TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA                            S A L A  C I V I L

Auto Supremo: 327/2014                                                             Sucre: 26 de junio 2014                                                        

Expediente: CB- 30 14 S                                           

Partes: Jorge Orellana Novillo. c/ María del Rosario Castillo Jaldín.           

Proceso: Divorcio                                                        

Distrito: Cochabamba.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 523 a 524 y vta., interpuesto por Jorge Orellana Novillo, contra el Auto de Vista de 12 de diciembre de 2013 de fs. 509 a 510 pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, en el proceso de divorcio seguido por el recurrente contra María del Rosario Castillo Jaldín; la respuesta al recurso de fs. 528; el Auto de concesión de fs. 529; los antecedentes del  proceso, y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

I.1. Síntesis de los hechos que motivan la demanda:

El actor en su memorial de demanda de fs. 4-7 indica que el 25 de octubre de 2005 contrajo matrimonio con María del Rosario Castillo Jaldín llegando a procrear dos hijos de 7 y 5 años y debido a las limitaciones económicas tuvieron que ir a vivir a la casa de los padres de su esposa de donde fueron echados y posteriormente tomaron en alquiler un departamento y finalmente se fueron a vivir a un departamento que les otorgaron gratuitamente la madre del demandante; indica que su esposa aprovechando las debilidades económicas y ostentando su grado profesional de dentista le agredía contantemente de manera verbal con palabras groseras y despectivas que herían su dignidad de hombre, padre y ser humano, llegando su esposa a abandonar las responsabilidades mínimas del hogar y descuidar completamente a sus hijos dedicándose a asistir sola a eventos sociales hasta el momento que llegó a comprobar que le estaba siendo infiel con su ex enamorado de colegio y ante el reclamo que le hizo armó todo un escándalo para finalmente abandonar el hogar; en base a esos antecedentes demanda el divorcio por las causales del art. 130 num. 1 y 4) del Código de Familia.

I.2.- Sustanciado el proceso en primera instancia, la Juez 4º de Partido de Familia de la ciudad de Cochabamba, mediante Sentencia de 07 de marzo de 2012 cursante de fs. 373 a 378, declaró probada la demanda principal y probada la acción reconvencional, ambas sólo por la causal del art. 130 inc. 4) del Código de Familia; por otra parte declaró improbadas las excepciones perentorias opuestas contra la demanda reconvencional, declarando disuelto el vínculo matrimonial ordenando la cancelación de la partida matrimonial respectiva una vez ejecutoriada la sentencia; como medidas complementarias dispuso la guarda de los hijos a favor de la madre, homologando las actas de conciliación sobre visitas a los hijos por parte del padre; en cuanto a asistencia familiar mantuvo vigente el Auto del 07 de septiembre de 2011 en la suma de Bs. 1.800.- y finalmente respecto a bienes gananciales que pudieran existir, salvó su averiguación, división y partición para en ejecución de sentencia. 

I.3.- En apelación la referida Sentencia, interpuesto por el demandante Jorge Orellana Novillo, la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por Auto de Vista de 12 de diciembre de 2013 de fs. 509 a 510, confirmó la Sentencia; en contra de esta resolución de segunda instancia, el demandante Jorge Orellana Novillo recurre de casación en el fondo.

CONSIDERANDO II:

HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Del contenido del recurso de casación se resume lo siguiente:

El recurrente indica que el Auto de Vista al igual que la sentencia, otorga plena validez a las cuatro declaraciones testificales de descargo y al certificado médico forense que supuestamente acreditaría la existencia de agresión física en contra de la demandada, pruebas que habrían sido cuestionadas en su recurso de apelación.

Indica que el Tribunal debió haber valorado las declaraciones de los testigos de la demandada y reconvencionista como simples referencias y no como elemento que otorga convicción suficiente, violando el art. 1286 del Código Civil.

En cuanto a la certificación del médico forense, indica que el Auto de Vista habría fundamentado su decisión en el art. 1311 del Código Civil, norma legal que no habría sido mencionada en su apelación, donde su persona simplemente habría indicado que dicho certificado no prueba que sea su persona el autor de los daños físicos, ni existió notificación con la denuncia en su contra; al haber afirmado el Tribunal que existe un certificado y una denuncia en contra de su persona, se habría violado la garantía de presunción de inocencia previsto en el art. 116 de la Constitución Política del Estado.

En otra parte de su recurso, reitera la violación del art. 1286 del Código Civil por haber el Auto de Vista atribuido a su persona la carga de la prueba para desvirtuar la existencia del certificado médico, indicando que esa afirmación fue realizada por la parte contraria; como también afirma que dicho certificado únicamente acreditaría un hecho como son las lesiones en la demandada, más no la Autoría de quien las hizo.

En base a esos argumentos y haciendo referencia al art. 253 num. 1 y 3) del Código de Procedimiento Civil, solicita que se CASE el Auto de Vista recurrido y se declare improbada la acción reconvencional en cuanto a la causal contenida en el num. 4) del art. 130 del Código de Familia.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

El recurso de casación en el fondo fue interpuesto al amparo del art. 253 num. 1 y 3) del Código de Procedimiento Civil, donde el recurrente esencialmente cuestiona la valoración de la prueba testifical así como la documental consistente en un certificado médico forense, ambas presentadas por la parte demandada y reconvencionista, acusando la violación del art. 1286 del Código Civil y el art. 116 de la Constitución Política del Estado, sin embargo no especifica en qué tipo de error habrían incurrido los de instancia en la valoración de la prueba, si es error de hecho o de derecho; no obstante la omisión extrañada, se pasa a considerar los aspectos que se reclaman en el recurso.

En cuanto a la incorrecta valoración de la prueba testifical que refiere el recurrente, cuyas actas de las declaraciones cursan de fs. 288 a 291, de cuyo contenido se evidencia que si bien los testigos no presenciaron físicamente de manera directa los malos tratos que se le atribuye al recurrente en contra de su esposa, sin embargo dos de las testigos escucharon a través de las llamadas telefónicas que realizaba el recurrente al teléfono fijo del consultorio dental de su esposa y las demás testigos afirman que escucharon vía celular en otras circunstancias; en todas esas comunicaciones pudieron escuchar por la voz alta con que se dirigía el recurrente en contra de su esposa en términos denigrantes y despectivos exigiéndole en algunos casos que recoja a sus hijos y en otros increpándola dónde se encontraban los mismos; por otra parte, al margen de los malos tratos de palabra que indican haber escuchado vía teléfono, todos los testigos coinciden en afirmar cuando concurrieron a su consultorio dental, le vieron a la esposa con moretón en el rostro a la altura de uno de sus ojos, además de referir la mayor parte de los testigos de que pudieron también ver moretones en uno de sus brazos.

Los hechos descritos sin duda que se configuran como causales de malos tratos de palabra y de obra que fue víctima la esposa por parte de su cónyuge; presupuestos legales que se configuran dentro de las previsiones contenidas en el art. 130 num. 4) del Código de Familia; los malos tratos de palabra o de obra se materializan a través de agresiones verbales, insultos o vías de hecho como golpes y agresiones físicas que uno de los esposos ocasiona en contra del otro, mismos que pueden causar daño físico, síquico o moral; circunstancias que deben ser apreciadas por el Juez teniendo en cuenta la condición y educación del cónyuge agraviado.

Los malos tratos de palabra específicamente, no siempre pueden darse de manera personal en presencia física entre ambos esposos, pudiendo ser también mediante vía telefónica ya sea fija o móvil como ocurre en el caso presente y el medio más adecuado para probar esta situación es fundamentalmente mediante la prueba de testigos, porque son las personas quienes pueden ver o escuchar las agresiones verbales que puede proferir el esposo o esposa que ofende o maltrata verbalmente a su cónyuge vía teléfono, caso en el cual basta escuchar la discusión de uno de ellos para establecer cuál resulta siendo el agresor y el agredido.

En el caso presente y según las afirmaciones que realizan los testigos de descargo, la agredida resulta siendo la esposa, toda vez que el recurrente se habría dirigido en términos por demás denigrantes y despectivos, irreproducibles por cierto; esto obviamente muy al margen de las agresiones físicas que también existieron; prueba testifical que fue valorada por los jueces de instancia dentro del marco legal no siendo además la única prueba en la cual se basaron los de instancia sino también en prueba documental, consiguientemente en tanto se actúe en la valoración de la prueba dentro del marco legal, es incensurable en casación, salvo que incurriesen en manifiesta equivocación, aspecto que no se advierte en el caso presente.   

En cuanto a la incorrecta valoración del certificado médico forense que refiere el recurrente; esta literal es de fecha 21 de diciembre de 2010 y se encuentra a fs. 15, la cual da cuenta que María del Rosario Castillo Jaldín presenta policontusión con cuatro días de impedimento, hecho que habría sido causado por su esposo tal como refiere la indicada certificación; si bien dicha documental se encuentra en copia simple, sin embargo no fue observada por el actor principal al momento de contestar la demanda reconvencional conforme lo establece el art. 346 num. 2) con relación al art. 351 ambos del Código de Procedimiento Civil, oportunidad en la cual simplemente hizo referencia que no fue citado con la denuncia interpuesta en su contra por su esposa ante la Brigada de Protección a la Familia y respecto al certificado médico como medio de prueba elude pronunciarse; esta situación según la primera norma legal, se considera como reconocimiento de los hechos a que hace referencia el documento, norma legal que tiene su concordancia con el art. 1311 parágrafo I in fine del Código Civil como lo entendió correctamente el Ad quem, y consiguientemente se encuentran demostrados conforme a ley los hechos que refiere la indicada certificación.       

Al margen de ello, el recurrente al alegar violación a la garantía de presunción de inocencia por el hecho de no haber sido citado por la Brigada de Protección a la Familia a consecuencia de la denuncia que habría interpuesto en su contra su esposa, aparentemente confunde el presente proceso con uno de juzgamiento penal o de naturaleza protectora a las familias como son los casos que conocen las Brigadas de Protección, los cuales tienen connotaciones y efectos distintos y son totalmente independientes del proceso de divorcio; en todo caso la falta de citación a su persona con la denuncia que refiere, no desvirtúa los hechos que se le atribuyen en su contra por estar los mismos demostrados con otros medios de prueba, existiendo también constancia escrita de esa denuncia conforme se verifica por la documental de fs. 17-18 y respecto a la cual el recurrente no niega su existencia.

Por todo lo anteriormente manifestado, no se advierte que la Juez de la causa como el Ad quem, hubieran incurrido en incorrecta valoración de las pruebas, tampoco en violación de las normas legales que refiere el recurrente, por el contrario adecuaron su actuación dentro del marco legal, consiguientemente corresponde emitir resolución en la forma prevista por el art. 271 num. 2) del Cód. Pdto. Civ. 

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 parágrafo I numeral 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo interpuesto por Jorge Orellana Novillo, contra el Auto de Vista del 12 de diciembre de 2013 de fs. 509 a 510 pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba. Con costas.

Se regula honorarios profesionales en la suma de Bs. 700 (Setecientos 00/100 Bolivianos).

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Durán.