TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                S A L A  C I V I L


Auto Supremo: 303/2014

Sucre: 24 de junio 2014                        

Expediente: CH-13-14-S

Partes: Calixta Cárdenas Cardozo Vda. de Soliz. c/ Iván Magín Domínguez

             Cardozo.

Proceso: Usucapión decenal o extraordinaria

Distrito: Chuquisaca.


VISTOS: El recurso de casación interpuesto por Calixta Cárdenas Cardozo Vda. de Soliz de fs. 258 a 261 y vta., impugnando el Auto de Vista Nº 584/2013 de fecha 18 de noviembre de 2013, pronunciado por la Sala Civil, Comercial y Familiar Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca , dentro del proceso ordinario de Usucapión decenal o extraordinaria seguido por Calixta Cárdenas Cardozo Vda. de Soliz contra Iván Magín Domínguez Cardozo, los antecedentes del proceso; y,


CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:


Que, tramitada la causa por el Juez Sexto de Partido en lo Civil - Comercial de Sucre, emitió la Sentencia Nº 036 de fecha 07 de agosto del 2013, cursante de fs. 216 a 217, declarando improbada la demanda de fs. 3 a 4 subsanada a fs. 8, con costas.

Sentencia que es apelada por Calixta Cárdenas Cardozo Vda. de Soliz y que es resuelta por la Sala Civil Segunda, Comercial y Familiar del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, mediante Auto de Vista Nº 584/2013 de fecha 18 de noviembre de 2013, cursante de fs. 250 a 252, que confirma la sentencia apelada.

Resolución de Alzada que dio lugar al recurso de casación en el fondo interpuesto por la demandante Calixta Cárdenas Cardozo Vda. de Solíz.


CONSIDERANDO II:

HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

En el fondo


Acusa violación de los arts. 138 y 110 del Código Civil, debido a que por las declaraciones testificales que no fueron desvirtuadas por contrarío, probó que viene poseyendo el terreno objeto de Litis, por más de 14 años, siendo estos los únicos requisitos para la procedencia de la usucapión (posesión y transcurso del tiempo), conforme prevé el art. 138 del Código Civil, debiendo darse aplicación a lo previsto por el art. 110 de la misma norma legal.

Acusa error de hecho y derecho en la apreciación de prueba testifical, debido a que el Tribunal de Alzada argumentó que las testificales de cargo serian opuestas y contradictorias, cuando las atestaciones fueron prestadas por vecinos del lugar, quienes de forma uniforme sostuvieron que la demandante viene poseyendo el terreno objeto de Litis, por más de 14 años, al contrario de lo argumentado por los testigos de descargo, quienes manifestaron que esporádicamente estuvieron en el inmueble objeto de la presente demanda, motivo por el cual acusa la vulneración de los art. 1330 del Código Civil y 397 de su Procedimiento.

Concluye solicitando que de conformidad a lo previsto por el art. 274 del Código Adjetivo se case el Auto de Vista, declarando probada la demanda principal.


CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

En el fondo:


Previamente corresponde hacer referencia que la usucapión llamada también “prescripción adquisitiva” es un modo originario de adquirir el dominio, u otro derecho real, por la posesión continua e ininterrumpida, pública y pacífica por el plazo que dispone la ley, pudiendo ser sobre bienes muebles e inmuebles; respecto a la última distinguimos dos clases de usucapión: la ordinaria o quinquenal y la extraordinaria o decenal, siendo la última objeto del presente proceso.

En la usucapión, el elemento que juega un papel preponderante es la posesión, que sumado al tiempo, determinado en ley, configuran la vértebra de la prescripción adquisitiva, elementos que deben ser allanados a los supuestos facticos por el que pretenda adquirir de este modo la propiedad.

Ahondando sobre el elemento posesión, el art. 87 del Código Civil señala: “I. La posesión es el poder de hecho ejercido sobre una cosa mediante actos que denotan la intención de tener sobre ella el derecho de propiedad u otro derecho real ”; norma que refiere sobre el ejercicio de hecho sobre la cosa y la intensión de tener sobre ella el dominio, postulado normativo que distingue los elementos objetivo y subjetivo de la posesión, concurrencia funcional posesoria, que desde la doctrina fue impulsada por Savigny en su teoría subjetiva de la posesión, distinguiendo la posesión de la tenencia por el dominio físico de la cosa, que constituye el corpus; y, el comportarse como dueño en relación a la cosa, o sea, hacer con la cosa aquello que legalmente puede hacer su propietario, que compone el animus. Denotándose que la posesión es la autoridad de hecho que se ejerce sobre la cosa, satisfaciendo la necesidad propia por el comportamiento respecto a ella, sin que medie voluntad, subordinación o dominio ajeno sobre el bien del cual se tiene el acto posesorio.

Sobre el tema el Auto Supremo Nº 281 de 29 de mayo de 2013 señaló: “Tanto la doctrina como la legislación, conciben a la posesión como un poder de hecho ejercido sobre las cosas (bienes), que produce efectos jurídicos, que implica la realización de actos positivos sobre la cosa que denotan la intención de comportarse frente al bien como si fuera el dueño.

En la posesión, el  poder material que se ejerce sobre el bien se sustenta en la voluntad libre e independiente de usar o aprovechar económicamente el bien, es decir, sin que se reconozca dominio ajeno sobre el mismo, es precisamente esa actitud lo que marca la diferencia entre la posesión y la tenencia…”.

Determinada la naturaleza de la posesión, es pertinente analizar los requisitos de ésta, a objeto de verificar cómo es que se allanan para permitir la usucapión sobre el inmueble en cuestión.

Los requisitos que hace a la posesión para fundar en ella la usucapión son que aquella sea continua e ininterrumpida, pública y pacífica. El requisito de pacífica alude en primer término al acto inicial, al momento en que comienza la posesión que no puede ser obtenida por violencia y, consecuente, no puede mantenerla en ese estado coercitivo; bajo esta premisa también se funda el carácter de pública, por cuanto si el poseedor debe comportarse como propietario, no se concibe que esa actitud no pueda ser conocida por terceros o por el anterior propietario contra el que recae la usucapión, lo que hace que esa posesión clandestina y no pública cohíba sus efectos para originar en ella la usucapión. Es de anotar, que un estado de situación contrario a la exigencia de pacífica y pública, no permite transcurrir el plazo necesario para la usucapión, es por ello que la prescripción corre a partir del día en que cesan la violencia o clandestinidad, por expresa determinación del art. 135 del Código Civil.

El requerimiento de posesión continua e ininterrumpida, concibe la idea de posesión material sucesiva y permanente de la cosa, sin abandonar el estado posesorio del bien, salvo lo dispuesto por el art. 137 parágrafo II) del Código Civil, durante el tiempo en que la  ley ha prescrito el plazo de la prescripción adquisitiva, o sea la continuidad refiere un punto de partida en el tiempo, bajo un concepto de prolongación del mismo, desde el cual se ejerce la posesión.

Por lo señalado podemos precisar que, la posesión, manifiesta con el corpus y animus, durante el plazo de 10 años que la ley ha establecido para fundar la prescripción de la usucapión, no es un criterio subjetivo, sino, como se dijo, se exterioriza mediante actos de hecho del usucapiente frente a la cosa, es por ello necesaria su identificación para contabilizar el tiempo de posesión, el inicio y transcurso de la prescripción, ya que, resulta lógico que la posesión, durante los 10 años, sea demostrada de manera efectiva y objetiva en su transcurso, por lo que resulta comprensible el actuar jurisdiccional de requerir probar mediante muestras objetivas y fehacientes la posesión que arguye el usucapiente.

Dicho esto, respeto al primer agravio acusado en sentido de que por la prueba testifical que no fuera desvirtuada por contrario, probó que se encontraba en posesión del terreno por más de 14 años, siendo estos (posesión y transcurso de tiempo) los únicos requisitos para la procedencia de su demanda, motivo por el cual los de instancia al no dar aplicación a lo previsto por los arts. 138 y 110 del Código Civil, vulneraron dichas normas legales, al efecto corresponde señalar que en el presente caso no existió posesión si no únicamente detentación o actos de tolerancia. En ese sentido, y de la prueba producida en la sustanciación del proceso, se advierte que la demandante realizó trabajos de sembradío en el inmueble de la Litis, conforme sale del acta de inspección de fs. 182, extremo que también llegó a probar a través de su prueba testifical de cargo, cursante a fs. 195 a 198 de obrados, sin embargo y pese a su uniformidad, contestes en tiempos, lugares y hechos, los mismos solo pueden probar el elemento del corpus de la posesión, es decir la tenencia corporal de la cosa, mas no el animús, en virtud a que no se desacreditó lo referido tanto por el demandado como por sus testigos de descargo, en sentido de que el demandante y su familia quienes cosechaban choclo y habas en el lugar, que por encargo del padre del demandado, entre el año 2007 o 2008, se realizó trabajo de reposición de mojones sobre el terreno y que nadie se hubiera opuesto a dichos trabajos de medición, declaraciones contendidas en la actas cursantes de fs. 192 a 194 de obrados, que como se dijo no fue desvirtuada por ningún medio probatorio, y al no haberse producido o adjuntado otras pruebas al margen de la testifical e inspección judicial, a objeto de probar el animús en la posesión que alega la recurrente que se requiere para usucapir, motivo por el cual no resulta evidente la vulneración de los art. 138 y 110 del Código Civil, reclamados por la recurrente.

Máxime si es atribución privativa de los Jueces y Tribunales de grado, la apreciación y valoración de la prueba producida de acuerdo al valor que le otorga la Ley y en su caso al criterio prudente y la sana crítica, teniendo presente las que sean esenciales y decisivas a tenor de los arts. 1286 del Código Civil y 397 del Código de Procedimiento Civil; es decir, que es facultad potestativa del Juez conforme a su sana critica valorar las pruebas conducentes a la averiguación de los hechos alegados, valoración de prueba que es incensurable en etapa casacional.

Respecto al segundo agravio referente al error de hecho y derecho en la apreciación de la prueba testifical de cargo, debido a que a través de ella se hubiera acreditado uniformemente que la demandante se encuentra en posesión del terreno por más de 14 años, sin embargo el Tribunal Ad quem argumento que dicha prueba sería opuesta y contradictoria, acusando la vulneración de los arts. 1330 del Código Civil y 397 de su Procedimiento, sobre el particular es necesario puntualizar, que si bien el Tribunal Ad quem refirió que la prueba seria opuesta y contradictoria, pero refiriéndose a la prueba testifical de cargo respecto a la prueba de descargo, para luego descartarla por ser inadmisible para acreditar en contra y fuera del contendido del título de propiedad que ostenta el demandado y no como erradamente comprende la recurrente en sentido de que dicho Tribunal hubiera argumentado que la prueba testifical de cargo es contradictoria entre sí.

En consecuencia éste Tribunal Supremo de Justicia, por el razonamiento vertido, emite Resolución en la forma determinada por los arts. 271 núm., 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.


POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 parágrafo I núm., 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los arts. 271 núm., 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 258 a 261 y vta., interpuesto por Calixta Cárdenas Cardozo Vda. de Solíz contra el Auto de Vista Nº 584/2013 de 18 de noviembre de 2013, cursante de fs. 250 a 252, pronunciado por la Sala Civil, Comercial y Familiar Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca. Con costas.

Se regula honorarios en la suma de Bs. 700.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Dra. Rita Susana Nava Durán.