TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                               S A L A  C I V I L


Auto Supremo: 235/2014

Sucre: 22 de mayo 2014

Expediente: LP-19-14-S.

Partes: Francisco Javier Claros Osinaga. c/ Empresa EXPRINTER LIFTVANS  representado por Benjamín Maldonado Ballón y Víctor Hugo Maldonado Peña.

Proceso: Acción reparatoria de  pago de daños y perjuicios por proceso penal

               concluido y consecuente pago de deuda devengada.

Distrito: La Paz

VISTOS: El recurso de casación de fs. 628 a 632, interpuesto por Francisco Javier Claros Osinaga impugnando el Auto de Vista Resolución Nº- S-259/2013 pronunciada por la Sala Civil Comercial Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, cursante de fs. 624 a 625 y vlta., dentro del proceso ordinario de reparación de pago de daños y perjuicios por proceso penal concluido y consecuente pago de deuda devengada seguido por el recurrente contra la Empresa EXPRINTER LIFTVANS, Benjamín Maldonado Ballón y Víctor Hugo Maldonado Peña,  el Auto de concesión a fs. 637; los antecedentes del proceso, y:

CONSIDERANDO I:                                                                 ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez de Partido Cuarto de Partido Civil y Comercial de La Paz, el Juez pronunció la Sentencia Nº 164/2012, cursante de fs. 566 a 569 vlta., declarando improbada la demanda principal interpuesta por Francisco Javier Claros Osinaga y consecuentemente PROBADA la excepción perentoria de prescripción incoada por el demandado, liberando a la Empresa Exprinter LIFTVANS de cualquier deuda que hubiera existido en contra de la referida empresa en el fenecido proceso penal, al no haber ejercitado la acción penal  dentro de los cinco años, con costas.

Contra esa Sentencia de primera instancia tanto el demandado interpuso recurso de apelación, en cuyo mérito la Sala Civil Comercial Cuarta del Tribunal Departamental de la ciudad de La Paz, el 12 de noviembre de 2013, emitió el Auto de Vista Resolución Nº-S-259/2013 cursante de fs. 624 a 625 y vlta., confirmando totalmente la Sentencia impugnada.

Resolución de Alzada recurrida en casación por el demandado, mediante memorial de fs. 628 a 632.

CONSIDERANDO II:                                                                         DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

En el fondo.-

Señala que el Tribunal Ad quem habría hecho una errónea y mala interpretación del art 1503 del Código Civil, porque no  habría  dado valor a una resolución, (no precisa a qué resolución se refiere) que por preeminencia o valor legal está por encima  de un decreto, de una providencia  o simple actuación.

En el punto “Base legal de la interposición del  recurso de nulidad”, señala:

1º Que, los vocales han interpretado erróneamente la norma legal (no precisa qué norma) porque en el Considerando III punto a) “...hacen una interpretación  equivocada, entrando en el error de los hechos reales y comprobados al señalar que la Resolución Nº 33/2004 emitida por el Juez 4º de Partido en lo Penal, confirmada por Auto de Vista 201/2004, notificada  el 22 de septiembre  ha sido la última actuación penal y desde esa fecha en forma errónea  y sin consultar los datos del proceso han hecho el cómputo para determinar la existencia de la prescripción.”

Que, la Resolución 014/2006 es de enero de 2006 y notificada en octubre de 2006 y solo habría transcurridos 3 años, dos meses y un día

Que, la verdadera y última resolución y actuación legal es la Resolución Nº 014/2006, que está en el cuerpo Nº 12 a fs. 2382 (no señala de qué expediente  se trata de obrados con su notificación a fs. 2383 y que en apego a lo justo y legal en este caso no hay prescripción y desde el 25 de enero de 2006 se ha abierto un nuevo período que interrumpe la prescripción, conforme el art. 1506 (no indica de qué norma), dejando de lado el tiempo transcurrido.

2º Que, el cómputo para la prescripción, debía haberse hecho desde la notificación con la última y real Resolución penal, 24 de octubre de 2006. (No precisa el número de resolución o qué resolución es y tampoco señala la foja en la que se encuentra)

3º Que, del valor legal de la referida Resolución  Nº 014/2006, los Vocales no han tenido reparo en no darle a la misma el valor legal que tiene, tomándolo solamente como un acto de cobro de honorarios y costas, cuando la norma legal dice que se interrumpe la prescripción por un proveído, un acto o decreto, etc.- art. 1503 del Código Civil.

4º Que, la empresa comercial EXPRINTER en forma dolosa ha logrado inducir y confundir a las autoridades al quererle restar y no darle valor a la merituada resolución Nº 014/2006 y en forma lamentable, apartándose de lo señalado en el Auto de Vista Nº 444/2012, pretenden anular lo que anteriormente dieron por válido siendo el mismo el estado del proceso. Premiando a quien le ha causado 6 años de juicio penal.

5º Que, es falso que la Resolución Nº 014/2006 nada tenga que ver con la  tramitación del hecho  jurídico principal del proceso, ya que “...el Código  Civil en el art. 1493 señala que la prescripción comienza a correr desde que el derecho  ha dejado de hacerse valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo...” evidenciándose de los datos del proceso que jamás se ha dejado de ejercer el derecho y mover la causa, sea en materia penal o civil, manifiesta asimismo que no señalan la ley en la cual se amparan  y basan para determinar que es un hecho ajeno.

6º Que, no se han pronunciado en conformidad con el art. 190 del Código de Procedimiento Civil como expresan los propios vocales, porque no se ha dicho nada sobre la Sentencia, que no ha decidido sobre las cosas litigadas que son el resarcimiento del daño por los juicios penales concluidos en su favor por falta total de materia justiciable y tampoco sobre la enorme deuda devengada a su favor, demostrada a través de muchas pruebas y el peritaje técnico correspondiente, sin dejar de lado los 5 cheques girados sin fondo y la enorme cantidad de facturas impagas.

7º Que,  la Resolución  014/2006 fue notificada legalmente al demandado el 24 de octubre de 2006, documento que tiene todo el valor decisorio porque es una Resolución y constituye un acto de interrupción de la prescripción y no resulta  “irrelevante” como concluyó el A quo, es un verdadero acto de resarcimiento de daños, porque se condena al demandado al pago de una suma de dinero y forma parte del proceso, interrumpiendo la prescripción; por lo tanto, no darle valor a una resolución, constituye un acto de denegación de justicia, más aún cuando no se le hubiera cancelado más de $us. 90.000.- por efecto de 5 cheques bancarios girados al descubierto, un sinnúmero de facturas impagas y la suma de $us  207.000.- por lo que esta determinación es un acto injusto.

8º Que, por simple matemática desde el momento de la notificación a EXPRINTER el 24 de octubre de 2006 con la Resolución 014/2006 han transcurrido 3 años, un mes y 2 días, no los 5 años que  ordena la Ley para acogerse a la prescripción.

9º Que, el Auto de Vista señala que de acuerdo al art. 1503 del Código Civil, debe notificarse a la parte que quiere aplicar la prescripción, y la Resolución  Nº 14/2006 fue notificada en materia civil a fs. 60 del expediente y presentada el 4 de febrero de 2010 a hrs. 16:45  p.m., es decir cuatro años y siete días de la emisión de la Resolución Nº 014/2006.

En su petitorio, dirigiéndose a los Magistrados y vocales del Tribunal Supremo de Justicia, señala que una vez que se determine que el recurso de casación “ha casado” por la mala interpretación y aplicación de la ley, solicitan que se ANULE el Auto de Vista Nº  S-259/2013 y una vez anulado se reconduzca el proceso de fondo.

CONSIDERANDO III.-

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:


Con carácter previo a ingresar en la resolución del recurso de casación deducido, es necesario aclarar lo que en esencia es el recurso de casación, el mismo que está considerado como un medio impugnatorio vertical y extraordinario, procedente en supuestos estrictamente determinados por ley y dirigido a lograr que el máximo Tribunal de Justicia, revise y reforme o anule las resoluciones expedidas en recurso de apelación y que infringen las normas de derecho material, las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, o las formas esenciales para la eficacia y validez de los actos procesales.

En ese entendido, la jurisprudencia sentada por este Tribunal Supremo de Justicia, congruente con la ya emitida por la extinta Corte Suprema de Justicia, estableció que el recurso de casación se equipara a una demanda nueva de puro derecho, deducida para invalidar una Sentencia o Auto definitivo en los casos expresamente señalados por Ley, pudiendo presentarse como recurso de casación en el fondo, recurso de casación en la forma o en ambos efectos a la vez, conforme establece el  art. 250 del Código de Procedimiento Civil, en previsión en cada caso, de las causales establecidas en los arts. 253 y 254 de la misma norma procedimental.

En ese sentido, se tiene que la finalidad del recurso de casación  en el fondo es la de unificar la interpretación de las normas jurídicas, dando lugar a la jurisprudencia correspondiente. En tanto que la finalidad del recurso de casación en la forma, es la de anular la resolución recurrida o del proceso mismo cuando en su sustanciación se han conculcado las formas esenciales sancionadas con nulidad por la Ley y cuando se ha afectado el debido proceso con incidencia en el derecho a la defensa. En ambos casos, son de inexcusable cumplimiento los requisitos establecidos en el art. 258 núm. 2) del Código de Procedimiento Civil, es decir, se debe señalar en forma clara y precisa qué disposiciones legales se han infringido en la tramitación de la causa y cuáles son las causales de nulidad  que se invocan, tratándose de recurso de casación en la forma y asimismo se debe indicar en forma puntual qué disposiciones legales se han violado, aplicado indebidamente o interpretado en forma errónea en la Resolución de fondo, es más, cuando de prueba se trata, el recurrente debe identificar la misma e indicar cómo debía apreciarse o valorarse con arreglo a la ley, no siendo suficiente citar determinadas disposiciones como infringidas sin la debida fundamentación.

Establecido lo anterior y remitiéndonos al recurso que se analiza, se tiene que el recurrente, no señala de manera expresa como debiera, si interpone recurso de casación en el fondo o en la forma, señalando en la primera parte que “interpone recurso de nulidad; A OBJETO DE INVALIDAR, la RESOLUCIÓN Nº S-259/2013...”, señalando luego que existiría incongruencia y contradicción entre la Resolución de Vista que hoy se impugna y el Auto de Vista  Nº.S-444/2012 que fuera anulado por el Auto Supremo Nº 385/2013, porque en la resolución impugnada se señala que “existe prescripción”, cuando meses atrás el Vocal de la Sala Civil Cuarta mediante el Auto de Vista Nº -S- 444/12, había anulado la Sentencia indicando y argumentando en apego a la norma legal, QUE NO EXISTÍA PRESCRIPCIÓN, lo que considera el recurrente como motivo para la procedencia del recurso de casación, conforme el inciso 2º del art. 253 del Código de Procedimiento Civil, siendo manifiestas las deficiencias en que incurre el recurrente en esta primera parte cuando acusa como agravio la incongruencia que según señala existiría entre el Auto de Vista Nº 444/12 y el Nº- S-259/2012, situación que resulta inadmisible, dada la naturaleza del recurso de casación como se señaló precedentemente.

Ingresa luego a otra parte del recurso intitulada: “ANTECEDENTES”, donde refiere que el Auto de Vista Nº S- 259/2013 está basado en argumentos de la Resolución Nº 014/2006 de 25 de enero de 2006, notificada legalmente a EXPRINTER el 2006, que se constituiría en el último acto del juicio penal, “QUE LEVANTA LA PRESCRIPCIÓN” y que los vocales hubieran equivocado la validez legal que se le debe dar a esa resolución que “ESTÁ DEBIDAMENTE FOLIADA Y NUMERADA EN EL CUERPO 12 DEL PROCESO.” Al respecto, el recurrente si bien hace referencia a la Resolución Nº 014/2006, no precisa de qué resolución se trata, ni cita la foja en la que se encuentra y tampoco señala la fecha exacta en que fue notificada, dato de trascendental importancia para el fin pretendido,  a lo que se debe añadir que los actuados del presente proceso constan de 4 cuerpos, y la referencia de fojas y cuerpos, no corresponde al mismo.

Luego de manera totalmente incoherente señala que “Es por esta errónea y falsa interpretación, como aplicación indebida de la norma legal que está basado el fondo del recurso de Nulidad presente” (textual).

Posteriormente ingresa en otra parte del recurso denominado “RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO”, donde citando los arts. 250 y 253 del Código de Procedimiento Civil en forma genérica señala que interpone recurso de Nulidad en el fondo (las negrillas y subrayado corresponden al texto original) porque como Tribunal dirimidor, han hecho una errónea y mala interpretación del art 1503 del Código Civil y no le han dado valor a una resolución que está por encima de un decreto, una providencia o una simple actuación (no cita de manera concreta la Resolución ni la foja del expediente donde la misma se encuentra, ni la Autoridad que ha dictado la misma y tampoco su contenido, refiriendo simplemente que la notificación data del año 2006.

Luego, en la otra fase del recurso nominada como “BASE LEGAL DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE NULIDAD”, expone nueve puntos a manera de queja, cual si se tratara de un memorial de conclusiones, haciendo referencia en todos ellos al error en que hubieran incurrido los Vocales al considerar la Resolución 201/2006 como la última actuación penal y no la Resolución Nº 014/2006 de 25 de enero de 2006, la misma que no habría sido considerada por el Tribunal y que habría interrumpido la prescripción, remitiéndose al cuerpo Nº 12 a fs. 2382 de obrados y su notificación de fs. 2383, sin precisar de qué proceso o  expediente se trata, reclamando de manera por demás reiterativa y confusa en los nueve puntos del recurso este único aspecto que debiera haber sido acusado en recurso de casación en el fondo, entendiendo que en esta parte el recurrente ha pretendido esbozar un recurso de casación en la forma sin que hubiera logrado definir el mismo como se evidencia de las manifiestas contradicciones existentes.

A lo anterior, cabe añadir que el recurso en su integridad, está dirigido de manera expresa a los Sres. Vocales y  no al Tribunal Supremo de Justicia,  imputándose indistintamente la Sentencia y el Auto de Vista, concluyendo su recurso de manera también contradictoria en grado sumo, pues señala: “Sres. Magistrados y Vocales del Tribunal Supremo de Justicia; por todo lo expuesto ... a momento de que el Tribunal SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, DETERMINEN QUE EL RECURSO DE CASACIÓN “HA CASADO”, POR LA MALA INTERPRETACIÓN Y MALA APLICACIÓN DE LA LEY. Dicha solicitud está basada en lo señalado en el art. 274 del Código de Procedimiento Civil.

UNA VEZ ANULADA EL AUTO DE VISTA, SE RECONDUZCA, EL PROCESO DE FONDO

Por lo tanto, solicitamos que se anule el Auto de Vista Nº S-259/2013.- emitido por la Sala Civil Cuarta del Tribunal Departamental de justicia de La `Paz.” (las negrillas y  remarcado corresponde al texto original)

Como puede advertirse las contradicciones y deficiencias en que ha incidido el recurrente son tan evidentes y reiteradas, que denotan absoluto desconocimiento de la naturaleza del recurso de casación y de las reglas dispuestas para su procedencia, carencias que son de entera responsabilidad del recurrente y no pueden ser suplidas por este Tribunal, pues como objetivamente se demostró, respecto al aspecto reclamado en los nueve numerales de la última parte del recurso, no hace más que una innecesaria cita redundante del número de Resoluciones sin especificar cuál el contenido de las mismas, su ubicación dentro del expediente, qué  autoridad las emitió y, lo más importante, la fecha exacta en que fueron notificadas, carga que debe ser cumplida por quien interpone recurso de casación, en previsión de lo dispuesto en el art. 258 num. 2) del Código de Procedimiento Civil, a lo que se debe añadir que cuando se acusa la incongruencia de la Resolución impugnada, las contradicciones en que hubiera incurrido el Ad quem, deben ser parte de la misma resolución, en el caso de Autos el recurrente acusa la incongruencia  que pudiera existir entre el Auto de Vista impugnado y otro que fuera anulado por este Tribunal, el mismo que a partir de su nulidad carece de todo valor legal, además que este aspecto así como la no consideración por parte del Ad quem de algunos reclamos hechos en la apelación, debieron haber sido acusados  en recurso de casación en la forma, en previsión del art. 254 del Código de Procedimiento Civil en la causal pertinente lo que no aconteció en Autos; concluyendo en consecuencia que estos yerros hacen insubsanable el recurso deducido, impidiendo que el Tribunal de casación aperture su competencia para ingresar en el mismo, deviniendo en  improcedente.

Por lo expuesto, corresponde a este Tribunal  emitir Resolución en la forma prevista por los arts. 271 num. 1) y 272 num. 2) del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 parágrafo I núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los arts. 271 núm. 2) y 272 núm. 2) del Código de Procedimiento Civil, declara IMPROCEDENTE el recurso interpuesto por Francisco Javier Claros Osinaga cursante de fs. 628 a 632, contra el Auto de Vista Nº -S-259/2013, con costas.

Se regula el honorario del abogado en la suma de Bs. 700.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgdo. Rita Susana Nava Durán.