error de derecho por no aplicar los arts. 1320 del Código Civil y 447 II de Código de Procedimiento Civil, normas que atribuyen valor a las presunciones judiciales graves, precisas y concordantes, que deben crear certeza en el juzgador sobre el mejor derecho de propiedad de los demandantes sobre el terreno en litigio.

4.- Acusan error de derecho porque el Tribunal Ad quem habría omitido el valor probatorio de las fotocopias legalizadas relativas al proceso ordinario sobre reconocimiento de mejor derecho de propiedad seguido por la demandante Carolina Nielsen Reyes Leickhardt contra la Alcaldía Municipal de La Paz, en el que se dictó Sentencia Nº 051/96 de 26 de febrero de 1996 por la que la Juez de esa causa declaró probada la demanda y reconoció el mejor derecho de propiedad sobre el terreno ubicado en la zona Alto Calacoto región río Huayñajahuira a Carolina Isabel Nielsen Reyes de Leickhardt juntamente a su hermano por sucesión hereditaria al fallecimiento de sus padres Federico Nielsen Reyes e Ilse Kruschner, negando cualquier derecho municipal sobre el terreno indicado, Resolución confirmada por el Auto de Vista y el Auto Supremo que se emitieron en apelación y casación, respectivamente.

5.- Acusaron que no se valoró el informe Nº 030/2004 de 12 de julio de 2004, cursante a fs. 412, emitido por el Instituto Nacional de Reforma Agraria Unidad de Saneamiento, que demuestra que en el expediente 1129, correspondiente al Ex Fundo Calacoto Alto, se dotó a Gabino Villca con las parcelas Nº 42 y 30, correspondiendo la primera al lugar de KellaKella y la segunda a Mollepata, con una superficie de 1.3000 Has., la primera y 0.1000 Ha., la segunda, haciendo un total de 1.4000 Has., dotación efectuada al amparo de la Resolución Suprema Nº 78473 de 2 de octubre de 1958 a beneficiarios del sector Julio Patiño, existiendo a favor de Gabino Villca una sola dotación que comprende los terrenos indicados, la misma que habría sido inscrita en Derechos Reales, conforme el informe de esa repartición cursante a fs. 393, en dos Partidas distintas: la primera bajo la Pdta. Nº 338, de fs. 338 del Libro 40 de 21 de junio de 1976, que registró el Título Ejecutorial Nº 34401, la misma que se encontraría cancelada por haber sufrido dos limitaciones; la segunda inscripción bajo la Pdta. Nº 514 de fs. 514, del libro 40 de 13 de febrero de 1977, que también registró el Título Ejecutorial Nº 34401 de 17 de abril de 1959 otorgado en cumplimiento a la Resolución Suprema Nº 78473 de 2 de octubre de 1958, registró que consigna varias limitaciones.

Concluyendo de los antecedentes expuestos que el Título Ejecutorial Nº 34401 de 17 de abril de 1959 que acredita la dotación a favor de Gabino Villca sobre 1.4000 Has., en el fundo Calacoto Alto cantón Palca, Provincia Murillo del Departamento de La Paz, conforme los informes cursantes a fs. 361 y 393 se registró en dos oportunidades bajo dos partidas distintas, no obstante tratarse de una sola dotación.

En ese sentido refieren que conforme el informe de Derechos Reales de fs. 393 se demostró que la Pdta. Nº 338, de fs. 338 del libro 40 de 21 de junio de 1976, a nombre de Gabino Villca, se encuentra cancelada por las transferencias efectuadas, una de ellas por una extensión de 13.000 m.2 realizada a favor de la Cooperativa Docente Administrativa de Vivienda de la Universidad Mayor de San Andrés CODAVISA, resultando por ello que Gabino Villca no podía vender ningún terreno en Hankoloma a favor de Rosendo Choque Copari, en virtud a que los terrenos que le habían sido dotados, además de localizarse en otro lugar, ya habían sido transferidos en su integridad 1.000 m2 a favor de Mery Portillo Cuesto y 13.000 a favor de CODAVISA. Concluyendo de los manifestado que al no existir terreno que vender la transferencia realizada a Rosendo Choque y posteriormente éste a favor de los hermanos Verduguez Linares, las mismas no tendrían ningún efecto legal, puesto que no tendrían base física objeto de la venta.

7.- Señalaron que de acuerdo al informe del Instituto Nacional de Reforma Agraria, de 12 de julio de 2004, cursante a fs. 412, se demostró que las parcelas dotadas a Gabino Villca en el ex fundo Calacoto Alto son las parcelas 42 y 30 que corresponden a KellaKella y Mollepata, lugares distintos a Jankoloma o Hankoloma, aspecto también probado por el documento de fs. 313 a 317 y que de acuerdo a los planos del ex fundo de Calacoto Alto de fs. 714 y otras copias de fs. 312 y 672, se determina que los lugares de KellaKella y Mollepata son totalmente distintos al lugar de Jankoloma o Hankoloma donde se encuentran los terrenos de los hermanos Nielsen Reyes.

8.- El Auto de Vista recurrido habría incurrido en error de derecho en cuanto a la valoración de la prueba testifical de cargo, toda vez que esas declaraciones al ser concordantes en hechos, tiempos y lugares hicieron plena fe y deberían ser valoradas de acuerdo a los arts. 1330 del Código Civil y 476 del Código de Procedimiento Civil. Al respecto señalaron que la declaración del testigo Juan Aluci Flores, cursante de fs. 432 a 433, refirió que el terreno despojado pertenece a la familia Nielsen Reyes desde hace 70 años, que los mismos siempre estuvieron en posesión de la indicada familia, que tenía un muro de tapial y que el terreno fue despojado por la familia Verduguez y que nunca conoció a Gabino Villca. Por su parte la declaración de Secundino Abraham Manríquez Gonzáles, cuya acta sale de fs. 433 vlta. a 434 vlta., refirió que el terreno despojado en la calle prolongación 30 esquina Costanera, pertenecen a la familia Nielsen Reyes desde hace más de 70 años, que conoce que el mismo fue despojado por la familia Verduguez, terreno que se encontraba cercado por tapial , que conoce los antecedentes de la dotación a Gabino Villca y de las transferencias efectuadas por éste. Respecto a la declaración de María Faustina Olivera de Saavedra, cuya acta cursa de fs. 435 a 436, refirió sobre la ubicación de los terrenos despojados a la familia Nielsen Reyes y que ella misma avisó del despojo a Carolina Nielsen Reyes, que conoce que la indicada familia siempre estuvo en posesión de esos terrenos y que no conoció a Gabino Villca. Declaraciones testificales que habrían sido desconocidas por el Tribunal de Alzada.

9.- Manifestaron que de acuerdo a la Escritura Pública Nº 98/1998 de 26 de junio de 1998, Rosendo Choque transfirió a favor de los hermanos Verduguez Linares un lote de terreno de 1450 m.2, sin embargo ellos se encuentran en posesión de 1832 m.2 de terreno de propiedad de los actores y ahora recurrentes.

Que, el certificado catastral de los hermanos Verduguez Linares fue obtenido después de haberse producido el despojo del terreno; que según se evidencia de la Escritura Pública Nº 130/81 de 5 de junio de 1981, Federico Nielsen Reyes cedió a título gratuito a favor de la Alcaldía Municipal de la Paz una extensión de 952 m.2 en el lugar denominado Hankoloma de la zona de Cota Cota, con destino a la apertura y ensanche de vías, escritura en la que se hizo constar que el terreno tenía el Código Catastral 44-180-9 que es el mismo que actualmente correspondería al terreno despojado, concluyendo de ello que la propiedad de los demandados deviene de la compra efectuada a Rosendo Choque Copari quien adquirió el año 1996 de Gabino Villca, cuando éste no tenía ni tuvo terreno alguno en la indicada zona, ya que su dotación comprendía los lugares denominados KellaKella y Mollepata, distintos a Hankoloma, y que el derecho de propiedad de los demandados no resulta ser mejores que el de los actores que deviene de los años 1954 y 1981, no teniendo sustento legal alguno el derecho de los hermanos Verduguez Linares ya que Gabino Villca habría vendido todos sus terrenos.

Por las razones expuestas solicitaron se emita Auto Supremo anulando obrados con reposición, hasta que el Tribunal de Alzada emita nuevo Auto de Vista valorando las pruebas mencionadas, en su defecto se emita Resolución casando el Auto de Vista recurrido y, deliberando en el fondo se declare probado el mejor derecho de propiedad de los actores sobre el terreno objeto de la Litis, debiendo además declararse ineficaz el título de los demandados frente a los títulos de propiedad de los demandantes, la reivindicación del terreno con sus accesorios y mejoras, así como la cancelación de la Pdta. Nº 01455138 de 3 de julio de 1998, además del pago de daños y perjuicios y de los frutos civiles, con responsabilidad para los inferiores.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

En consideración del Auto Nº 83/014 de 11 de marzo de 2014 emitido por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia, constituido en Tribunal de garantías, se pasa a describir los siguientes puntos:

En la forma.-

De forma genérica el recurrente, señala que el Ad quem hubiera omitido la valoración de los medios de prueba, consiguientemente se pasara a verificar dicha omisión de acuerdo a los puntos siguientes:

1.- Sobre documental de fs. 763 a 769, relativo a la E. P. Nº 262/81 de 28 de octubre de 1981 relativo al testimonio de un proceso de usucapión seguido por los demandantes en contra de Justo Machaca, corresponde señala que el Auto de Vista en el numeral 5º de su considerando segundo, señala en cuanto al proceso de prescripción adquisitiva (usucapión) en la que se hizo referencia que no es suficiente  la existencia de un testimonio y su pago de impuestos en relación a la escritura Pública Nº 262, que resulta ser la misma Escritura Pública Nº 262 que cursa en fs. 763 a 769 relativa a un testimonio de prescripción adquisitiva (usucapión), por lo que se advierte que dicho medio de prueba ha sido valorado por el Ad quem.

2.- En cuanto a la omisión de valorar el derecho de propiedad que alegan los actores, que no solo se remontaría al registro que figura a nombre de Federico Nielsen Reyes Pdta.; 892 del libro 1º “C” de 25 de agosto de 1954, sino que también se remontaría a la Escritura Pública Nº 262 de 28 de octubre de 1981 inscrita en Derechos Reales bajo la Pdta. Nº 1861 del libro 1º “A” de 9 de noviembre de 1981, sobre dicho medio de prueba el Ad quem  ha considerado su insuficiencia conforme al numeral 5 del segundo considerando del Auto de Vista como se ha expuesto en el punto anterior, por lo que no se advierte ausencia de valoración.

3.- Sobre la omisión valorativa de la prueba de fs. 444 a 446, relativa a una Escritura Pública Nº 336 de 24 de agosto de 1954 inscrita en Derechos Reales bajo la partida Nº 892 fs. 939 del Libro 1º “C” de 25 de agosto de 1954, respecto al derecho de propiedad de Federico Nielsen Reyes, que se encuentra registrado en la Dirección Distrital de Catastro de acuerdo al sello de fs. 446 vta., registrado con anterioridad al de los demandados.

Corresponde describir que el Ad quem hizo referencia a la mencionada Escritura Pública en el segundo parágrafo del numeral 4 del considerando segundo (como consta de fs. 1693 vta. a 1694 de obrados) y refirió a la foja 444 a 446 inscrita en Derechos Reales bajo la Partida Nº 892 del Libro 1º “C” de 25 de agosto de 1954, en el que aludió la inexistencia de agravio sobre el mencionado medio de prueba, ahora que el contenido o su sello no haya sido tomado en cuenta, corresponde acusarlo mediante recurso de casación en el fondo por error de hecho en la valoración de la prueba.

4.- Sobre la prueba de fs. 542 a 544, relativo a una Escritura Pública de 5 de junio de 1981 relativo a la transferencia de terrenos que efectuó Federico Nielsen Reyes en favor del Municipio de La Paz, se encuentra consignado en el segundo párrafo del numeral 4º del segundo considerando del Auto de Vista, en el que el Ad quem tomo en cuenta dicho medio de prueba, que concuerda con el punto anterior.

5.- Sobre la prueba de fs. 26 corresponde, señalar que el recurrente en el memorial de apelación de fs. 734 a 747, no señal no haberse valorado la prueba de fs. 26, en los términos expuestos en el recurso de casación, sino que su recurso de apelación (punto 4. visible de fs. 736 vta. a 737) mencionó que al deceso de su causante Federico Nielsen Reyes fueron declarados herederos los ahora demandante y dicho acto fue inscrito en Derechos Reales bajo la Partida Nº 01102700 que señalaría el certificado de fs. 26 y sobre dicha partida tuviera el antecedente de la partida Nº 892 Libro 1º “C” de 25 de agosto de 1954 y de la cual derivarían las partidas para los demandante Nº 01238463 (Carolina) y Pdta. Nº 01238546 (Roberto); no se aludió ha aspectos relativos a la existencia y cancelación de la partida Nº 1861 Libro 1º “A” de 9 de noviembre de 1981, por lo que el contenido en el recurso de casación en la forma es diferente del expuesto en el recurso de apelación sobre dicho medio de prueba; al margen de ello si el recurrente busca que el Ad quem tenga la referencia de que sobre dicha partida Nº 01102700, haya tomado convicción que el antecedente fuera la partida Nº 892 Libro 1º “C” de 25 de agosto de 1954 y que la mencionada partida Nº 01102700, hayan derivado las partidas Nº 01238463 (Carolina) y Pdta. Nº 01238546 (Roberto), ese extremo fue deducido por el Ad quem en el segundo parágrafo del numeral 4º del segundo considerando del Auto de Vista  señaló la referida partida de Federico Nielsen Reyes, asimismo en relación a las partidas de los demandantes hizo referencia en el numeral 11º del mencionado fallo de segunda instancia, por lo que el contenido de dicho medio de prueba ha sido motivo de exposición y conocimiento por el Ad quem, ya que dicho tribunal tan solo debía tomar conocimiento de la prueba esencial y decisiva para motivar y fundar su fallo conforme al art. 397 parágrafo II del Código de Procedimiento Civil, ya que su contenido de acuerdo a lo expresado en el memorial de apelación ya fue suplido con otros medios de prueba, siendo impertinente que con tautología vuelva a considerarse dicho medio de prueba, cuando su contenido de acuerdo al recurso de apelación ya fue absuelto por el Tribunal Ad quem; debiendo anotarse que en recurso de casación el fundamento para la consideración de ese medio de prueba de fs. 26 resulta ser distinto al que se expuso en el punto 4 del recurso de apelación.

6.- Sobre la prueba de fs. 16 a 19 relativo a Escritura Pública N° 118/94 de 28 de enero de 1994, que resulta ser la protocolización de documentos relativos a la división y partición de los demandantes, corresponde señalar que dicho medio de prueba ha sido valorada por el Ad quem, conforme aprecia en el numeral 11° (fs. 1695) del Auto de Vista. Asimismo corresponde anotar que la prueba alegada de no valorada que cursaría en fs. 453, con la cual los recurrentes pretendían acreditar su inscripción de la declaratoria de herederos al deceso de su causante Federico Nielsen Reyes, sin embargo de lo expuesto en la relación del numeral 6° de los fundamentos del Auto de Vista, refiere que dicha declaratoria de herederos reforzaría lo concerniente al rol de dominio de los demandantes, por lo que sobre dicho aspecto, aunque no se mencionó el referido medio de fs. 459, se hizo referencia a lo que los apelantes buscaban con el mencionado medio de prueba, caso para el cual sin no estaban conformes los recurrentes debían de haber solicitado complementación o explicación. Lo propio sucede con la prueba documental acusada de no valorada de fs. 707 a 709, pese que no fuera descrita por el Ad quem, empero ya dedujo el contenido de dicho medio probatorio en el  numeral 6° del Auto de Vista.

8.- Sobre la ausencia de valoración de la prueba de fs. 15 y de la Escritura Pública N° 118/94 de 28 de enero de 1994;  al respecto se dirá que el Ad quem señaló en el punto 11° del Auto de Vista (fs. 1695 renglón 9) que dicho medio de prueba fuera idéntico a otros descritos en el mencionado fundamento de la resolución, asimismo en lo que corresponde a la E.P. N° 118/94 de 28 de enero de 1994, acusada de no valorada, la misma se encuentra descrita en el mismo numeral 11° de la Resolución de Vista (fs. 1695 renglón 4 y siguientes), por lo que sobre estos dos medios de prueba no se advierte ausencia de valoración.

Por otra parte en cuanto a la acusación de haberse omitido valorar la prueba del plano de fs. 710 y el informe pericial de 24 de septiembre de 1992, los mismos no han sido acusados de haberse omitido en cuanto a su valoración de acuerdo al contenido del recurso de apelación, por lo que sobre las mismas no podía exigirse un pronunciamiento preciso y menos en instancia casacional acusarse ausencia de pronunciamiento.

9.- En lo relativo a la falta de valoración de la prueba de fs. 3 a 9, relativo al despojo violento cometido por René Verduguez Villarroel, en el Auto de Vista se hizo referencia al despojo violento referido a la participación de René Verduguez como señala en el numeral 8° del considerando segundo del Auto de Vista, aunque no preciso la literales de referencia, manifestó  de forma genérica que los alcances de los demando y resuelto tendrán  incidencia en los sujetos precisos, consiguientemente dicha acusación no resulta ser evidente, pues si se consideraba impreciso este punto los recurrentes podían haber solicitado la complementación o explicación de la resolución sobre las fotografías de fs. 3 a 9.

10.- Sobre la valoración de la prueba de fs. 412, la misma ha sido considerada por el Ad quem en el Auto de Vista recurrido como se advierte del punto 10º (renglón 34 de la foja 1694 vta.); asimismo corresponde señalar que el contenido del informe de fs. 361 (acusado de no valorado) sobre la transferencia y relación dominial de Gabino Villca en favor de Rosendo Choque, se encuentra descrita en el párrafo cuarto de la foja 1695 que corresponde al Auto de Vista, razón por la cual no puede acusarse de no haberse valorado el informe de fs. 361.

11.- En cuanto a la no valoración del Título Ejecutorial Nº 34401 de 17 de abril, corresponde señalar que el Ad quem ha tomado en cuenta dicho medio de prueba ha sido de objeto de pronunciamiento por el Ad quem, en el numeral 9º del Auto de Vista (fs. 1694 vta.), en el que señaló que  Gavino Villa fue dotado con 1.4000 Has.

12.- Sobre la valoración de la Escritura Pública Nº 583/81 de 12 de octubre de 1981, relativo a que varias personas entre ellas Gavino Villca, hubieran transferido su propiedad a la cooperativa Docente Administrativa de Vivienda de la Universidad Mayor de San Andrés, aunque no mencionó dicho medio de prueba el Ad quem ha señalado en el punto 10º (párrafo sexto de la foja 1694 vta.) de su fallo hizo referencia a que el registro doloso en favor de la mencionada Cooperativa, no ha sido motivo de la presente controversia y tampoco resultaría ser determinante para la solución del conflicto, por lo que se advierte que sobre dicha transferencia el Ad quem ah emitido criterio y ha tomado en cuenta dicho medio de prueba.

13.- Por otra parte en cuanto a las pruebas relativas a la transferencia efectuada por Carolina Nielsen Reyes en favor de Godefrido Cárdenas y la valoración de los planos de fs. 654 a 656, la prueba de fs. 558 a 589 relativa a registros catastrales existentes, la prueba de fs. 372 a 383, y las publicaciones de prensa de la Alcaldía Municipal en la que menciona a Roberto Nielsen Reyes, correspondía al recurrente que una vez emitido el Auto de Vista pedir su complementación y explicación en atención del art. 239 del Código de Procedimiento Civil, pues el Tribunal de Alzada cerró su criterio con la emisión del mencionado Auto de Vista y para ello en su condición de Juez de segunda instancia consideró la prueba esencial y decisiva conforme al art. 397 parágrafo II del Código de Procedimiento Civil, que señala: “El juez tendrá obligación de valorar en la sentencia las pruebas esenciales y decisivas...”, pues siendo la valoración de la prueba considerado como un agravio dicho Tribunal consideró la prueba esencial, decisiva y suficiente para emitir su decisión en el Auto de Vista, así se explica que el Ad quem al tomar en cuenta tan solo la prueba esencial y decisiva que hubiera considerado suficiente para la emisión de su fallo lo hizo en aplicación del art. 397 del Adjetivo de la materia, consiguientemente si el apelante no estaba de acuerdo con dicho aspecto y si consideraba haberse omitido la valoración de prueba esencial y contundente para el fallo debía de haber solicitado la complementación y explicación del porqué no consideraba suficiente dicho medio de prueba, pues la impugnación en grado de apelación ya estaba cerrada y el único medio para conseguir esa explicación sobre la omisión valorativa de ciertos medios de prueba, era la explicación y complementación, considerado como el medio de reclamo oportuno e inmediato de acuerdo a la regla contenida en el art. 17 parágrafo III de la Ley del Órgano Judicial, y con ello si considera arbitrario el criterio sobre la estimación del medio probatorio fundar su recurso de casación en el fondo sobre el error de hecho o error de derecho en la valoración de la prueba conforme al art. 253 núm. 3) del Código de Procedimiento Civil.

Por las razones expuestas el recurso de casación en la forma deviene en infundado.

En el fondo:

De la revisión de los antecedentes  del proceso se arriba a las siguientes conclusiones:

a) La parte actora y ahora recurrente demandó como pretensión principal el reconocimiento de mejor derecho de propiedad argumentando que su derecho deviene de la sucesión hereditaria de su progenitor Federico Nielsen Reyes, quien mediante Escritura Pública Nº 366 de 24 de agosto de 1954, inscrita en Derechos Reales bajo la Pdta. Nº 892 Fojas 939 vta., del Libro 1 “C” de 1954, adquirió a título de compraventa de Julio Patiño Bustamante un terreno de 16.400 m.2 situado en el lugar denominado Hankoloma en la zona Alto Calacoto de la ciudad de La Paz. Por otro lado adquirió los lotes denominados A, B, C y D (14.809 m.2) en el lugar Hankoloma, zona Calacoto, mediante usucapión, según Escritura Pública Nº 262 de 28 de octubre de 1981, registrada en Derechos Reales bajo la Pdta. Nº 1861 fs. 1861 del Libro “A” de 9 de noviembre de 1981.

Luego de ello, al fallecimiento de su progenitor, registraron su derecho de propiedad a título sucesorio sobre una superficie restante de 16.854 m.2, bajo la Pdta. Nº 01102700 de 5 de enero de 1991.

Posteriormente como consecuencia de un proceso de división y partición entre Carolina Isabel y Roberto María Nielsen Reyes, efectuaron la división de su terreno, habiendo correspondido a Carolina Nielsen Reyes la hijuela “A” que comprendía la titularidad de dos lotes de terreno de 6.096 m.2 en total, y a Roberto María Nielsen Reyes la hijuela “B” que también comprendía dos lotes de terreno de una superficie total de 6.093 m.2, según se hizo constar en la Escritura Pública Nº 118/94 de 28 de enero de 1994, registrando la primera de las nombradas bajo la Pdta. Nº 01238463 de 7 de febrero de 1994 y el segundo bajo la Pdta. Nº 01238546 de 24 de marzo de 1994.

b) De acuerdo a esos antecedentes refieren que el lote de terreno de 1.832 m.2 ocupado por los demandados estaría ubicado en su totalidad en el terreno “B” que correspondió a Roberto María y en una parte sobre el lote “A” que correspondió a Carolina Nielsen Reyes.

c) Los demandados Elka María del Rosario, René Efraín, Fátima María Sol Katherine, María Rene y Pedro Steve Verduguez Linares, reconvienen por mejor derecho de propiedad, sosteniendo que su derecho de propiedad proviene de un proceso social agrario de dotación a favor de varios comunarios, que concluyó con Resolución Suprema Nº 78473 de octubre de 1958 firmada por el entonces Presidente constitucional de la República Hernán Siles Suazo, en cuyo mérito se extendieron los correspondientes Títulos Ejecutoriales, entre ellos el Título Nº 034401 de 17 de abril de 1959, a favor de Gabino Villca, registrado bajo la Pdta. Nº 514, fs. 514 Libro 40 de 13 de febrero de 1977. Partida que fue limitada, entre otras, por la transferencia de 1.450 m.2 realizada a favor de Rosendo Choque Copari, mediante Escritura Pública Nº 1623/96 de 23 de mayo de 1996, registrada en derechos Reales bajo la Pdta. Nº 01354494 de 10 de mayo de 1996, de donde a título de compraventa deviene su derecho según la Escritura Pública Nº 98/98 de 26 de junio de 1998, registrada en Derechos Reales bajo la Pdta. Nº 01455428 de 3 de julio de 1998.

Establecidos los antecedentes en que ambas partes sustentan su derecho de propiedad sobre el lote de terreno en litigio, corresponde precisar que el Juez A quo, resolvió por reconocer el mejor derecho de propiedad de los demandados y reconventores basando su determinación esencialmente en el hecho de que los demandados ostentan su derecho de propiedad legitima e incuestionable que se origina según la tradición de su propiedad en la Pdta. Nº 514, fs. 514 de 1977 que registra el Título Ejecutorial Nº 034401, otorgado en cumplimiento de la Resolución Suprema Nº 78473 de octubre de 1958, por la que se dotó a Gabino Villca un terreno de 1.4000 Has., limitada con la Pdta. Nº 01446862 a nombre del vendedor de los demandados Rosendo Choque Copari, a su vez cancelada por la Pdta. Nº 01455438 que registra la Escritura Pública Nº 98/98, actual folio real Nº 2.01.1.01.0005280 a nombre de los demandados, mismo que se encuentra ubicado en la calle 30 Nº 1732, debidamente codificado en el catastro urbano con el Nº 44-180-9, de acuerdo a ello el fundamento esencial de la resolución de primera instancia, confirmada en alzada, radica en el reconocimiento del carácter perfecto y pleno que el Juez A quo realizó respecto al origen del derecho de propiedad de los demandados (Título Ejecutorial) al tenor de lo previsto por el art. 175 de la Constitución Política del Estado abrogada, que dispone: “(…) Los Títulos ejecutoriales son definitivos, causan estado y no admiten ulterior recurso, estableciendo perfecto y pleno derecho de propiedad para su inscripción definitiva en el registro de Derechos Reales; frente al derecho de propiedad de los demandantes cuyo origen se remonta al derecho de su causante que adquirido para éste parte de la propiedad de Julio Patiño, siendo precisamente ese sector denominado “Julio Patiño” del fundo Calacoto el que resultó afectado como consecuencia del proceso agrario, que derivó en la emisión de la Resolución Suprema Nº 78473 y la emisión de los consiguientes Títulos Ejecutoriales.

Establecido lo anterior y habiéndose precisado el fundamento de la decisión de reconocer el mejor derecho de propiedad a favor de los demandados corresponde absolver los agravios deducidos en casación en la forma como fueron planteados, advirtiéndose que el análisis de fondo efectuado para resolver en sentencia respecto al mejor derecho de propiedad no fue cuestionado en casación.

1.- Respecto a la violación de los arts. 1287, 1289-II y 1538-I y II del Código Civil, porque esos preceptos legales no habrían sido aplicados en la valoración de la Escritura Pública Nº 262/81 de 28 de octubre de 1981, cursante de fs. 763 a 769, misma que tendría plena fe probatoria y que al encontrarse debidamente inscrita en derechos reales bajo la Pdta. 1861 fs. 1861 del Libro 1º “A” de 9 de noviembre de 1981, resultara oponible frente a terceros, conforme el art. 1538 I y II del Código Civil.

Sobre dicha acusación, corresponde precisar que de fs. 763 a 769, cursa Testimonio de la referida Escritura Pública relativa a la protocolización de los obrados judiciales relativos al proceso ordinario de usucapión que Federico Nielsen Reyes tramitó en contra de Justo Machaca, que derivó en la adquisición de los lotes A, B, C y D con una extensión de 14.809 m.2 inscrita en la Oficina de Derechos Reales bajo la partida N° 1861 fojas 1861 del Libro 1° “A” de 9 de noviembre de 1981, dicho no establece con precisión su ubicación empero sobre la misma se le asignó el Código Catastral N° 44-181-20-21-22-23, dicho testimonio hace referencia a que el demandado fuera Justo Machaca y su registro en Derechos Reales data de la gestión de 1981; para considerar dicho documento se debe tomar en cuenta que la usucapión genera un doble efecto uno adquisitivo para el usucapiente (quien adquiere el derecho de propiedad) y el otro efecto resulta ser el extintivo para el titular de dicho bien (que resulta ser el propietario del bien, quien pierde su derecho de propiedad), el Testimonio de referencia alude a que el demandado fuera Justo Machaca, de quien no se tiene constancia de su antecedente dominial y la otra observación radica en que al momento de registrar dicho testimonio tan solo se consignó que el mismo se inscribe bajo la partida N° 1861 fojas 1861 del Libro 1° “A” de 9 de noviembre de 1981, no señala su antecedente dominial sobre el que cancela, limita o se relaciona, por tal razón este Tribunal asumirá que la misma tiene el efecto erga omnes a partir de su fecha de inscripción conforme al art. 1538 del Código Civil, tomando en cuenta que el sujeto pasivo de la usucapión no se encuentran identificados en ninguno de los demandados, ni en los antecesores propietarios de los demandados (esto sin denotar que siendo una posesión que data con anterioridad a la fecha de vigencia del actual Código civil, la misma debía tramitarse conforme a las normas del Código Civil abrogado, de acuerdo a la regla del art. 1568 del actual Código Civil). De acuerdo a lo expuesto se dirá que tomando en cuenta la data de inscripción del mencionado título que data de la gestión de 1981, la misma resulta ser posterior a la que se consigna en la partida N° 514, fs. 514 del Libro “40” de 1977, siendo este registro anterior al registro emitido en el testimonio de actuados relativos al juicio de usucapión, por lo que la regla contenida en el art. 1545 del Código Civil en un sentido amplio, no solo se aplica los propietarios con títulos emergentes de un antecesor común, sino también a los  propietarios con títulos provenientes de antecesores diferentes, por dicha razón se dirá que a los demandantes y recurrentes no les asiste el derecho para peticionar por mejor derecho de propiedad, pues el registro de la  usucapión data de la gestión de 1981 y el registro de propiedad del antecesor de los demandados data de la gestión de 1977.

2.- Acusaron error de derecho en la valoración de las literales cursantes de fs. 24 a 92 que corresponden a las fotocopias legalizadas del proceso de interdicto de retener la posesión seguido por Carolina Isabel Nielsen Reyes de Leickhardt contra René Verduguez Villarroel ante el Juzgado Sexto de Instrucción en lo Civil, así como en la apreciación de las documentales de fs. 238 a 311 que corresponden al proceso penal seguido por Carolina Isabel Nielsen Reyes de Leickhardt contra René Verduguez Villarroel por el delito de despojo tramitado ante el Juzgado Quinto de Instrucción en lo Penal.
Al respecto si bien las referidas documentales constituyen documentos públicos de acuerdo a los previsto por el art. 1287 I del Código Civil y 1289 I del mismo cuerpo legal, empero los Tribunales de instancia no desconocieron ese valor, por el contrario apreciaron correctamente esos medios de prueba y concluyeron que los mismos no revestían trascendencia para la dilucidación de la causa, toda vez que las fotocopias legalizadas referidas al proceso de interdicto de retener la posesión seguido por Roberto y Carolina Nielsen Reyes contra Rene Verduguez, no tuvo como objeto la dilucidación del mejor derecho de propiedad o la determinación de validez de uno u otro derecho o de sus antecedentes o causantes, siendo el objeto del mismo, conforme la naturaleza del proceso, la protección de la posesión y no la dilucidación de la propiedad o del mejor derecho de propiedad.

Por su parte respecto al proceso penal por despojo, la conclusión arribada por los de instancia giró en el mismo sentido, toda vez que el objeto de ese proceso penal no fue el dilucidar el mejor derecho de propiedad sino la averiguación y posterior sanción de una conducta de hecho imputada al responsable. Al margen de ello habrá que precisar que en el presente proceso no se pretende dilucidar el mejor derecho de propiedad que pudo asistirle a Rene Verduguez, sujeto pasivo de los procesos de referencia, pues, los demandados y reconventores jamás adujeron que el derecho que reclaman provenga de ésta persona como su causante.

3.- Respecto a que al haberse negado el valor probatorio a las fotocopias legalizadas de fs. 24 a 92 y de fs. 238 a 311, relativas a los procesos de interdicto de retener la posesión y al proceso penal por despojo, el Tribunal de Alzada habría incurrido en error de derecho por no aplicar los arts. 1320 del Código Civil y 447II de Código de Procedimiento Civil, corresponde señalar que remitiéndonos a los fundamentos expuestos en el punto anterior, no es evidente que los Tribunales de instancia hubiesen negado o desconocido el valor de esos medios probatorios, sino que establecieron, como consecuencia de su correcta apreciación, que los mismos no revestían trascendencia para la resolución de la causa, en virtud a que el objeto de esos procesos no fue el de dilucidar el mejor derecho de propiedad de las partes contendientes.

Conforme a ello tomando en cuenta la observación del Tribunal de garantías se dirá que el proceso de despojo, se encuentra tipificado por el art. 351 del Código Penal sanciona al que despojare a otro de la posesión, la tenencia o el ejercicio de un derecho real, consiguientemente la norma penal sanciona al que de forma arbitraria despoje a otro en cuanto a su posesión tenencia, la norma penal en realidad lo que hace es sancionar al despojante tenga o no derecho sobre el bien despojado, pues por un lado reprime lo que conoce como la justicia por mano propia, dicho proceso penal no puede tener incidencia en la presente controversia, porque la acción mejor derecho de propiedad se encuentra abierta para debatir sobre titularidad de dos propietarios que ostenten derecho de propiedad, en cambio el despojo que resulta ser una figura penal ajena al mejor derecho de propiedad, busca imponer una condena penal en contra del despojante que ha trasgredido la posesión, tenencia o el ejercicio de cierto derecho real, en el que no se debate títulos de propiedad.

Por otra parte el proceso civil de interdicto de retener la posesión, solo busca retener esa posesión frente a la amenaza de un tercero, sea que éste o el poseedor cuenten o no con título propiedad u otro derecho real.

Por lo que las mismas no pueden servir como medios de prueba para debatir sobre la prioridad en la inscripción del título de propiedad emergente de un mismo antecesor común o frente a la prioridad de la inscripción de dos títulos de propiedad con antecesores diferentes.

4.- Respecto a que el Tribunal Ad quem habría omitido el valor probatorio de las fotocopias legalizadas relativas al proceso ordinario sobre reconocimiento de mejor derecho de propiedad seguido por la demandante Carolina Nielsen Reyes Leickhardt contra la Alcaldía Municipal de La Paz, corresponde señalar, que una vez más los recurrentes confunden el valor probatorio de un determinado medio probatorio con los elementos de prueba que los Tribunales obtuvieron del mismos, en efecto, en el caso que se analiza los de instancia no negaron el valor probatorio a las documentales de referencia, lo que sucedió es que extrajeron de ellos elementos probatorios con los cuales la parte no comparte criterio, aspecto que de ninguna manera supone error de derecho sino más bien de hecho que debió ser así fundamentando por los recurrentes. Pese a la deficiencia anotada corresponde puntualizar que de la correcta valoración y apreciación de esas literales, los de instancia establecieron que el objeto de ese proceso fue el de contrarrestar el derecho de propiedad alegado por los hermanos Nielsen Reyes frente al derecho que en algún momento se atribuía la Alcaldía Municipal de La Paz, empero en el mismo no se contrapuso el derecho de propiedad de los ahora demandados y reconventores, razón por la que lo resuelto en el proceso de referencia no adquiere ningún carácter vinculante que determine el necesario reconocimiento del derecho de propiedad de los hermanos Nielsen Reyes en detrimento del derecho de propiedad de los Hermanos Verduguez ahora demandados, pues, como lo señalan los propios recurrentes las resoluciones dictadas en ese proceso concluyeron negando cualquier derecho municipal sobre el terreno indicado, empero jamás se negó ni se consideró siquiera el derecho de los ahora demandados.

5.- En relación a que no se valoró el informe Nº 030/2004 de 12 de julio de 2004, cursante a fs. 412, emitido  por el Instituto Nacional de Reforma Agraria Unidad de Saneamiento-, que demuestra que en el expediente 1129, correspondiente al Ex Fundo Calacoto Alto, se dotó a Gabino Villca con las parcelas Nº 42 y 30, correspondiendo la primera al lugar de KellaKella y la segunda a Mollepata, con una superficie de 1.3000 Has., la primera y 0.1000 Ha., la segunda, haciendo un total de 1.4000 Has., dotación efectuada al amparo de la Resolución Suprema Nº 78473 de 2 de octubre de 1958 a beneficiarios del sector Julio Patiño, existiendo a favor de Gabino Villca una sola dotación que comprende los terrenos indicados, la misma que habría sido inscrita en Derechos Reales, en dos Partidas distintas: la primera bajo la Pdta. Nº 338, de fs. 338 del Libro 40 de 21 de junio de 1976, que registró el Título Ejecutorial Nº 34401; la segunda inscripción bajo la Pdta. Nº 514 de fs. 514, del libro 40 de 13 de febrero de 1977.

Sobre dicha acusación, corresponde aclarar que los demandados y reconventores como fundamento de su pretensión señalaron que su antecedente dominial es emergente del Título Ejecutorial N° 34401, emitida en base a la Resolución Suprema N° 78473 de octubre de 1958, en la que se dotó de tierras a 57 comunarios, entre ellos Gabino Villca con una superficie de 1.4000 Has (que fue emitido en proceso social agrario de dotación en el que se afectó la propiedad de Julio Patiño del cual deriva la propiedad de los demandantes), quien registro su derecho de propiedad bajo la Pdta. 514 fs. 514 libro N° 40 de 1977 del cual derivó su derecho propietario, es en base a esa partida de propiedad que se debe confrontar los documentos y antecedente dominial de los demandantes, y respecto a otra partida de propiedad aunque sea relativo al antecedente dominial de los demandados.

En otras palabras no está en discusión el tracto sucesorio del derecho de propiedad de los demandados y si su derecho correspondería al antecedente de uno u otro registro sino la dilucidación del mejor derecho que les asiste a éstos, precisamente porque su antecedente se remonta a la existencia de un Título Ejecutorial, cuyos efectos y valor se encuentran plenamente reconocidos por el art. 175 de la abrogada Constitución Política del Estado, no correspondiendo a la Justicia Ordinaria revisar, modificar y menos anular las decisiones de la judicatura agraria cuyos fallos constituyen verdades jurídicas, comprobadas, inamovibles y definitivas.

En lo referente a este punto respecto al certificado N° 030/2004 de 12 de julio de 2004, el mismo resulta ser relativo a la dotación de propiedad agraria emergente del expediente N° 1127 por las que se evidencia que Gabino Villca, las parcelas dotadas fueran el 42 y 30 en el ex fundo Alto Calacoto, en las que se señala que la Resolución Suprema por la que se hubiera otorgado la dotación es la N° 78473 de octubre de 1958, antecede del cual se efectuó la venta a Rosendo Choque Copari, conforme se puede relacionar con informe de fs. 361 en el que se describe la relación de los antecedentes de la propiedad de Gabino Villca, quien hubiera sido beneficiado con la dotación de terreno conforme al título ejecutorial N° 034401 evacuada en base a la Resolución Suprema N° 78473 (descrita en el informe de fs. 30).

En criterio de la Resolución emitida por el Tribunal de Garantías, corresponde señalar que en lo que corresponde a la E.P. N° 583/81 de 12 de octubre de 1981 la misma es relativa a la venta de una propiedad que efectúan varias personas identificadas como campesinos de la zona de Cupillani en favor de Cooperativa Docente Administrativa de Vivienda de la Universidad Mayor de San Andrés, la misma que evidencia la venta efectuada de fracciones del fundo Calacoto en favor de la nombrada Cooperativa, la misma de acuerdo al mencionado testimonio que cursa de fs. 397 a 405 vta., advertiría dicha venta que fuera registrada en lo posterior bajo la partida N° 338 fs. 338 del Libro “40” de 1976 como consta en el certificado de 393, sin embargo de ello corresponde reiterar que los demandados en su memorial de contestación y reconvención específicamente a fs. 173 y vta., manifestaron que su antecedente dominial proviene de la partida N° 514 fs. 514 del libro “40” de 1977, diferente a la expuesta en dicho testimonio N° 583/81 de fs. 397 a 405 vta., sobre la misma también corresponde reiterar que el debate sobre el mejor derecho de propiedad es la alegada por los demandantes que se remonta a la partida N° 892 fs. 939 vta. del libro “C” de 1954 (que fue afectada por proceso social agrario), partida que se debate con la expuesta por los demandados que es la N° 514 del Libro “40” de 1977, tema decidendum sobre el cual se ha abierto el debate de mejor derecho de propiedad entre los demandantes y los demandados, sobre cual resulta ajena a la Litis la partida N° 338 del Libro “40” de 1976 sobre la cual se inscribió la Escritura Pública N° 583/81 de fs. 397 a 405 vta. cuya valoración se acusa de infringida.

6.- En relación a que el informe del Instituto Nacional de Reforma Agraria, de 12 de julio de 2004, cursante a fs. 412, demostraría que las parcelas dotadas a Gabino Villca en el ex fundo Calacoto Alto son las parcelas 42 y 30 que corresponden a KellaKella y Mollepata, lugares distintos a Jankoloma o Hankoloma donde se encontrarían los terrenos de los hermanos Nielsen Reyes, precisar que conforme los términos expuestos en la sentencia el Juez A quo arribó a la conclusión y certeza de que el inmueble de los demandados se encuentra ubicado en el manzano situado entre las calles 28 y 30 y entre la Avenida Aguirre Acha y Costanera, correspondiéndole el código Catastral Nº 44-180, más propiamente el lote Nº 9, con una superficie de 1.450 m.2 ubicado exactamente en la esquina de la calle 30 y la Avenida costanera, conclusión respecto a la cual los ahora recurrentes no aportan elementos para establecer que sea errada o incorrecta, por el contrario, lo expuesto por los propios recurrentes en el punto 9 de su recurso de casación, en sentido de que el código catastral 44-180-9, que es el mismo que corresponde al inmueble de los demandados motivo de litigio- hubiera correspondido al inmueble de propiedad de los hermanos Nielsen Reyes antes a su progenitor Federico Nielsen Reyes, permite concluir que efectivamente la ubicación del inmueble en litigio es la misma, no otra cosa se entiende que ambos lotes de terrenos el que aluden correspondería a los actores y el que correspondería a los demandados- lleve el mismo código catastral.

7.- Respecto a que el Auto de Vista recurrido habría incurrido en error de derecho en la valoración de la prueba testifical de cargo, corresponde establecer que la definición del mejor derecho de propiedad no pasó por la consideración de las declaraciones testificales, lo que se explica razonablemente toda vez que los testigos únicamente pueden referir sobre hechos, como en efecto sucedió con la declaración de los testigos de cargo que atestaron respecto a la posesión del terreno de la familia Nielsen Reyes y sobre los actos realizados por Rene Verduguez, empero esos aspectos de hechos no fueron determinantes para la determinación del mejor derecho de propiedad, decisión que pasó por una consideración de derecho y no sobre aspectos de hecho, como se tiene señalado.

8.- Respecto a que la Escritura Pública Nº 98/1998 de 26 de junio de 1998, evidenciaría que Rosendo Choque transfirió a favor de los hermanos Verduguez Linares un lote de terreno de 1450 m.2, sin embargo ellos se encuentran en posesión de 1832 m.2 de terreno de propiedad de los actores y ahora recurrentes, señalar que la sentencia únicamente reconoció el mejor derecho de propiedad de los demandados adquirido de Rosendo Choque frente al derecho de los actores adquirido por sucesión hereditaria al fallecimiento de su progenitor Federico Nielsen Reyes, lo que de ninguna manera supone haberle reconocido a favor de los demandados derecho de propiedad sobre una extensión mayor a la que éstos adquirieron a título de compraventa.

Respecto a la certificación catastral de los hermanos Verduguez Linares en sentido de que éstos obtuvieron el código catastral después del despojo del terreno protagonizado por Rene Verduguez, precisar que la certificación aludida no aporta elementos de prueba trascendentales para la definición del mejor derecho de propiedad a favor de los actores y ahora recurrentes, por el contrario sólo establece que tanto la propiedad que alegan tener los actores como la propiedad que sustentan los demandados corresponde a un mismo Código catastral, lo que permite concluir que se trata de inmuebles ubicados en un mismo lugar.

Finalmente respecto a que Rosendo Choque Copari adquirió el año 1996 un inmueble de Gabino Villca, cuando éste no tenía ni tuvo terreno alguno en la indicada zona, ya que su dotación comprendía los lugares denominados KellaKella y Mollepata, distintos a Hankoloma, nos remitimos a lo ya fundamentado respecto a la conclusión arriba por el Juez A quo en relación a la ubicación del inmueble y a la propia referencia que hacen los recurrentes respecto a la correspondencia del código catastral a favor de su propiedad y a la de los demandados.

Se aclara que la numeración de los puntos resueltos corresponde a la forma estricta del planteamiento del recurso en el que no consta el numeral 6.

Por las razones expuestas, éste Tribunal Supremo de Justicia concluye que no son evidentes los agravios de fondo deducidos por los recurrentes, correspondiendo por ello declarar infundado el recurso de casación en el fondo.


POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la atribución conferida por el art. 42 parágrafo I num.1) de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto por los arts. 271 núm. 2) y 273, del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo y en la forma de fs. 1700 a 1719, interpuestos por Carlos Hugo Pinilla Orihuela, en representación de Carolina Isabel Nielsen Reyes de Leickhardt y de Roberto María Nielsen Reyes Kurschner, contra el Auto de Vista Nº 127/2013, cursante de fs. 1690 a 1695 vta., pronunciado el 22 de marzo de 2013 por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Con costas.       

Se regula el honorario del abogado en la suma de Bs. 1.000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Dr. Rómulo Calle Mamani

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Dra. Patricia Ríos Tito

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: Cuarto