TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                              S A L A C I V I L

Auto Supremo: 255/2014

Sucre: 27 de mayo        2014

Expediente: O-10-14-A

Partes: Empresa Constructora RAMCO S.R.L., representado legalmente por 

            Romualdo Ramos Condori y éste a su vez representado Marcelo Cortez           Gutiérrez. c/ Gobierno Autónomo Municipal de San Pedro de Totora.

Proceso: Declaración de inexistencia de Responsabilidad Civil y otros.

Distrito Oruro.

VISTOS: El Recurso de Casación en el fondo de fs. 591 a 601, interpuesto por Marcelo Cortez Gutiérrez en representación de la Empresa Constructora RAMCO S.R.L., contra el Auto de Vista N° 06/2014 de 09 de enero de 2014, cursante de fs. 570 a 577, pronunciado por la Sala Civil, Familiar y Comercial Primera Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, dentro del proceso ordinario sobre declaración de inexistencia de responsabilidad civil, seguido por el recurrente contra el Gobierno Autónomo Municipal de San Pedro de Totora, representada legalmente por Milton Marca Poma en su calidad de Alcalde Municipal; la concesión de fs. 607; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:                                                                 ANTECEDENTES DEL PROCESO:

En fecha 28 de marzo de 2013, el Juez Segundo de Partido en lo Civil y Comercial, emitió Auto definitivo cursante de fs. 591 a 592, mediante el cual declaró probada la excepción previa de incompetencia. Conforme al análisis expuesto sobre la acción incoada de declaración de inexistencia de responsabilidad de la entidad contratista en la resolución de Contrato Proyecto Construcción Camino Vecinal Totora-Alto Yaraque, disponiendo que la parte actora acuda ante la jurisdicción Coactiva Fiscal.

Contra el referido Auto definitivo, Marcelo Cortez por RAMCO S.R.L., interpuso Recurso de Apelación cursante de fs. 544 a 551.

En merito a esos antecedentes, la Sala Civil, Familiar y Comercial, del  Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, emitió el Auto de Vista N° 06/2014 de 09 de enero de 2014, cursante de fs. 570 a 577, por el que confirma el Auto de fecha 28 de marzo del año 2013, con la modificación, que el procedimiento a aplicar, en el fin la parte actora satisfaga su pretensión esta delineado en el art. 775 del Código de Procedimiento Civil y no así ante la jurisdicción Coactiva Fiscal. Con Costas.

Resolución que dio lugar al Recurso de Casación en el fondo, interpuesto por Marcelo Cortez Gutiérrez por RAMCO S.R.L., mismo que se pasa a considerar y resolver.

CONSIDERANDO II:

HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

1.El recurrente denuncia aplicación indebida e interpretación errónea  del art. 775 del Código de Procedimiento Civil, en razón a que el Tribunal Ad quem, determinó para la solución del conflicto la aplicación del art. 775 del Código de Procedimiento Civil, empero el Tribunal no se habría percatado que la disposición enmarcada dentro de esta normativa legal no está debidamente aclarada la razón y la finalidad, ni por la doctrina de los constitucionalistas ni por la jurisprudencia, toda vez que el citado artículo establecería que la demanda debe presentarse a la Corte Suprema de Justicia (hoy Tribunal Supremo de Justicia) , empero la actual Constitución Política del Estado no contemplaría esta atribución en su normativa, es decir que no señalaría que la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia conocería los casos contenciosos administrativo que dieran lugar las relaciones del Ejecutivo, razón por la cual el pretender la solución de controversias  de este contrato administrativo de obra, no es competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa, máxime si no se cumple con los requisitos establecidos en el art. 3 del Procedimiento Coactivo Fiscal.

2. De igual forma el recurrente denuncia la omisión del art. 519 del Código Civil, en razón de que el contrato objeto de la litis, determina que los conflictos que nazcan de la misma deberán ser resueltos en vía judicial, bajo la jurisdicción coactiva fiscal, misma que se constituye en una facultad potestativa y no limitativa, pues al estar la vía judicial coactiva impedida para el conocimiento de esta causa, no se debe utilizar esta ausencia como única fuente para desconocer lo acordado, sino simplemente se debe averiguar cuál fue la intención común de las partes y no limitarse al sentido literal de las mismas, correspondiendo el conocimiento de la misma a un juez de similar jerarquía, como ser un juez civil comercial, ya que en el contrato intervendría el Estado como sujeto de derecho privado y particular, aspecto que al no ser aplicado, dio lugar a la vulneración del art. 519 del Código Civil.

3.- Asimismo, denuncia que de forma errónea se habría razonado y deducido que la pretensión estaría ligada a una declaración judicial que le exima de la responsabilidad civil por la función pública, o como habría llamado el recurrente,  inexistencia de responsabilidad en la resolución de contrato, razonamiento que al parecer del actor, sería equivocada en razón de que la responsabilidad civil por la función pública es exclusiva de los funcionarios públicos y RAMCO es una persona jurídica de derecho privado.

4. El recurrente, realiza una vasta cita teórica de lo que se debe entender por la responsabilidad y el incumplimiento, para concluir señalando que RAMCO S.R.L. no sería el responsable de la resolución del contrato y por lo tanto sería imposible imputarle una sanción y que sólo se estaría tratando de justificar irresponsabilidad proveniente de ingenieros de seguimiento, supervisores y fiscales del proceso de estudio en examen.

6. Denuncia también, que la jurisdicción como potestad del pueblo boliviano para administrar justicia, solo es admisible en tanto y cuando se encuentre regulado por ley, por lo que, sólo se concedería dos tipos de jurisdicción, una ordinaria y otra indígena, estando prescrito la combinación de jurisdicciones especiales, por lo que afirmar que la Contraloría es una entidad con jurisdicción y competencia resulta ser un desacierto e incongruencia irracional y hasta ilegal, por lo que ligar el presente proceso  a una instancia administrativa, se constituiría en un atentando contra el derecho de accionar y  agravio al principio del debido proceso en su variante del derecho del juez natural.

5. Denuncia que la Contraloría General del Estado, conforme lo establece la Constitución Política del Estado, no tiene jurisdicción para resolver conflicto de carácter judicial.

7. Finalmente denuncia que de manera errónea se entiende que la presente controversia deba ser atendida en sede coactiva fiscal.

Por lo expuesto, solicitan al Tribunal Supremo casar el Auto de Vista recurrido y deliberando en el fondo se declare improbada la excepción determinando la competencia plena del Juez A quo.

CONSIDERANDO III:                                                          FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Antes de ingresar a considerar el recurso planteado, en vía de aclaración, se hace notar al recurrente que los agravios planteados en el recurso de casación deben estar relacionados a lo determinado en el Auto de Vista, toda vez que los agravios que se hubieran sufrido con el Auto definitivo, debieron ser planteados en el recurso de apelación.

En base a esa consideración y toda vez que el recurso incoado centra los agravios en relación a la incompetencia del Juez A quo para conocer el presente proceso, en principio se debe señalar que sobre el tema, éste Tribunal Supremo emitió una nueva línea jurisprudencial que es compartida por el Tribunal Constitucional Plurinacional, respecto a la competencia de los tribunales con relación a los contratos administrativos, tal como se puede observar en los siguientes Autos Supremos: 188/2013, 384/2013, 115/2013, 391/2013, etc. o en la S.C. Nº0060/2014.

Al respecto, el recurrente al plantear la demanda principal, señala que,  mediante documento de 30 de julio de 2008, la Honorable Alcaldía Municipal de San Pedro de Totora, contrató los servicios de la Empresa Constructora de Servicios “RAMCO S.R.L.” para la ejecución del Proyecto Construcción del camino vecinal TOTORA-ALTOYARAQUE, en base a la propuesta emitida y el Pliego de condiciones, mismo que habría sufrido modificaciones respecto al precio y el plazo de entrega, mediante la suscripción del contrato modificatorio Nº 1 y las ordenes de cambio Nº 1, 2, 3 y 4; sin embargo habiéndose concluido el proyecto, la Honorable Alcaldía Municipal de San Pedro Totora en virtud a la cláusula de resolución por requerimiento, determinó la resolución unilateral del contrato, por causas atribuibles al contratista RAMCO, resolución que se habría materializado en fecha 3 de septiembre cuando la H.A.M. de Totora les comunicó con la Resolución Administrativa  Nº032/2010 de 25 de agosto de 2010 y con el Acto Administrativo Definitivo Carta Notariada de 1 de septiembre de 2010 sobre resolución de contrato Proyecto “Construcción Camino Vecinal Totora Alto Yaraque”, en base a esos antecedentes el actor demandó la inexistencia de responsabilidad de la entidad contratista en la resolución de contrato Proyecto “Construcción Camino Vecinal Totora Alto Yaraque” por cumplimiento efectivo del objeto contratado; imposibilidad de aplicación de cláusula penal (sanción) por inexistencia de responsabilidad y por cumplimiento de contrato; extinción de contrato de fianza por cumplimiento de la obligación principal; obligación de la H. Alcaldía de Totora de producir el pago total de las prestaciones ya ejecutadas y el resarcimiento de daños y perjuicios;  y de esta manera se pueda disponer la extinción de los contratos de fianza y boleta de garantía de correcta inversión de anticipo Nº10500728/10.

De lo señalado se puede verificar que, el contrato suscrito entre la Honorable Alcaldía Municipal de San Pedro de Totora se constituye en un contrato administrativo, entendiéndose éste como, aquel contrato en el que una de las partes es un órgano de la administración pública, y el objeto y fin del contrato está orientado a la satisfacción de alguna necesidad o bien común o es de interés común de la comunidad, lo que determina una regulación especial; sobre el tema el art. 47 de la Ley Nº 1178 señala “Son contratos administrativos aquellos que se refieren a contratación de obras, provisión de materiales, bienes y servicios y otros de similar naturaleza”, de igual modo se debe hacer referencia al art. 85 del D.S. Nº 181 de 28 de junio de 2009 prevé que los contratos que suscriben las entidades públicas para la provisión de bienes son de naturaleza administrativa.

En el caso concreto, se debe hacer mención a lo establecido por el art. 118 numeral 7) de la Constitución Política del Estado de 1967 y sus modificaciones, las mismas que establecían que era atribución de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, el conocimiento y resolución de las causas contenciosas que resultaren de los contratos, negociaciones y concesiones del Poder Ejecutivo y de las demandas contencioso-administrativas a las que dieran lugar las resoluciones del mismo, empero la actual Constitución Política del Estado no prevé expresamente esa atribución; sin embargo el art. 179 parágrafo I, reconoce la existencia de jurisdicciones especializadas que serán reguladas por ley, en ese sentido el art. 10 parágrafo I de la Ley 212 de 23 de diciembre de 2011, determina que: “La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia conocerá las causas contenciosas que resultaren de los contratos, negociaciones y concesiones del Órgano Ejecutivo, y de las demandas contenciosas - administrativas, a que dieren lugar las resoluciones del mismo; hasta que sean reguladas por Ley como Jurisdicción Especializada”.

Consiguientemente, mientras la jurisdicción especializada contencioso-administrativa sea regulada por ley, el Tribunal competente para ejercer dicha jurisdicción y, en consecuencia conocer y resolver los procesos contenciosos y resultante de los contratos, negociaciones y concesiones del Poder Ejecutivo y contencioso-administrativo a que dieran lugar las resoluciones del Poder Ejecutivo, es el Tribunal Supremo de Justicia del Estado en su Sala Plena, con la salvedad contenida en la S.C.P. Nº 0693/2012 de 2 de agosto de 2012, referida a la competencia para el proceso contencioso-administrativo emergente de los actos administrativos municipales. Por ende la jurisdicción ordinaria civil no tiene competencia para la tramitación de contención derivada de contratos administrativos.

Sin embargo corresponde aclarar que la incompetencia de la jurisdicción ordinaria, y en consecuencia el reconocimiento de la jurisdicción contenciosa administrativa para la resolución de la presente causa, que emerge de la contención resultante de un contrato administrativo conlleva la determinación que la demanda sea presentada a través del proceso contencioso previsto en el art. 775 del Código de Procedimiento Civil, tal cual lo señaló el Tribunal Ad quem y no así ante la jurisdicción Coactiva Fiscal como se entendió por el Juez A quo.

Consecuentemente, constatando que los Tribunales de instancia actuaron dentro del marco de la legalidad, corresponde emitir fallo en sujeción a lo previsto por los arts. 271 núm. 2) y 273 ambos del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 parágrafo I. núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en los arts. 271 núm. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de c asación en el fondo, interpuesto por Marcelo Cortez Gutiérrez por la empresa constructora RAMCO S.R.L. representada legalmente por Romualdo Ramos Condori, contra el Auto de Vista N° 06/2014 de 09 de enero de 2014, cursante de fs. 570 a 577, pronunciado por la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro. Con costas.


Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Durán.