TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA                        S A L A  C I V I L

Auto Supremo:297/2014                                                                Sucre: 13 de junio2014                                                        

Expediente:        SC-39-14-S                                                                

Partes: Paulina Colque Colque.        c/ Lidia Guardia Melgar, Dora Guardia Melgar,

            Pablo Guardia Melgar, José Venancio Guardia Melgar y Presuntos

Propietarios.                                                

Proceso:Usucapión                                                                

Distrito:Santa Cruz

VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo interpuesto por Lía Melgar Vda. de Egüez por intermedio de su apoderado Gustavo Alberto Egüez Melgar de fs. 225 a 227, contra el Auto de Vista de 03 de enero de 2014 de fs. 222 a 223 pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en el proceso de Usucapión seguido por Paulina Colque Colque contra Lidia Guardia Melgar, Dora Guardia Melgar, Pablo Guardia Melgar, José Venancio Guardia Melgar y Presuntos Propietarios; concesión de fs. 229, los antecedentes del proceso y:

CONSIDERANDO I:                                                                ANTECEDENTES DEL PROCESO:

La JuezSexto de Partido en lo Civil y Comercial Santa Cruz de la Sierra, pronunció Sentencia Nº 07/13 de 19 de marzo de 2013 cursante de fs. 84 a 85, por el que declara PROBADA en todas sus partes la demanda y memoriales de ampliación de demanda, en relación a un bien inmueble de 357.55 mts.2 y con una superficie de terreno útil de 351.98 mts.2, sito en la Zona Sur Este, Barrio Internacional, en la colindancias: al norte con calle s/n y mide 11.95 m., al sud con Alfio Benavides y mide 11.88 mts., al este con Casta Leonor León y mide 29.54 mts. Y al Oeste con Roger Peña Salguero y mide 29.55 mts., dirigiendo su demanda en contra de los Sres. LIDIA, DORA, PABLO Y JOSE VENANCIO GUARDIA MELGAR y presuntos propietarios, siendo procedente la usucapión del inmueble y sus mejoras, en consecuencia, se declara como absoluta propietaria a la parte actora del referido inmueble y sus mejoras, a favor de la demandante Sra. PAULINA COLQUE COLQUE, se salvan los derechos del Estado, Municipalidad y otras instituciones Públicas que pudieran tener sobre el lote de terreno. En ejecución de sentencia, deberá señalarse correspondiente audiencia para ministrar posesión, asimismo deberá procederse a la respectiva inscripción en oficinas de Derechos Reales, y por secretaría franquéese testimonio de las piezas principales del proceso para su respectiva inscripción en oficinas de Derechos Reales.Contra la referida Sentencia, Gustavo Alberto Egüez Melgar por su mandante Lía Melgar Vda. de Egüez mediante memorial de fs. 142 a 144, interpuso recurso de apelación. Consecuencia de esos antecedentes, la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitió el Auto de Vista N° 20/2014 cursante de fs. 222 a 223, por el que confirma en todas sus partes, la sentencia de fecha 19 de marzo de 2013 cursante de fs. 84 a 85 y en consecuencia queda ejecutoriada la misma.

Resolución que dio lugar al recurso de casación en la forma y en el fondo interpuesto por parte de Gustavo Alberto Egüez Melgar, que se analiza. 

CONSIDERANDO II:                                                                        HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

En la forma

Que, indebidamente se confirmaría en todas sus partes la sentencia, que fuera totalmente infundado el Auto de Vista y sin ninguna motivación, infringiendo el art. 192-2) y 3) del Código de Procedimiento Civil y 115-II de la Constitución Política del Estado, que garantizaría el debido proceso y el art. 119-II de la norma Constitucional garantizaría el derecho a la defensa, se infringiría asimismo el principio de seguridad jurídica. Incurriría en falsa apreciación al analizar los antecedentes de la notificación con la sentencia y la interposición de la apelación, en cuanto a fechas se refiere, señalando que la notificación fuera de fecha 13 y no 18 de abril, y que la señalada por el Ad quem no fuera en jueves sino día sábado conforme a la revisión del calendario, consecuentemente estuviera dentro de plazo la apelación planteada, y correspondería la nulidad del Auto de Vista.

Por otro lado habría vicios, como el no haber asumido defensa de manera real a favor de los presuntos propietarios y sobre todo a su mandante por parte de la Defensora de Oficio, sin sino presentar un solo memorial, por el que se habría asegurado el resultado de la sentencia, que viciaría de nulidad al vulnerarse el derecho a la defensa que ameritaría la anulación de obrados hasta el vicio más antiguo, inclusive hasta la admisión de la demanda.

En el fondo

Que, la interpone en base al art. 253 incs. 1, 2, y 3 del Código de Procedimiento Civil por las evidentes violaciones y contradicciones y evidente error de hecho y derecho en la apreciación de la notificación que se habría hecho con la sentencia, detallando que, habría violentado el Auto de Vista el art. 220 del Código de Procedimiento Civil, al haber interpretado de manera errada la diligencia de notificación tomando como fecha, una distinta a la real, que estuviera su recurso interpuesto en tiempo oportuno, y que esa mala apreciación constituiría error de hecho que provocó error de derecho en la que el Ad quem habría incurrido el Tribunal de apelación, por lo que se infringiría la norma alegada de principio, que ello ameritaría su casación. Por lo anterior refiere pedir se case el Auto de Vista.

CONSIDERANDO III:                                                                FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Conforme al recurso de casación en la forma, en la que se denuncia incongruencia en el razonamiento del Ad quem en cuanto a la secuencia de la notificación con la sentencia, de la revisión de antecedentes en efecto se constata esa irregularidad manifiesta, debido al poco cuidado con la que se habría actuado a momento de revisar la referida diligencia por el que se pretende una fecha diferente a la asentada a fs. 141 que en primer término señala “jueves 18”, luego aparentemente “Jueves 13” y seguido de nuevo “Jueves 18” fs. 141 vlta.-, siendo absolutamente erróneo aquello conforme se constata de su verificación, que daría lugar a la nulidad del Auto de Vista conforme a la pretensión del recurrente a fin de que el Ad quem ingrese a considerar los agravios denunciados en apelación; sin embargo, de la revisión del proceso, se hace preciso considerar sus antecedentes e ingresar a su análisis bajo el amparo de lo dispuesto por el art. 106 del Código Procesal Civil, que autoriza: “La nulidad podrá ser declarada de oficio o a pedido de parte, en cualquier estado del proceso, cuando la Ley la califique expresamente”.

Se constata que se demandó usucapión decenal de un bien inmueble, en ese contexto corresponde puntualizar que para su procedencia son requisitos a considerar tres aspectos:la posesión continuada durante diez años, la posesión pacífica y la posesión ininterrumpida por ese tiempo, cumplidos los mismos y declarada judicialmente la usucapión, ésta produce un doble efecto; el primero adquisitivo para los usucapientes y el segundo extintivo para el usucapido; por lo que necesariamente a tiempo de iniciar una demanda de usucapión respecto a un inmueble este debe contar con registro de propiedad a los fines de dirigir la demanda contra quien fuere último propietario, resultando imprescindible aquello; siendo preciso además a tal efecto y en cumplimiento de la ley N° 2028, que los jueces de oficio estén obligados a citar a la Alcaldía Municipal a efectos de conocer que el inmueble a usucapir no sea de su propiedad o se encuentre en áreas verdes o de equipamiento. Entonces, es obligación de quien pretende usucapir, efectuar un detalle o relación registral de quienes figuraron como propietarios en los Registros de Derechos Reales, por una parte; por otra es obligación del Juez solicitar esta certificación o tradición registral antes de admitir la demanda a los fines de que, a quien se demanda sea el legitimado pasivo.En el presente caso, de principio el Juez de la causa advirtió aquel aspecto, señalando en el proveído de fs. 14 de fecha 7 de junio de 2011 en el punto 4 que: “Ofíciese a la oficina de Derechos Reales, para que otorgue el certificado de propiedad del inmueble y certificado negativo del demandante.”, cumpliendo de manera parcial con ese mandato por parte de la demandante que a fs. 20 adjunta Certificado extendido por Derechos Reales sólo respecto al Certificado de no propiedad, no habiendo cumplido con respecto a la primera parte referida a la certificación de la propiedad del bien inmueble demandado en usucapión, verificándose a su vez el incumplimiento del deber del Juez a fin de que se cumpla a cabalidad la orden expedida, no habiéndolo hecho así, sensiblemente se tramitó la causa con ese defecto, que inviabiliza la posibilidad de establecer con certeza contra quien o quienes se producirá el efecto extintivo de la usucapión; pues si bien se dice demandar a las personas que figuran en las literales de fs. 6 a 8, aquellos refieren ser propietarios a título sucesorio al fallecimiento de su abuela, señalando una partida computarizada cuya situación actual no se tiene certeza como quedó, no existe certificado actualizado del mismo pues su mención refiere a 22 de marzo de 1995, sin embargo ello es mera mención sin respaldo alguno, además de no existir certeza que los mencionados fueran efectivamente herederos de la persona que presuntamente figuraría en el registro de Derechos Reales, o que fueran los únicos herederos. Negligencia o descuido en principio de la actora y luego del Juez que conoció la causa, que debieron cumplir la primera en dar estricta observancia a lo dispuesto y en segundo término al juzgador de exigir que su disposición sea cumplida, a fin de establecer con certeza quien o quienes eran o son los legitimados pasivos.

Lo anterior indudablemente ha originado que lo sustanciado en el proceso y lo resuelto por el A quo no sea eficaz en derecho, y se vulnera la seguridad jurídica tanto a la parte demandante como para los verdaderos o actuales propietarios, que pudieran alegar derecho propietario, precisamente como la recurrente que alega a la vez tener derecho propietario sobre el predio demandado; de haber dado cumplimiento a la exigencia de adjuntar la certificación respectiva, no se estuviera ante la contingencia que se presentó y si en realidad los demandados fueran los propietarios, así demostrable de la certificación que debiera emitir la Oficina de Derechos Reales, no fuera necesario considerar la intervención de la persona que recurrió en apelación así como en casación; ante la carencia de ese dato, indudablemente se pone en duda quien resulta el verdadero propietario registral, pues si bien se demostró la concurrencia de los elementos que se precisan para la declaratoria de usucapión por parte de la actora en cuanto a lo descrito supra en cuanto a la posesión continuada durante diez años, y que esta fuera pacífica e ininterrumpida por ese tiempo, no existe evidencia ni certeza de a quien se le extinguirá su derecho propietario, verificando aquello de la propia sentencia que no refiere ese aspecto en la parte dispositiva con la sola orden de que Derechos reales deba registrar el testimonio a expedir, sin concretar a que partida o matrícula se irá a afectar, que resulta ciertamente irregular. Así expuesto el caso, aun en la consideración de que deba dejarse incólume la sentencia dictada en el caso, no tendría la eficacia que deben tener las resoluciones, pues quien alegue tener derecho propietario y demuestre ese aspecto, estará facultado a accionar lo que corresponda a fin de hacer valer su derecho propietario, aspecto que la propia actora debe considerar para no sufrir mayor perjuicio, pues ninguna resolución podrá afectar a quien no fue demandado, más allá de que la misma tenga calidad de cosa juzgada entre las partes  intervinientes en la controversia judicial, conforme prevé el art. 194 del Código de Procedimiento Civil.

Por lo anteriormente expuesto, corresponde a este Tribunal resolver de conformidad a lo previsto en los arts. 271 núm. 3) del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 parágrafo I núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación a previsto en el Art. 106 del Código Procesal Civil y los arts. 271 núm. 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil, ANULA obrados hasta fs. 42 vlta., inclusive (admisión de la demanda), disponiendo que el Juez de la causa antes de admitir la demanda exija el cumplimiento de lo dispuesto a fs. 14, punto 4 y solicite la tradición registral del inmueble en litigio y observe los fundamentos expuestos.

No siendo excusable el error en el que incurrió el A quo y el ad quem, se impone multa de un día de haber, a favor del Tesoro Judicial. A tal efecto, comuníquese a la Dirección Administra y Financiera.

En cumpliendo lo previsto por el artículo 17 parágrafo IV de la Ley del Órgano Judicial, comuníquese la presente Resolución al Consejo de la Magistratura a los fines de ley.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.                                        

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.                                                        

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Dra. Patricia Ríos Tito

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: Tercero