TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                          S A L A   C I V I L


Auto Supremo: 311/2014

Sucre: 24 de junio 2014

Expediente:        LP-48-14-S

Partes: Gonzalo Monrroy Munguía. c/        Empresa HORUS Ltda.                

Proceso: Mejor derecho propietario y reivindicación más pago de daños y

               perjuicios.

Distrito: La Paz

                                                                                               

VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo cursante de fs. 546 a 552 de obrados, interpuesto por MARIO RUBEN SUAREZ CALVIMONTE en representación de la empresa HORUS Ltda., y el recurso de casación en el fondo de fs. 557 al 561 interpuesto por NACIP LIGERON AÑEZ, contra el Auto de Vista Nº 287/2013 de 11 de noviembre 2013, cursante de fs. 537 a 540 vta., pronunciado por la Sala Civil y Comercial Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro el proceso de mejor derecho propietario y Reivindicación más Pago de Daños y Prejuicios, seguido por Gonzalo Monrroy Murguía contra Empresa HORUS Ltda., concesión de fs. 572; los antecedentes procesales; y:


CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:


Que, El Juez Primero de Partido en lo Civil y Comercial de la capital - La Paz, mediante Sentencia Nº 116/2012 de 28 de mayo de 2012, declaró PROBADA EN PARTE la demanda principal de fs. 148 a 149 vta., con respecto al mejor derecho propietario y la reivindicación, e IMPROBADA con IMPROBADA respecto a los daños y perjuicios interpuesta por Gonzalo Monrroy Munguía, e la demanda reconvencional de prescripción adquisitiva quinquenal y Nulidad o Anulabilidad, e IMPROBADAS las excepciones perentorias y los daños y perjuicios formuladas por la empresa HORUS Ltda., representada legalmente por Mario Rubén Suarez Calvimontes de fs. 158 a 162 vta.


En consecuencia se declara el mejor derecho propietario del actor Gonzalo Monrroy Munguía del lote de terreno de 990 m2 de superficie, ubicado en la calle final Francisco Bedregal zona Sopocachi de La Paz.

Se declara que el demandado Empresa HORUS Ltda., representada legalmente por Mario Rubén Suarez Calovimontes no tiene derecho propietario sobre el bien inmueble objeto de Autos.

Una vez ejecutoriada la Sentencia se otorga plazo de 10 días para la parte demandada entregue el bien inmueble objeto del litigio, bajo alternativa de librarse mandamiento de desapoderamiento.


Deducida la apelación por la demandante y remitida la misma ante la instancia competente, la Sala Civil y Comercial Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Auto de Vista Nº 287/2013 de 11 de noviembre 2013, confirmó la Sentencia Nº 116/2012 de 28 de mayo de 2012.

En conocimiento de la determinación de segunda instancia, la empresa demandada y el tercerista de dominio excluyente interpusieron recurso de casación en la forma y en el fondo el primero y recurso en el fondo el segundo, mismos que se pasa a analizar.


CONSIDERANDO II

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:


Recurso de casación en el fondo y en la forma de la empresa HORUS Ltda., representada por Mario Rubén Suarez Calovimontes.


En la forma.-


Que, la acción reconvencional por Usucapión quinquenal formulada por la Empresa Horus Ltda.,  que es admitida  por providencia de fs. 162 vta., a 163 de 19 de mayo de 1999 no existiría citación con la demanda a Gobierno Municipal de La Paz, hecho que afectaría la previsión del art. 131 de la ley 2028 de municipalidades que expresa que la citación al dicho ente estatal es obligatoria, bajo sanción de nulidad.


Que, mediante resolución de fecha 19 de mayo de 1999 se ordena la citación al eviccionista Corcino Choque Quispe  sin embargo  de este mandato por el cual se incorpora a la litis  a dicha parte, la nulidad debe ser incluso e oficio en virtud de  dicha parte no fue notificada mínimamente con la Sentencia de 2012 de fs. 445 a 452, ni con el Auto complementario de fs. 456. Si bien se integra al eviccionista Corcino Choque Quispe non existe actuado que acredite que fue notificado con actuaciones posteriores o antecedente idóneo que acredite la citación con la demanda principal.


En el fondo.-


Acusa que conforme las literales de fs. 1 a 17 Gonzalo Monrroy Munguía sostendría  que es único y legítimo propietario del lote de terreno ubicado en la calle Francisco Bedregal signado con el número 10, del manzano 63 de la zona de Sopocachi de 990 m2 de superficie, en este entendido a Sentencia a su turno  declaró probada la demanda y el Auto de Vista recurrido que el bien inmueble pretendido, se encontraría debidamente delimitado ya que se encontraría consignado con el Nº 10, del manzano 63 de la zona de Sopocachi añadiendo contradictoriamente que su misma prueba acreditaría que estaría ubicado en la calle Francisco Bedregal Nº 553, en este entendido se valoraría erróneamente las literales de  fs. 2 y 3 que serían declaraciones escritas unilaterales del vendedor  del accionante Gonzalo Monrroy Munguía, Vicente Apaza Laime, del lote de terreno de 1460m2, en la calle Francisco Bedregal final, que por su individualidad numérica jamás podría acreditar que se trata del bien inmueble con el Nº 10, por otra parte manifiesta que en la trasferencia de Ignacio Paco Huacani a Vicente Apaza Laime se establecería que se trata de otra propiedad, al declarar que tiene una superficie de 1460 m2 y estaría ubicada en alto Sopocachi y no en bajo Sopocachi y que esa propiedad ubicada en la zona de pampahasi resultaría estar en otra latitud de la ciudad de La Paz y que ni a un año de la suscripción de la primera escritura pública 384 de compra venta de la misma propiedad de fs. 8 a 9,  las partes definirían otros límites y colindancias que resultarían diferentes las que actualmente establecen, en este entendido los códigos catastrales no dan certeza de los hechos en cuanto a la ubicación y no existiría pericia técnica que establezca que es cierto lo dicho en el Auto de Vista recurrido.


Que, declararían estado de resolución en el Auto de Vista recurrido, para descartar la declaratoria de perención de instancia que habría operado en el caso en cuestión, esta apreciación ligera y equivocada violaría lo previsto por el art. 309 del Código de Procedimiento Civil, en este sentido señala que por providencia de 21 de agosto de 2010 de fs. 425 vta., se decreta cúmplase con noticia de partes y precisamente por el reenvió de la causa por el Tribunal superior esta actuación marcaría el inicio del abandono, ya que posteriormente no se habría gestionado notificación con dicho actuado, siendo que el actor no habría realizado alguna actuación para que la causa ingrese en estado de resolución, como por ejemplo pedir que se decrete Autos, esta situación demostraría que la causa habría sido abandonada por más de seis meses, hasta la fecha de la presentación de la perención de instancia de fs. 426, en este sentido no sería suficiente  señalar que la causa estaba en estado de resolución por la devolución obrados, por efecto del dictado Auto de Vista  recurrido, situación que no sería cierta, ya que la causa habría tenido movimiento de dos años después de operada la perención.

Por lo expuesto solicita se sustancie y concedan los recursos de casación en la forma y en el fondo y dicten Auto Supremo declarando la nulidad de obrados  hasta el vicio mas antiguo ya sea para la notificación al Gobierno Municipal con la demanda o al garante de evicción con la Sentencia o alternativamente se case el Auto de Vista y complementario recurridos en ese sentido se declare la perención de instancia o se declare improbada la demanda de mejor derecho propietario y reivindicación.


Recurso de casación en el fondo de Nacip Lijeron Añez.


Acusa que en el numeral 3 del Auto de Vista recurrido donde el Ad quem habría ingresado a valorar su situación jurídica en cuanto a su derecho propietario, que emergería de los documentos de fs. 478 a 509 que consiste en un lote de terreno por efecto de usucapión, valoración que la harían recogiendo apreciaciones personales que la empresa Horus Ltda. habría expresado al reconvenir en el proceso, señalando que dicha empresa no acredito su derecho propietario, en este entendido no podría hacer valer sus derechos constitucionales y legales de propiedad, acceso a la justicia, debido proceso y verdad material, ya que la valoración que hace el Auto de Vista recurrido sería erróneo porque no se puede  condicionar su pretensión a lo que diga Horus Ltda., entendiendo que este derecho propietarios se encuentra resuelto y definido por la justicia, siendo la prueba aportada de su parte la que en su conjunto demostraría dicho derecho obtenido de un proceso de prescripción adquisitiva extraordinaria contra la empresa constructora Horus Ltda., que concluyó con una Sentencia firme que dispuso la inscripción de su derecho propietario. Por lo que solicita se dicte Auto Supremo que CASE la resolución impugnada y deliberando en el fondo declaren improbada  la demanda de fs. 148 a 149 vlta., asimismo probada la tercería de dominio excluyente.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

A efecto de resolver los recursos de casación interpuestos por Mario Rubén Suárez Calvimontes en representación la empresa HORUS Ltda., y Nacip Ligeron Añez como tercero excluyente, corresponde en principio absolver los recursos en el orden siguiente:

Del recurso de casación en el fondo y en la forma de la empresa HORUS Ltda., representada por Mario Rubén Suarez Calvimontes.

En la Forma.-

En cuanto a que no se habría citado al Gobierno Municipal de La Paz con la acción reconvencional por Usucapión quinquenal formulada por la Empresa Horus Ltda.; es preciso señalar que este Tribunal debe circunscribirse a los puntos expuestos y resueltos por los jueces en sujeción a las pretensiones que las partes introducen durante el proceso y que hubieren sido objeto de apelación, por lo que resulta importante que en el recurso de apelación la expresión de agravios sea precisa en relación a los agravios que la Sentencia le hubiere causado al recurrente, por lo que el recurrente no puede pretender que este Supremo Tribunal absuelva pretensiones no observadas durante la sustanciación del proceso o la interposición de su recurso de apelación.


Sin embargo es necesario señalar que de la revisión de obrados se tiene que el recurrente interpuso demanda reconvencional por Usucapión Quinquenal y Nulidad o Anulabilidad, por lo que se entiende que la parte demandante reconvencional debió haber promovido en su momento la observación del vicio que hoy recién acusa en casación, por ser de interés a su pretensión, por lo que resulta contradictorio y falto de moral pretender la nulidad de obrados por un vicio que la empresa demandada debió haber observado por afectar está a su demanda reconvencional, durante la sustanciación del proceso y no cuando el resultado del proceso le es desfavorable, vicio que en el caso de Autos no resulta trascendental ya que la pretensión reconvencional de prescripción adquisitiva quinquenal fue declarada improbada por lo que no se estaría afectando algún interés municipal, ya que no se estaría adquiriendo un derecho propietario por medio de la usucapión quinquenal, por lo que no se puede pretender exigir la nulidad de obrados a causa de un hecho convalidado durante la sustanciación del proceso y que por declararse IMPROBADA no  llega a tener un alcance en sus efectos contra el Gobierno Municipal de La Paz.

En este entendido es preciso hacer mención a lo razonado por este Tribunal Supremo en el Auto Supremo Nº 386/2013 que con relación al principio de convalidación dice:  “…que a manera de orientación conviene señalarlo: 1) Cuando la parte que tiene en su mano el medio de impugnación de una Sentencia y no lo hace valer en el tiempo y en la forma adecuada, presta su conformidad a los vicios del procedimiento, y en ese caso su conformidad trae aparejada la aceptación; 2) Si tiene conocimiento de la nulidad durante el juicio y no la impugna mediante recurso, la nulidad queda convalidada; 3) Si vencido el plazo del recurso y pudiéndola atacar mediante un incidente, deja concluirse el juicio sin promoverlo, también consiente, y; 4) Pudiendo promover un juicio ordinario, hace expresa declaración de que renuncia a él, también debe reputarse que con su conformidad convalida los vicios y errores que pudieran existir en el proceso”.

En cuanto a que no se habría notificado con la Sentencia y actuaciones posteriores al garante de evicción Corcino Choque Quispe y no habría actuados o antecedente idóneo que acredite la citación del mismo con la demanda principal; al respecto de acuerdo a la revisión de obrados, a fs. 157 y vta., se tiene la excepción previa de citación al garante de evicción planteada por la empresa demandada en cuyo mérito se dispuso la citación del mismo, en este sentido a fs. 169 se tiene la notificación del mismo y posterior Auto de fs. 173 vta., por el cual se declaró la rebeldía de Corcino Choque Quispe (garante de Evicción).


Sin embargo, del análisis de los antecedentes antes citados se tiene que fue la misma empresa demandada ahora recurrente, quien a través de su representante legal solicito la citación del garante, situación que constituye un acto que dispuso la intervención del llamado a evicción en favor de la empresa Horus Ltda., por lo que se entiende que, a quien le correspondía instar el cumplimiento de esa determinación y procurar el apersonamiento del garante de evicción era precisamente a la empresa, que por el contrario permitió que el proceso se desarrolle en rebeldía del llamado a evicción, por otra parte conviene puntualizar que la intervención del garante de evicción no constituye un elemento esencial en la sustanciación del proceso y que por el contrario es una intervención potestativa que como se dijo antes se activa a solicitud de la parte que pretende beneficiarse de la evicción, por lo que corresponde a la parte interesada el impulso de la integración del mismo al proceso.

Por las razones expuestas, éste Tribunal concluye que son infundados lo agravios de forma deducidos por la parte recurrente.

En el Fondo.-

Con respecto a que el bien inmueble pretendido, no se encontraría debidamente delimitado y se valoraría erróneamente las literales de fs. 2 y 3 manifestando que las partes definirían otros límites y colindancias que resultarían diferentes a las que actualmente establecen, además de que no existiría pericia técnica que establezca que lo fundamentado por el Ad quem seria cierto; a esto se debe señalar que de la revisión del Auto de Vista recurrido se pudo observar  que el mismo en su Considerando III, punto 2 textualmente dice: “también se ha demostrado que el inmueble se encuentra, debidamente delimitado, puesto que se encuentra consignado con el número 10, manzano 63 ubicado en la zona de Sopocachi, calle Francisco Bedregal Nº 553, situación que no puede quedar desvirtuada bajo el argumento de que en la escritura pública de fs. 15 a17 y 7 a 8 en sus cláusulas señala colindancias distintas a la inspección judicial realizada sin considerar que estas varían debido al tiempo y espacio transcurrido después de la venta adquirida por el demandante”, razonamiento que lleva a la conclusión de los Jueces de instancia, de que el bien inmueble se encuentra debidamente delimitado, y con respecto a la sola observación de que en las literales que acreditarían el derecho propietario del actor entrarían en contradicción con respecto a la ubicación y superficie del lote de terreno en cuestión, no son suficientes para acreditar que el bien inmueble en litigio no esté debidamente ubicado y delimitado, ya que  si bien el terreno objeto del proceso no mantiene las mismas dimensiones desde la transferencia de Ignacio Paco Hucani a Vicente Apaza Laime y de este a Gonzalo Monrroy Munguía, esto se debe a la limitación y partición que se fue dando en los lotes por su extensa dimensión en el transcurso de las ventas efectuadas en el tiempo, no siendo evidente además que por cálculos numéricos que no fueron probados por la parte recurrente, que el lote consignado con el Nº 10 no tenga relación con el código catastral asignado al mismo, o que la zona se encuentre en otra latitud o ubicación en la ciudad de La Paz, observaciones que no fueron probadas por la empresa demandada, por lo que resultando insuficiente el relato de los antecedentes, expresiones generales o argumentos ajenos que no tienen un respaldo documental o pericial aportado por la parte recurrente para desvirtuar la prueba de cargo observada.

En este entendido es necesario puntualizar que el error de derecho o error de hecho, se debe fundamentar o demostrar con documentos o la determinación de actos probatorios que no habrían sido considerados y que acrediten fehacientemente la equivocación en que habrían incurrido los jueces de instancia, conforme establece el art. 253 núm. 3) del Código de Procedimiento Civil, por lo que este Tribunal no puede entrar a realizar una revalorización de las pruebas, ya que esta es una atribución privativa de los jueces de instancia, la apreciación y valoración de la prueba producida, de acuerdo al valor que le otorga la ley, y en su caso al criterio prudente y la sana crítica, teniendo presente las que sean esenciales y decisivas al tenor de los arts. 1286 del Código Civil y 397 del Código de Procedimiento de Civil.

Respecto a la observación de que en el Auto de Vista recurrido fundamentaría que el proceso estaba en estado de Resolución, para descartar la declaratoria de perención de instancia que habría operado en el caso en cuestión; al respecto es preciso puntualizar, que la perención de instancia en la legislación Civil boliviana, es una forma de extinción extraordinaria del proceso, extinción derivada de la inercia o abandono del proceso por más de 6 meses que hacen las partes demostrando inactividad procesal, en este entendido se debe tomar en cuenta que la paralización en el proceso puede ser por causa de la actividad procesal del órgano jurisdiccional, por lo que en el caso de análisis, el Tribunal de Alzada valoro este agravio fundamentando lo siguiente: “se evidencia que a tiempo de  solicitar la perención de instancia  (fs. 426) - el ahora recurrente , la causa se encontraba en etapa de dictar Sentencia puesto que como se señaló  se decretó Autos para Sentencia  a fs. 198, emitiéndose la Sentencia de fs. 299 a 302, misma que fue anulada por la Sala Civil primera de la entonces Corte Superior de distrito de La Paz…” “…consiguientemente mal puede señalar que en el caso de Autos no se encontraba en etapa de resolución, peor cuando existía pronunciamiento expreso de Autoridad superior cual es de la Sala Civil  primera, el cual ordeno por Auto de Vista Nº 060/2008 de fs. 399-401 que se emita nueva Sentencia…”, por lo que se entiende que la declaración de perención de instancia no corresponde, ya que al haberse anulado la Sentencia de fs. 299 a 302 y haberse dispuesto se emita nueva Sentencia se entiende que el proceso estaba en estado de resolución y por consiguiente la paralización del proceso se debe a la actividad o inactividad del órgano jurisdiccional que no tiene como efecto la sanción de perención de instancia, y no así a la inactividad de la parte.

En este entendido se concluye que son infundados lo agravios de fondo deducidos por la parte recurrente.

Del recurso de casación en el fondo de Nacip Lijeron Añez.

Respecto a que el Ad quem habría ingresado a valorar la situación jurídica del tercerista en cuanto a su derecho propietario, recogiendo apreciaciones personales de la empresa Horus Ltda., que no le permitiría hacer valer sus derechos constitucionales y legales de propiedad, acceso a la justicia, debido proceso y verdad material; al respecto es preciso señalar que de la revisión de obrados, se establece que el actor (Gonzalo Monrroy Munguía) ha demostrado durante la sustanciación del presente proceso, su derecho propietario sobre el bien inmueble en litigio. Asimismo, se tiene que la empresa demandada no pudo demostrar el derecho que le asiste sobre el lote de terreno objeto del proceso, no introduciendo documentos que acrediten su derecho propietario, y por el contario planteando su pretensión reconvencional de prescripción adquisitiva quinquenal, con la finalidad de adquirir el derecho propietario sobre el bien en litigio, en este entendido se tiene que de la revisión de los antecedentes introducidos por Nacip Ligeron Añez  en su tercería de dominio excluyente, se establece que el tercerista habría dirigido su demanda de usucapión decenal extraordinaria contra la Empresa Horus Ltda., y que el demandante en la presente causa no ha sido parte en el proceso de usucapión decenal al que hace mención el tercerista, en consecuencia el efecto extintivo de derecho propietario de la Sentencia en el proceso de usucapión interpuesto por Nacip Ligeron Añez contra la Empresa Horus Ltda., no alcanza a Gonzalo Monrroy Munguía (actor), ya que de acuerdo a lo establecido por el artículo 194 del Código de Procedimiento Civil, las disposiciones de la Sentencia sólo comprenderán a las partes que intervinieren en el proceso y a las que trajeren o derivaren sus derechos de aquellas y que a decir del tratadista Carlos Morales Guillen “este precepto tiene relación con los limites subjetivos de la cosa juzgada a que hace mención Couture quien dice: …que por regla general del derecho, ésta obliga a quienes han sido parte en el proceso y sus sucesores”, En ese mismo sentido el artículo 1451 del Código Civil proclama como principio general, previendo que lo dispuesto por la Sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada causa estado a todos los efectos entre las partes, sus herederos y causahabientes entendiendo por consiguiente que nadie que no haya participado en el proceso podrá ser afectado por una Sentencia que tiene solo efecto inter partes, y que a decir de Carlos Morales Guillen “…el fundamento jurídico de esta regla está en que en los juicios, como los contratos no pueden tener efectos si no respecto de aquellos que han formado parte de él…” por lo que la Sentencia no daña ni aprovecha a quien no es parte en el proceso y mal puede pretender el tercerista ahora recurrente hacer valer la Sentencia dictada en el proceso de usucapión seguida contra Horus Ltda., contra Gonzalo Monrroy Munguía porque cómo se mencionó antes este fue parte en aquel proceso.

Por lo anterior manifestado, corresponde a este Tribunal resolver conforme señala  los arts. 271 núm., 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 parágrafo I núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, en aplicación de los arts. 271 núm. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADOS el recurso de casación en la forma y en el fondo interpuesto por Mario Rubén Suarez Calvimonte en representación de la empresa HORUS Ltda., y el recurso de casación en el fondo de fs. 557 al 561 interpuesto por Nacip Ligeron Añez, contra el Auto de Vista Nº 287/2013 de 11 de noviembre 2013, cursante de fs. 537 a 540 vta., Con costas.

Se regula honorario profesional en la suma de Bs. 800.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Durán.