TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA                                                                  S A L A  C I V I L


Auto Supremo: 343/2014                                                                 Sucre: 27 de junio 2014                                                           

Expediente:        SC- 48 14 S                                                        

Partes: Segunda Barriga Cáceres. c/ Lucia Cuevas.                                

Proceso: Acción reivindicatoria, negatoria, mejor derecho propietario,        

               desocupación y entrega de inmueble.                              

Distrito: Santa Cruz.

VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 351 a 359 interpuesto por Lucia Cuevas contra el Auto de Vista de 30 de septiembre de 2013 de fs. 344 a 346 y vta., pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en el proceso ordinario de acción reivindicatoria, negatoria, mejor derecho propietario, desocupación y entrega de inmueble, seguido por Segunda Barriga Cáceres contra la recurrente; la respuesta al recurso de fs. 361 a 364; el Auto de concesión de fs. 367; los antecedentes del  proceso, y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

I. 1.- Del contenido del memorial de demanda de fs. 16-17 y vta., en lo esencial se resume lo siguiente: la actora indica que es propietaria del inmueble de 317,50 mts2., ubicado en la UV. 118-A, MZ. 4, Lote Nº 9, inscrito en DD.RR. bajo la Matrícula 7011060092567 el 24 de febrero de 2010; indica que en dicho inmueble, la Sra. Lucía Cuevas ingresó en 1998 a vivir en alquiler y posteriormente en calidad de casera otorgado por el anterior vendedor Dámaso Altamirano Gómez, siendo su condición simplemente de detentadora y que su persona como nueva propietaria no pudo permanecer en dicho inmueble debido a que la casera alude tener derecho propietario sobre el mismo; en base a esos antecedentes y alegando mejor derecho propietario interpone la indica demanda en contra de la mencionada persona.       

I.2.- Sustanciado el proceso en primera instancia, la Juez 3º de Partido en Materia Civil y Comercial de la ciudad de Santa Cruz, mediante Sentencia (2ª Sentencia) del 09 de abril de 2012 cursante de fs. 303 a 305 y vta., declaró probada en parte la demanda principal con relación a la acción reivindicatoria, desocupación y entrega de inmueble, declaró improbada con relación a la acción negatoria; por otra parte declaró improbada la demanda reconvencional de usucapión y acción negatoria, como también improbada la excepción perentoria de prescripción; disponiendo que Lucia Cuevas proceda a desocupar y entregar el bien inmueble objeto de litis previo pago de las mejoras introducidas a ser calificadas en ejecución de sentencia de acuerdo al valor catastral de conformidad al art. 97 de Código Civil.

I.3.- En apelación la indicada Sentencia interpuesto por la demandada Lucia Cuevas; la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Auto de Vista de 30 de septiembre de 2013 de fs. 344 a 346 y vta., confirmó parcialmente la Sentencia, disponiendo que el pago de las mejoras introducidas por la demandada Lucia Cuevas, sean calificadas en ejecución de sentencia de acuerdo a su valor pericial, excluyéndose la habitación y baño que se describe en el contrato de fs. 151 a 152; en contra de esta última resolución de segunda instancia, la demandada Lucia Cuevas interpone recurso de casación en la forma y en el fondo.

CONSIDERANDO II:

HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Del contenido del recurso de casación se resume lo siguiente:

II.1.- En la forma, la recurrente cuestiona la competencia del Tribunal Ad quem indicando que el Auto de Vista recurrido fue dictado fuera del término de 30 días establecido por ley, afirmando que el expediente fue sorteado el 16 de septiembre de 2013 y el 25 de octubre presentó memorial pidiendo que se declare incompetente el Tribunal, sin embargo el fallo recién habría salido el 28 de octubre del 2013 pero con fecha anticipada, vulnerando el art. 204 del Código de Procedimiento Civil.

Por otra parte reclama la falta de pronunciamiento de la excepción de prescripción adquisitiva de propiedad por el transcurso del tiempo formulada por su persona, la cual no habría sido resuelta por el Tribunal de apelación.

II.2.- En el fondo, acusa la vulneración del art. 192 num. 2 y 3) del Código de Procedimiento Civil afirmando que la sentencia no contiene los requisitos esenciales y omitió analizar las pruebas documentales, testificales, confesión y pericial; aspectos que habrían sido reclamados en su recurso de apelación, sin embargo el Tribunal habría indicado que el Juez resolvió todos los reclamos de su petición y que la sentencia se encuentra fundamentada.

Indica que la sentencia no se pronunció con respecto a su demanda reconvencional de reconocimiento judicial de mejoras y no obstante de reconocer esa situación, no especifica de qué mejoras se tratan, a quién corresponde y cual el valor de las mismas, acusando a la sentencia de incompleta, ambigua y contradictoria y que el A quo no hubiera cumplido su deber de motivar su fallo y dar respuesta positiva o negativa a lo peticionado, aspectos que tampoco fueron tomados en cuenta por el Tribunal de alzada, quien simplemente habría indicado que debe realizarse otro peritaje para las mejoras.

Acusa error de hecho y de derecho en la valoración de las pruebas, violación del principio de verdad material indicando que la Juez solo vio el aspecto formal sin verificar la realidad de los hechos que nacen de una relación familiar porque su persona habría tenido una niña con el propietario del inmueble a quien califica de su ex pareja, quien le habría entregado el inmueble para su hija menor; que su persona canceló el valor del terreno y ejerció su derecho realizando mejoras y construcciones, siendo conocida como propietaria en el barrio; en tanto que la compradora habría adquirido el inmueble de manera colusiva con su vendedor sin que éste se encuentre en posesión, presentando el contrato (transferencia) después de la demanda sin cumplir con el procedimiento y sin darle el derecho de refutarlo;  en base a esos argumentos indica que no se valoraron las pruebas aportadas de su parte.

Acusa también de interpretación errónea de la norma sustantiva y adjetiva, afirmando que su persona estuvo en posesión por 13 años y 6 meses, tiempo en el cual no fue molestada hasta la fecha de notificación con la demanda, consintiendo la demandante o su vendedor en su posesión ejercida y las mejoras y construcciones realizadas en el inmueble, por lo que el derecho que reclama la demandante habría precluído, prescribiendo conforme al art. 1507 del Código Civil; no siendo posible que el Juez dé por válido un derecho por la sola inscripción en DD.RR. cuando no se produjo materialmente la venta con la entrega de la cosa porque su persona se encuentra ocupando el inmueble en su condición de ex cónyuge del vendedor de la demandante, calificando a la transferencia de ficticia, fraudulenta e inexistente.

En base a esos argumentos concluye que interpone recurso de casación en la forma y en el fondo solicitando se ANULE la resolución recurrida, pidiendo que se dicte otro de acuerdo a los fundamentos expuestos, debiendo dictarse una nueva sentencia.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:


Al haber sido interpuesto recurso de casación en la forma y en el fondo, se pasa a considerar dichos recursos en el orden en que fueron interpuestos.

III.1.- Recurso en la forma:  

La recurrente cuestiona la competencia del Tribunal Ad quem indicando que el Auto de Vista recurrido fue dictado fuera del término de los 30 días establecido por ley vulnerando el art. 204 del Código de Procedimiento Civil; afirma que el expediente fue sorteado el 16 de septiembre de 2013 y el 25 de octubre presentó memorial pidiendo al Tribunal que se declare incompetente, sin embargo el fallo recién habría salido el 28 de octubre del 2013 pero con fecha anticipada.

Al respecto, de la revisión de los antecedentes del proceso se evidencia que el sorteo del expediente fue realizado efectivamente el 16 de septiembre de 2013 conforme se verifica a fs. 343 y según el art. 204.III del Código de Procedimiento Civil, el plazo de los 30 días para la emisión de la resolución se computa desde la fecha del sorteo del expediente; en el caso presente el Auto de Vista recurrido fue emitido el 30 de septiembre de 2013, es decir a los 14 días del sorteo de la causa por lo que se encuentra dentro del plazo establecido por ley, aunque la notificación con dicha resolución a la recurrente se realizó recién el 28 de octubre del 2013.

Si la recurrente consideraba que la resolución no fue emitida dentro del término de ley, inmediatamente de vencido el plazo debió haber reclamado al Tribunal y no esperar que transcurran los días y ante una resolución adversa a sus intereses recién reclamar de esa situación, pues cuando no se reclama en el momento oportuno implica consentir en la emisión de resolución; si bien la recurrente en fecha 24 de octubre de 2013 presentó memorial (fs. 347) denunciando la pérdida de competencia, lo hizo después de transcurrido ocho días de vencido el plazo para la emisión de la resolución; por otra parte, en el recurso de casación se indica que el Auto de Vista recién habría sido emitido el 28 de octubre de 2013, sin embargo a fs. 349 cursa notificación realizada a la contra parte en fecha 24 de octubre de 2013 con la resolución cuestionada, frente a esa actuación procesal se concluye que no es evidente lo afirmado por la recurrente de que el Auto de Vista hubiera sido emitido el 28 de octubre de 2013.

Al margen de lo señalado anteriormente y conforme a la nueva línea jurisprudencial establecida por el Tribunal Supremo de Justicia en función a las nuevas corrientes doctrinarias y el nuevo régimen de nulidades incorporado por la Ley 025, actualmente la pérdida de competencia del Juez o Tribunal no es causa para la anulación de la Sentencia o del Auto de Vista; en el caso presente, de comprobarse la situación denunciada, la sanción recae sobre los servidores judiciales responsables de esa retardación, ya sea en la emisión de la resolución o en las notificaciones y de ninguna manera esa omisión o descuido puede perjudicar a las partes litigantes; en ese sentido se tiene establecido en el A.S. 336 de 05 de julio de 2013.

En cuanto al reclamo de falta de pronunciamiento de la excepción de prescripción adquisitiva; este aspecto se encuentra argumentado de manera sucinta al inicio del cuarto motivo del recurso de apelación bajo el epígrafe de “interpretación errónea de la norma sustantiva y adjetiva” y respecto al cual el Tribunal de Alzada se pronunció al final de la parte considerativa del Auto de Vista recurrido, al igual como lo hizo el Juez de la causa, donde se deja establecido el por qué no puede ser viable dicha excepción, y consiguientemente no se advierte omisión respecto a ese reclamo, resultando el recurso infundado por las consideraciones antes descritas.   

III.2.- Recurso en el fondo:

El presente recurso no es más que una reproducción íntegra del memorial de apelación contra la sentencia y de otros memoriales anteriores, incluso de la propia demanda reconvencional, al extremo de que la recurrente llegue a afirmar en etapa de casación que  “… demanda en la vía reconvencional USUCAPIÓN sobre el lote de terreno ubicado en…”. Al ser una réplica del recurso de apelación, los argumentos se encuentran dirigidos a atacar la sentencia de primera instancia y respecto al Auto de Vista del cual indica recurrir, casi nada dice al respecto, ni contiene una petición clara y concreta, solicitando a este Tribunal Supremo simplemente que se anule el Auto de Vista y se dicte otro, aspectos que desde luego son atribuibles a la defensa técnica; no obstante esa deficiencia y con el fin de dar respuesta a la parte recurrente, nos referiremos a los argumentos del recurso en los aspectos que así correspondan. 

La recurrente acusa la vulneración del art. 192 num. 2 y 3) del Código de Procedimiento Civil afirmando que la sentencia no contiene los requisitos esenciales, que se omitió analizar las pruebas, que no se pronunció a su demanda reconvencional de reconocimiento de mejoras, acusando a dicha resolución de incompleta, ambigua, contradictoria y falta de motivación; en otra parte de su recurso indica que no se le dio el derecho de refutar al contrato de compra venta presentado en calidad de prueba por la demandante; todos estos aspectos no corresponden ser reclamados ni dilucidados en recurso de casación en el fondo por estar referidos a cuestiones de procedimiento y a la forma de emisión de las resoluciones, aspectos que únicamente deben ser reclamados en recurso de casación en la forma, por lo que no corresponden su consideración en el presente recurso.          

Por otra parte, acusa error de hecho y de derecho en la valoración de las pruebas y violación del principio de verdad material indicando que la Juez solo vio el aspecto formal sin verificar la realidad de los hechos que nacen de una relación familiar, afirmando que el anterior propietario del inmueble Dámaso Altamirano Gómez habría sido su ex pareja con quien tuvo una hija, quien le entregó el inmueble con destino para su hija menor y que su persona canceló el valor del terreno y realizó mejoras y construcciones en dicho inmueble; respecto a estos argumentos se debe indicar que en antecedentes no consta ninguna prueba que acredite la transferencia a favor de la recurrente ni mucho menos a favor de su hija que refiere; los certificados de depósito que cursan de fs. 23 a 30 no se sabe porque conceptos son.

Por la documental que cursa de fs. 13-14 reiterada a fs. 151-152 en fotocopia legalizada consistente en contrato de alquiler, se evidencia que la hoy recurrente estuvo ocupando el inmueble en calidad de inquilina, cuyo contrato fue suscrito el 23 de noviembre de 1998 con el anterior propietario Dámaso Altamirano Gómez por el término de dos años, aspecto que demuestra de manera contundente que la recurrente en aquel tiempo tenía la calidad de inquilina y por ende de detentadora del inmueble y no así la calidad de poseedora como vino afirmando a lo largo de todo el proceso; al haber permanecido en su condición de inquilina o arrendataria, se dejó sin efecto cualquier posesión que pudiera haber tenido anteriormente sobre el inmueble en cuestión.    

Por otra parte, por las declaraciones testificales de Manuel Alejandro Altamirano Ramos que cursa a fs. 199 y vta., se tiene conocimiento que al vencimiento de la vigencia del indicado contrato de alquiler, el mismo fue renovado de manera verbal y ante la falta de pago del canon de alquiler, la inquilina se comprometió a cancelar simplemente los gastos de agua y luz, de los cuales dan cuenta las documentales que cursan de fs. 31 a 138.

Al margen de lo indicado, también realizó mejoras y construcciones en el inmueble conforme se tiene acreditado por las declaraciones testificales de fs. 186-190 y de esas mejoras se le reconoció a la recurrente en el Auto de Vista el derecho al pago por ese concepto a ser calificados en ejecución de sentencia de acuerdo al valor pericial y no como había determinado el A quo de acuerdo al valor catastral, consiguientemente será en ejecución de sentencia donde se tendrá que establecer específicamente por cuales de esas mejoras corresponde el reconocimiento económico ya cuánto asciende el monto a ser cancelado en favor de la recurrente; al estar expresamente reconocido ese pago por ese concepto, no corresponde el reclamo respecto a este punto. 

Respecto a la usucapión decenal reclamada por la recurrente, ésta pretensión quedó descartada al no tener la calidad de poseedora sobre inmueble objeto de litis, ni mucho menos cumple con los requisitos exigidos para este instituto jurídico. Aun así y en el supuesto caso de considerársela como poseedora del inmueble, desde el vencimiento de la vigencia del indicado contrato de alquiler hasta la fecha de citación con la demanda principal no transcurrieron los 10 años requerido por el art. 138 del Código Civil para la usucapión decenal como correctamente lo entendió el Juez de la causa y el Ad quem. 

Se hace notar a la recurrente que en los argumentos de su recurso de casación, incurre en una serie de contradicciones, toda vez que por una parte afirma que su ex pareja Dámaso Altamirano Gómez le entregó el inmueble con destino para su hija menor (no especifica cuando ni a que título), sin embargo demanda la usucapión de dicho inmueble a título personal en desmedro de su propia hija quien sería la propietaria según afirma, dirigiendo su demanda únicamente contra la nueva propietaria y actora principal sin tomar en cuenta al anterior propietario a quien califica de haberse descuidado de su propiedad, pero al mismo tiempo afirma que canceló el valor del terreno a su propietario, como también indica que no se valoraron las pruebas de descargo y al mismo tiempo afirma que se incurrió en error de hecho y de derecho en la valoración de dichas pruebas, aspectos que no guardan coherencia lógica en los argumentos del recurso.

Con respecto a la interpretación errónea de la norma sustantiva y adjetiva que refiere la recurrente, únicamente señala al art. 1507 del Código Civil afirmando que de acuerdo a este precepto legal el derecho de la demandante habría prescrito por haber permanecido su persona en posesión del inmueble por 13 años y 06 meses, sin tomar en cuenta que el derecho de la demandante de poder reclamar sobre el inmueble en cuestión recién nace con la compra que hizo en noviembre del 2010 por que anteriormente no era propietaria y consiguientemente la demandante no podía reclamar de un bien que aún no le correspondía.

En cuanto al cuestionamiento de la recurrente respecto a la validez legal de la compra del inmueble realizado por la actora principal, corresponde indicar que ese aspecto no fue sometido a controversia judicial toda vez que ninguna de las partes ha demandado la nulidad o anulabilidad de dicha transferencia y por tanto no corresponde ser dilucidada en el presente proceso.     

Por todo lo anteriormente expuesto se concluye que el recurso de casación en la forma y en el fondo devienen en infundados, correspondiendo emitir Resolución en la forma  prevista por los arts. 271 num. 2 y 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 parágrafo I numeral 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en los arts. 271 núm. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara: INFUNDADO el recurso de casación en la forma y en el fondo interpuesto por Lucia Cuevas contra el Auto de Vista de 30 de septiembre de 2013 de fs. 344 a 346 y vta., pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. Con costas.

Se regula honorarios en la suma de Bs. 1.000 (Un Mil 00/100 Bolivianos)

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Durán

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Dra. Patricia Ríos Tito

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: Cuarto