TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

  S A L A  C I V I L


Auto Supremo: 224/2014

Sucre: 15 de mayo 2014

Expediente: SC-20-14-S

Partes: Banco Unión  S.A. c/ Compañía de Seguros Illimani S.A., Sergio

            Sanzetenea Dimoff y María del Pilar Sanzetenea Dimoff.

Proceso: Demanda de cumplimiento de una garantía con el pago de un seguro de

              crédito.

Distrito: Santa Cruz.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 504 a 507, interpuesto por Seguro Illimani S.A. representado por Enrique Lacoa Rodríguez, contra el Auto de Vista de 31 de octubre de 2013, cursante de fs. 498 a 499, pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso ordinario de cumplimiento de una garantía con el pago de un seguro de crédito seguido por Banco Unión S.A. contra Compañía de Seguros Illimani S.A., Sergio Sanzetenea Dimoff y María del Pilar Sanzetenea Dimoff, la concesión del recurso a fs. 513, los antecedentes del proceso;  y,

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez de Partido Primero en lo Civil y Comercial de la ciudad de Santa Cruz, pronunció Sentencia de 23 de febrero de 2011, cursante de fs. 452 a 461 y vlta., que declara improbada la demanda interpuesta por Banco Unión S.A., con relación a la Aseguradora Illimani S.A., y probada en lo concerniente a los codemandados Sergio Sanzetenea Dimoff y María del Pilar Sanzetenea Dimoff; se declaran improbadas las excepciones perentorias y demanda reconvencional interpuesta por la Aseguradora Illimani S.A., y se ordena a los codemandados Sergio Sanzetenea Dimoff y María del Pilar Sanzetenea Dimoff cancelar al Banco Unión S.A. la suma de $us. 27.000 al tercer día de su legal notificación.

Resolución de primera instancia que es apelada por Banco Unión S.A., por memorial de fs. 467 a 473 y vlta., que merece la emisión del Auto de Vista de 31 de octubre de 2013, cursante de fs. 498 a 499, que revoca parcialmente la Sentencia apelada, consiguientemente declara probada la demanda principal con relación ala Compañía de Seguros Illimani S.A. e improbada con relación a los codemandados Sergio Sanzetenea Dimoff y María del Pilar Sanzetenea Dimoff, se dispone que Seguros Illimani S.A. pague a la institución bancaria el importe de $us. 27.000 según se reconoce por comunicación de fecha 05 de junio de 2002 como indemnización del siniestro; Resolución de Alzada que es recurrida de casación en el fondo por Seguros Illimani S.A., que obtiene el presente análisis.

CONSIDERANDO II:

HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

El recurrente acusa violación, falsa interpretación y peor aplicación de los arts. 979 y 987 del Código de Comercio, refiriendo que el proceso ejecutivo, en la documentación que se acompaña, está el contrato de mutuo con garantía de un vehículo vagoneta Mitsubishi con placa de control 1168 DZD, contrato donde no interviene Seguros Illimani S.A., acota que en ésta acción no se pudo cobrar la deuda a los deudores, y haciendo referencia  a la Sentencia en ese proceso (fs. 106 a 107) señala que entre el asegurado Sergio Sanzetenea y el banco Unión S.A. no hubo la intención de endosar la póliza obtenida de la Compañía de Seguros Illimani S.A.

Haciendo referencia al contrato de seguro de automotores Nº LP-91-0513490, suscrita entre Seguros Illimani S.A. y Sergio Sanzetenea  Dimoff el Banco Unión S.A, no formó parte.

Hace referencia a un acuerdo transaccional de 16 de febrero de 2005 que evidencia dice- que Renán Ribera Arancibia en representación de Sergio Sanzetenea Dimoff recibe de Seguros Illimani la suma de $us. 24000 como pago de liquidación y transacción final por el siniestro.

Agrega que la desesperación del Banco Unión S.A. inicia una demanda ordinaria de cumplimiento de garantía con el pago de un seguro, que en lo que concierne a las excepciones de prescripción planteadas por la parte recurrente la Sentencia establece que las mismas no surten efecto contra el demandante habida cuenta que no existe relación contractual entre el Banco Unión S.A. y la Aseguradora, aspecto que los vocales han realizado una valoración, aplicación e interpretación errónea de los arts. 979 y 987.

Se acusa también la violación, falsa interpretación y peor aplicación de los arts. 522 y 988 del Código de Comercio, a lo que fundamenta que el Auto de Vista  Nº 383 ha violentado las leyes aplicando falsa y erróneamente al revocar parcialmente la Sentencia de fecha 23 de febrero, ya que no tomó en cuenta los artículos del endoso y tomador y la calidad de beneficiario descritos en los arts. 522 y 988 del Código de Comercio que se necita para exigir el cumplimiento de la cobertura de un riesgo; se  transcribe luego las normas aludidas.

Finalmente solicita concederle el recurso de casación y el Tribunal advertido de la veracidad de sus acusaciones casará el Auto de Vista Nº 383 de 31 de octubre de 2013, manteniendo la Sentencia dictada que declara improbada la demanda interpuesta por el Banco Unión S.A.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Conforme señala el art. 106 del Código Procesal Civil, en vigencia anticipada, la nulidad podrá ser declarada de oficio o a pedido de parte, en cualquier estado del proceso, cuando la Ley la califique expresamente; asimismo el art. 16 de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial señala que los magistrados y magistradas, vocales y Jueces, deberán proseguir con el desarrollo del proceso, sin retrotraer a las etapas concluidas, excepto cuando existiera irregularidad procesal reclamada oportunamente y que viole su derecho a la defensa conforme a  ley.

En mérito al régimen normativo descrito referente a la nulidad procesal, se debe señalar que resulta de trascendental importancia relievar que para el acaecimiento de una nulidad procesal es necesario que este haya sido reclamado oportunamente y que ese vicio sea de trascendencia a la vulneración del derecho a la defensa de los contendientes; en esa lógica, es aún más limitativo aplicar una nulidad procesal de oficio, ya que si en la revisión de los actos procesales desarrollados se verifica irregularidad, que no fue reclamada oportunamente, no es permisible para el juzgador fundar en ese acto irregular la nulidad por su sola presencia, sino que deberá compulsar la trascendencia de aquel de manera objetivaen relación al derecho a la defensa de una de las partes; a lo que se debe enfatizar que no toda irregularidad procesal afianza una nulidad de obrados, pues la regla es la protección de los actos desarrollados en proceso y su excepción es la nulidad.

Al respecto al Auto Supremo Nº 83/2013 señaló que: “Sólo es pertinente proceder con la nulidad de oficio cuando la vulneración al debido proceso en cualquiera de sus componentes tiene incidencia directa en el derecho a la defensa y se ve seriamente afectado de forma objetiva; pues la nulidad de obrados es una medida excepcional, aplicable con criterio restrictivo en caso de verificarse indefensión efectiva, lo contrario significa un quebrantamiento al derecho a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones que tienen las partes, que el Estado garantiza por medio de sus órganos de justicia, conforme señala el art. 115 parágrafo II de la Constitución Política del Estado”.

En el caso presente, conforme se advierte del desarrollo del proceso, ante el desconocimiento del domicilio de los codemandados Sergio Sanzetenea Dimoff y María del Pilar Sanzetenea Dimoff por parte de la entidad bancaria, la citación de la demanda fue efectuada mediante edictos conforme señala el art. 124 del Código de Procedimiento Civil, asimismo, se les nombró defensor de oficio, para que a su nombre asuma defensa en el presente proceso. Conforme ese antecedente la Sentencia de 23 de febrero de 2011, después de la notificación al defensor de oficio, también se notificó mediante edictos a los codemandados conforme se evidencia de las literales de fs. 488 a 489, actos de comunicación necesarios por la situación procesal encontrada. Radicado el proceso ante el Tribunal de apelación, el Auto de Vista de 31 de octubre de 2013 emitido, no fue notificado al defensor de oficio ni tampoco se procedió con la notificación mediante edictos; ya que conforme la diligencia de fs. 501 la notificación a Sergio Sanzetenea Dimoff y María del Pilar Sanzetenea Dimoff fue realizado mediante cedulón en secretaría de despacho, notificación que desde luego contrasta con los antecedentes antes descritos, por cuanto en proceso ambos codemandados, al desconocerse su domicilio, debían ser notificados mediante edictos como también se debió notificar al defensor de oficio, situación procesal soslayada por el Oficial de Diligencias, que tiene como consecuencia la vulneración del derecho a la defensa de esos codemandados, habiéndoles dejado en indefensión, ya que al no hacerle conocer la Resolución de vista al defensor de oficio y se publicite la misma se ha impedido que se pueda acudir a la impugnación posterior.

Por lo descrito, ante la irregularidad advertida se hace necesario invalidar los actos procesales hasta la notificación con el Auto de Vista a objeto de que se proceda a una nueva notificación con las formalidades inherentes a la situación de los codemandados Sergio Sanzetenea Dimoff y María del Pilar Sanzetenea Dimoff, ante la indefensión en que han sido sometidos, por la carencia ya descrita, al respecto la SCP Nº 0542/2014 de 10 de marzo de 2014 señaló que: “…cabe precisar que nuestro ordenamiento jurídico, reconoce a la notificación como un medio idóneo para hacer conocer a los justiciables y administrados los actuados procesales y actos administrativos. No es posible concebir que la administración de justicia, no transmita de manera eficaz sus actuados, esto por razones de orden público y respeto al principio fundamental de servicio a los intereses de la colectividad y al principio de publicidad; en otras palabras, el hecho de existir ausencia de notificación o procederse con una notificación incorrecta, es desconocer la esencia y facultad de dar lugar al nacimiento de los propios actos procesales, vulnerándose los derechos al debido proceso y a la defensa”.

Se llama severamente la atención a los Vocales que conforman Sala por la inobservancia de su despacho en la tramitación de la causa, que se hace extensible a la Secretaria de ese Tribunal y al Oficial de Diligencias por no observar su labor de apoyo jurisdiccional.

En consecuencia éste  Tribunal Supremo de Justicia, por el razonamiento vertido, sin realizar consideraciones en torno al  recurso planteado, emite resolución en la forma determinada por el art. 271 núm. 3) del Código de Procedimiento Civil.


POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 parágrafo I núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del los arts. 271 núm. 3) y 275  del Código de Procedimiento Civil, ANULA o brados hasta fs. 513, debiendo al Tribunal Ad quem cumplir con la notificación con el Auto de Vista y demás actuados posteriores a Sergio Sanzetenea Dimoff y María del Pilar Sanzetenea Dimoff mediante edictos, además de notificársele al defensor de oficio asignado al caso, debiendo remitir inmediatamente obrados ante éste Tribunal.

Se impone multa a los Vocales, a la Secretaria y al Oficial de Diligencias de la Sala Civil Primera de un día de haber, debiendo notificarse para el efecto a la Dirección General Administrativa y Financiera.

En virtud a lo previsto en el art. 17 parágrafo IV de la Ley del Órgano Judicial Nº 025, remítase copia de la presente resolución al Consejo de la Magistratura a los fines consiguientes de ley.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.