TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                                     S A L A  C I V I L

Auto Supremo 243/2014

Sucre: 22 de mayo 2014

Expediente: CH 11 14 S.

Partes: Benita Chambi de Alaca y otro. c/ Ignacio Durán Paniagua y otro.

Proceso: Usucapión.

Distrito: Chuquisaca.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 573 a 574, formulado por Janett Miranda Vinchentty, contra del Auto de Vista Nº 606/2013 de 25 de noviembre de 2013 que cursa de fs. 560 y vta. y su Auto complementario de fs. 567 emitido por la Sala Civil, Comercial y Familiar Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, en el proceso ordinario de usucapión seguido por Benita Chambi de Alaca y otro, en contra de Ignacio Durán Paniagua, la concesión del recurso de fs. 589, lo antecedentes del proceso, y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

La Jueza Tercero de Partido de Familia dicta la Sentencia N° 35/2013 de 21 de mayo de 2013 que cursa de fs. 480 a 483 vta., por el que declara probada la tercería de dominio excluyente y sin lugar a la usucapión decenal.

Asimismo dicta el Auto de 05 de junio de 2013 de fs. 490 vta. a 491, emitido en calidad de enmienda de la sentencia en el que se indica: 1) que los 1000 mts2. que pretende usucapir la demandante se encuentra en la urbanización de los terceristas que se encuentran en trámite de urbanización, 2) no existe contradicción al señalar que el derecho propietario (refiriendo al derecho de los terceristas) lo tuvieran registrado en Derechos Reales así sea en forma preventiva, 3) de la demanda entre Eloy Dávalos e Ignacio Durán y las ventas posteriores a los terceristas, al estar en litigio se interrumpió el término de la prescripción, 4) se admite la exclusión de la tercería de María Eugenia  Téllez, 5) no se demostró que los terrenos a usucapir pertenezcan a Ignacio Durán Paniagua, a quien se le ha bloqueado por carencia de terrenos, correspondiendo la sub inscripción a Eloy Dávalos, quien hubiera transferido la superficie de 8172 a los terceristas en la gestión de 2009 la interrupción se produjo en esa fecha.

Dicho fallo que al ser recurrida de apelación, es resuelta mediante Auto de Vista de fs. 560 y vta., que anula obrados hasta fs. 49, disponiendo que se cite a los herederos de Ignacio Durán Padilla, fallo que su vez es recurrido de casación en la forma por los demandados, objeto de estudio.

CONSIDERANDO II

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

El error es visible al no tomar en cuenta que en el edicto publicado en medio de prensa que cursa de fs. 49, 50 y 51, se encuentra la citación que se efectúa a los herederos de Ignacio Durán Paniagua donde se cita a los herederos de Ignacio Durán Paniagua, por lo que se ha cumplido con las publicaciones por edicto, que se cumplió con lo que la Jueza de primera instancia dispuso a fs. 39 vta.

Ubicado el error de no haberse cumplido con la citación edictal, se solicitó enmendar el Auto de Vista, con los fundamentos del memorial de fs. 566 que fue rechazado por el Ad quem, situación por el que interpone recurso de casación en el fondo  conforme al art. 253 num. 3) y 257 del Código de Procedimiento Civil.

Señala que el error del Ad quem consiste en ignorar la citación por edictos a los herederos de Ignacio Durán Paniagua, ya que la Juez verificando la mencionada citación en las publicaciones de fs. 49, 50 y 51 de obrados, nombró defensor de oficio para que los represente en el juicio, colmo consta a fs. 243.

Señala que la Resolución de Vista le causa perjuicio, pues significaría repetir dicha diligencia cometiendo dualidad de la misma, que constituye retraso de justicia.

Por lo que solicitase se conceda el recurso de casación y se ordene la remisión al Tribunal de Casación conforme al art. 260 del Código de Procedimiento Civil.

CONSIDERANDO III

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

El art. 106 de la Ley Nº 439 del Código Procesal Civil, permite declarar la nulidad procesal en cualquier etapa del proceso, al efecto se deberá tomar en cuenta los siguientes puntos:

1.- DEL EFECTO DE LA USUCAPIÓN.-

Corresponde citar jurisprudencia contenida en el Auto Supremo Nº 220 de 24 de junio de 2010 emitida por la Sala Civil de la extinta Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el que se indicó lo siguiente: "La usucapión declarada judicialmente produce un doble efecto, adquisitivo para el usucapiente y extintivo para el usucapido, razón por la cual, el sujeto pasivo de la usucapión es siempre la persona que figura en el Registro de Derechos Reales, como titular del bien a usucapir, por ello, el actor debe acompañar con la demanda, la certificación o documentación que acredite ese aspecto, toda vez, que es contra él -el actual propietario- que se pretende opere el efecto extintivo de la usucapión", dicho criterio ha sido compartido por este Tribunal y aplicado en distintas causas análogas, por considerar que con dicha exigencia se otorga mayor seguridad jurídica no solo para el demandante sino también para terceros quienes se pudieran ver afectados con el efecto extintivo de la usucapión.  

2.-  DEL LITISCONSORCIO PASIVO.-

Resulta necesario señalar que este Tribunal ha emitido diversa jurisprudencia entre ellos el Auto Supremo Nº 350/2012 de 25 de septiembre de 2012 en el que ha señalado lo siguiente: “…corresponde anotar que si el Auto de Vista, resulta ser anulatorio, es porque el mismo ha considerado que, en sujeción a los títulos presentados por el demandante como es la Escritura Pública Nº 390 de 13 de noviembre de 1997, relativa a la transferencia de un inmueble que otorga Blanca Luz María Requena de Serrano en favor del demandante, cuyo documento estipula una venta sin gravámenes, por otra parte también resulta objeto de observación la E.P. Nº 62/2000 suscrito entre Cervecería Taquiña S.A. y Mirtha Roxana Guzmán Díaz de Oropeza, relativa a un reconocimiento de deuda con garantía hipotecaria y cancelación de deuda (cláusula primera 1.3 del contrato) en favor de la vendedora del inmueble descrito precedentemente, razón por la cual, para viabilizar la petición de extinción de obligación y cancelación de gravamen deben concurrir las personas que han suscrito el contrato anterior contenido en la Escritura Pública Nº 139/94 de 23 de abril de 1994 (fs. 9-14 de préstamo de dinero que otorga Taquiña S.A., en favor de Consuelo Martínez Oroza y la garante hipotecaria Blanca Luz María Requena Vda. de Serrano) de la que emerge en parte la Escritura Pública Nº 62/2000 antes referida, por lo que el Tribunal Ad quem al haber dispuesto que a la causa se integre por litisconsorcio a personas ajenas al demandante y entidad demandada, ha dado correcta aplicación a lo previsto en el Art. 67 del Código de Procedimiento Civil, que señala: "...(Litisconsorcio).- Varias personas podrán demandar o ser demandadas en el mismo proceso, cuando las acciones fueren conexas por el título, el objeto, o por ambos elementos a la vez...", en la especie existe litisconsorcio por la situación del título, como se ha explanado precedentemente, esto tomando en cuenta que para una posible reconvención de la entidad demandada, las mismas tengan que asumir defensa en la presente causa, de lo contrario sería inadmisible cualquier demanda reconventora en la que se impugnen algunos títulos, los que hubieran sido suscritos por más de dos personas, pues para una eventual contrademanda, no se podrá demandar a uno de los que suscribió el contrato, sino a todos los que suscribieron el mismo, lo que no significa que el Tribunal de apelación haya causado una demora innecesaria, sino que ha ajustado su criterio de acuerdo a los antecedentes del proceso en el afán de otorgar seguridad jurídica, para todas aquellas personas, que tengan interés de acuerdo a los títulos mencionados”, asimismo para el enriquecimiento del presente fallo corresponde citar el Auto Supremo Nº 99 de 22 de noviembre de 2004, emitido por la extinta Corte Suprema de Justicia en la que se señaló lo siguiente: “La pluralidad de partes en el proceso o litis consorcio implica la existencia de un proceso con varios sujetos en la misma posición de parte, sea como actores o demandantes (litis consorcio activo), así como demandados (litis consorcio pasivo), o también cuando conjuntamente sean demandantes y demandados (litis consorcio mixto); a veces es la ley la que exige que sean varias personas las que, conjuntamente, deduzcan la pretensión frente a las cuales la pretensión ha de decirse (litis consorcio necesario), otras veces se produce por libre decisión de las partes (litis consorcio simple o facultativo), sin que ello impida a que sea la Autoridad judicial la que disponga de oficio un litis consorcio, por dos razones: a) la primera relativa a su rol de director del proceso, debiendo cuidar que el mismo se desarrolle sin vicios de nulidad, como establecen los arts. 3 inc. 1) y 87 del Código de Procedimiento Civil y b) la segunda referida al derecho de defensa en el proceso, de todas las partes o eventuales comparecientes respecto a los cuales se amplía la cosa juzgada, característica de la sentencia que se dicta en el fondo del proceso, cuyas disposiciones y alcance sólo comprenden a las partes y a las que derivaren sus derechos de aquellas, conforme establece el art. 194 del indicado Código adjetivo de la materia.

En consecuencia, a los efectos de las previsiones de los arts. 3 inc 1), 87 y 194 del Código de Procedimiento Civil se establece la necesidad de la integración a la litis de todos aquellos que deban ser sometidos al proceso, en función de la naturaleza de la relación o del objeto de la controversia, tarea que no sólo puede ser de las partes (litis consorcio simple o facultativo), sino de la Autoridad judicial de instancia que en su calidad de director del proceso debe cuidar que se desarrolle sin vicios de nulidad, para lo que podrá disponer un litis consorcio de oficio; siendo esa la única manera de asegurar que sus decisiones sean útiles para las partes demandantes, demandadas y otros que se hayan integrado en el proceso, alcanzando a todos ellos los efectos de la cosa juzgada.

En el caso presente, se constata que la demanda ordinaria ha sido planteada por ETT Ltda., quién reconoció la existencia de un contrato de trabajo suscrito por COMTECO Ltda... y SIEMENS A. G. de Alemania, obras que fueron ejecutadas por su persona en calidad de subcontratista y como emergencia del trabajo se produjo un hecho ilícito por lo que pidió se establezca el monto que debe indemnizar a fin de reparar el daño que causó; a su vez, en la contestación y reconvención la familia Capriles demandada pidió que se reconozca que el responsable de la indemnización por el hecho ilícito es COMTECO Ltda.., siendo precisamente ese uno de los puntos a probar, según Auto de relación procesal; es decir, que el objeto de la controversia (demanda, contestación y reconvención) es establecer no sólo el monto de la indemnización, sino determinar en primer lugar quién es el responsable, pues según el demandante es su propia empresa -es decir ETT-, de manera inversa a lo señalado por la parte demandada que afirma que el responsable sería COMTECO Ltda..

Conforme a la función de dirección del proceso y de acuerdo al objeto de la controversia (establecer quién es el responsable de la indemnización por el hecho ilícito, así como el resarcimiento) antes de dictar el Auto de relación procesal correspondió al Juez A-quo disponer de oficio litis consorcio e integrar al proceso a las partes que suscribieron el contrato de trabajo (de cuya ejecución se produjo el hecho ilícito o daño en los inmuebles de las familias Capriles y Callau) como son COMTECO Ltda.. y SIEMENS A. G. de Alemania. Al no haberlo hecho así el Juez a-quo, correspondió al Tribunal Ad-quem percatarse de esa irregular situación y de acuerdo a su facultad fiscalizadora del proceso, reconocida en la previsión del art. 15 de la Ley de Organización Judicial, debió anular obrados disponiendo la integración de la litis a las partes que suscribieron el contrato, pero de ninguna manera confirmar la sentencia de primera instancia (que ha sido declarada probada, aunque hubiera sido pronunciada en sentido contrario), precisamente por ser necesaria la integración de otros sujetos al proceso por el objeto de la controversia…”

Esta intervención del tercero en nuestra legislación se encuentra en el art. 67 del Código de Procedimiento Civil que a la  letra dice: “Varias personas podrán demandar o ser demandadas en el mismo proceso, cuando las acciones fueren conexas por el título, el objeto, o por ambos elementos a la vez”, norma que resulta ser aplicable cuando en la litis deben intervenir terceros, con el objeto de asegurar los efectos de una cosa juzgada.

En el ámbito doctrinario, podemos citar la opinión Escriche refiere que “… litisconsorte es aquel que litiga por la misma causa o interés que  otro,  formando con él  una sola parte, ya sea de actor o de reo demandado en pleito…”, por su parte Couture define al litisconsorcio como: “la situación jurídica en que se hallan diversas personas que actúan en juicio conjuntamente como actores (litisconsorcio activo) o como demandadas (litisconsorcio pasivo) para deleitar sobre el instituto corresponde señalar que la palabra litisconsorcio se encuentra compuesto del latín “litisconsors” (litis, conflicto; con, junto; y sos, junto), de acuerdo a la clasificación doctrinaria existe el litisconsorcio voluntario o necesario, la primera que de común acuerdo de los litigantes participe un tercero a quien estará a las expectativas de la resolución debatida, y el necesario cuando, radica la existencia de resguardar el derecho de defensa en el proceso de todos los interesados a quien ha de ampliarse la cosa juzgada, razón por la cual en el litisconsorcio necesario, el Juez se encuentra obligado a verificar si de acuerdo a la naturaleza de la cuestión planteada o de acuerdo al título de las partes, sea necesario al concurrencia de terceros, como el caso del litisconsorte pasivo, tomando en cuenta la pretensión del recurrente.

3.- De la integración a la Litis en la presente causa.-

Los actores en memorial de fs. 25 a 27, interponen demanda de usucapión decenal arguyendo que estuviera en posesión de terrenos de una extensión de 1.000 M2., ubicado en la zona de Tucsupaya, Cantón San Sebastián Provincia Oropeza del Departamento de Chuquisaca situados dentro del radio urbano y señalando colindancias y entre ellas al Oeste con una calle “sin denominación”, sobre la cual peticionan se les declare el derecho propietario por usucapión, dirigiendo la acción en contra de Ignacio Durán Paniagua y Eloy Hugo Dávalos Valda; sin que conste una identificación precisa de la ubicación de los terrenos que se pretende usucapir, tan solo adjuntan un plano de ubicación que no especifica su ubicación precisa (fs. 3).

Demanda que fue admitida y corrida en traslado en contra de Ignacio Durán Paniagua y Eloy Hugo Dávalos Valda; posteriormente se apersonan Iván Fernando Cañari Zenteno, Samuel Díaz Castillo, Ana Hurtado Rosendy de Mansilla, Álvaro Marcelo Sotomayor Leyton, Franz Salazar López, Eliana Judith Rodríguez Barrero de La Jaille, Weimar Soto Sánchez, María Eugenia Téllez, Sergio José Cibera Barrero y Álvaro Daniel Campos, representados por su apoderada Janett Miranda Vinchentty, que interpone a nombre de sus mandantes tercería de dominio excluyente, adjuntando escrituras públicas de transferencia en favor de cada uno de los mencionados, con la copia de folio real en la que se hubiera sentado como anotación preventiva y planos individuales que les corresponde (fs. 65 a 102 ).

Luego de ello los herederos de Eloy Hugo Dávalos Valda, adjuntan en calidad de prueba el folio real Nº 1.01.1.99.0048536 (fs. 316 a 352) en la que figura el nombrado como titular de un terreno, ubicado en el ex Fundo Tucsupaya con una superficie de 36.300 M2, registro en el que se encuentran asentados 109 (ciento nueve) asientos de anotaciones preventivas relativas a distintas transferencias de diferentes números de lotes de terreno ubicado en manzanos “F”, “D”, “E”, “H” y otros efectuados en favor de varias personas, entre ellas las apersonadas a la causa que formularon la tercería de dominio excluyente, que según criterio del Registrador, contienen falta de requisito subsanable.

También consta en obrados el informe CITE D.R.T.A. 28/2011 de fs. 10 a 23 en el que el Gobierno Municipal de Sucre, emite informe técnico legal aduciendo que el terreno a usucapir se encuentra en un área no urbanizada (fs. 20).

De acuerdo a los antecedentes descritos, se deduce que no se tiene precisión exacta de la ubicación del predio a ser usucapido, pues de acuerdo al tenor de la demanda los actores señalan que el predio se encontraría en la zona de Tucsupaya y colinda al oeste con una calle sin denominación, así también consta el informe del Municipio de Sucre en el que señala que el predio (descrito por el demandante) no se encuentra urbanizado, razón por la cual no puede asimilarse si el predio objeto de la usucapión se encuentra sobre alguna vía, deduciendo que no se tiene precisión de la ubicación del predio pretendido de usucapión; empero para la continuidad del proceso de usucapión, los actores, ante la falta de una urbanización debían adjuntar un plano georeferenciado (con ubicación precisa de coordenadas del predio a usucapir) para identificar con precisión la ubicación del terreno que se pretende usucapir, esto para generar seguridad jurídica entre las partes contendientes, pues puede darse el caso que la superficie demandada, no solo comprenda los terrenos del demandado Eloy Hugo Dávalos Valda, sino también de los colindantes de éste, caso para el cual el Juez necesariamente deberá de integrar a la litis a los otros propietarios colindantes.

En la Litis, de acuerdo a la documental de fs. 65 a 102, el Juez ya podía haber advertido que sobre la propiedad de Eloy Hugo Dávalos Valda, se encontraban asentados terceros con derecho de propiedad, cuya inscripción fue observada como “faltas de requisitos subsanables”, extremo que fue ampliamente corroborado con la documental de fs. 316 a 352 y el certificado de fs. 305, a quienes se los considera con derecho expectaticio, pues se trata de anotaciones preventivas.

Como se ha referido precedentemente, la usucapión tiene el efecto extintivo para el titular del predio, esto significa que en caso de otorgarse la usucapión el derecho propietario del titular quedará extinguido y al extinguirse esa propiedad también quedará extinguido los registros insertados en el dicha propiedad (anotaciones preventivas, hipotecas u otros derecho reales) que pertenezcan a terceros quienes hubieran registrado su derecho de pignoración, expectativo (anotación preventiva) u otra de diferente naturaleza que haya logrado insertarla en el casillero B de dicho folio real, terceros a quienes también afectaría la usucapión por su efecto extintivo, y les afectaría en sus derechos en vía de consolidación, como sucede con los que quisieron registrar su derecho de propiedad y al ser observado tan solo lograron una anotación preventiva por efecto de la ley.

En el caso analizado, se advierte que el titular del registro resulta ser Eloy Hugo Dávalos Valda conforme al folio Nº 1.01.1.99.0048536 (fs. 316 a 352), en el que se registró 109 anotaciones preventivas relativas a la transferencia del predio, el problema no solo radica en que no se hubiera integrado a la Litis a los que tengan la anotación preventiva, sino que al margen de ello, los demandantes no han adjuntado un plano georeferenciado sobre el predio que pretenden usucapir, esto hace que la ubicación del predio sea incierta, y en caso de que se quiera integrar al litigio a terceros, no se sabrá a que personas integrar a la litis, pues solo en caso de que los demandantes cuenten con plano georeferenciado del predio que pretenden la usucapión, se podrá cotejar el mismo con el plano de fs. 218 y las anotaciones efectuadas en el folio, y verificar si el predio pretendido en la Litis, se encuentra en uno u otro manzano y si dentro de dichos manzanos afectan a uno o varios lotes y con ello integrar al litigio a terceros al proceso en calidad de litisconsorte pasivos de la usucapión.

Para la causa en particular se deberá entender, que pese al planteamiento de la tercería de dominio excluyente y la integración al litigio de litisconsortes pasivos de la usucapión, no resulta ser contradictorio, pues la tercería de dominio excluyente tiene la finalidad de quitar el embargo efectuado sobre  bienes que no corresponden a las partes, como se ha explicado en el Auto Supremo Nº 275/2013 de 27 de mayo de 2013 y la finalidad de la integración a la Litis (litisconsorcio pasivo), es para que la sentencia cause estado respecto a los demandantes, los propietarios y los terceros con derecho de registro expectaticio y con ello a la postre cerrar la controversia otorgando o negando el derecho pretendido y evitar con ello la multiplicidad de los procesos.

Finalmente, respecto al reclamo de la apoderada de los recurrentes, respecto  a la nulidad deducida por el Ad quem, en sentido de que la citación ya hubiera sido efectuada a los herederos de Ignacio Durán Paniagua, con carácter previo aclarar que la resolución anulatoria del Tribunal de alzada, debió ser impugnado a través de un recurso de casación en la forma y no por el de casación en el fondo, sin embargo, la crítica planteada por la parte recurrente está orientada a cuestionar el fundamento de la nulidad dispuesta, en ese mérito consideraremos la impugnación deducida, al respecto se debe establecer que resulta evidente que en la parte final de los edictos de fs. 49, 50 y 51, también se ha convocado a los herederos de Ignacio Durán Paniagua, por lo que la nulidad dispuesta sobre este punto resulta ser forzada, empero de ello a esta altura del proceso tan solo corresponde modular la nulidad establecida por el Tribunal de Alzada, señalando que la misma tan solo abarca hasta el Auto de relación procesal.

Consiguientemente, en base a los fundamentos expuestos corresponde emitir resolución en la forma prevista en el art. 271 num. 2) del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 parágrafo I núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 573 a 574, formulado por Janett Miranda Vinchentty, contra del Auto de Vista Nº 606/2013 de 25 de noviembre de 2013. Haciendo constar que de acuerdo a la fundamentación deducida la nulidad tan solo alcanza hasta el Auto de relación procesal de fs. 281 vta., a 282; debiendo los demandantes adjuntar plano georeferenciado sobre el predio pretendido de usucapión, para que de esta manera el A quo cotejando el plano de fs. 218 y las anotaciones preventivas en las que se hace referencia a distintos lotes de terreno, integre al proceso a los titulares de las mismas a quienes pudiera afectar la superficie pretendida de usucapión.

Sin costas, por la modulación establecida.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.