TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

   S A L A  C I V I L


Auto Supremo: 253/2014

Sucre: 27 de mayo        2014

Expediente: LP-140-13-A

Partes: Fondo Nacional de Desarrollo Regional (F.N.D.R.) representado por

             Gustavo A. Callizaya Iturri. c/ Carlos Beale Caballero, Félix Miranda

             Cuevas y otros.  

Proceso: Cumplimiento de contrato y resarcimiento de daño ocasionado.

Distrito: La Paz.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 316 a 320, interpuesto por Johnny Ricardo Barral Vargas en representación legal del Director Ejecutivo del fondo Nacional de Desarrollo Regional - FNDR contra el Auto de Vista Nº D-336/13 de 26 de septiembre de 2013, cursante de fs. 309 a 310 y vlta., pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el proceso ordinario de Cumplimiento de Contrato y Resarcimiento de Daño ocasionado seguido por Fondo Nacional de Desarrollo Regional (F.N.D.R.) representado por Gustavo A. Callizaya Iturri contra Carlos Beale Caballero, Félix Miranda Cuevas y otros, la respuesta al recurso de fs. 321 a 322 y vlta., la concesión de fs. 323, los antecedentes del proceso, y;

CONSIDERANDO I:                                                         ANTECEDENTES DEL PROCESO:

La Juez Quinto de Partido en lo Civil Comercial de la ciudad de La Paz, pronunció el Auto Interlocutorio Definitivo de 11 de marzo de 2013 de fs. 285 a 287, declarando probada la excepción de incompetencia planteado por el co-demandado Félix Miranda Cuevas, bajo el argumento de que la jurisdicción competente para conocer el proceso incoado es la coactiva Fiscal, no así la vía civil, toda vez que el contrato suscrito resulta ser un contrato sujeto a un proceso jurisdiccional especial, como señala el art. 77 inc. e) de la Ley del sistema de Control Fiscal razón por la que, deben acudir ante el Juzgado Administrativo Coactivo Fiscal Tributario.

Contra la referida Resolución, la parte actora interpone recurso de apelación, que es resuelta mediante Auto de Vista Nº D-336/13 de fs. 309 a 310 y vlta., que confirma la Resolución Nº 96/2013 de fecha 11 de marzo de 2013 cursante a fs. 285 a 287 sin costas. Resolución de Alzada que es recurrida de casación en el fondo por lo parte demandante, que obtiene el presente análisis.

CONSIDERANDO II:                                                                         

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Desconocimiento de la jurisdicción libremente pactada por las partes:

El recurrente afirma que el Auto de Vista se hace referencia a que la libertad contractual invocada no nacería de la libre decisión de las partes, sino de lo expresamente señalado en la ley, si bien ésta afirmación es cierta no es menos cierto que el art. 519 del Código Civil dispone que “El contrato tiene fuerza de ley entre las partes contratantes…”. Es decir el contrato nace bajo la fuerza que la ley le da a las partes para poder suscribir un contrato que puede crear, modificar o extinguir una relación de derecho es decir no se está sobrepasando la magnificencia de la ley sino se está sometiendo a la misma dentro de la autonomía de la voluntad que está expresamente reconocida por ley.

Conforme a lo acordado en el contrato suscrito por el señor Beale se deduce en su cláusula séptima que la naturaleza del contrato es de índole Civil, por consiguiente la jurisdicción libremente acordada en caso de controversia es la ordinaria civil, situación que permitiría la apertura de la jurisdicción en esta materia. La autoridad inferior no habría analizado que los contratos se suscriben al amparo de lo determinado por el art. 453 y 454 del Código Civil que determinaría que dentro de la autonomía de la voluntad de las partes y por su propia voluntad suscriben contratos para crear, modificar o extinguir una relación de derecho, por lo que en ese marco las partes pueden determinar libremente el contenido de los contratos que celebren, en el presente caso ambas partes han determinado que en caso de controversia deberá ser la justicia ordinaria civil la que debe conocer esta controversia, por tanto este contrato sería de carácter civil, por tanto sus efectos conforme determina el art. 519 del Código Civil, serían civiles teniendo el contrato fuerza de ley entre las partes.

Al haber manifestado las partes su voluntad de someterse a la vía civil esa sería la jurisdicción que el contrato de consultoría indicaría, y debe ser respetado no solo por las partes sino por terceros, así lo definiría la Sentencia Constitucional Nº 0165/2005-R de 28 de febrero de 2005 en su ratio decidendi, transcribiendo al efecto dicha parte relevante.

Agrega también que el Estado tiene conforme nuestra legislación dos personalidades una Estatal y otra Particular así lo reconoce el art. 52 del Código Civil en su núm. 1) al señalar que son personas colectivas “El Estado Boliviano…”, es en esta calidad que el Estado representado por el FNDR con personalidad civil ha suscrito un contrato de carácter civil y no administrativo como el demandado y sus autoridades han determinado.

En el presente caso sabiéndose competente el Juez admitiría la demanda y ordenaría la notificación de la misma, sin embargo de ello el Ad quem no consideraría por una parte, que previamente a la admisión de la demanda correspondería aún de oficio revisar la competencia en razón de materia, obligación que se deduce habría sido considerada y no encontrándose impedimento legal alguno se habría continuado con la tramitación del presente proceso. Refiere que el Juez Quinto de Parido en lo Civil, en caso de que hubiese determinado que el proceso no era de su competencia nunca hubiera admitido la misma, mas al contrario a sabiendas de que su autoridad era competente para conocer la causa, habría admitido la demanda y ordenado su notificación, lo cual sería un acto formal de procedimiento, cuyo efecto entre otros sería delimitar la competencia del Juez, en conocimiento que se trata de un proceso que se limita dentro del ámbito civil habría admitido la demanda y se ha declarado competente para conocer la causa de otra manera hubiera rechazado la misma y ordenado se acuda a la jurisdicción competente, hecho que no ha ocurrido en la presente demanda.

Prueba presentada:

En la Resolución de Alzada no se mencionaría la prueba presentada, sin embargo refiere que las autoridades inferiores debieron examinar el art. 47 de la ley 1178 que en su redacción completa indicaría que las demandas coactivas fiscales son consecuencia de la determinación de Responsabilidad Civil y concordante con ésta norma el art. 3 del D.L. 14933 de la Ley del Procedimiento Coactivo Fiscal, indicaría que los instrumentos con fuerza coactiva son los informes de Auditoría emitidos por la Contraloría General de la República.

En el presente caso no se habrían percatado que los informes de auditoría interna del FNDR, presentados con la demanda no habrían sido aprobados por la Contraloría General del Estado, es decir no contarían con fuerza coactiva fiscal, por lo que no sería posible iniciar un proceso coactivo fiscal, es más en caso de que se intentara un proceso coactivo fiscal este no prosperaría por falta de esta prueba fundamental y esencial, ningún juzgado coactivo fiscal admitiría un proceso sin el informe de auditoría aprobado por la Contraloría General del Estado, por tanto el Estado quedaría en indefensión y el daño económico ocasionado jamás sería resarcido, no olvidemos que el fin último de éste proceso es recuperar lo que de una manera maliciosa se han apropiado personas que no han cumplido un contrato civil que solo fue posible por la negligencia de ex funcionarios que han dado por bien hecho un trabajo que jamás se realizó y peor aún fue abandonado con el contratado haciendo burla de lo acordado en un contrato.

Violación del Juez natural:

Al demandar el cumplimiento de contrato y el resarcimiento de daños, el Juez natural y con competencia plena sería la autoridad jurisdiccional ante quien se ha presentado la demanda y quien la ha admitido en el presente caso, considerando que existe un asunto contencioso no sometido a procedimiento especial y con daño económico a una institución estatal, por consiguiente la vía judicial idónea para solicitar y en este caso demandar la honra de la obligación sería la ordinaria civil a través de un proceso ordinario civil tal cual habría sido iniciado.

En ese sentido, al determinar la autoridad Jurisdiccional su incompetencia en la presente demanda, vulneraría el principio de Juez natural contenida en el Pacto de San José de Costa Rica y la Jurisprudencia Constitucional citada, desconociendo su propia competencia y ocasionando la falta de protección jurídica del Estado frente a un incumplimiento de contrato.

Si bien y conforme fundamenta la autoridad recurrida, la competencia de una autoridad jurisdiccional es única, indelegable, de orden público y emana sólo de la Ley, el mismo Código de Procedimiento Civil otorga a las partes el derecho de demandar por la vía ordinaria, cuando su reclamo va hacer realizado por medios legales y moralmente legítimos de lo cual se infiere que no se vulnera la competencia emanada tanto por la propia Ley del Órgano Judicial como del Procedimiento Civil.

Por lo que en base a los antecedentes y argumentos descritos y en cumplimiento al art. 258 del Código de procedimiento Civil, solicita se Case el Auto de Vista, Resolución Nº D-336/13 de fecha 26 de septiembre de 2013, cursante en obrados, en aplicación del art. 274 del Código de Procedimiento Civil, y deliberando en el fondo se declare la competencia de la autoridad jurisdiccional de primera instancia para conocer la presente causa y continúe con la tramitación del presente proceso.

CONSIDERANDO III:                                                                 FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

De los antecedentes procesales, del contrato administrativo y su jurisdicción y competencia:

1. El Fondo Nacional de Desarrollo Regional (F.N.D.R.), institución financiera pública, que se encuentra bajo tuición del Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD), por tanto perteneciente al Estado Plurinacional, representado por Edson Ross Valda Gómez, por intermedio de su apoderado Gustavo A. Callizaya Iturri, interpone demanda de cumplimiento de contrato y resarcimiento de daño ocasionado, en contra de: Carlos Beale Caballero, Félix Miranda Cuevas, Jaime Gonzáles Zambrana Mealla, Álvaro Roberto Larrea Alarcón y Carlos Bertsch V., solicitando del primero el cumplimiento del contrato de consultoría Nº 0203/00 de 21 de septiembre de 2000, más el resarcimiento del daño ocasionado; del segundo y tercero, la reparación del daño por hechos ilícitos generados por incumplimiento a sus obligaciones en su calidad de Ex Consultores; y contra los últimos: Álvaro Roberto Larrea Alarcón entonces Gerente de Operaciones, y Carlos Bertsch V., entonces Director Ejecutivo del FNDR, estos últimos ex funcionarios del FNDR, quienes brindarían su conformidad al informe GO-ECS-MF-0238.INGF/01 elaborado por Félix Miranda Cuevas, consentimiento que contravendría sus funciones, ocasionando también daño económico descrito, incurriendo todos en responsabilidad solidaria.

De lo expuesto se infiere que la demanda es relativa al cumplimiento de contrato y al resarcimiento del daño económico ocasionado que deviene de una responsabilidad de los consultores, originada de la relación contractual del Contrato de prestación de servicios de consultoría; en tal situación es importante señalar que la pretensión deducida es imputable a los “consultores” y los mismos ex - funcionarios del FNDR por una supuesta responsabilidad en su conducta como parte contratante y contratada en la ejecución y cumplimiento de dichos contratos.

2. Por otro lado y a objeto de verificar la naturaleza jurídica del contrato, porque de ella depende la jurisdicción y competencia a la que está sometida, debemos hacer referencia a la prueba literal pre constituida adjunta por la parte actora, donde cursan los contratos de prestación de servicios de consultoría, y sus contratos ampliatorios, de la cláusula primera de dichos contratos se evidencia que fueron suscritos entre el Director Ejecutivo del Fondo Nacional de desarrollo Regional (F.N.D.R.) con el consultor Carlos Beale Caballero, Vicepresidente de Méndez England y Asociados por una parte; y por otra, con los consultores Félix Miranda Cuevas y Jaime Gonzáles Zambrana Mealla respectivamente, quedando establecido la intervención de una entidad estatal pública, con otra persona jurídica y otras particulares privadas.

En la cláusula cuarta de dichos contratos, se menciona que el objeto del contrato es la prestación de servicios profesionales de consultoría de acuerdo a los términos de referencia, entre otros, describen entre sus antecedentes que el programa tiene como objetivo apoyar al país en su política de ampliar y mejorar los servicios prestados por los gobiernos locales a sus comunidades mediante el desarrollo del sector municipal y como objetivo general de los consultores se establece la prestación de asistencia técnica al FNDR en la evaluación técnica y financiera de los proyectos presentados para ser financiados por la institución, por lo que el objeto general del contrato se puede resumir en la prestación de servicios de consultoría para ampliar y mejorar los servicios prestados por los gobiernos municipales a sus comunidades, es decir la realización de obras de interés público en beneficio de las comunidades, más propiamente dicho, una obra que tiene vinculación directa con la finalidad de la función pública que cumple el ente administrativo.

Si bien en la cláusula séptima y tercera, respectivamente, de los contrato en análisis, se incluye que la naturaleza del contrato es civil, sin embargo se menciona también que sus cláusulas se interpretaran en el marco del D.S. 24050 de 29 de junio de 1995, y las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, que asimismo le serán aplicables en lo que corresponda la ley 1178 y el D.S. 23318-A, por consiguiente se constituyen en Contratos Administrativos, por estar sujeto a las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios y a la normativa prevista en la Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamentales, en los aspectos de su ejecución y resultados.

Al respecto y de forma general podemos referir que hay contrato administrativo cuando una de las partes contratantes es un órgano de la administración pública, y el objeto y fin del contrato está orientado a la satisfacción de alguna necesidad o bien común o es de interés general de la comunidad.

Al presente, con la evolución del Derecho Administrativo, no se puede negar la existencia del Contrato Administrativo, como una forma de contrato que realiza la Administración con particulares, hecho que también ha sido reconocido por la legislación porque en ese sentido el art. 32 del D.S. 29190 establececía que "los contratos que suscriben las entidades públicas para la provisión de bienes, obras, servicios generales y servicios de consultoría, son de naturaleza administrativa". De igual manera el D.S. 181 de 28 de junio de 2009, en su art. 85° prevé (Naturaleza) “Los contratos que suscriben las entidades públicas para la provisión de bienes y servicios, son de naturaleza administrativa”.

Por los aspectos señalados podemos concluir que los Contratos de prestación de servicios de consultoría Nº 0203/00 de 21 de septiembre de 2000, Nº 062/00 de 10 de enero de 2000, y Nº 0169/2000 de 01 de julio de 2000, y sus contratos ampliatorios: Nº 062/2001 de 02 de enero de 2001, Nº 0131/2001 de 02 de julio de 2001, y Nº 066/01 de 01 de febrero de 2001 que originan la presente contienda judicial, son contratos administrativos definido por la Ley Nº 1178 en la parte final del art. 47:“Son contratos administrativos aquellos que se refieren a contratación de obras, provisión de materiales, bienes y servicios y otros de similar naturaleza". Por eso mismo el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (F.N.D.R.), institución financiera pública, que se encuentra bajo tuición del Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD), por ende perteneciente al Estado, no suscribe contratos privados, sino firma contratos de carácter administrativo por imperio de la Ley de Administración y Control Gubernamental (LACG), que en su art. 3 entre otros, indica que los sistemas de administración y control son aplicables a los ministerios, las entidades estatales de intermediación financiera, y las instituciones y empresas del gobiernos nacional, y es ésta norma la que define el contrato administrativo.

3. Del análisis precedentemente efectuado, tanto de la demanda así como de los contratos precedentemente referidos y de los informes de auditoría interna emitidos, se presume las supuestas transgresiones de conducta por parte de los demandados hacia la parte actora en la ejecución del contrato administrativo, surgiendo de ésta manera presumiblemente el incumplimiento del contrato y la existencia del resarcimiento de daños pretendido.

Por lo que corresponde puntualizar que los contratos administrativos se encuentran sujetos a un régimen de regulación especial, en el que primordialmente rige el Derecho Público, razón por la que los litigios originados en la celebración, ejecución, desarrollo y liquidación de los contratos administrativos, corresponde a la jurisdicción especializada.

Dentro de ese contexto, en mérito a la pretensión invocada por la parte recurrente en su demanda y en relación al cumplimiento de contrato administrativo suscrito, corresponde precisar que en materia contenciosa y contenciosa-administrativa el Código de Procedimiento Civil en su Título VII, Capítulo V y VI, desarrolla las normas que regulan el trámite y sustanciación de los procesos "contencioso y resultante de los contratos, negociaciones y concesiones del Poder Ejecutivo" y del "proceso contencioso administrativo a que dieren lugar las resoluciones del Poder Ejecutivo", respectivamente. Al respecto la anterior Constitución Política del Estado, atribuía a la Corte Suprema de Justicia la competencia para conocer y resolver los procesos contenciosos derivados de los contratos del Órgano Ejecutivo -contratos administrativos-, competencia que por determinación del art. 10-I de la Ley Nº 212 ha sido prorrogada a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, conforme señala la citada norma: "La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia conocerá las causas contenciosas que resultaren de los contratos, negociaciones y concesiones del Órgano ejecutivo, y de las demandas contenciosas-administrativas, a que dieren lugar las resoluciones del mismo; hasta que sean reguladas por Ley como Jurisdicción Especializada".

Asimismo, en relación a la reparación de daño civil ocasionado aparentemente por personas particulares y ex funcionarios, pretensión también invocada por la parte actora en la demanda, corresponde puntualizar que el art. 47 de la Ley Nº 1178 dispone la creación de la jurisdicción Coactiva fiscal para el conocimiento y tramitación de todas las demandas que se interpongan cuando los actos de los servidores públicos sean pasibles por acción u omisión, a responsabilidad civil, definida por el art. 31 de la misma norma; es decir responsabilidad que se define a través de informes de auditoría y que de conformidad a lo previsto en el art. 3 del D.L. 14933 - Ley del Procedimiento Coactivo Fiscal, son instrumentos con fuerza coactiva fiscal suficiente para promover la acción coactivo fiscal los informes de auditoría emitidos por la Contraloría General de la República aprobados por el Contralor General y los informes de auditoría interna, procesos o sumarios administrativos organizados de acuerdo a su régimen interno, igualmente aprobados y que establezcan sumas líquidas y exigibles.

Sobre el desconocimiento de la jurisdicción libremente pactada por las partes:

1. En este agravio, la parte recurrente fundamenta que los contratos fueron suscritos al amparo de los arts. 453, 454 y 519 del Código Civil, es decir bajo la autonomía, la libre voluntad y la fuerza que la ley le da a las partes para suscribir un contrato. Si bien conforme a esta orientación argumentada por la parte recurrente, los contratos estarían librados por ley a la libre voluntad e interés de las partes lo cual no podría ser cuestionada por terceros; empero, no se debe dejar de lado que esta libertad contractual del derecho privado, está subordinada a los límites impuestos por ley; y uno de los límites del derecho privado, es precisamente las reglas de la jurisdicción y la competencia que son de orden público, indelegables y de cumplimiento obligatorio, en ese sentido prescribe el art. 122 de la Constitución Política del Estado cuando imperativamente dispone: "son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de las que ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la ley".

Por ello mismo y por imperio de la ley, se entiende que el interés privado debe estar subordinado al derecho público que está orientado a la satisfacción del interés público, siendo este el límite de la libertad contractual, y al haberse acordado en la cláusula séptima del contrato suscrito con el señor Beale que la naturaleza del contrato es de índole civil, empero éste acuerdo no tiene eficacia jurídica precisamente porque está fuera de los límites impuestos por el derecho público.

2. Como se ha analizado precedentemente los contratos de consultoría suscritos por el FNDR, tienen vinculación directa con la finalidad de la función pública que cumple el ente administrativo, por ende su participación en la firma de dichos contratos ha sido como ente estatal de derecho público, y no como una entidad particular de derecho privado como interpreta el recurrente. Toda vez que la Teoría de la Doble Personalidad del Estado, base para el entendimiento de que el Estado participaba en los contratos como un ente privado ha quedado superado por el desarrollo doctrinal moderno, a esto Roberto Dromi (Derecho Administrativo, 2006, pág. 472) precisando que "La personalidad del Estado es una. No tiene una doble personalidad, pública o privada, que le posibilite celebrar contratos administrativos y contratos, civiles, comerciales, sujeto a regímenes especiales. El Estado tiene una sola personalidad, que es publica, aunque su actividad pueda en algunas oportunidades estar regulada por el Derecho Privado". De lo descrito, podemos indicar que el Estado, o las instituciones públicas que lo componen, actúan siempre como personas de derecho público, aunque algunos de sus actos, puedan ser regidos por el derecho privado, lo que no significa que se despoje de su poder público y se le atribuya una personalidad privada.

3. Por otra parte el ahora recurrente hace referencia también a la Sentencia Constitucional Nº 0165/2005-R de 28 de febrero de 2005 y a su ratio decidendi, no obstante dicha Sentencia Constitucional ha sido superada por la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 0060/2014 de 3 de enero, en donde rescatándose la naturaleza jurídica y vigencia del contrato administrativo desarrollada en los Autos Supremos Nº 405/2012 de 1 de diciembre, y 478/2012, se establece “del caso en examen, se tiene que los tres contratos suscritos entre la UAGRM y la Empresa Constructora Aguarague, contemplaron entre una de sus cláusulas el marco legal que regirá dicha relación contractual, cuya base se tiene en el texto constitucional, además en la Ley de Administración y Control Gubernamentales, debido a que por la naturaleza administrativa de los mismos genera el sometimiento a las cláusulas de los contratos, en tal entendimiento los conflictos suscitados en los contratos administrativos deben ser impugnados ante la instancia respectiva, conforme a lo previsto en el art. 775 del Código de Procedimiento Civil”. De donde se tiene que los contratos administrativos están sometidos a la jurisdicción especial.

4. Por otra parte, de antecedentes se tiene que en el presente caso el A quo ha admitido la demanda, disponiendo la citación del demandado, y una vez citado el demandado el Juez adquirió prevención en el conocimiento de la causa, empero el co demandado Félix Miranda Cuevas en el marco de los art. 335, 336 inc. 1) y 337 del Código de Procedimiento Civil, una vez citado y dentro del término previsto por ley, de forma legal y conforme a procedimiento ha cuestionado la competencia del Órgano Jurisdiccional, motivo por el cual previo procedimiento sustanciado, el Juez de instancia mediante resolución expresa y en cumplimiento al art. 338-II del Adjetivo Civil ha declarado probada la excepción de incompetencia planteada por el codemandado referido, de donde se tiene que dicha determinación se encuentra enmarcada en la ley, no existiendo errónea interpretación de la ley sino la correcta aplicación de la ley.

De lo precedentemente analizado podemos concluir que la libertad contractual del derecho privado, está subordinada a los límites impuestos por ley, y uno de los límites del derecho privado, son precisamente las normas de la jurisdicción y competencia que son de orden público, indelegables y de cumplimiento obligatorio, por eso mismo el interés particular privado no puede estar por encima del interés público, que ha definido que el contrato privado por su naturaleza jurídica de derecho privado es de competencia de los órganos jurisdiccionales civiles, en tanto que el contrato administrativo por su naturaleza jurídica de derecho público es de competencia de la jurisdicción especializada. Por consiguiente no se evidencia agravio evidente en éste punto.

Prueba presentada:

Con referencia a los informes de auditoría interna del FNDR, presentados con la demanda y que no habrían sido aprobados por la Contraloría General del Estado, es decir no contarían con fuerza coactiva fiscal, por lo que no sería posible iniciar un proceso coactivo fiscal, al respecto corresponde referir que resulta errónea la interpretación que realiza el recurrente, en sentido de que el mismo dispone la aplicación supletoria del Derecho Civil al caso de Autos, para salvar la falta del título coactivo que les impide acudir a la vía coactiva fiscal, argumento no sustentable toda vez que como se tiene expresado la vía civil no es la competente para conocer el caso de Autos, siendo responsabilidad de los funcionarios del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (F.N.D.R.), realizar las gestiones que correspondan para recabar los títulos coactivos que les permitan acudir a la vía pertinente en cumplimiento precisamente de las obligaciones y deberes de los servidores públicos, conforme dispone el art. 28 inc. a) de la Ley 1178 y artículos 2 y 3 del Decreto Supremo 23318-A. De donde no se evidencia el agravio descrito en éste punto.

Violación del Juez natural:

En el presente agravio, corresponde referir que la "Convención Americana sobre Derechos Humanos" o "Pacto de San José de Costa Rica" en su art. 8 parágrafo I referido a las Garantías Judiciales hace referencia al principio del Juez natural o regular cuando establece “que toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”.

Conforme a lo examinado precedentemente el Juez natural y competente acorde a las reglas de la jurisdicción y competencia, resulta siendo competencia del Tribunal que ejerce jurisdicción contenciosa-administrativa el conocimiento de toda controversia resultante de los contratos administrativos, y del Juzgado en materia Administrativa, Coactiva, Tributaria y Fiscal el conocimiento de la pretensión de responsabilidad civil de personas particulares o de funcionarios públicos que causen daño económico valuable en dinero en contra del patrimonio del Estado, porque la función jurisdiccional no está sujeta a la voluntad de las partes ni al libre albedrío de la Autoridad jurisdiccional, sino a la ley y a la Constitución Política del Estado, aspectos que se tienen desarrollados en los acápites precedentes a los cuales nos remitimos, labor jurisdiccional que debe ser desarrollada en resguardo del debido proceso.

Se debe dejar en claro también, que nuestra economía jurídica constitucional y legal, anterior y actual, no confirió a la jurisdicción ordinaria civil la competencia para la tramitación de contención derivada de contratos administrativos, ni de aquellos contratos administrativos en los que se hubiere evidenciado la responsabilidad civil de los funcionarios públicos, que por la naturaleza misma de estos, su sustanciación corresponde a la jurisdicción especializada, sin que esto signifique restricción al acceso a la justicia, que no es el caso, es más bien la predominancia del debido proceso para los justiciables, que no debe apartarse del Juez natural, pues él es la garantía de otorgar la seguridad jurídica regida bajo un principio de legalidad.

Por lo expuesto se evidencia que no existe violación del principio de Juez natural contenida en el Pacto de San José de Costa Rica menos de  la Jurisprudencia Constitucional citada.

En mérito a lo precedentemente analizado corresponde concluir precisando que:

1º Habiendo demandado la parte actora cumplimiento de contrato al haberse suscitado contención en la ejecución del contrato administrativo suscrito entre la entidad estatal y el demandado Carlos Beale Caballero, persona particular involucradas en dicho cumplimiento, en consecuencia corresponde a la entidad estatal acudir ante el Tribunal que ejerce jurisdicción contenciosa-administrativa para deducir ante ella proceso contencioso en los términos previstos por el Art. 775 del Código de Procedimiento Civil.

2º Por otra parte, existiendo indicios de que los otros co-demandados, ex funcionarios públicos y personas naturales o jurídicas privadas, a través de sus acciones u omisiones habrían generado daño económico valuable en dinero en contra del patrimonio del Estado, corresponde al ente público acudir, previo cumplimiento de las formalidades inherentes, ante la jurisdicción coactiva fiscal conforme dispone el art. 47 de la ley Nº 1178. Aclarando que las pretensiones demandadas por el FNDR, como se precisó en el considerando III.1) se dividen en dos aspectos esenciales, el primero referido al cumplimiento de un contrato administrat ivo, y el segundo a la reparación por daño civil ocasionado aparentemente por personas particulares y ex funcionarios, pretensiones a las cuales les corresponde tratamientos jurídicos procesales distintos, empero a ninguno de ellos corresponde la vía ordinaria civil.

Por lo que existiendo una declaratoria de incompetencia, corresponde a éste Tribunal mantener dicha determinación, empero con la aclaración de que los fundamentos aquí expuestos son los que complementan y explican la incompetencia de la jurisdicción ordinaria civil.

Por lo referido, el recurso de casación en el fondo interpuesto por el recurrente se enmarca en lo determinado por los arts. 271 núm. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 parágrafo I, núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 271 núm. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 316 a 320 de obrados, interpuesto por Johnny Ricardo Barral Vargas en representación legal del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Desarrollo Regional - FNDR contra el Auto de Vista de fecha 26 de septiembre de 2013, cursante de fs. 309 a 310 y vlta., pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Sin costas por tratarse de entidad estatal.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.