TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A  C I V I L


Auto Supremo: 233/2014

Sucre: 16 de mayo 2014

Expediente: SC-27-14-S

Partes: Gaby Elva Urioste de Hurtado/Ricardo Gonzáles Parada.  

Proceso: Acción negatoria, reivindicación, desocupación, entrega de inmueble, y

               pago de daños y perjuicios.

Distrito: Santa Cruz.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 304 a 306 vlta., interpuesto por Ricardo Gonzáles Parada contra el Auto de Vista de 20 de diciembre de 2013, cursante de fs. 288 y vlta., pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en el proceso de Acción negatoria, reivindicación, desocupación, entrega de inmueble, y pago de daños y perjuicios, seguido por Gaby Elva Urioste de Hurtado contra Ricardo Gonzáles Parada, la contestación al recurso de fs. 308 a 309 vlta., la concesión de fs. 310, los antecedentes del proceso, y;

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:


El Juez Décimo Segundo de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de Santa Cruz dicta Sentencia de 08 de abril de 2013, cursante de fs. 145 a 146 vlta. de obrados, declarando probada en parte la demanda de fs. 19 a 20, interpuesta por Gaby Elva Urioste de Hurtado, en lo que corresponde a la acción negatoria, reivindicación, desocupación y entrega de inmueble, e Improbada en lo que corresponde al pago de daños y perjuicios. Se declara Probada la demanda reconvencional planteada por Ricardo Gonzáles Parada, respecto de la declaratoria de mejoras y el pago de las mismas.

Resolución de primera instancia que es apelada por la parte demandada, mediante escrito de fs. 274 a 276 vlta, que merece el Auto de Vista de 20 de diciembre de 2013, cursante a fs. 288 y vlta., que confirma totalmente la Sentencia de 08 de abril de 2013. Resolución de Alzada que es recurrida de casación en el fondo por lo parte demandada, que obtiene el presente análisis.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

1. El recurrente señala que la documentación de fs. 54 a 64, donde se observa la adjudicación por parte de la Cooperativa Multiactiva Ferroviaria Santa Cruz Ltda., en representación de ENFE al señor Germán Dorado Suárez, demuestra que es esta persona el poseedor inicial y adjudicatario del terreno en actual litigio. Situación que no habría sido valorada por el Tribunal de Apelación.

Asimismo la documentación señalada demostraría que desde la adjudicación, la posesión fue transferida por el Sr. Germán Dorado Suarez en favor de Justa Gómez de Dorado. Quien a su vez transfirió al Sr. Marcelo Velasco de la Barra. Y ella es quien transfiere dicho terreno a favor de su persona Ricardo Gonzáles Parada. Situación que como señaló anteriormente no habría sido valorada por el Tribunal a los efectos de la interpretación del art. 1453 del Código Civil.

Consiguientemente al no haberse analizado dicha situación, donde se demostraría que la demandante jamás estuvo en posesión en el Auto de Vista recurrido de casación, se habría infringido flagrantemente el art. 1453 del Código Civil, al comprobarse que no existió posesión en ningún momento de la parte demandante y por ende no se podría activar esta acción al no demostrar que ha “perdido” la posesión que pretende ahora reivindicarla.

La normativa civil sería clara al indicar que quien pretende instaurar una acción reivindicatoria debe demostrar que ha perdido la posesión. Cualquier otra interpretación que no se ajuste a lo establecido por el Código Civil vulneraría la seguridad jurídica y causaría una alteración del orden público el cual busca la paz social.

Si el Tribunal de casación observa, su persona posee toda la documentación que acredita que desde la adjudicación original por parte de la empresa Ferrocarriles ENFE, hasta su persona no habría habido alteración de su derecho como poseedor.

De la documental adjunta a fs. 16 y siguientes, se observa el Testimonio Nº 150/2003 de fecha 02 de septiembre de 2003, el cual versa sobre la protocolización de una minuta de préstamo de dinero con garantía hipotecaria que fuera otorgada a favor del Sr. Germán Dorado en su condición de adjudicatario, según consta a fs. 127 vlta. Y que curiosamente es firmado en calidad de apoderado del Barrio “Perla del Oriente” por el ciudadano Abad Maximiliano Virues Aponte, gestor del crédito para los adjudicatarios; entre ellos Germán Dorado; y que es además la persona que firma la documental presentada por la ahora demandante Gaby Urioste de Hurtado. Documentación falsa que habría inducido en error a los Jueces del Tribunal de Alzada.

La documentación adjunta al presente recurso demostraría claramente que se suscribió en fecha 08 de octubre de 1998, en la ciudad de La Paz, un acuerdo transaccional entre ENFE y los miembros de la Junta Vecinal “Perla del Oriente” y que fuera homologado por el Juez de Partido Ordinario en lo Civil de Santa Cruz. Documento que entre otros aspectos reconocería lo siguiente:

a) Reza el documento homologado, en su cláusula quinta, punto 5 e) lo siguiente: “Existiendo la posibilidad de que algunas personas no tengan actualmente sus minutas de adjudicación así como también para otorgar títulos a aquellos que serán levantados de los terrenos reconocidos a favor de los ex profesionales y llevados a los terrenos indicados en la cláusula tercera punto 3.b la empresa y los ex profesionales reconocen capacidad y personería para efectuar estas transferencias a las actuales apoderadas de los ex profesionales Martha Salazar con…”

Observa que dicho documento reconoce que existían adjudicatarios que no necesitaban minuta alguna pues ya la habían recibido. En cambio para los que no tenían, se facultaba a la Sra. Martha Salazar a expedirlos. Situación totalmente clara y que denota que el Sr. Abad Maximiliano Virues Aponte ha actuado al margen de la ley pues no tiene facultades de haber transferido ni medio metro de terreno a favor de la supuesta compradora que no es más que co-autora del delito de falsedad y estelionato por lo que recurriré ante las autoridad competente para hacer conocer éste hecho delictivo a fin de sentar precedente.

b) Observa también que ha fs. 3 vlta. del expediente consta la transcripción de un poder supuestamente otorgado el año 2003, el cual habría sido otorgado por los ex trabajadores de ENFE y por los vecinos de la Junta Vecinal “Perla del Oriente”. Sin embargo, se observa solo la firma de 14 personas, entre ellos los propios apoderados. Lo cual indicaría que son la mayoría de los vecinos y ex trabajadores no firmaron, careciendo de legitimidad el referido poder.

Que, en el Auto de Vista no se habría valorado esta situación y denotaría también la participación de funcionarios de DDRR en la tramitación irregular de ésta documentación, pues a la fecha sería el único caso de registro en DDRR donde se haya otorgado un poder al Sr. Abad Virues, por lo que solicita que en vista de la comisión de delitos de falsedad ideológica, falsedad material y uso de documento falsificado, previsto en los arts. 198, 199, 203 del Código Penal, en aras de la correcta administración de justicia y para sentar precedente porque no se puede dictar un Auto de Vista en base a documento falso, fraguados, falsificados y alterados, solicita que en el día pasen obrados al Ministerio Público es decir, el original de la supuesta documentación de propiedad de fs. 1 a 15 debiendo de quedar en su lugar fotocopias legalizadas, haciendo constar que a partir de la fecha se constituye en actor y parte civil.

3. En el Auto recurrido de casación al conculcar y transgredir los arts. 617 y 621 del Código de Procedimiento Civil, al valorar en base a una falsa documentación donde las supuestas 14 firmas fueron falsificados para sorprender al juzgador, se habría infringido flagrantemente los arts. 617 y 621 del Código de Procedimiento Civil.

Por las violaciones acusadas, al amparo de lo dispuesto por el artículo 250 y siguientes del Código de Procedimiento Civil formula recurso de casación contra el Auto de Vista de fecha 20 de diciembre de 2013, saliente de fs. 288, para que el Tribunal Supremo de Justicia, dicte resolución casando el Auto de Vista cuestionado, con costas.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

El recurso planteado por el recurrente carece de precisión jurídica en su contenido y petición, y no cumple con los requisitos formales de procedencia, no obstante, en previsión del principio de accesibilidad y de impugnación, regulados en la Constitución Política del Estado Plurinacional, y soslayando aquellos defectos se ingresa en el conocimiento del recurso planteado, con la finalidad de lograr que la Resolución que se emita se ajuste a los puntos reclamados y resulte pertinente a los agravios argumentados por la parte recurrente.

1. En éste agravio, la parte recurrente hace referencia a la documentación presentada como prueba de descargo que cursa de fs. 54 a 64, la misma que no habría sido valorada por el Ad quem.

Las primeras constituidas en fotocopias simples de fs. 54 a 56 que no tienen relevancia al caso de Autos por tratarse de documentación relativa  a otro bien inmueble; las segundas de fs. 57 a 63, referidas a terceras personas y a los antecedentes del bien inmueble signada como lote Nº 26; y las terceras de fs. 64 a 65, referida a un documento privado sobre compra de posesión y mejoras de terreno con reconocimiento de firmas y rúbricas suscrito por Marcela Velasco de la Barra, quien declarando ser propietaria de la posesión y mejoras del lote de terreno ubicado en el Barrio Perla del Oriente, Zona Este, UV. Nº 23, Manzano Nº 4, Lote Nº 26, Calle Pasillo Tres, con una superficie de 327.25 Mts.2 de la ciudad de Santa Cruz, cede la referida posesión y mejoras del terreno mencionado, en calidad de venta real y enajenación perpetua, en favor del ahora demandado Ricardo Gonzáles Parada, de donde se conoce que dicha posesión y mejoras adquiridas por el ahora recurrente corresponde a otro lote de terreno y no al bien inmueble objeto de litigio del presente caso de Autos.

Concluyéndose que el recurrente solo pretende inducir en error a éste Tribunal pretendiendo hacer entender de qué se trataría del mismo bien inmueble descrito en la Escritura Pública Nº 886/2009 que cursa de fs. 2 a 5, de donde se conoce que el bien inmueble objeto de litigio se encuentra ubicado en el Barrio Ferroviario “Perla del Oriente”, en la UV. Nº 23, Zona Este, Manzano Nº 14, Lote Nº 4 con una superficie de 294.75 mts.2, ubicación distinta de la anterior, por lo que en definitiva no se trata del mismo lote de terreno.

Por otro lado, y en relación a la falta de posesión argüida por el recurrente, debemos referir que la jurisprudencia emitida por éste Tribunal en el Auto Supremo Nº 79/2013 de 04 de marzo 2013 y otros, ha establecido: ”que no es necesario estar en posesión material de la cosa para reivindicar,…donde además de lo indicado, estableció que la acción reivindicatoria es una acción real, pues nace del derecho de propiedad que tiene este carácter; y está dirigida a obtener el reconocimiento del citado derecho y la restitución de la cosa a su dueño. La acción real de reivindicación, es la que la ley le otorga al propietario de una cosa singular de la que no está en posesión, para que la ejerza contra la persona que está poseyéndola”.

En el caso analizado la actora Gaby Elva Urioste de Hurtado, ha demostrado título auténtico de propiedad como se evidencia de las Escrituras Públicas de fs. 2 a 5 y de fs. 6, lo que no ha acontecido con el demandado quien no ha demostrado de manera plena y concluyente su derecho sobre el lote de terreno cuestionado, surgiendo por tanto la certeza de que la actora, aun no estando en posesión física del terreno, empero, contaba con la posesión civil, le asiste todo el derecho respecto del inmueble en litigio, porque es el elemento que habilita al titular para perseguir la cosa de manos de quien se encuentre y lograr la restitución de la misma.

Por lo analizado se concluye que los Tribunales de Instancia han reconocido el mejor derecho de la actora, apreciando y valorando la prueba sin faltar a reglas de criterio legal, por lo que no es evidente la infracción del art. 1453 del Código Civil, máxime si es el propio demandado quien reconoce el derecho propietario de la actora en su demanda reconvencional porque solo peticiona reconvencionalmente la declaratoria de propiedad de mejoras y pago de indemnización.

2. En este punto nos referiremos al segundo y tercer agravio, por ser reiterativo éste último respecto al segundo.

El recurrente de manera incoherente hace referencia a que la documentación presentada por su persona que cursa de fs. 116 a 131 sería falsa, y que habría inducido en error al Tribunal de Alzada; y de la documentación que adjunta en fotocopias simples se evidenciaría que el Sr. Abad Maximiliano Virues Aponte no estaba facultado para transferir ninguna propiedad a la ahora actora sino se habría otorgado dicho poder a la Sra. Martha Salazar; de igual manera refiere que la prueba documental de fs. 3 vlta., adjuntada por la parte actora, donde constaría una transcripción de poder, carecería de legitimidad por haber sido firmado por solo 14 personas, situación que no habría sido valorada por el Tribunal de Alzada, por lo que evidenciándose la comisión de delitos de falsedad ideológica, falsedad material y uso de documento falsificado, solicita que en el día pasen obrados al Ministerio Público, haciendo constar que se constituye en actor y parte civil. Acusando finalmente al Tribunal de Alzada de haber conculcado y transgredir los arts. 617 y 621 del Código de Procedimiento Civil, al valorar en base a una falsa documentación donde las supuestas 14 firmas habrían sido falsificadas para sorprender al juzgador.

Al respecto corresponde señalar que de la Escritura Pública de fs. 2 a 5, complementada por la Escritura Pública de fs. 6, se evidencia que los señores Abad Maximiliano Virues Aponte, Hernán Añez Añez, y Rodolfo Cabrera Barba en su condición de apoderados legales de los profesionales y ex trabajadores de ENFE (EX PROFESIONALES), transfieren el derecho propietario del bien inmueble ubicado en el Barrio Ferroviario “Perla del Oriente”, en la UV. Nº 23, Zona Este, Manzano Nº 14, Lote Nº 4 con una superficie de 294.75 mts.2, a favor de Gaby Elva Urioste de Hurtado. Transcribiéndose en dicho testimonio la parte pertinente del poder Nº 328/2003, donde los ex trabajadores de ENFE Red Oriental y los vecinos de la Junta Vecinal del Barrio Ferroviario “Perla del Oriente” otorgan poder especial amplio y suficiente a favor de los señores Abad Maximiliano Virues Aponte, Hernán Añez Añez, y Rodolfo Cabrera Barba para que puedan realizar transferencias definitivas sin restricción, donde no se menciona ni se faculta a la señora Martha Salazar a expedir minutas. Si bien la parte demandada acusa a éstos documentos de fs. 116 a 131 de falsos, empero no acredita dicha falsedad con prueba idónea y fehaciente, no existiendo en consecuencia fundamento para su agravio.

En relación a lo precedentemente examinado debemos manifestar también que la parte demandada no ha objetado la prueba de fs. 3 vlta., producida por la parte actora, en la instancia y el momento pertinente y con los recursos que la ley le franquea, por lo que su derecho ha dicho reclamo ha precluído. 

Por otro lado, si considera que la prueba presentada es falsa, en virtud a su derecho subjetivo tiene la vía expedita para acudir ante la instancia llamada por ley y hacer valer su derecho en relación a la falsedad de la prueba acusada; no obstante, mientras no existe sentencia ejecutoriada que acredite dicha falsedad, dichos documentos presentados tienen el valor que conforme a ley les fueron otorgados por los Tribunales de instancia.

Por lo que no existiendo constancia de falsedad de los documentos acusados de falsos por el ahora recurrente, no se evidencia que se haya conculcado y transgredido los arts. 617 y 621 del Código de Procedimiento Civil, resultando infundados los agravios descritos en éste punto.

Por todo lo mencionado el recurso de casación de fs. 304 a 306 vlta., se enmarca en lo determinado por los arts. 271 núm. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 parágrafo I, núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial Nº 025 de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los arts. 271 núm. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 304 a 306 vlta. de obrados, interpuesto por Ricardo Gonzáles Parada. Con costas.

Se regula como honorario profesional la suma de Bs. 700.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.