TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                            S A L A   C I V I L


Auto Supremo: 250/2014

Sucre: 22 de mayo 2014        

Expediente: SC-31-14- S.

Partes: Ema Rondano Chacón. c/ Alberto Monzón y María Angélica Gómez de

            Monzón.

Proceso: Nulidad de Contrato, Reivindicación de derecho propietario, más

              resarcimiento de daños y perjuicios.

Distrito: Santa Cruz.


VISTOS: El recurso de casación de fondo y de forma de fs. 430 a 432, interpuesto por Ema Rondano Chacón, contra el Auto de Vista de fecha 15 de noviembre 2013, cursante de fs. 425 a 426 y vlta., emitido por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en el proceso ordinario de Nulidad de contrato, reivindicación y pago de daños y perjuicios, seguido por Ema Rondano Chacón contra Alberto Monzón y María Angélica Gómez de Monzón; la concesión de fs. 442, los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Que, el Juez Décimo Segundo de Partido Civil y Comercial, el 22 de febrero de 2013, pronunció Sentencia, cursante de fs. 357 a 360, declarando Probada en parte la demanda de fs. 12 a 13, sólo en lo que corresponde a la demanda de reivindicación del 50% que le pertenece como copropietaria del inmueble, e improbada en lo que respecta a la nulidad de contrato y al pago de daños y perjuicios. A su vez declaró Probada en parte la demanda reconvencional planteada por los demandados, en lo que corresponde a la usucapión quinquenal y a la acción negatoria, del 50% del inmueble objeto de la litis e improbada en lo que respecta a la prescripción y pago de daños y perjuicios. Como consecuencia del fallo dispuso que sea ministrada en posesión real, corporal y judicial la demandante, se le extienda testimonio y sea registrado en Derechos Reales en el cual se registrara la usucapión quinquenal sobre el 50% del inmueble a favor de los demandados, y estos deberán entregar el otro 50% a su propietaria la Sra. Ema Rondano Chacon en el plazo de 30 días de ejecutoriada la Sentencia.

Contra la Resolución de primera instancia, los demandados Alberto Monzón y María Angélica Gómez de Monzón solicitaron complementación y enmienda, memorial que fue complementado y aclarado por auto de fs. 389, resoluciones que luego fueron recurridas mediante dos recursos de apelación, presentados de manera separada por los demandados, en cuyo mérito la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz el 15 de noviembre de 2013 emitió Auto de Vista revocando la Sentencia y declarando improbada en todas sus partes la demanda principal y probada en parte la demanda reconvencional, sólo en lo que corresponde a la usucapión quinquenal, prescripción y acción negatoria de derechos e improbada el pago de daños y perjuicios.

Contra el Auto de Vista, la demandante, interpuso recurso de casación en el fondo y en la forma, el mismo que se analiza.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN.

En la forma:

1º Agravio.- Indica que se demostró que su persona contrajo matrimonio en fecha 07 de septiembre de 1980 con el Sr. Juan Cancio Monzón con quien vía, en  usucapión adquirieron el bien inmueble objeto de la litis el cual es un bien ganancial.

2º Agravio.- No fueron valoradas las pruebas señaladas en las conclusiones y demostradas dentro el proceso como ser la Inspección Judicial, prueba testifical, etc. Indica que el Ad quem sólo se limitó a considerar la usucapión.

En el fondo:

Indica que los demandados manifestaron que debía acudirse a la vía familiar de conformidad a lo establecido en el art. 116 del Código de Familia; deduciendo la recurrente que podía acudir a la vía ordinaria civil y demandar nulidad conforme a dicha norma y a lo determinado en el art. 552 del Código Civil, que indica sobre la acción de nulidad es imprescriptible y el art. 105 inc. II del mismo cuerpo legal, que le faculta a reivindicar la cosa de manos de un tercero. Menciona que todas estas acciones son por la vía civil y no por la vía familiar, toda vez que no existe en la vía familiar la acción de nulidad o reivindicación establecida por el art. 551,  552 y 1453 del Código Civil, por dicho motivo indica que se demuestra la mala interpretación del Tribunal de Alzada de las normas enunciadas.

Por otro lado acusa la mala interpretación del art. 134 del Código Civil, porque se demostró la mala fe con la que adquirieron el inmueble los demandados, quienes no podía argumentar que desconocían a su persona, toda vez que el demandado es hermano de su esposo y es su cuñado, aspecto que fue demostrado con la prueba testifical de cargo que cursa de fs. 313 a 314, con lo que queda evidenciado que era de conocimiento de toda la familia la propiedad de los esposos y que de manera dolosa evitaron o eludieron la firma de la esposa sobre el 50% que le correspondía.

Finalmente señala que ante la supuesta incompetencia del Juez de primera instancia, donde se invocó el art. 380 del Código de Familia, la recurrente señala que las normas citadas arts. 551, 552, 105 inc. II, 1453, 1454, 1455 y 984 del Código Civil no son competentes los Jueces de familia. Señala que la acción de nulidad es imprescriptible y que se debió probar la pretensión de los demandados quienes se limitaron a presentar su documento de propiedad sin ofrecer otra prueba.

Por lo expuesto solicita que el “Tribunal Supremo de Justicia ratifique la Sentencia y revoque el Auto de Vista (CASACIÓN)”    

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Estando planteado el recurso de casación en la forma como en el fondo, corresponde primeramente absolver los agravios acusados en la forma de ser evidentes los mismos, ya no sería necesario entrar a considerar el fondo del problema, en dicho entendido se tiene lo siguiente:

En la forma:

En el primer agravio se cuestiona  que se probó que el bien inmueble objeto de la litis es un bien ganancial conforme al certificado de matrimonio, de dicha aseveración de la parte recurrente, se tiene que el “agravio” acusado no tiene ninguna relación con la forma de tramitación del proceso, está encaminado a discutir aspectos de fondo de la litis, motivo por el cual lo acusado en la forma no puede ser considerado por éste Tribunal. Lo mismo ocurre con el segundo agravio en el cual no se especifica de manera clara y concreta cual fuese la infracción cometida por los Tribunales de instancia que tenga incidencia directa con aspectos formales, solamente de manera general se acusa que no se valoró las pruebas del proceso, además la recurrente no subsume dicho “agravio” a una de las causales de procedencia del recurso de casación en la forma enumeradas en el art. 254 del Código de Procedimiento Civil.

Por dicho motivo, al no cumplir la recurrente con lo dispuesto por el art. 258 núm. 2) del Código de Procedimiento Civil lo acusado en la forma, deviene en improcedente.

En el Fondo:

En la primera parte del recurso de casación de fondo, al igual que en la parte final, la recurrente argumenta sobre aspectos de competencia denunciados por la parte apelante (demandados), tratando de justificar la competencia del Juez civil y no del familiar, en ese entendido acusa de mala valoración de los medios de prueba y una mala interpretación de las normas civiles en relación a las familiares.  

En ese entendido, cabe señalar que la parte recurrente no puede fundar su recurso de casación en lo que dijeron o no los demandados, la recurrente tiene que argumentar su reclamo en base a la determinación asumida por el Ad quem en el Auto de Vista, y de la lectura de dicha resolución, se puede constatar que no se realiza ninguna consideración sobre la falta de competencia del Juez civil en relación al Juez familiar, el Tribunal de Alzada se aboca a efectuar la valoración de las pruebas cursantes en obrados para determinar la usucapión quinquenal y así revocar la Sentencia dictada por el A quo.

De lo expuesto se tiene que no existe ninguna consideración respecto de la competencia acusada en apelación, motivo por el cual no se llega a comprender cual la lógica del recurso de casación de fondo, la recurrente confunde totalmente los fundamentos vertidos en la resolución de segunda instancia, la cual se abocó únicamente a resolver el fondo del problema conforme a los puntos de fondo expuesto en apelación.

Por otro lado, respecto al único punto que merece consideración, el cual va orientado a objetar la errónea aplicación del art. 134 del Código Civil, acusando que se demostró la mala fe de los demandados mediante prueba testifical, se debe tener presente que la buena fe se presume, y la mala fe debe ser probada, motivo por el cual el hecho que se haya demostrado mediante prueba testifical que la recurrente estaba casada con Juan Cancio Monzon, hermano del demandado, no demuestra la supuesta mala fe con que actuaron los demandados al adquirir el bien inmueble de manera unilateral del esposo de la recurrente, tampoco demuestra que se hubiese eludido de forma dolosa la firma de la actora; declaraciones testificales que resultan insuficientes para demostrar la mala fe y así desvirtúan la buena fe.

En ese entendido, concluiremos indicando que la valoración efectuada por el Tribunal de alzada,  de las documentales cursantes a fs. 5 y 10, referentes al folio real del bien inmueble, las cuales demuestran que los demandados cuentan con derecho propietario desde el 22 de enero de 1993, son oponibles a terceros conforme lo norma el art. 1538 del Código Civil, y siendo que los demandados fueron citados con la presente demanda el 16 de junio de 2010, se entiende que ha operado los efectos extintivos establecidos en el art. 134 del Código Civil.

Por dicho motivo, concluiremos, que el Tribunal de Alzada revocó correctamente la Sentencia dictada por el Juez A quo, resolución que además resulta ser contradictoria y confusa en su fundamentación y en su determinación.

De lo expuesto, corresponde dar aplicación a lo determinado en los arts. 271 núm. 1) y 2), 272 núm. 2) y 273, todos del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 parágrafo I núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los arts. 271 núm. 1) y 272 núm. 2) del Código de Procedimiento Civil, declara: IMPROCEDENTE el recurso de casación de forma y conforme a los arts. 271 núm. 2) y 273 del mismo cuerpo legal, declara: INFUNDADO el recurso de casación en el fondo interpuesto por Ema Rondano Chacon, contra el Auto de Vista de fecha 15 de noviembre 2013, cursante de fs. 425 a 426 y vlta., emitido por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. Con costas.

Se regula el honorario del profesional en la suma de Bs.- 700.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani