TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA                             S A L A  C I V I L

Auto Supremo: 309/2014

Sucre: 24 de junio 2014

Expediente:        SC- 41 14 S

Partes: María Eugenia Lara Sejas. c/ Manuel Cabrera.


Proceso: Cumplimiento de contrato más pago de daños y perjuicios.

Distrito: Santa Cruz.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 132 a 136 interpuesto por Manuel Cabrera contra el Auto de Vista Nº 216/2013 de 13 de diciembre de fs. 127 y vta., pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en el proceso ordinario de cumplimiento de contrato más pago de daños y perjuicios, seguido por María Eugenia Lara Cejas contra el recurrente; la respuesta al recurso de fs. 139 a 140 y vta.; el Auto de concesión de fs. 141; los antecedentes del  proceso, y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Del contenido del memorial de demanda de fs. 15-16, en lo esencial se resume lo siguiente: la actora indica que en fecha 05 de julio de 2010 suscribió con Manuel Cabrera un contrato de obra para que le construcción un departamento con las dependencias que se especifican en el contrato, por el plazo de ejecución de 120 días y por el costo total de $us. 12.000.- bajo la modalidad de obra vendida con material a ser utilizado de primera calidad en coordinación con su persona; sin embargo no cumplió con la entrega de la obra bajo el argumento de que el dinero no alcanzó por la subida de los materiales; ante esa situación su persona actuando de buena fe, en fecha 22 de noviembre de 2010 suscribió un contrato complementario por el que se comprometió a cancelar adicionalmente la suma de $us. 2.000.- dos cuotas, acordando que la obra debía ser entregada el 15 de diciembre de 2010; sin embargo el contratista nuevamente incumplió su obligación, al margen de utilizar material ordinario y realizar un trabajo pésimo, dejó inconclusa la obra y nunca le entregó la misma, por lo que su persona hizo terminar la obra por su propia cuenta; el contratista por el contrario le inició proceso ejecutivo exigiéndole el pago de los $us. 2.000; en base a esos antecedentes interpone la indicada demanda. 

Sustanciado el proceso en primera instancia, el Juez 1º de Partido y Sentencia de la ciudad de Camiri, mediante Sentencia Nº 013/2013 de 25 de febrero de 2013 cursante de fs. 101 a 104, declaró probada en parte la demanda en lo referente únicamente al pago de daños y perjuicios, improbada la demanda de cumplimiento de contrato; por otra parte declaró improbada la excepción de litis pendencia interpuesta por el demandado y dispuso que en ejecución de sentencia el demandado Manuel Cabrera en el plazo de diez días de la ejecutoria de la sentencia pague a la demandante la suma de $us. 8.630,99.- por daños y perjuicios por la incorrecta ejecución e incumplimiento del contrato de construcción del bien inmueble con la finalidad de que la demandante pueda pagar costos de refacción y ejecutar los ítems que no hubieren sido ejecutados.

En apelación la referida Sentencia interpuesto por el demandado Manuel Cabrera; la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Auto de Vista Nº 206/2013 de 13 de diciembre de fs. 127 y vta., confirmó en todas sus partes; en contra de esta resolución de segunda instancia, el demandado interpone recurso de casación en el fondo.

CONSIDERANDO II:

HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:


Del contenido del recurso de casación se resume lo siguiente:

El recurrente indica que la sentencia es contradictoria, contiene error de hecho y de derecho, la misma que fue confirmada por el Auto de Vista sin considerar las contradicciones que contiene la misma.

Afirma que en el otrosí 1º de su memorial de respuesta a la demanda ordinaria, interpuso excepción de incumplimiento de contrato (non adimpletus contractus) y el Juez de la causa no obstante de reconocer la existencia del proceso ejecutivo iniciado en contra de la demandante el mismo que contaría con sentencia a su favor, no habría indicado nada sobre el incumplimiento del pago de la demandante, realizando un análisis totalmente parcializado de los hechos y del derecho; al haberse demostrado con sentencia ejecutoriada el incumplimiento del pago de $us. 2.000.- la demandante no podía pedir el cumplimiento del contrato y consiguientemente debió haber declarado probada su excepción.

Indica que el Juez A quo le condenó al pago de $us. 8.630,99.- por daños y perjuicios en base al monto señalado por el perito sin razonar los hechos y los costos que implica una construcción, valorando de manera ilegal la verdad material, toda vez que en la construcción se habría invertido la suma de $us. 12.000.- más $us. 2.000.- que su persona le habría prestado a la demandante; manifiesta que no es posible que le sancionen al pago de daños y perjuicios por el monto de $us. 8.630,99.- equivalente a más del 70% del valor del dinero que le dio para la construcción de la obra; en cuyo caso el departamento que le construyó le llegaría a costar a la demandante apenas la suma de $us. 3.369,01.-

Afirma que sería la propia demandante quien tratando de ahorrar dinero le había pedido que busque materiales con costos menores a los de primera calidad y que fue ella quien eligió y decidió la utilización de los materiales económicos realizando el seguimiento permanente a la obra y como prueba fundamental de su pleno consentimiento y aceptación, se habría firmado el contrato complementario, no siendo posible que después de dos años de recibido y habitado el departamento le inicie el proceso ordinario pretendiendo evitarse el pago del saldo de los $us.  2.000.- que su persona le prestó.

Refiere que el Juez A quo no dio cumplimiento al art. 397 y 441 del Código de Procedimiento Civil respecto a la valoración de la prueba pericial, no valoró los hechos ocurridos, limitándose simplemente a aplicar la letra muerta de los contratos pactados.

Indica que el Juez A quo al declarar improbada la demanda de cumplimiento de contrato y probada la demanda de daños y perjuicios, incurrió en total contradicción; si consideró que no fue demostrado el incumplimiento del contrato de parte de su persona, como puede ser posible que le condene al pago de daños y perjuicios.

Finalmente, indica que sin consentir que hubiera realizado una mala obra, invoca la aplicación del art. 742 del Código Civil manifestando que la demandante recibió la casa a su entera satisfacción en enero de 2010 y luego de transcurrido dos años recién se le ocurre reclamar por supuestas deficiencias del departamento que le construyó, no siendo responsable su persona de la falta de mantenimiento de la obra.

En base a esos argumentos concluye indicando que interpone recurso de casación en el fondo contra el Auto de Vista recurrido solicitando se disponga la casación y deliberando en el fondo se declare improbada la demanda en todas sus partes.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Si bien el recurrente indica que interpone recurso de casación en el fondo contra el Auto de Vista Nº 206/2013 por las causales establecidas en el art. 253 en sus numerales 1 y 3) del Código de Procedimiento Civil, sin embargo todo el contenido del recurso se encuentra dirigido a atacar la Sentencia de primera instancia cual se tratara de un recurso ordinario de apelación, indicando que la misma es contradictoria y que contiene error de hecho y de derecho, no existiendo un solo argumento que vaya dirigido a cuestionar por lo menos de manera general al Auto de Vista del cual indica recurrir.

Conforme al catálogo descrito en el art. 255 del Código de Procedimiento Civil el recurso de casación procede contra Autos de Vista que resuelven las apelaciones en los casos descritos en dicha norma legal y de manera excepcional procede contra sentencias definitivas pronunciadas en primera instancia por las Cortes Superiores de Distrito, hoy Tribunales Departamentales de Justicia conforme se encuentra previsto en el num. 5) de la indicada norma legal; pero cuando existe dentro de un mismo proceso pronunciamiento de dos instancias diferentes, el recurso de casación debe interponerse y sobre todo fundamentarse contra el Auto de Vista ya que es ésta resolución de segunda instancia la que se pretende invalidar a través del recurso y no así atacar contra la sentencia de primera instancia, para este último caso se encuentra previsto el recurso ordinario de apelación.

En el caso presente, al margen de lo señalado, el recurso de casación contiene argumentos totalmente nuevos que en ningún momento fueron motivo de reclamo en el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, siendo además que uno de esos argumentos como el caso de la excepción de incumplimiento de contrato (Non adimpletus contractus) no fue utilizado como medio de defensa al momento de contestar la demanda, trayéndose a colación ese aspecto recién en el recurso de casación como argumento nuevo.

De la misma forma, en el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, el recurrente argumentó aspectos impertinentes fuera del contexto que atañe a la problemática en cuestión trayendo a discusión entre otros aspectos, la legitimación activa de la demandante vinculado al derecho propietario del inmueble; la falta de integración a la litis como tercero interesado al esposo de la demandante, etc., siendo el único argumento en el recurso de apelación que tiene algo de relación con la problemática sometida a controversia judicial, la excepción de litis pendencia que apenas se la mencionó de pasada de manera superficial, aspectos que dieron lugar al Tribunal Ad quem para que el recurso de apelación sea considerado carente de fundamentación de agravios, procediendo a confirmar la sentencia sin ingresar al fondo del asunto.

Los argumentos contenidos en el recurso de casación que se pone a conocimiento del Tribunal de casación, al no haber sido motivo de reclamo en el recurso de apelación contra la sentencia, el Ad quem no tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre dichos reclamos, consiguientemente este Tribunal Supremo no puede ingresar a considerar los mismos, en caso de hacerlo incurriría en per saltum, más aún si se toma en cuenta que todos los argumentos del recurso de casación están dirigidos a cuestionar la Sentencia de primera instancia cuando de por medio existe el Auto de Vista y contra el cual el recurrente no dice absolutamente nada, simplemente pide en su petitorio que se disponga la CASACIÓN de dicha resolución sin exponer ningún fundamento contra la misma.

En todo caso, al haber sido desestimado el recurso de apelación por el Ad quem por falta de fundamentación de agravios, en función del art. 236 del Código de Procedimiento Civil le correspondía al recurrente interponer recurso de casación en la forma y no en el fondo a efectos de que éste Tribunal Supremo verifique si la resolución del Ad quem fue la correcta o no.

Por todo lo anteriormente señalado se concluye que el recurso de casación en el fondo deviene en improcedente, correspondiendo emitir resolución en la forma prevista por el art. 271 num. 1) y 272 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 parágrafo I núm. 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en el art. 271 núm. 1) y 272 del Código de Procedimiento Civil, declara: IMPROCEDENTE el recurso de casación en el fondo interpuesto por Manuel Cabrera contra el Auto de Vista Nº 216/2013 de 13 de diciembre de fs. 127 y vta., pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. Con costas.

Se regula honorarios profesionales en la suma de Bs. 1.000 (Un Mil 00/100 Bolivianos). 

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Durán.