TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA                                                                  S A L A  C I V I L


Auto Supremo: 286/2014

Sucre: 06 de Junio 2014

Expediente: CH 17 14 S.

Partes: Sandra María Inés Carrasco Coronado de López. c/ Eddy Julio Murillo

            Fanola y Epifania Choque Uño.

Proceso: Resolución de contratos preliminares de compra-venta por

               incumplimiento voluntario

Distrito: Chuquisaca.

VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 324 a 329 interpuesto por Epifania Choque Uño contra el Auto de Vista Nº SII 33/2014 de 13 de febrero de 2014 de fs. 314 a 319 pronunciado por la Sala Civil, Comercial y Familiar Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, en el proceso ordinario de resolución de contrato seguido por Sandra María Inés Carrasco Coronado de López contra Eddy Julio Murillo Fanola y la recurrente; la respuesta al recurso de fs. 331 a 335; el Auto de concesión de fs. 336 de 25 de marzo de 2014; los antecedentes del proceso; y:


CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Del contenido del memorial de demanda de fs. 22 a 24 y vlta., en lo esencial se resume lo siguiente: la demandante indica que suscribió dos minutas de compromiso de compra-venta con respecto a su inmueble de 215,43 mts2. sito en calle Rosendo Villa Nº 161 de la ciudad de Sucre, en favor de los esposos Eddy Julio Murillo Fanola y Epifania Choque Uño, por el precio de $us. 110.000; la primera en fecha 30 de septiembre de 2010 y la segunda el 11 de enero del 2011, otorgándole los compradores en calidad de adelanto el monto total de $us. 37.000 y el saldo de $us. 73.000 se comprometieron a cancelar a la obtención de un préstamo del Banco Mercantil con la garantía hipotecaria del mismo inmueble objeto de compra y a la cancelación de dicho monto, su persona debió firmar la minuta definitiva de transferencia del inmueble, para tal efecto su persona juntamente con la anterior propietaria María Érika Oblitas Moreira, se comprometió a cancelar los gravámenes que pesaban sobre el inmueble y entregar toda la documentación en perfecto orden para la viabilizar dicho préstamo, manifestando haber cumplido de su parte esa obligación, sin embargo los compradores no habrían cumplido con el pago del saldo del precio, no obstante haber sido requeridos notoriamente para que cumplan con su obligación; en base a esos antecedentes interpone la indicada demanda en contra de las nombradas personas.

Sustanciado el proceso en primera instancia, el Juez de Partido 7º en lo Civil y Comercial de la ciudad de Sucre, mediante Sentencia Nº 46/2013 de 16 de octubre de 2013 cursante de fs. 266 a 268, declaró probada la demanda e improbada la reconvencional de cumplimiento de obligación contractual planteada de fs. 61 a 65, así como la excepción perentoria de falta de acción y derecho de fs. 84 a 87 y como consecuencia de ello dispuso la resolución de los contratos preliminares de fecha 30 de septiembre de 2010 y 11 de enero de 2011, suscritos por Sandra María Inés Carrasco Coronado de López y los esposos Eddy Julio Murillo Fanola y Epifania Choque Uño, ordenando a la demandante principal la restitución de lo recibido por concepto de anticipo del precio y los demandados a resarcir el daño ocasionado si lo hubiere a ser averiguado en ejecución de sentencia.

En apelación la indicada Sentencia Nº 46/2013, interpuesto por los demandados y reconvencionistas, Epifania Choque Uño y Eddy Julio Murillo Fanola, la Sala Civil, Comercial y Familiar Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, por Auto de Vista Nº SII 33/2014 de 13 de febrero de 2014 cursante de fs. 314 a 319, confirmó totalmente la Sentencia apelada; en contra de esta resolución de segunda instancia, la demandante Epifania Choque Uño recurre en casación en la forma y en el fondo.


CONSIDERANDO II:

HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Del contenido del recurso de casación, en lo esencial se resume lo siguiente:

II.1. En la forma, la recurrente acusa violación al debido proceso por incongruencia omisiva del fallo con infracción del art. 115.II de la Constitución Política de Estado, indicando que el Tribunal de Alzada no le dio respuesta clara, precisa y puntual sobre los aspectos que habría reclamado en su recurso de apelación con respecto al error de hecho en la valoración de la aprueba, ausencia de motivación y fundamentación de la Sentencia; afirma que el fallo de segunda instancia no guardaría la pertinencia conforme al art. 236 del adjetivo civil, calificándolo de incongruente contradictorio, ultra, extra y citra petita, invocando la aplicación del art. 252 del “Código de Procedimiento Penal”. 

II.2. En el fondo, acusa error de derecho o de hecho en la apreciación y valoración de la prueba vinculando a los arts. 1283, 1286 y 1287 del Código Civil y 375, 397 y 476 de su Procedimiento indicando que la demandante no cumplió con la carga de la prueba respecto a sus pretensiones; tampoco cumplió con la entrega de la documentación establecida en la cláusula séptima del contrato del 30 de septiembre de 2010 y la obligación de cancelar las hipotecas y gravámenes y entrega de documentación acordado en la cláusula segunda de la minuta del 11 de enero de 2011.

Acusa violación de los arts. 294, 450, 451 y 520 del Código Civil por errónea interpretación y aplicación de los arts. 519 y 568 del mismo cuerpo legal, manifestando que su persona suscribió con la demandante un contrato sujeto a condición de entrega de toda la documentación y alodialidad del bien dado en compra-venta, obligación que no habría sido cumplida por la vendedora y que de su parte cumplió con todas las gestiones necesarias para la obtención del crédito bancario con el fin de consolidar el contrato suscrito y cubrir el saldo del precio pactado y prueba de ello habría presentado los proyectos de contratos de préstamo y constitución de garantía, mismo que no se logró consolidar debido al incumplimiento de la parte demandante en el envió y entrega de toda la documentación original a la Entidad bancaria.

Manifiesta que el Ad quem de manera contradictoria y errada habría afirmado que la actora cumplió con la entrega de toda la documentación comprometida, otorgando valor probatorio a una fotocopia simple de un formulario de línea municipal, incurriendo en violación del art. 1286 del Código Civil y 476 de su Procedimiento, restando valor probatorio a las minutas extendidas por el Banco Mercantil y la certificación de fs. 200; en otra parte de su recurso indica que el Tribunal sin base probatoria se limitó a sostener que la vendedora habría cumplido con la entrega de algunos documentos, sin especificar cuándo, dónde y en qué circunstancias se hizo esa entrega de la documentación; sobre la base de esos antecedentes afirma que no se habría cumplido con lo esencial del art. 568 del Código Civil para que la vendedora pida la resolución del contrato. 

En su petitorio concluye solicitando que se dé aplicación al art. 274 del Cód. Adjetivo Civil, CASANDO el Auto de Vista recurrido y en el fondo declarar improbada la demanda principal y probada la reconvencional.


CONSIDERANDO III

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Al haber sido interpuesto recurso de casación en la forma y en el fondo, se ingresa a considerar dichos recursos en el orden en que fueron interpuestos.

III.1 Recurso en la forma:   

La recurrente acusa violación al debido proceso por incongruencia omisiva del fallo con infracción del art. 115.II de la Constitución Política de Estado, indicando que el Tribunal de Alzada no le dio respuesta clara, precisa y puntual a sus reclamos de su recurso de apelación con respecto al error de hecho en la valoración de la aprueba, ausencia de motivación y fundamentación de la Sentencia; afirma que el fallo de segunda instancia no guardaría la pertinencia conforme al art. 236 del adjetivo civil, calificándolo de incongruente contradictorio, ultra, extra y citra petita; en base a esos fundamentos invoca la aplicación del art. 252 del “Código de Procedimiento Penal”. 

De la revisión del contenido del Auto de Vista recurrido, se evidencia que el Ad quem realiza una amplia consideración con respecto a la valoración de la prueba realizada por el Juez de la causa, llegando a la conclusión de que el A quo no ha incurrido en error de hecho en la apreciación de la prueba; por otro lado, también concluye indicando que la Sentencia apelada tiene la congruencia, motivación y fundamentación necesaria y consiguientemente, el Tribunal de Alzada se pronunció con respecto a los reclamos formulados en el recurso de apelación, no correspondiendo en este tipo de recurso analizar si ese pronunciamiento es correcto o no. 

Por otra parte, la recurrente de manera general reitera que el Tribunal omitió pronunciarse sobre todas las lesiones acusadas en su recurso, calificando a esta situación como “citra petita” y al haberse confirmado totalmente la Sentencia, indica que se incurrió en “ultra y extra petita”; sin embargo no especifica en que aspectos en concreto se habría incurrido en esos presupuestos que indica; al no haber sido especificados, este Tribunal Supremo no puede vaticinar o suponer de cuales fueron los aspectos que la recurrente considera que el Ad quem se habría excedido o dejado de fallar con relación a sus reclamos; sin embargo de la revisión del contenido del Auto de Vista, recurso de apelación y de la Sentencia de primera instancia, se evidencia que los mismos guardan la coherencia necesaria conforme al art. 236 del Código de  Procedimiento Civil, no advirtiéndose las incongruencias denunciadas por la recurrente, y consiguientemente no amerita decretar la nulidad del fallo, toda vez que hoy en día las nulidades procesales se encuentran restringidas por disposición del art. 16 de la Ley 025;  la recurrente solicita la aplicación del art. art. 252 del “Código de Procedimiento Penal”, se entiende que quiso referirse al art. 252 del Código Adjetivo Civil que establece la nulidad de oficio, pero esta norma legal tampoco puede ser aplicada cuando de por medio existe recurso de casación en la forma; por todo lo manifestado, el recurso deviene en infundado.

III.2.- Recurso en el fondo:

En el fondo, la recurrente acusa error de hecho o de derecho en la apreciación y valoración de la prueba vinculando a los arts. 1283, 1286 y 1287 del Código Civil y 375, 397 y 476 de su Procedimiento; incumplimiento de parte de la demandante a sus obligaciones establecidas en los contratos sujetos a condición; indica que conforme a lo establecido en el art. 568 del Código Civil, la demandante no estaría habilitada para pedir la resolución del contrato, sin embargo el Ad quem sin base probatoria habría afirmado que la actora cumplió con la entrega de la documentación comprometida, otorgando valor probatorio a una fotocopia simple de un formulario de línea municipal, incurriendo en violación del art. 1286 del Código Civil y 476 de su Procedimiento, restando valor a los informes emitidos de la Entidad Bancaria; acusa también incumplimiento de la carga de la prueba por parte de la actora; violación por parte del Ad quem a los arts. 294, 450, 451 y 520 del Código Civil por errónea interpretación y aplicación de los arts. 519 y 568 del mismo cuerpo legal; finalmente indica que de su parte cumplió con todas las gestiones necesarias para la obtención del crédito bancario para cubrir el saldo del precio pactado, logrando incluso obtener los proyectos de contratos de préstamo y constitución de garantía, el cual no se logró consolidar debido al incumplimiento de la parte demandante en la entrega de toda la documentación original a la Entidad Bancaria; en base a esos reclamos gira esencialmente el recurso de casación en el fondo y dentro de ese contexto se resolverá el mismo y para lo cual primeramente se hace necesario referirse a los alcances de los contratos objeto de la presente demanda.

En ese entendido diremos que de fs. 11 a 14 cursan dos contratos de compra-venta respecto a un mismo inmueble sito en calle Rosendo Villa Nº 161 de la ciudad de Sucre donde se establece como precio del inmueble la suma de $us. 110.000; el primero es de fecha 30 de septiembre de 2010 y el segundo del 11 de enero de 2011, este último se encuentra reiterado de fs. 42 reconocido en sus firmas y rúbricas judicialmente; si bien dichos contratos aparentan ser independientes del uno con respecto al otro, sin embargo ambos se refieren a la venta de un mismo inmueble entre las mismas personas donde interviene por una parte Sandra María Inés Carrasco Coronado de López en su condición de vendedora (hoy demandante principal) y por otra parte Epifania Choque Uño en su calidad de compradora (hoy recurrente), con la diferencia de que en el primero adicionalmente interviene el Sr. Eddy Julio Murillo Fanola también en su condición de comprador y una tercera persona en calidad de poseedora del inmueble; por lo que se entiende que el segundo contrato es complementario o modificatorio del primero y ambos se tratan simplemente de compromisos de compra-venta, toda vez que no pueden existir al mismo tiempo dos contratos definitivos de compra-venta con respecto a un mismo inmueble y entre las mismas personas; así además fue entendido por las propias partes litigantes donde la actora principal reconoce en su demanda las obligaciones asumidas en ambos contratos y por lo mismo demanda la resolución de los dos contratos (preliminares) aduciendo incumplimiento de parte de los compradores.

Del contenido de ambos contratos de referencia, se identifican las siguientes obligaciones: en el primer contrato la vendedora se compromete a realizar el pago de impuestos, cambio de nombre, aprobación de unificación de plano y certificado de DD.RR. del inmueble objeto de venta hasta el 05 de octubre de 2010 para que los compradores procedan a obtener un crédito eligiendo de común acuerdo entre partes como Entidad Financiera al Banco Mercantil Santa Cruz Sucursal Potosí. En el segundo contrato la vendedora reconoce haber recibido de los compradores la suma de $us. 37.000 por concepto de anticipo y se compromete a tramitar la cancelación de dos hipotecas que pesaban sobre el inmueble objeto de venta, siendo estas a favor de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Roque” Ltda. y de Willy Antezana Silva, debiendo posteriormente hacer entrega a la compradora todos los documentos originales de propiedad del inmueble, precisamente para que proceda a hacer efectivo el trámite de obtención del crédito ante la indicada Entidad Financiera, aspecto además confesado en su propia demanda; por su parte la compradora y hoy recurrente se comprometió a cancelar el saldo del precio de $us. 73.000 una vez obtenido el crédito de la indicada Entidad Financiera con la garantía hipotecaria del mismo inmueble, fecha en la cual se procedería a la suscripción de la minuta definitiva de transferencia por parte de la vendedora; nótese que se habla de la obtención del crédito, cuyo cumplimiento según el último contrato no se encontraba sujeto a un plazo determinado y dependía el mismo del previo cumplimiento de las obligaciones de parte de la vendedora.

El Tribunal de Alzada para confirmar la Sentencia llega a la conclusión de que la actora principal en su condición de vendedora cumplió con las obligaciones establecidas en los contratos preliminares de compra-venta y los que habrían incumplido serían los compradores, haciendo referencia para el efecto principalmente a los contratos preliminares y a las documentales de fs. 8-9, 15-17, 51-53, 55-57, 200 y 233, dando mayor importancia a esta última.

Respecto a la valoración y apreciación de la prueba, si bien los arts. 1286 del Código Civil y 397 de su Procedimiento, otorgan esa facultad con carácter privativo a los Jueces de grado para quienes se encuentra reservado esa labor, sin embargo no es menos evidente que cuando los tribunales de instancia disfrazan bajo la apariencia de simples declaraciones de hechos, verdaderas apreciaciones jurídicas, se abre la competencia del Tribunal de casación para la revisión de la prueba sin que ello implique rebasar su actividad jurisdiccional de los instancia; en el caso presente, al haber acusado la recurrente error en la apreciación de la prueba, corresponde ingresar a revisar la prueba para establecer si es evidente o no lo denunciado.

Las documentales de fs. 8 y 9 a las cuales hace referencia el Tribunal de Alzada a quien se acusa de haber otorgado valor probatorio a simples fotocopias para confirmar la Sentencia, se tratan de un recibo de pago por concepto de trámite de cambio de nombre y formulario de línea municipal otorgados por la Alcaldía de Sucre y si bien las mismas se encuentran en fotocopias simples, sin embargo dichas documentales no fueron observadas por la recurrente al momento de contestar la demanda conforme establece el art. 346 núm. 2) del Código de  Procedimiento Civil, guardando silencio al respecto, situación que constituye según la misma norma de referencia, reconocimiento tácito de la verdad de los hechos y consiguientemente se consideran válidas para efectos de respaldar la probanza de los hechos alegados por las partes, por lo que el reclamo de la recurrente respecto a este punto no tiene mayor sustento legal.         

De la revisión de los antecedentes del proceso se evidencia que la actora principal cumplió en parte con sus obligaciones establecidas en los contratos preliminares de compra-venta, aspecto que además se encuentra ratificado por la propia confesión judicial de los demandados cuyas actas cursan de fs. 243 y 244 y vlta, quienes sin embargo dejan establecido la falta de entrega de algunos documentos e incumplimiento de actuaciones por parte de la vendedora considerados indispensables para la obtención del crédito bancario como ser la firma de la minuta elaborada por el Banco, cursando de fs. 219 a 220 folios reales originales presentados por la parte demandada y que para efectos de probanza se constituye en prueba del proceso, de ello se evidencia que la hipoteca que pesaba a favor de la Cooperativa de Ahorro y Crédito fue cancelada en fecha 15 de enero de 2011, en tanto que la hipoteca a favor de Willy Antezana Silva, mantiene su vigencia sin haber sido cancelada.

Sin embargo, el Ad quem indica que se cancelaron las hipotecas, cuando esa situación no es del todo correcto, habiéndose cancelado simplemente una hipoteca de las dos que se habían identificado en los contratos preliminares; de la misma manera haciendo referencia a la minuta otorgada por el Banco, llega a la conclusión de que la vendedora cumplió con todas sus obligaciones, sin tomar en cuenta que al margen de la documentación que pudo ser exigida por el Banco para la aprobación y obtención del crédito, la vendedora asumió otras obligaciones como ser la aprobación de unificación de plano del inmueble, pago de impuestos, etc., de los cuales no existe constancia de su cumplimiento; al margen de ello; en los contratos de compromiso de compra-venta se establecieron ciertas condiciones para que el pago del saldo del precio de inmueble sea exigible por parte de la vendedora. 

Como se tiene indicado, el pago del saldo del precio de ($us. 73.000) por parte de los compradores, no se encontraba sujeto a un plazo determinado debiendo el mismo ser cancelado una vez obtenido el crédito del Banco elegido por las partes de común acuerdo para la otorgación del financiamiento del préstamo conforme se tiene establecido en el contrato de fecha 11 de enero de 2011, esto implica que dicho préstamo debía ser desembolsado a favor de los compradores para su cancelación a la vendedora, sin embargo la compradora desconociendo lo acordado en dicho contrato y haciendo referencia al primer contrato del 30 de septiembre de 2010, inicialmente intenta comunicar mediante carta notariada de fecha 15 de febrero de 2011 su intensión de resolver los contratos y posteriormente mediante carta notaria del 28 de febrero del 2011, cuyas copias cursan de fs. 18 a 19 vlta., logra comunicar únicamente a la recurrente indicándole que incumplió sus compromisos asumidos, exigiéndole cumplir con el pago del saldo pendiente otorgando para el efecto un plazo de 15 días bajo alternativa de darse por resuelto ese primer contrato; como se podrá advertir, la vendedora sin estar dadas las condiciones acordadas contractualmente y sin cumplir a cabalidad sus obligaciones, exigió el cumplimiento del pago del saldo del precio y posteriormente demandó en vía judicial la resolución de los contratos, contraviniendo el art. 568 del Código Civil, aspecto que no fue tomado en cuenta por el Juez de la causa ni por el Tribunal de Alzada.

El documento denominado “Minuta de Transferencia de Inmueble, Concesión de Préstamo y Constitución de Garantías” que cursa de fs. 15 a 17 en fotocopia simple en el original a fs. 55-57, misma que al estar firmada por el Gerente del Banco y el Asesor Jurídico con más la intervención de Notario de Fe Pública, se considera válido para efectos de acreditar los trámites realizados por los compradores ante la Entidad Financiera para obtener el préstamo; sin embargo en dicho documento en su Cláusula Décima establece como condiciones previas a realizarse el desembolso del préstamo, estableciendo entre otros aspectos, que debe primeramente procederse a la suscripción de la correspondiente escritura pública por todas las partes que intervienen en dicho documento; constitución e inscripción en los registros públicos de las garantías convenidas; entrega de los certificados de constitución e inscripción de la garantía a favor del Banco, acreditación de inexistencia de otros gravámenes a favor de terceros sobre el inmueble objeto de transferencia, etc.; documento que no fue cuestionado por ninguna de las partes en litigio, mas por el contrario al haber sido presentado como prueba por ambas partes litigantes, se valieron del mismo para efectos de demostrar sus pretensiones.

Dicho documento por constituir la última fase o etapa para la consolidación del financiamiento, requería ser firmado por todas las partes intervinientes y en especial por la vendedora para que se viabilice el desembolso para el pago del saldo del precio a su persona, toda vez que se trata de una venta con financiamiento bancario con la garantía hipotecaria del mismo inmueble objeto de transferencia, donde el pago en este tipo de negocios jurídicos no puede darse antes de la firma de los documentos, aspecto que la vendedora por los compromisos asumidos en los contratos preliminares, estuvo plenamente consciente de esa situación, sin embargo como manifiesta en las cartas notariadas y en su propia demanda, se negó a firmar dicho documento aduciendo no corresponder al precio convenido, aspecto que sin embargo no justifica de su parte el incumplimiento de las obligaciones contraídas y que en todo caso ese aspecto le habilitaba realizar la observación oportuna y que en caso de no ser atendida y corregida, recién justificaría la negativa a su suscripción; el hecho de negarse directamente a suscribir el documento constituye un obstáculo para la consolidación del desembolso del dinero, aspecto que no puede ser atribuido a los compradores, ya que según el art. 520 del Código Civil, “el contrato debe ser ejecutado de buena fe y obliga no solo a lo que se ha expresado en él, sino también a todos los efectos que derivan conforme a su naturaleza, según la ley, o a falta de ésta según los usos y la equidad”; en el caso presente los usos comerciales a nivel bancario son precisamente que primero deben suscribirse todos los documentos y cumplirse los trámites administrativos que correspondan y luego recién se efectiviza el desembozo.  

La falta de consolidación de la firma del indicado documento y por ende el desembolso del préstamo, se encuentra ratifica por la certificación de fs. 200 que cursa en original, emitida por los personeros del Banco Mercantil Santa Cruz Sucursal Potosí, donde se indica que Epifania Choque Uño (recurrente) solicitó un crédito a dicha Entidad Financiera para la compra de un inmueble en calle Rosendo Villa Nº 161 de la ciudad de Sucre con la garantía hipotecaria del mismo inmueble, habiendo sido aprobado el crédito en fecha 18 de enero de 2011 por la suma de Bs. 437.850, precediéndose a despachar la minuta de préstamo y transferencia para que se proceda a las firmas y trámites en notaria, no llegándose a realizar la misma por falta de firma de los vendedores Sandra María Inés Coronado de López y el Sr. José Luis López Ayllón; indica que la firma de ese documento fue imprescindible para la otorgación del crédito hipotecario; al margen de ello se menciona que no se presentó al Banco el Testimonio de transferencia de José Ricardo Gorena Oblitas que corresponde al 50% del inmueble, impuestos y otros documentos, a pesar del compromiso de parte de la vendedora de que esos documentos se entregarían a la brevedad posible; finaliza indicando que el préstamo bancario no se concretó al no haber sido cumplido con la documentación requerida, aspecto que lógicamente no puede ser atribuible a los compradores; prueba que fue presentada dentro del término probatorio y puesta en conocimiento de la contraparte sin haber sido observada oportunamente.

Sin embargo, el Ad quem restó valor probatorio a dicha documental, al igual que la “Minuta de Transferencia de Inmueble, Concesión de Préstamo y Constitución de Garantías”, ambos otorgados por el Banco,bajo el fundamento de que las mismas quedarían desvirtuadas por la certificación de fs. 233, también emitida por la misma Entidad financiera en la ciudad de La Paz, dando preeminencia a esta última por haber sido obtenida por orden judicial y bajo el entendimiento de que la misma daría cuenta de la inexistencia de registro de operaciones de crédito a favor de los compradores del inmueble, no obstante que es el propio Tribunal a fs. 317 vlta., llega a la conclusión que se acreditó la viabilización del crédito bancario, amparándose para tal efecto en la indicada minuta de transferencia y crédito emitido por el Banco, para posteriormente desconocer esa situación.

La documental de fs. 233 a la cual se da preeminencia, no es contradictoria a las literales descritas anteriormente como aparentemente lo quiso entender el Ad quem, simplemente da cuenta de que “no existe operaciones de crédito otorgadas a favor de los Sres. Eddy Julio Murillo Fanola y Epifania Choque Uño”; nótese que la indicada certificación hace referencia a la inexistencia de “créditos otorgados”, lo cual de ninguna manera implica negar la existencia de la tramitación y aprobación del crédito por el Banco como se evidencia por la certificación de fs. 200 y la posterior minuta que cursa de fs. 55 a 57 y vlta.; el otorgamiento del crédito debe entenderse como el último acto comercial realizado por la Entidad Financiera y se materializa con el desembolso del dinero, registrándose automáticamente la transacción en el sistema bancario, pues en caso de no otorgarse el desembolso, no existe registro de la transacción, siendo este último aspecto al cual se refiere la certificación de fs. 233.

Consiguientemente, el Ad quem al haber llegado a la conclusión de que los compradores no gestionaron el crédito para la compra del inmueble confundiendo con la otorgación efectiva del crédito financiero, dando preeminencia para el efecto a la documental de fs. 233 y restando valor probatorio a la documental de fs. 200, ciertamente ha incurrido en error de hecho y de derecho en la valoración de la prueba; como también ha incurrido en aplicación incorrecta del art. 568 del Código Civil, toda vez que se ha demostrado en el curso del proceso que la vendedora no cumplió con todas sus obligaciones establecidas en los contratos preliminares, ni mucho menos quiso firmar la minuta elaborada por el Banco para viabilizar el desembolso del dinero.  

Finalmente, el Ad quem no toma en cuenta las literales de fs. 295 a 301 y vlta. que fueron presentadas en segunda instancia por la propia recurrente, mismas que hacen referencia a la existencia y resolución de un proceso ejecutivo que cuenta con sentencia ejecutoriada a favor de la hoy recurrente, acompañado de otros actuados judiciales realizadas en ese proceso donde intervienen las misma partes y un tercerista que indica ser el esposo de la vendedora del inmueble, quien reclama el 50% del mismo como bien ganancial al no haber sido parte de los compromisos de compra-venta celebrados por su esposa, aspectos que corresponden ser tomados en cuenta para no afectar derechos e incurrir en fallos contradictorios entre uno y otro proceso.

En conclusión, la vendedora y demandante principal según el contenido de los contratos preliminares base del presente proceso, no solo tenía la obligación de entregar saneada toda la documentación del inmueble para la aprobación del crédito financiero, sino sobre todo de coadyuvar a que se haga efectivo el desembolso del crédito, así se encuentra establecido en la Cláusula Segunda del Contrato de fecha 11 de Enero de 2011; al no haber presentado toda la documentación acordada contractualmente y la que fue requerida por la Entidad Financiera y haberse negado a suscribir la “Minuta de Transferencia del Inmueble, Concesión de Préstamo y Constitución de Garantías”, hizo que no se haga efectivo el desembolso del crédito conforme se evidencia por la certificación de fs. 200, siendo reprochable esa actitud a la vendedora (demandante principal); ante esa situación lo que correspondería es disponer la entrega de la documentación faltante y que suscriba la minuta de referencia para que se haga efectivo el desembolso del crédito financiero para que la compradora (recurrente) proceda a cancelar el saldo restante del precio.

Sin embargo, de los antecedentes del proceso (fs. 297 y vlta.) se evidencia que la compradora ya hizo efectivo el pago de la totalidad del saldo ($us. 73.000) en otro proceso que ya cuenta con sentencia ejecutoriada; frente a esa situación, lo único que corresponde es disponer que la vendedora cumpla con la entrega de la documentación debidamente saneada y proceda a suscribir la minuta de transferencia respectiva del inmueble motivo de venta en favor de los compradores.

Por todo lo anteriormente fundamentado corresponde resolver los recursos en la forma prevista por los arts. 271 núm. 2) y 271 núm. 4) del Código de Procedimiento Civil y conforme a los arts. 41 y 42 de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial.


POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por los Arts. 41 y 42 parágrafo I núm. 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial y en aplicación de los arts. 271 núm. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil declara: INFUNDADO el recurso de casación en la forma y conforme al art. 271 núm. 4) y 274 del mismo Código adjetivo de la materia: CASA el Auto de Vista Nº SII 33/2014 de 13 de febrero de 2014 de fs. 314 a 319 y deliberando en el fondo, declara improbada la demanda principal de fs. 22 a 24 y vlta., disponiendo no haber lugar a la resolución de los contratos de fecha 30 de septiembre de 2010 y 11 de enero de 2011 que cursan de fs. 11 a 14 y vlta., y por otra parte declara probada en parte la demanda reconvencional de fs. 62 vlta. a 65, e improbada la excepción perentoria de falta de acción y derecho opuesta a la reconvencional, disponiendo que el plazo de quince días la vendedora cumpla la obligación de entrega de toda la documentación debidamente saneada del inmueble motivo de venta, así como la suscripción de la minuta de transferencia respectiva a favor de los compradores con respecto al  inmueble de calle Rosendo Villa Nº 161 de la ciudad de Sucre.

Sin responsabilidad para el Ad quem por ser error excusable.  

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rita Susana Nava Duran

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Dra. Patricia Ríos Tito

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: Tercero