TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                                S A L A  C I V I L

Auto Supremo: 219/2014

Sucre: 15 de mayo 2014

Expediente: CH-91-13-S

Partes: Cinthya Teresa Poveda Mansilla. c/ Miriam Tardío Sardan y Alberto Pinto

             Benítez.

Proceso: Fraude procesal

Distrito: Chuquisaca

VISTOS: El recurso de casación en la forma o de nulidad de fs. 473 a 476 de actuados, interpuesto por Miriam Tardío Sardan Vda. de Poveda contra el Auto de Vista Nº 517/2013 de 25 de octubre de 2013, cursante a fs. 463 a 464, pronunciado por la Sala Civil y Familiar Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso ordinario de fraude procesal seguido por Cinthya Teresa Poveda Mansilla contra Miriam Tardío Sardan y Alberto Pinto Benítez; la respuesta al recurso de fs. 481 a 483, los antecedentes del procesales, Auto de concesión del recurso de fs. 484; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Que, tramitado el proceso señalado al exordio, por Sentencia Nº 80 de 17 de septiembre de 2012, el Juez Primero de Partido de Familia, declaro probada la demanda de fraude procesal, Resolución que fue apelada por la demandada, habiendo la Sala Civil y Familiar Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, por Auto de Vista Nº 52/2013 de fecha 19 de febrero anulado la Sentencia de primera instancia, Resolución que fue objeto de la interposición de recurso de casación en la forma, en merito a dicho recurso, por Auto Supremo Nº 280 de fecha 27 de mayo de 2013, se declaró infundado el recurso interpuesto, hecho que motivo que el Juez A quo, que conoció la causa pronunciara nueva Sentencia de fecha 23 de agosto de 2013, por el que declaró probada la demanda de fs. 185 a 193 y vta., e improbada la demanda reconvencional por la legalidad y valor de cosa juzgada de la Sentencia 39/2011 de 25 de abril, pronunciada dentro del proceso ordinario de nulidad de matrimonio a instancia de Alberto Pinto Benítez, asimismo declara improbada la excepción perentoria de falta de acción de derecho en la actora para demandar fraude procesal, sin costas y sin lugar a los daños y perjuicios.

Resolución de primera instancia que es impugnada por la demandada Mirian Tardío Sardan Vda. de Poveda y que fuera resuelta por el Tribunal de Alzada por Auto de Vista Nº 517 de fecha 25 de octubre de 2013, por el que anuló la Sentencia, Resolución que es impugnada por Miriam Tardío Sardan, a través del recurso de casación en la forma cursante de fs. 473 a 476, recurso que es motivo de Autos.

CONSIDERANDO II

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN EL RECURSO DE CASACIÓN:

En la forma:

La recurrente acusa que el Tribunal de Alzada si bien anuló la Sentencia, debido a que la misma no contiene decisiones claras, positivas y precisas en su parte resolutiva, sin embargo no consideró que el proceso adolece de errores anteriores a este actuado procesal, como ser la calificación del proceso, por cuanto el Juez A quo al amparo del art. 3 inc. 1) del Código de Procedimiento Civil, califico el proceso como ordinario de puro derecho en apego a lo dispuesto por el art. 354-II de la misma norma, sin percatarse que conforme a la demanda, contestación, demanda reconvencional y su consiguiente respuesta las partes expusieron hechos controvertidos que merecen ser dilucidados y probados conforme a derecho por las partes, motivo por el cual el Juez de primera instancia debió calificar el proceso como ordinario de hecho y proceder a la apertura de periodo de prueba conforme disponen los arts. 354. I con relación al 370 y 371 del Código de Procedimiento Civil, y al no haber procedido a anular obrados hasta dicho actuado procesal el Tribunal de Alzada vulneró su derecho a la defensa, debido a la imposibilidad de desvirtuar los argumentos de la ilegitima actora, citando al efecto jurisprudencia sentada a través del Auto Supremo Nº 126/2012 de 17 de julio.

Culmina solicitando se anule el Auto de Vista recurrido, de conformidad al art. 275 del Adjetivo Civil, con costas.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

De acuerdo a la configuración procesal del recurso de casación en la forma,  regulada por el art. 254 del Código de Procedimiento Civil, el mismo procede por haberse violado las formas esenciales del proceso, estableciendo varios casos de procedencia como el previsto en el numeral 7 que establece: “faltando alguna diligencia o trámite declarados esenciales, falta expresamente penada con nulidad”.

Ahora bien, la nueva forma de impartir justicia que nace a partir de nuestra norma fundamental, otorga mayor preponderancia a la consideración del derecho sustantivo de los litigantes en relación a la forma de tramitación de la causa, pues, recordemos que el proceso, como el ordinario civil, no es un fin en sí mismo, sino es un medio a través del cual las partes en controversia pretenden el reconocimiento de sus derechos. Entonces, lo que se pretende a través de la tramitación de una causa es impartir justicia no así la perfección procesal. Así lo entendemos a partir de los principios glosados en el art. 180 parágrafo I de la Constitución Política del Estado, destacándose entre ellos, los principios de celeridad, eficacia, tutela judicial efectiva y verdad material.

Sin embargo, lo expuesto no implica que no deba tenerse en cuenta el derecho procedimental en la sustanciación de la causa porque constituye el mecanismo legal que brinda seguridad jurídica a las partes que desde el primer momento saben cuál la hermenéutica jurídica en base a la que se resolverán los hechos controvertidos. Por ello, cuando se acusa la existencia de errores “in procedendo” en el trámite de la causa habrá que tener en cuenta la magnitud del mismo y su incidencia en la resolución del conflicto, lo que implica la concurrencia de los principios de especificidad, trascendencia y convalidación. Condiciones sin la cuales no se puede determinar la nulidad en el espectro del art. 17 de la L.O.J.

En el caso de Autos, acusa que en el proceso existen nulidades anteriores al pronunciamiento de la Sentencia que fue anulada por el Tribunal de Alzada, como ser la calificación del proceso, pues el Juez A quo procedido a la calificación del mismo como ordinario de puro derecho, cuando lo correcto era que sea calificado como ordinario de hecho, debido a los hechos controvertidos expuestos tanto en la demanda, contestación, demanda reconvencional y su consiguiente respuesta, motivo por el que el Juez de instancia debió abrir el periodo de prueba, situación que no fue observada por el Tribunal de Alzada y que constituye vulneración al derecho de defensa contraviniendo la jurisprudencia sentada mediante el Auto Supremo Nº 126/2012 de 17 de julio.

De la revisión de obrados, se tiene que la resolución recurrida anulo el proceso hasta la dictación de una nueva Sentencia por considerar que dicha Resolución se limita a declarar probada la demanda sin asumir ninguna decisión que se vincule a una operación de los efectos de la Sentencia y la pretensión deducida, más allá de que este Tribunal no comparta ese criterio, siendo el recurso de casación equiparable a una demanda de puro derecho, nos encontramos constreñidos a sujetar nuestro razonamiento y pronunciamiento a los términos de la impugnación deducida por la recurrente, en ese sentido diremos que, pese a dicha anulación la recurrente pretende que el proceso se anule hasta el Auto de calificación de proceso, al respecto se advierte que posterior a la admisión de la demanda principal, reconvencional y sus respectivas respuestas, el Juez de la causa, por Auto de fecha 27 de abril del 2012, cursante a fs. 256 de obrados, procedió a calificar el proceso como ordinario de puro derecho, resolución que fue objeto de complementación y enmienda a solicitud de la actora, providencias con las que las se procedió a notificar a las partes, conforme se advierte de las diligencias de fs. 257 y 262 de obrados, motivo por el cual los sujetos procesales en aplicación a lo previsto por el art. 354 parágrafo II del Código de Procedimiento Civil, por su turno, presentaron memoriales de réplica (fs. 276 y 267 a 268) presentada por la actora, de fs. 276 y vta., y de duplica presentados por el co demandado Alberto Pinto Benítez y por la recurrente cursante de fs. 283 a 285, actuados que dieron pie para que el Juez de la causa, mediante decreto de fecha 17 de julio de 2012, dictara Autos para Sentencia, siendo esa la secuencia de los actos dentro de la presente causa, de los mismos se advierte que las partes no objetaron la calificación de proceso como ordinario de puro derecho, sino más bien consintieron dicha calificación al presentar los memoriales de réplica y duplica como se refirió, motivo por el cual opero el principio de preclusión, que según el tratadista Eduardo Couture en su Libro Fundamentos del Derecho Procesal Civil señala: "El principio de Preclusión está representado a que las diversas etapas del proceso se desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el regreso a etapas y momentos procesales ya extinguidos y consumados" consecuentemente habiendo convalidado dicha situación "que resulta normalmente de tres situaciones, a) por no haber observado el orden u oportunidad dado por ley para la realización de un acto, b) por haberse cumplido una actividad incompatible con el ejercicio de otra; c) por haberse ejercido ya una vez, válidamente esa facultad (consumación propiamente dicha)". Que, también está íntimamente ligado a lo que es el principio de convalidación, que tiene lugar cuando los justiciables no ejercen en forma oportuna o legal los recursos previstos por la ley adjetiva. Si los procesos deben sustanciarse en forma ordenada, así también las partes deben exponer sus reclamaciones dentro el tiempo y en la forma debida, esto por un elemental sentido de seguridad jurídica. Por consiguiente no se puede concebir la invalidación del proceso hasta el Auto de relación procesal, toda vez que las partes tuvieron la oportunidad de objetar la calificación de proceso, concretamente la parte demandada en cuanto a la calificación de proceso como ordinario de puro derecho.

Con referencia a la jurisprudencia contenida en el Auto Supremo Nº 126/2012 de fecha 17 de julio, de la lectura del mismo se advierte que el mismo fue dictado por la Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo, por el que se dispuso la nulidad de obrados, hasta una nueva calificación de proceso por existir hechos controvertidos en aquella causa sujetos a probanza, sin embargo al respecto cabe referir que el razonamiento del Tribunal Liquidador, se sustenta en una errónea comprensión del derecho en el sentido de considerar que la calificación del proceso como ordinario de hecho o de puro derecho depende exclusivamente de la contradicción de la parte demandada pudiera argumentar respecto a la pretensión de la parte demandante, criterio que resulta errado, en virtud que la calificación del proceso como ordinario de hecho o de puro derecho, depende de la     existencia “de hechos contradictorios que debieran ser probados”, la necesidad de probar  los hechos contradictorios alegados es lo que en definitiva determina la calificación de proceso como ordinario de hecho; en otras palabras, la necesidad de mayor prueba a la ya presentada al proceso respecto a los hechos controvertidos,  es lo que justifica la calificación del proceso, no así la alegación de hechos contradictorios, como erradamente lo entendió el tribunal Liquidador, razón por la cual ese Auto supremo no puede ser asimilado como línea jurisprudencial vinculante por este Tribunal, en consideración a la manifiesta interpretación errónea que contiene, no pudiendo ser inducido por la parte recurrente a una errada interpretación de la norma.

Consecuentemente, corresponde a este Máximo Tribunal fallar conforme disponen los arts. 271 núm. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil;

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42  parágrafo I núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial de fecha 24 de junio de 2010, y en aplicación de los artículos 271-2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara  INFUNDADO el recurso de casación en la forma interpuesto por Miriam Tardío Sardan Vda. de Poveda contra el Auto de Vista Nº 517/2013 de 25 de octubre de 2013, cursante de fojas 463 a 464, pronunciado por la Sala Civil y Familiar, Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca. Con costas.

Habiéndose dado respuesta al recurso, se regula el honorario profesional del Abogado patrocinante de la parte demandante en la suma de Bs. 1.000.-

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Relatora: Mgda Dra. Rita Susana Nava Durán.