TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                S A L A  C I V I L

Auto Supremo: 240/2014

Sucre: 22 de mayo 2014

Expediente: T-18-13-A

Partes: Aníbal Aldana Ortega  por  Empresa Unipersonal Aldana Ingeniería  y  

           Construcciones “ALINCO”. c/  Sub Gobernación de la provincia Cercado

           del Departamento de Tarija.

Proceso: Ordinario de declaratoria de nulidad de procedimiento de resolución de contrato efectuado por la sub gobernación de la provincia Cercado del Departamento de Tarija, acción de resolución de contrato por incumplimiento de la entidad contratante y pago de daños y perjuicios emergentes del incumplimiento contractual.

Distrito Tarija.


VISTOS: El Recurso de Casación en el fondo de fs. 431 a 433 y vlta., interpuesto por Aníbal Aldana Ortega,  contra el Auto de Vista N° 45/2013 de 17 de mayo de 2013, cursante de fs. 426 a 428, pronunciado por la Sala Primera Civil, Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Domestica y Publica del Respetable Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dentro del proceso ordinario de declaratoria de nulidad de procedimiento de resolución de contrato efectuado por la sub gobernación de la provincia Cercado del Departamento de Tarija, acción de resolución de contrato por incumplimiento de la entidad contratante y pago de daños y perjuicios emergentes del incumplimiento contractual, seguido por Aníbal Aldana Ortega  por  empresa unipersonal Aldana Ingeniería y Construcciones “ALINCO” contra la Sub Gobernación de la provincia Cercado del Departamento de Tarija; la concesión de fs. 444 y vlta; los antecedentes del proceso; y:


CONSIDERANDO I:                                                

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

En fecha 05 de diciembre de 2012 el Juez de Partido Sexto en lo Civil y Comercial, emitió Auto definitivo cursante de fs. 385 vlta a 387, mediante el cual se declaró incompetente para conocer y substanciar la presente causa y en ese mérito anuló obrados  hasta fs. 132 inclusive, vale decir hasta el Auto de admisión de la demanda, disponiendo que la parte actora con su pretensión de impugnar el acto administrativo  de la “Resolución Contractual” acuda a las instancias de impugnación reconocidas en el procedimiento Administrativo.

Contra el referido Auto definitivo, Aníbal Aldana Ortega, interpuso Recurso de Apelación cursante de fs. 392 a 394 y vlta.

En merito a esos antecedentes, la Sala Primera Civil, Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Domestica y Publica del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, emitió el Auto de Vista N° 45/2013 de 17 de mayo de 2013, cursante de fs. 426 a 428, por el que confirma totalmente el Auto apelado, con costas.

Resolución que dio lugar al Recurso de Casación en el fondo, interpuesto por Aníbal Aldana Ortega, mismo que se pasa a considerar y resolver.


CONSIDERANDO II:

HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

El recurrente denuncia que el Juez Ad quem, al confirmar mediante Auto de Vista Nº 45/2013 el Auto definitivo emitido por el Juez A quo, vulneró, violó y quebrantó el art. 8 del Código de Procedimiento Civil, que al constituirse en normativa procesal, son considerados como garantías del debido proceso y el derecho a la defensa, siendo de carácter imperativo y de cumplimiento obligatorio, razón por la cual los Autos Supremos contemplados en el Auto de Vista, no implica que todos los jueces y Tribunales deban acatar los mismos, puesto que dichos fallos carecen de vinculatoriedad y obligatoriedad, siendo éstas características que ostentan las sentencias constitucionales.

Por lo expuesto el actor pide se case en el fondo el Auto de Vista recurrido.


CONSIDERANDO III:                                                        

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

En razón al agravio denunciado por el recurrente, se pasa a considerar el mismo.

En principio, se debe señalarque la Ley Nº 025, que refiriéndose a la competencia en su art. 12 establece que: “Es la facultad que tiene una Magistrada o Magistrado, una o un Vocal, una Jueza o un Juez, o Autoridad indígena originaria campesina para ejercer la jurisdicción en un determinado asunto”, de igual forma en el art. 13 de la referida norma  respecto a la extensión de la competencia establece que éstaúnicamente se aplica en razón del territorio, por consentimiento expreso o tácito de las partes, por lo tanto, al ser la competencia de orden público, indelegable y al nacer únicamente de la ley, sus reglas son de observancia y cumplimiento obligatorio, razón por la cual el Tribunal Ad quem en observancia de lo dispuesto por el art. 122 de la Constitución Política del Estado que establece: “Son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de las que ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la ley”, confirmó de manera correcta el Auto definitivo recurrido, toda vez que la vulneración del art. 8 del Código de Procedimiento Civil, a la cual hace referencia el recurrente, resulta ser impertinente en el caso concreto, en razón a que el mencionado artículo hace referencia a las causales por las cuales el Juez pierde competencia, empero en el caso de Autos el Juez A quo determinó su incompetencia para conocer el proceso en razón aque la pretensión principal del actor sería la nulidad de la resolución contractual decretada por la Sub Gobernación de la Provincia Cercado del Departamento de Tarija, es decir del acto administrativo de resolución de contrato emanada por la Máxima Autoridad Ejecutiva interviniente en el proceso licitatorio para el proyecto de “Electrificación rural Junacas-Alto España” a través de la vía jurisdiccional ordinaria;y con la finalidad de evitar futuras nulidades procesales o la emisión de una Sentencia inefectiva, siguiendo la nueva línea jurisprudencial trazada por éste Tribunal Supremo, anuló obrados hasta fs. 132 inclusive, vale decir hasta el Auto de admisión de la demanda, ello en aplicación a la potestad conferida en elart. 17 de la ley 025 que le faculta al Juez la revisión de oficio de las actuaciones procesales.

Respecto a la aplicación de la nueva línea jurisprudencialemitida por éste Tribunal Supremo respecto al caso de Autos, se debe mencionar que, si bien los mismos no son de carácter vinculante, éste criterio es compartido por el Tribunal Constitucional Plurinacional, conforme lo establece la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 0060/2014 de fecha 3 de enero de 2014, sentencia que sí tiene el carácter vinculante y obligatorio conforme lo determina el art. 203 de la Constitución Política del Estado Plurinacional.

De lo expuesto, se debe señalar que conforme lo establece la cláusula décima segunda del contrato de obra suscrito entre la Subprefectura dela Provincia Cercado y de otra parte la empresa unipersonal ALINCO, el presente contrato es un contrato administrativo, por lo que está sujeto a la normativa prevista en la Ley Nº 1178 de administración y control gubernamentales, por lo expuesto se debe señalar que un contrato administrativo es aquel en el que una de las partes contratantes es un órgano de la administración pública, cuyo objeto y fin está orientado a la satisfacción de alguna necesidad o bien común, o es de interés general de la comunidad, lo que determina una regulación especial, al respecto el art. 47 de la Ley Nº 1178, señala: “Son contratos administrativos aquellos que se refieren a contratación de obras, provisión de  materiales, bienes y servicios y otros de similar naturaleza”, por lo tanto queda claro que los contratos que son celebrados por el Estado a través de cualquiera de sus Órganos, o a través de cualquier entidad pública en aplicación de su poder de administración, y cuyo objeto sea la ejecución de una obra o servicio que resulte ser de interés general, revisten de naturaleza administrativa, por lo que están sujetos a una regulación especial ajena a la regulación ordinaria Civil, por lo expuesto resulta pertinente hacer referencia a la Ley Nº 212 de Transición para el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional, que en su art. 10 parágrafo I, señala: “La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia conocerá las causas contenciosas que resultaren de los contratos, negociaciones y concesiones del Órgano Ejecutivo, y de las demandas contenciosas - administrativas, a que dieren lugar las resoluciones del mismo; hasta que sean reguladas por Ley como Jurisdicción Especializada”, de igual forma resulta pertinente hacer referencia a lo establecido en el art. 775 del Código de Procedimiento Civil, cuyo texto establece: En todos los casos en que existiere contención emergente de los contratos, negociaciones o concesiones del Poder Ejecutivo, conforme a las previsiones pertinentes a la Constitución Política del Estado, se presentará la demanda ante la Corte Suprema de Justicia”, en ese sentido, el AS Nº391/2013 expresa: “El art. 775 del Código de Procedimiento Civil, respaldada por la Ley Nº 212, establece que la competencia en las causas contenciosas que resultaren de los contratos, negociaciones y concesiones del Órgano Ejecutivo, y de las demandas contenciosasadministrativas, a que dieren lugar las Resoluciones del mismo se lo tramitará en la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, reconociéndoles competencia para conocer dichos procesos”. Consecuentemente, conforme ya se ha señalado, al ser nulos los actos desarrollados por Tribunal incompetente y al ser la controversia suscitada de conocimiento de la jurisdicción establecida por ley y siendo correcto lo determinado por el juez A quo como por el Ad quem, resulta ser infundado lo reclamado por el recurrente.

Sin embargo corresponde aclarar que la incompetencia de la jurisdicción ordinaria, y en consecuencia el reconocimiento de la jurisdicción contenciosa administrativa para la resolución de la presente causa, que emerge de la contención resultante de un contrato administrativo conlleva la determinación que la demanda sea presentada a través del proceso contencioso previsto en el art. 775 del código de Procedimiento Civil, no así a través del proceso contencioso administrativo previsto en el art. 778 del mismo código como se entendió por los tribunales de instancia.

Consecuentemente, constatando que los Tribunales de instancia actuaron dentro del marco de la legalidad, corresponde emitir fallo en sujeción a lo previsto por los arts. 271 núm. 2) y 273 ambos del Código de Procedimiento Civil.


POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 parágrafo I. núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en los arts. 271 núm. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el Recurso de Casación en el fondo, interpuesto por Aníbal Aldana Ortega, contra el Auto de Vista N° 45/2013 de 17 de mayo de 2013, cursante de fs. 426 a 428, pronunciado por la Sala Civil Comercial de Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Domestica y PublicaPrimera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija. Con la aclaración contenida en la parte final de la fundamentación del presente fallo. Con costas.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgda. Rita Susana Nava Durán.