TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

  S A L A C I V I L

Auto Supremo: 245/2014

Sucre: 22 de mayo 2014

Expediente: LP -15 14 - S

Partes: Javier Gonzalo Fernández Morató y Elizabeth Grace Herbas Beltrán.              

             c/  Eddy Ivis Téllez Arandia y Leda Agustina Serrano de Téllez.

                                                     

Proceso: Resolución de contrato, pago de inversión realizada por mejoras y pago

               de daños y perjuicios.

Distrito: La Paz.

VISTOS: El recurso de nulidad y casación de fs. 502 a 511 y vta., interpuesto por Ángel Mercado Farell en representación legal de Eddy Ivis Téllez Arandia y Leda Agustina Serrano de Téllez contra el Auto de Vista-Resolución Nº S-436/13 de 20 de diciembre de 2013 de fs. 499 a 500 y vta., pronunciada por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el proceso ordinario de resolución de contrato, pago de inversión realizada por mejoras y pago de daños y perjuicios, seguido por Javier Gonzalo Fernández Morató y Elizabeth Grace Herbas Beltrán contra los recurrentes con intervención de Luis Via Arauco en su condición de tercerista de derecho excluyente; la respuesta al recurso de fs. 515 a 517; el Auto de concesión de fs. 518; los antecedentes del proceso; y:


CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:


Del contenido del memorial de demanda de fs. 26 a 27 subsanada de fs. 54 a 55 y en lo esencial se resume lo siguiente: los demandantes indican que mediante (minuta de 20 de mayo, Testimonio Nº 64/2010) adquirieron de buena fe de Eddy Ivis Téllez Arandia y Leda Agustina Serrano de Téllez un lote de terreno (700 mts2.) registrado en la matrícula 2.01.1.01.0007812 y ante el incumplimiento en la entrega del certificado catastral con el fraccionamiento e individualización del terreno y el pago de impuesto del 2009, se vieron imposibilitados de registrar su derecho propietario ni poder iniciar trámite de aprobación de planos para la construcción de su vivienda causándoles graves daños económicos, por lo que en fecha 02 de junio de 2010 se vieron obligados a suscribir con los vendedores una nueva minuta de aclaración por acciones y derechos, protocolizada bajo el Testimonio Nº 68/2010; indican que en el terreno realizaron trabajos de excavación, amurallado aplanado y conexión de agua potable y otros los que asciende a un total de $us. 19.000; bajos esos antecedentes interponen la indicada demanda.  

Sustanciado el proceso en primera instancia, el Juez 12º de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de La Paz, mediante Sentencia Nº 184/2013 del 19 de agosto de 2013 cursante de fs. 469 a 474 y vta., declaró probada en parte la demanda solo en cuanto a la resolución del contrato y pago de inversión del terreno, declarando resueltos los contratos de compra-venta contenido en las Escritura Públicas Nº 64/2010 y Nº 68/2010, ordenando al mismo tiempo a los demandados la devolución del monto de $us. 10.000.- entregados en calidad de primer pago del precio por el terreno, así mismo el pago a favor de los demandantes por las inversiones en las construcciones realizadas por los actores, cuyo monto se tasará en ejecución de sentencia: declaró improbada la demanda en cuanto al pago de daños y perjuicios; improbada la tercería de derecho excluyente planteada en el curso del proceso por Luis Vía Arauco, salvando su derecho para el ejercicio de la acción pertinente.

En apelación la indicada Sentencia, interpuesta por los demandados Eddy Ivis Téllez Arancibia y Leda Agustina Serrano de Téllez, la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Auto de Vista Nº S-436/13 del 20 de diciembre de 2013 cursante de fs. 499 a 500 y vta., confirmó la Sentencia apelada; en contra de esta resolución de segunda instancia, los demandados mediante su apoderado interponen recurso de nulidad y casación.

CONSIDERANDO II:

HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:


Del contenido del recurso de casación se resume lo siguiente:

Los recurrentes indican que los demandantes no señalaron domicilio conforme establece el art. 101 del Código de Procedimiento Civil que en la complementación a la demanda no se menciona a quien va dirigida la misma; cuestionan en algunos casos las notificaciones con las actuaciones procesales realizadas a los actores y en otros casos la falta de notificación a los mismos haciendo referencia para el efecto al Auto de relación procesal; que no se ha respetado el Poder Nº 176/11 de fs. 125 de 126 y que el mismo no faculta a Elizabeth Grace Herbas Beltrán ser citada con ninguna demanda ni dar respuesta a tercería de dominio excluyente; aspectos que constituirían causa de nulidad; por todo ello acusan la violación de los arts. 63, 327 inc. 4), 333, 334, 353, 354, 370, 371, 390 del Código de Procedimiento Civil, solicitando la nulidad de obrados hasta fs. 27 vta.

Refieren que la Sentencia Nº 184/2013 fue fundamentada en base al art. 547 num. 1) del Código Civil, norma legal que no fue invocada en la demanda; de la misma manera afirman que las citas legales que se nombran en el Auto de Vista recurrido son incongruentes, acusando en ambos casos la violación del art. 193 del Código de Procedimiento Civil.

Por otra parte indican que al haber los demandantes registrado su derecho propietario en Derechos Reales, no tienen nada que reclamar y de parte de sus personas no hay obligación de entregar ninguna documentación; que el derecho a demandar la resolución prescribe en el plazo de seis meses, acusando la violación del art. 635, 568 del Código Civil; afirman los que incumplieron el contrato son los demandantes (compradores) al no cancelar la suma de $us. 14.000.- con crédito bancario como debía ser y que sus personas no estaban obligados a entregar documentación para que se pueda acceder a ese préstamo; bajos esos argumentos acusan la violación del art. 568 del Código Civil y 370 de su Procedimiento, cuestionado al mismo tiempo al Auto de relación procesal. 

En base a esos antecedentes concluyen indicando que interponen recurso de casación en el fondo solicitando se “case el Auto recurrido anulando obrados hasta el vicio más antiguo”.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:


Al haber interpuesto recurso bajo el denominativo de “recurso de nulidad y casación”, se entiende que los recurrentes quisieron interponer al mismo tiempo ambos recursos, es decir en la forma y en el fondo, sin embargo los argumentos se encuentran entremezclados sin una diferenciación entre uno y otro recurso, como también la petición es bastante confusa, donde indican que interponen recurso de casación en el fondo solicitando se “case el Auto recurrido anulando obrados hasta el vicio más antiguo”, sin especificar cuál sería ese vicio; no obstante la deficiencia en el planteamiento del recurso y en observancia de la garantía del principio de impugnación previsto en el art. 180 parágrafo II de la Constitución Política del Estado y el principio de pro actione, con el fin de dar una respuesta a los recurrentes, se pasa a considerar.

Del contenido del memorial de recurso se puede rescatar como aspectos de forma, lo siguiente:

Cuestionan la falta de señalamiento de domicilio de los demandantes; que la complementación de la demanda no indica contra quien va dirigida la misma; cuestionan en algunos casos las notificaciones con las actuaciones procesales realizados a los actores y en otros casos la falta de notificación a los mismos haciendo referencia para el efecto al Auto de relación procesal; indican que no se ha respetado el Poder Nº 176/11 de fs. 125 a 126 y que la apoderada no estaba facultada para responder a la tercería de dominio excluyente; aspectos que constituirían causa de nulidad; por todo ello acusan la violación de los arts. 63, 327 inc. 4), 333, 334, 353, 354, 370, 371, 390 del Código de Procedimiento Civil indicando que el proceso debe anularse hasta fs. 27 vlta.

Al respecto se debe indicar que los recurrentes no fundan sus reclamos en un derecho propio, por el contrario lo hacen reclamando derechos en favor de sus propios adversarios, tampoco especifican cual sería el perjuicio que les ocasionaría a sus personas las aparentes anormalidades procesales que indican; para que sea viable la nulidad procesal, es primordial acreditar el perjuicio que ocasiona el acto procesal a la parte interesada; no puede haber nulidad de forma si la alteración procesal no tiene vital importancia sobre las garantías esenciales de defensa en juicio; responde a la máxima “no hay nulidad sin perjuicio”, no pudiendo hacerse valer la nulidad cuando las partes no han sufrido un gravamen con la infracción; en el caso presente, los recurrentes no se constituyen en los sujetos procesales quienes se verían afectados con las aparentes anormalidades procesales que denuncian, y por consiguiente no tienen la legitimación procesal para reclamar derechos en favor de sus contendores.  

Al margen de lo indicado, en tema de nulidades procesales necesariamente debe tener en cuenta los principios de Especificidad o Legalidad; Finalidad del Acto; el de Trascendencia, Convalidación, Preclusión, etc.; en el caso presente, las aparentes deficiencias que se señalan no se encuentran sancionadas con nulidad por la ley procesal; es más las mimas habrían sido convalidadas toda vez que los recurrentes al momento de contestar la demanda en ningún momento cuestionaron los supuestos defectos de la demanda, tampoco objetaron los puntos de hecho a ser probados ni mucho menos interpusieron ningún tipo de recurso contra la proposición, producción, denegación y diligenciamiento de prueba, aspectos sobre los cuales radican los reclamos, convalidando de esta manera cualquier aparente defecto en la tramitación del proceso, y consiguientemente las violaciones que se acusan de los  arts. 63, 327 inc. 4), 333, 334, 353, 354, 370, 371 y 390 del Código de Procedimiento Civil devienen en infundadas; argumentos que además al haber sido motivo de reclamo en el recurso de apelación contra la Sentencia, ya fueron absueltos por el Ad quem de manera clara y puntual, no correspondiendo hacer incidencia sobre lo mismo.

En cuanto a la violación del art. 193 de la Ley Adjetiva Civil, tampoco es evidente esa situación, ya que esta norma legal manda a los jueces a fallar sobre el fondo de las causas sometidos a sus juzgamiento; en el caso presente los jueces de instancia dieron cumplimiento a dicha norma legal resolviendo sobre el fondo de la controversia; si bien el A quo en el Considerando II.III de la Sentencia hace referencia al art. 547 del Código Civil, el mismo que está referido a los efectos de la nulidad y la anulabilidad declaradas; pero esa referencia legal es simplemente a manera de explicar el efecto retroactivo que genera la resolución del contrato y de ninguna manera se constituye en el fundamento básico del A quo; es más, respecto a los efectos de la resolución de los contratos, es el art. 574.II de la misma Ley Sustantiva Civil la que establece de manera expresa lo siguiente: “En todo cuanto no se oponga a la naturaleza se aplican a los efectos de la resolución las reglas relativas a los efectos de la nulidad y anulabilidad declaradas”; y por consiguiente no se advierte incongruencia en ninguno de los fallos.

Los recurrentes indican también que habría prescrito el derecho a demandar la resolución del contrato, acusando la violación del art. 635 del Código Civil, sin embargo al momento de contestar la demanda no interpusieron la excepción de prescripción dejando prelucir ese derecho; la prescripción debe hacerse valer como medio de defesan en la primera actuación procesal y de no hacer en ese momento se pierde el derecho de prevalerse de ella, no pudiendo ser aplicada de oficio por los jueces.

Por otra parte, los recurrentes indican que los demandantes al haber registrado su derecho propietario no tienen nada que reclamar y de parte de sus personas no existe obligación de entregar ninguna documentación, por el contrario quienes incumplieron el contrato son los propios demandantes al no cancelar la suma de $us. 14.000 con crédito bancario como debería ser, acusando para el efecto la violación del art. 568 del Código Civil; estos argumentos podrían ser considerados como aspectos de fondo y para dar respuesta a los mismos corresponde remitirse a los documentos de transferencia.

Al respecto se tiene el primer documento correspondiente al Testimonio Nº 64/2010 que cursa de fs. 29 a 30 mediante el cual los hoy recurrentes venden una fracción de terreno de 700 mts2 a favor de los demandantes, terreno que constituye parte de una extensión mayor de 23.000 mts2., en cuyo contenido se establece como precio total de la venta la suma de $us. 24.000.- recibiendo los vendedores al momento de la suscripción de dicho documento el monto de $us. 10.000.- y el saldo de $us. 14.000.- los compradores se comprometen a cancelar con un crédito financiero en el plazo de 30 días de que ingrese la inscripción a DD.RR. del préstamo a ser otorgado, nótese que se habla de la inscripción del préstamo y no del registro del inmueble objeto de transferencia, lo que da a entender que se quisieron referir a la inscripción de la hipoteca.

En el indicado documento, extrañamente no se especifica las dimensiones y colindancias del terreno y una venta de inmueble realizada en esas condiciones es casi imposible lograr el registro del documento de propiedad en Derechos Reales, requiriéndose en todo caso de documentación técnica adicional como ser planos aprobados legalmente conforme lo exige el art. 6 de la Ley de Inscripción de Derechos Reales y del Decreto Supremo 27957; en el caso presente en la cláusula tercera del documento de transferencia, al margen de las garantías de saneamiento y evicción, se establece como obligación de los vendedores el de dar estricto cumplimiento al art. 617 del Código Civil, esto es la entrega de los títulos y documentos que permitan la viabilidad de la inscripción del derecho propietario de los compradores.

Sin embargo, para salvar la deficiencia del documento de transferencia, suscribieron un documento aclaratorio que viene a ser el Testimonio Nº 68/2010 que cursa a fs. 31 donde se indica que la transferencia se ha realizado bajo la modalidad de acciones y derechos sin especificar cuál de los vendedores estarían transfiriendo sus acciones, logrando recién con este documento el registro en Derechos Reales donde los compradores aparecen como copropietarios en lo proindiviso del total de los 23.000 mts2., aspecto que sin duda no era la intensión de los compradores, quienes según los antecedentes que cursan en el expediente, tenían el deseo de obtener un terreno completamente individualizado de los 700 mts2., para poder construir su vivienda, sin embargo debido al inadecuado asesoramiento técnico se vieron perjudicados en lograr ese propósito, ya que no obtuvieron de parte de los vendedores un terreno debidamente individualizado ni los planos técnicos que se requerían para esa individualización como se les exigía de parte de las instancias administrativas, lo cual hizo que los compradores no puedan hacer uso pleno de su derecho de propiedad como manda el art. 105 parágrafo I del Código Civil.  

Al margen de ello, se vieron frustrados en la obtención del crédito financiero comprometido para la cancelar del saldo del precio del inmueble, precisamente debido a la falta de individualización de su derecho propietario de la fracción de inmueble que pretendían adquirir, conforme se tiene acreditado por la nota de fs. 102 cursada por la entidad financiera Asociación Mutual de Ahorro y Préstamo para la Vivienda “La Paz”; como también para efectos de obtener documentación técnica debidamente aprobada (planos) y regularizar su derecho propietario, se les exigía de parte de la Alcaldía presentar primeramente de manera indispensable la planimetría debidamente aprobada de todo el conjunto de la propiedad de los 23.000 mts2., conforme se evidencia por el informe de fs. 141, aspectos que sin duda no solo dependen de la voluntad de los demandantes (compradores) sino sobre todo del concurso de los vendedores y hoy recurrentes.

Al haberse establecido de manera expresa en el contrato de transferencia (Testimonio Nº 64/2010) que el saldo del precio del inmueble sería cancelado con un crédito financiero, los vendedores estaban conscientes de que en ese préstamo se comprometería como garantía el mismo inmueble objeto de transferencia y por consiguiente debieron haber dado todas las facilidades a sus comparadores para que se consolide dicho préstamo y para tal efecto estaban en la obligación de entregar toda la documentación saneada del inmueble, es decir entregar los planos técnicos debidamente aprobados con la individualización y delimitación del inmueble objeto de transferencia, los cuales constituyen aspectos inherentes comprendidos dentro de los alcances del art. 617 del Código Civil, más aún si se toma en cuenta las características y circunstancias en las cuales se realizó la compra-venta; sin embargo fueron complicando aún más la situación con la suscripción del segundo documento bajo la modalidad de transferencia por acciones y derechos, dejando en completa incertidumbre a los compradores respecto a la consolidación de sus derechos, habiendo sido incluso perturbados en ese derecho por terceras personas que también alegaron tener derecho propietario sobre el mismo inmueble.

Por todo lo manifestado se concluye que ha existido incumplimiento de parte de los recurrentes en su calidad de vendedores, no solo en cuanto a proporcionar a sus compradores la documentación técnica necesaria del inmueble objeto de transferencia, sino también se realizó una venta de un terreno sin la individualización y delimitación correspondiente y como consecuencia de esa situación se genera una serie de problemas que se avizoran de nunca terminar, siendo por tanto la vía más factible la resolución de los contratos de transferencias como lo entendieron los jueces de instancia, más aún si se toma en cuenta que fueron los propios recurrentes quienes al momento de contestar la demanda se allanaron parcialmente a la demanda reconociendo en parte en forma positiva la misma y únicamente negaron en cuanto a los daños y perjuicios; pues a nadie le es grato vivir en eternos problemas, lo cual va en contra del principio ético moral de “suma qamaña” (vivir bien) previsto en el art. 8 de la Constitución Política del Estado.   

Por los fundamentos expuestos, corresponde a éste Tribunal Supremo fallar en la forma prevista por el art. 271 núm. 2) con relación al 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 parágrafo I núm. 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial de 24 de junio 2010 y en aplicación a lo previsto por los arts. 271 núm. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de nulidad y casación interpuesto por Eddy Ivis Téllez Arandia y Leda Agustina Serrano de Téllez representados por Ángel Mercado Farell, contra el Auto de Vista-Resolución Nº S-436/13 de 20 de diciembre de 2013 de fs. 499 a 500 y vlta., pronunciada por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Con costas.

Se regula honorarios en la suma de Bs. 1.000 (Un Mil 00/100 Bolivianos)

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Dra. Rita Susana Nava Durán.