TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

     S A L A   C I V I L


Auto Supremo: 335/2014                                                        

Sucre: 26 de junio 2014                                                                 Expediente: B-14-14-S                                                                

Partes: Rubén Darío Antelo Tababary. c/ Cristina Modesta Bazán Schmidt Proceso: Divorcio Absoluto.                                                        

Distrito: Beni

VISTOS: El recurso de casación en la forma de fs. 158 a 161 vta., interpuesto por Diego Armando Rodrigo Castedo Arandia en representación de Cristina Modesta Bazán Schmidt, contra el Auto de Vista Nº 23/2014 de 18 de febrero de 2104, cursante de fs. 154 a 155 vta., pronunciado por la Sala Civil del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, en el proceso ordinario de divorcio seguido por Rubén Darío Antelo Tababary contra la recurrente; la respuesta al recurso de fs. 168-168 vta.; el Auto de concesión de fs. 170; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:                                                          ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Rubén Darío Antelo Tababary, de fs. 4 a 4 vta., adjuntó literales a fs. 3, demanda divorcio absoluto por la causal contenida en el art. 131 del Código de Familia, pidiendo se declare la desvinculación matrimonial señalando que el 11 de enero de 1975, contrajo matrimonio con la demandada de cuya relación procrearon dos hijos quienes son actualmente mayores de edad y profesionales. En la relación no existen bienes muebles ni inmuebles, y que por incompatibilidad de caracteres y diferencias decidieron separarse voluntariamente hace más de 20 años, sin que hayan procedido a reconciliarse en ese lapso habiendo desaparecido el afecttio maritalis.

Sustanciado el proceso en primera instancia, la Jueza de Partido Primero de Familia de la ciudad de Trinidad, mediante Sentencia Nº 133/2013 de 6 de noviembre de 2013, de fs. 74 a 75 vta., declaró probada la demanda de divorcio disolviendo el vínculo conyugal, disponiendo que en ejecución de sentencia se proceda a cancelar la Partida matrimonial.

En apelación de la indicada Sentencia, interpuesta por el representante de la demandada, la Sala Civil del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, por Auto de Vista Nº 23/2014 de 18 de febrero de 2014, de fs. 154 a 155 vta., confirma totalmente la Sentencia apelada; en contra de esta resolución de segunda instancia, el representante de la demandada recurre de casación en la forma.

CONSIDERANDO II:                                                                   HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Del contenido del recurso de casación en la forma, se resume lo siguiente:

El apoderado de la recurrente señala que la citación por edictos tiene por objeto la citación del demandado cuando no se conociera su paradero pero no solo debe enunciarse sino comprobarse que no se pudo, bajo ningún medio o diligencia, acceder al conocimiento del domicilio, por lo que en el Auto de Vista no se valoraron, y por ende, transgredieron los siguientes presupuestos:

En base a esos antecedentes, pide la nulidad de obrados hasta fs. 4 inclusive, en conformidad al art. 250 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

CONSIDERANDO III:                                                                 FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Del memorial de recurso, puede observarse que la recurrente, mediante su apoderado legal, ha planteado recurso de casación en la forma basando su petición en la nulidad de obrados conforme al art. 250 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, sin embargo, no señalando de manera expresa las causales de procedencia de su recurso en la forma, las cuales están establecidas en el art. 254 en los numerales 1 al 7 de la citada norma, olvidando que el Tribunal de casación es un Tribunal de derecho y no de hecho, procediendo el recurso sólo por las causales taxativamente indicadas por la ley, debiendo el Tribunal de Casación circunscribirse a considerar las causales invocadas por el recurrente y siempre que se formulen con observancia de los requisitos exigidos por la misma ley.

Cuando el recurso de casación se plantea en la forma (error in procedendo), es decir, por errores de procedimiento, la fundamentación debe adecuarse a las causales contenidas en el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, siendo su finalidad evidentemente la anulación de la resolución recurrida o del proceso mismo cuando se hubieren violado las formas esenciales del proceso sancionadas con nulidad por la ley, lo mismo que cuando se plantea en el fondo, los hechos denunciados deben circunscribirse a las causales de procedencia establecidas en el artículo 253 de la mencionada norma, siendo su finalidad la casación del Auto de Vista recurrido y la emisión de una nueva resolución que resuelva el fondo del litigio.

No obstante esta deficiencia en el presente recurso, de haber omitido especificar las causales establecidas en el art. 254 del Adjetivo Civil, por las que debiera proceder el mismo, corresponde dar respuesta en aplicación de los arts. 115 y 180-II de la Constitución Política del Estado, y art. 30 num. 14 de la Ley del Órgano Judicial.

En el primer agravio, el apoderado de la recurrente señala que el demandante tenía conocimiento del domicilio de su representada ya que entre ambos tienen un hijo en común que vive con su padre, y de la confesión provocada al actor, se ha podido establecer que el hijo tiene con ambos padres una comunicación fluida, demostrándose por ello que el demandante no tuvo ninguna intención de indagar sobre el domicilio de la demandada, aun peor, tenía conocimiento del domicilio. La citación por edictos tiene por objetivo la citación del demandado cuando no se conociere su paradero, pero no se circunscribe a la mera enunciación de su desconocimiento sino a la demostración real de no haber podido, bajo ningún medio o diligencia, accedido al conocimiento de ese domicilio. La Sentencia Constitucional 1107/2012 de 12 de septiembre de 2012, señala que cuando se demuestra que la persona tuvo acceso a la información sobre el domicilio del demandado, queda sin efecto la notificación edictal, al no haberse procedido de esa manera se ha incumplido el mencionado fallo constitucional.

Antes de responder al agravio señalado supra, corresponde verificar los hechos que informan al proceso y motivan el presente recurso de casación en la forma:

La relación de hechos anotados arriba, nos permite efectuar el siguiente análisis, en cuanto al primer agravio:

De acuerdo al párrafo III del art. 124 del Código de Procedimiento Civil, se dispondrá la citación por edicto solo después de que el demandante hubiere prestado juramento de que ignora el domicilio del demandado. En el memorial de recurso, el apoderado de la recurrente ha citado jurisprudencia en la que se señala que la citación por edictos de la persona cuyo domicilio se ignora debe proceder previa justificación de que se han realizado sin éxito gestiones dirigidas a conocer el domicilio de la persona a quien se deba citar; dentro de esas gestiones que se han realizado sin éxito se encuentra la circunstancia de que se ignora el domicilio del demandado. En antecedentes se tiene que en el acta de juramento de desconocimiento de domicilio de fs. 7, el demandante dijo: “desconozco el domicilio real de la demanda Cristina Modesta Bazán Schmidt…”, y por la prueba producida en segunda instancia, se ha llegado a verificar que el hijo en común que tienen las partes, convive en la casa de su padre, es decir, en el hogar del demandante, empero, de esta circunstancia no podemos inferir que por ese hecho el demandante conocía el domicilio de su esposa; que el hijo tenga comunicación permanente con su madre no nos lleva a suponer que el padre tenga que haber efectuado gestiones de preguntar a su hijo sobre el domicilio, menos podríamos presumir legalmente que por ese hecho, el padre conocía con antelación ese dato, en este entendido, dicho supuesto no constituye prueba para sostener que corresponde la anulación de la citación mediante edicto.

La Sentencia Constitucional Nº 1357/2013 de 16 de agosto de 2013, respecto a las nulidades emergentes de notificaciones irregulares o defectuosas establece que las mismas se reservan únicamente a supuestos extraordinarios, expresamente establecidos por ley y que se encuentran estrechamente relacionados con la indefensión absoluta provocada a una de las partes procesales o a terceros interesados. Aludiendo a la Sentencia Constitucional 0427/2013 de 03 de abril, señala que en el Estado Constitucional de Derecho, la procedencia de las nulidades de actos procesales, está condicionada únicamente si el procedimiento está o no viciado, por no haber hecho efectivo un derecho fundamental o garantía constitucional. Bajo esta concepción, las nulidades de los actos procesales serán procedentes cuando se constate irregularidades, infracciones o vulneraciones de normas procesales que se presenten en el marco de un proceso, siempre que éstas a través de la invalidación de los actos procesales, aseguren a las partes del proceso los derechos al debido proceso o a la tutela judicial efectiva, caso contrario, si no garantizan esos derechos, entonces, la invalidación del acto procesal en cuestión a través de una nulidad procesal no tiene relevancia. Un razonamiento jurídico distinto es entender que las nulidades procesales pueden hacer ineficaces e inválidos los actos procesales con la mera constatación de la vulneración de los requisitos y formas que expresa la ley procesal sin ninguna conexitud con la lesión o no a derechos fundamentales o garantías constitucionales, es retornar a la concepción del modelo Estado Legislativo de Derecho ya sepultado.

Lo que significa en el caso de Autos, que el actor al haber prestado juramento de desconocimiento de domicilio y por consiguiente, al haberse procedido a citar a la demandada con la demanda mediante edicto, se ha dado correcta aplicación del art. 124-III del Adjetivo Civil, dentro del trámite del proceso, sin que se haya vulnerado algún derecho o garantía de la demandada.

Respecto a la Sentencia Constitucional 1107/2012 de 12 de septiembre de 2012, que citó el apoderado de la recurrente indicando que por dicho fallo constitucional se demuestra que cuando la persona tiene acceso a la información sobre el domicilio del demandado, queda sin efecto la notificación edictal; cabe aclarar que se trata de la Sentencia Constitucional Nº 1107/2002 de 12 de septiembre de 2002, sobre demanda de nulidad de escritura de transferencia de inmueble de la localidad San Germán Prov. Ichilo, ante el Juez de Partido de la Prov. Ichilo, interpuesta por Francisco Chileno y Tomasa Zeballos de Chileno en contra de Natividad Siles de Condori, en la que señalan desconocer el domicilio y paradero de la demandada. Antes de la iniciación de la demanda de referencia, se constata que ante el Juzgado Agrario de la Prov. Ichilo, se inició por la demandada en contra de los demandantes, demanda interdicta de retener la posesión del mismo inmueble, y posteriormente otra de recobrar la posesión que cuenta con sentencia favorable y ejecutoriada, como emergencia de un Auto pronunciado por el Tribunal Agrario Nacional. Sin embargo de ello, y pese a ser evidente que los demandantes tenían conocimiento del domicilio de la demandada, con posterioridad ante el Juez de Partido ellos plantean demanda indicada arriba, señalando desconocer el domicilio de la demandada y sobre la base de un juramento, se procede a citarla a través de edictos.

En este caso, existió certeza del conocimiento del domicilio por los demandantes acreditado a través de los procesos agrarios tramitados y ganados previamente al proceso ordinario, por la demandada en contra de los demandantes, llegándose a concluir que en virtud a dichos procesos, los demandantes conocían el domicilio y paradero de la demandada, y al haber aseverado lo contrario se produjo indefensión de la demandada, concediéndose la tutela solicitada; en el sub lite el conocimiento previo del domicilio que se atribuye al actor ha sido simplemente una hipótesis sin haberse demostrado fehacientemente que haya ocurrido ese extremo, por tanto, la Sentencia Constitucional Nº 1107/2002 de 12 de septiembre de 2002, no es aplicable al presente caso. 

En cuanto al segundo agravio, se acusa que la publicación de edictos de fs. 9, 10 y 11, se efectuó de mala forma porque se publicaron cada cinco días, percatada de esta irregularidad la Juez de la causa ha subsanado disponiendo una publicación más, pero no se puede subsanar con una publicación adicional cuando los edictos fueron mal publicados, corresponde realizar el siguiente análisis:

En Autos, se advierte que la citación con la demanda se efectuó mediante edicto publicado por tres veces en fechas 05, 10 y 15 de junio de 2013, tal como se acredita de fs. 9 a 11, empero, considerando la Juez A quo que no existió el intervalo de cinco días “libres” entre una publicación y otra, dispuso una publicación adicional (fs. 14), a fin de evitar nulidades posteriores. Teniendo en cuenta que el art. 125 del Código de Procedimiento Civil, dispone la publicación del edicto por tres veces consecutivas con intervalos no menores a cinco días; en Autos dicho presupuesto legal se ha cumplido ya que a la publicación del edicto por una cuarta vez ha venido a reforzar las publicaciones anteriores precisamente para evitar nulidades a futuro, superando con la publicación adicional ese mínimo de cinco días que existe entre una publicación y otra (5, 10 y 15 de junio), deduciéndose que al haber procedido de esa manera por la A quo se ha puesto en conocimiento de Cristina Modesta Bazán Schmidt la demanda interpuesta en su contra, cumpliéndose con la finalidad de comunicación a la demandada.

La misma Sentencia Constitucional 1357/2013 de 16 de agosto, al respecto señala que la notificación (notificaciones en sentido genérico), no está dirigida a cumplir una formalidad en sí misma, sino a asegurar que la determinación judicial sea conocida efectivamente por el destinatario, dado que solo el conocimiento real y efectivo de la comunicación asegura que no se provoque indefensión en la tramitación y resolución del proceso, sin embargo, toda comunicación por defectuosa que sea en su forma, que cumpla con su finalidad (hacer conocer la comunicación en cuestión), es válida. En los procesos que se procedió a la citación del demandado por edictos, es imprescindible exigir que los actos de notificación sean ejecutados y efectivizados con la debida meticulosidad ya que se debe tener presente que si bien la notificación por edictos no es plenamente eficaz, ni comparable a las demás notificaciones, goza de la debida presunción legal que permite suponer que el demandado podrá tener conocimiento del acto procesal que se pretende notificar.

En ese sentido, la Juez de la causa, para asegurar que la citación por edictos cumpla efectivamente con su objetivo, determinó la publicación adicional del edicto para asegurar el derecho de defensa de la demandada, pero de ninguna manera para subsanar alguna irregularidad o defecto procesal, y aun fuera ése el caso, si con dicha publicación adicional se ha cumplido con la finalidad de poner a conocimiento de la demandada con la demanda, aquella resulta válida legalmente.

En cuanto al tercer y último agravio, por el que el apoderado de la recurrente alega que el presupuesto de la convalidación del acto nulo referido en el art. 17-III de la Ley del Órgano Judicial, es falso ya que su apersonamiento al proceso se debió a la nota de fs. 55, e inmediatamente que conoció la solicitud de inhibitoria se apersonó al proceso pidiendo la nulidad de la citación por edictos de manera oportuna, amerita el siguiente análisis:

El art. 17-III de la Ley del Órgano Judicial establece que: “La nulidad solo procede  ante irregularidades procesales reclamadas oportunamente”; el Tribunal de Alzada ha establecido que se ha procedido correctamente a citar a la recurrente con la demanda, mediante edictos cuyas publicaciones se verificaron en el mes de junio de 2013, sin embargo, la demandada planteó incidente de nulidad el 26 de noviembre de 2013, pero pese a ello, mediante oficio saliente a fs. 55, ya se le había hecho conocer de la existencia del proceso, evidenciándose de dicho extremo que la parte demandante no efectuó su reclamó oportunamente.

Sin embargo, para entender de forma amplia la citada disposición legal, se debe tener presente que la nulidad procesal no procederá solamente ante irregularidades reclamadas oportunamente, sino también procede de oficio cuando el Juez o Tribunal se halle frente a una evidente violación de derechos y garantías, conforme lo establece el parágrafo I del mencionado art. 17 de la Ley del Órgano Judicial, pero en todo caso, como hemos señalado anteriormente, las nulidades procesales proceden en supuestos extraordinarios que se encuentran vinculados a casos de indefensión absoluta provocados a una de las partes o a terceros interesados.

En el caso de Autos, se ha establecido que la citación con la demanda mediante edicto se ha efectuado en cumplimiento del art. 124 del Código de Procedimiento Civil, y la publicación adicional del edicto ha dado cumplimiento al art. 125 de la citada norma, asimismo se ha cumplido con la finalidad de poner a conocimiento de la parte demandada, la demanda interpuesta en su contra, concluyéndose por ello, que no se ha puesto en indefensión a la demandada, ahora recurrente, ni se han violado otros derechos ni garantías de la misma.

Por los fundamentos precedentemente expuestos, este Tribunal Supremo considera que no ha existido violación al derecho de defensa de la demandada, correspondiendo fallar en la forma prevista en el art. 271 num. 2) en relación al art. 273 del Código de Procedimiento Civil.


POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 párrafo I numeral 1) de la Ley Nº 025, Ley del Órgano Judicial, y en aplicación a lo previsto en los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma interpuesto por Diego Armando Rodrigo Castedo Arandia en representación de Cristina Modesta Bazán Schmidt, en contra del Auto de Vista Nº 23/2014 de 18 de febrero de 2014, dentro del proceso ordinario de Divorcio Absoluto seguido por Rubén Darío Antelo Tababary contra la recurrente. Con costas.

Se regula el honorario profesional en Bs.1.000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Dra. Patricia Ríos Tito

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: Cuarto