TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                           S A L A   C I V I L


Auto Supremo: 239/2014

Sucre: 22 de mayo 2014

Expediente:        LP-27-14-A

Partes: Esther Maldonado Vda. de Mirabal y otros. c/ Agustín Melgarejo Zuleta,

             Jenny Villegas Mirabal, Fernando Villegas Mirabal y Virginia Villegas

             Mirabal.

Proceso: Acción de petición de herencia

Distrito: La Paz

                                                                                               


VISTOS: El recurso de casación en la forma cursante de fs. 725 a 728 y vlta., de obrados, interpuesto por Agustín Melgarejo Zuleta contra el Auto de Vista Nº 256/2013 de 09 de agosto de 2013, cursante de fs. 714 a 716, pronunciado por la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro el proceso de acción de petición de herencia, seguido por Freddy Segales Ronquilla en representación de Ester Maldonado vda. de Mirabal contra Agustín Melgarejo Zuleta y otros, la concesión de fs. 733; y:


CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:


Que, tramitada la causa, la Juez Tercero de Partido en lo Civil y Comercial de la Capital La Paz, emitió el Auto definitivo de fecha 17 de diciembre de 2012, cursante en fs. 681 a 682 vlta., declarando IMPROBADAS las excepciones de Incompetencia y Cosa Juzgada, y PROBADA la excepción de Prescripción de  Acción, promovida de fs. 540 a 547 vlta., de obrados, pudiendo la parte acudir a la vía legal que corresponda para hacer valer sus derechos.


Deducida la apelación por el demandante, ésta fue remitida ante Tribunal de Segunda Instancia como es la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que mediante Auto de Vista Nº 256/2013 de 09 de agosto de 2013, anuló obrados hasta fs. 670 vlta., inclusive debiendo la Jueza dictar el fallo correspondiente debidamente motivado y fundamentado.

En conocimiento de la determinación de segunda instancia, el demandado  Agustín Melgarejo Zuleta interpuso recurso de casación en la forma, mismo que se pasa a analizar.

CONSIDERANDO II

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:


1.- El recurrente acusa errónea interpretación del art. 17 de la ley del Órgano Judicial, manifestando que sería una costumbre que las autoridades investidas de poder jurisdiccional resolverían la forma olvidando el fondo, para eso se basarían en un sin número de artilugios procesales como ocurriría en el presente caso con el Auto de Vista recurrido, y que los vocales no tendrían potestad para aplicar el art. 17 inc. I) de la ley del Órgano Judicial, en aquellos casos no previstos expresamente en el texto legal, ya que las revisiones de actuados procesales de oficio solo operan en las nulidades textuales y no en las nulidades virtuales, en ese razonamiento se haría inaplicable la facultad, utilizada indebidamente porque las nulidades virtuales deberían ser expresa y oportunamente reclamadas  por quien pretende la invalidez de un acto.


2.- Que, nuestra legislación no admitiría la nulidad expresa por falta de motivación  y fundamentación de una resolución, ni tampoco por insuficiencia de fundamentos, los argumentos jurídicos a los cuales hace referencia el Auto de Vista recurrido, así como las Sentencias Constitucionales hablarían de una falta o ausencia de motivación, pero en el caso presente el Auto definitivo de fs. 671-672 estaría clara y debidamente fundamentada en cuanto a las razones de porque opera la prescripción de la acción de petición de herencia, estaría fundamentada en los hechos y el derecho, y de ninguna manera podía el Tribunal anular obrados alegando falta de motivación y fundamentación.


3.- Que, el Auto Vista recurrido señalaría que no se habría analizado la prueba señalada en el memorial de apelación de fs. 684 a 687, sin especificar que pruebas la Juez no hubiera valorado, de manera que la decisión sería arbitraria y claramente parcializada, pretendiendo que sea viable una acción de petición de herencia después de haber transcurrido más de 55 años desde el fallecimiento de la persona de cuya herencia se trata.

4.- Que, en el argumento del Auto de Vista recurrido expresado en el numeral 2) del segundo considerando se argumenta que la Juez no hubiese tomado en cuenta el art. 1506 del Código civil y el art. 5 de la ley 1602 o el art. 1505 o el art. 1552 del Código Civil, lo que resultaría ilegal, ya que se trataría de una herencia abierta el 17 de octubre de 1954 cuando regia el Código Civil Santa Cruz cuya normativa sería aplicable por imperio del art. 1568 del código Civil vigente, que establece que los términos de prescripción que hubieran empezado a correr de acuerdo a las disposiciones del Código Civil  y de las leyes anteriores a la vigencia del actual Código, se regirían por las dispociones de dicho Código y no por las dispociones a las que hace referencia el Auto de Vista recurrido.


Finalmente el recurrente amparado en el art. 254 núm. 7) del Código de Procedimiento Civil, solicita en el caso de que existiera errónea interpretación y aplicación de la ley, falta sancionada con nulidad por lo que correspondería al Tribunal Supremo de Justicia anular el Auto de Vista recurrido de fs. 714 a 716 y Auto Complementario  de 03 de diciembre de 2013 de fs. 720 y en esa virtud disponer que el Tribunal Departamental en la Sala Civil Primera, Pronuncie nuevo Auto de Vista en relación al fondo del recurso de apelación planteado de fs. 694 a 697 o en su caso anular obrados hasta la admisión de la demanda por haberse aplicado las reglas del actual código Civil vigente en lugar de aplicarse las reglas del código Civil Santa Cruz que sería aplicable al caso. 

CONSIDERANDO III:                                                                 FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Con relación a los puntos impugnados siendo que el recurrente interpuso recurso de casación en la forma y su pretensión es acusar el agravio que le causó el Auto de Vista recurrido al anular obrados, se descarta el aspectos acusado de fondo y conforme a lo acusado en la forma de manera general se considera lo siguiente:

El proceso es considerado como un conjunto sistemático de actos jurídicos procesales desarrollados en procura de arribar a la Resolución del conflicto; éste se estructura en etapas y fases debidamente ordenadas a fin de brindar la máxima garantía de igualdad y defensa a las partes, sin embargo el proceso no está exento de que en su desarrollo se produzcan u omitan actos que afecten su normal avance e incluso impidan el cumplimiento de sus fines, los que deberán ser analizados a fin de imponer una posible sanción de nulidad.

Ante los actos u omisiones que afecten la normal sustanciación del proceso, el derecho a la impugnación o a la segunda instancia garantiza el recurso de apelación que es considerado como el más importante y usual de los recursos ordinarios, es el remedio procesal a través del cual se pretende que un Tribunal jerárquicamente superior, revoque o modifique una resolución judicial que se estima errónea en la interpretación, aplicación del derecho, en la apreciación de los hechos o de la prueba, recurso de Alzada que constituye un nuevo juicio respecto a aquellos puntos que han sido resueltos por el inferior y que han sido impugnados por la parte recurrente.

Establecido lo anterior corresponde a ese efecto realizar algunas puntualizaciones respecto a la obligación que tienen los Tribunales según el art. 17 de la ley del Órgano Judicial de verificar y revisar de oficio, el cumplimiento de las normas procedimentales, que son de orden público y obligatorias en su cumplimiento, en cuya observancia, en el caso de Autos, el Tribunal de Alzada hubiera dispuesto la nulidad de obrados hasta fs. 670 vlta, bajo el razonamiento de que el Auto definitivo de fs. 681 a 682 vlta., que disponía la prescripción de la acción de petición de herencia, no estaría debidamente fundamentado y motivado, disponiendo que el A quo dicte nuevo fallo, por lo que al respecto, cabe realizar algunas consideraciones:

En este entendido corresponde analizar que la acusación que hace el recurrente de que se habría interpretado de forma errónea el art. 17 de la Ley del Órgano Judicial manifestando que ya se habría hecho una costumbre que las autoridades investidas de poder jurisdiccional resolverían la forma olvidando el fondo como ocurriría en el presente caso; a esto es preciso señalar que, de la revisión de antecedentes del proceso, se evidencia que el Tribunal de Alzada observó la falta de motivación y fundamentación en el auto definitivo de fs. 681 a 682 vlta, soslayando tocar el fondo del recurso de apelación, ya que del análisis del Auto definitivo se puede evidenciar que el mismo se encuentra fundamentado y motivado en lo que refiere al instituto de la prescripción, aspecto que fue el interés principal de la excepción planteada por el demandado, en este sentido se entiende la observación que hace el recurrente al acusar la errónea interpretación del art. 17 de la Ley del Órgano Judicial por parte del Ad quem, esto en atención a que no puede soslayar la conculcación del derecho con que cuentan las partea de acceder a una justicia pronta y oportuna, en virtud de los principios de celeridad y economía procesal, derecho vulnerado con la nulidad de obrados dispuesta por el Ad quem, bajo el solo argumento de que el A quo, hubiera dictado Auto definitivo de prescripción de la acción sin la debida motivación y fundamentación, error que resulta subsanable por esa instancia, ya que el Tribunal de Alzada podía ingresar al fondo del asunto y modular o revocar el Auto definitivo de fs. 681 a 682 vlta., en aquello que consideraba había error y resolviendo los agravios de fondo fundamentados por los demandantes en su recurso de apelación, debiendo el Ad quem ceñirse precisamente conforme a los aspectos reclamados en el fondo por la parte demandante en su recurso de apelación, razonando y disponiendo lo que en derecho corresponde, evitando así mayor retardación, afectación y perjuicio a las partes con la nulidad de obrados hasta fs. 670 vlta. 

En cuanto a que en el argumento del Auto de Vista recurrido se habría expresado que el Juez no hubiese tomado en cuenta el art. 1506 del Código Civil y el art. 5 de la ley 1602, los arts. 1505, 1552 del Código Civil, argumento que resultaría ilegal porque se trataría de una herencia abierta el 17 de octubre de 1954 cuando regía el Código Civil Santa Cruz cuya normativa sería aplicable por imperio del art. 1568 del Código Civil vigente; se debe hacer notar que este es un agravio que corresponde a un recurso de casación en el fondo, por lo que no se puede considerar el mismo en razón de que el recurso presentado es en el forma y no corresponde a este Supremo Tribunal pronunciarse al respecto, siendo esta una atribución exclusiva de los jueces de instancia quienes determinarán que normas aplicar en sujeción a los hechos y pretensiones que las partes expongan en actuados.

Por lo anterior manifestado, corresponde a este Tribunal resolver conforme señala los arts. 271 núm. 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 parágrafo I núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los art. 271 núm. 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil, ANULA el Auto de Vista Nº 256/2013 de 09 de agosto de 2013, emitido por la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, y dispone que la misma Sala, sin espera de turno y previo sorteo, pronuncie nueva resolución respecto al recurso de Apelación interpuesto por Freddy Ignacio Segales en representación de Esther Maldonado vda. de Mirabal, Ramiro Antonio Maldonado Mirabal, Rosario Mirabal Maldonado Carlos Francisco Mirabal Maldonado y Esther Rosario Mirabal Maldonado, con arreglo a lo previsto por el art. 236 del Código de Procedimiento Civil.

Siendo excusable el error en que han incurrido los Vocales de la Sala Civil Primera signatarios del Auto de Vista impugnado, no se les impone multa. Cumpliendo lo previsto por el art. 17 parágrafo IV de la Ley del Órgano Judicial, comuníquese la presente decisión al Consejo de la Magistratura a los fines de ley.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Durán.