TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

    S A L A   C I V I L



Auto Supremo: 210/2014

Sucre: 9 de mayo 2014

Expediente: CH 8 14 - S

Partes: Mary Caballero Siles. c/ Jorge Ramón Caballero Siles y Norah

            Sara Caballero Siles.

Proceso: Rescisión por lesión

Distrito: Chuquisaca.


VISTOS: Los recursos de casación de fs. 540 a 542 vlta. y de fs. 552 a 554, interpuesto por José Martínez Miranda en representación de Jorge Ramón Caballero Siles y por Norah Sara Caballero Siles, respectivamente, contra el Auto de Vista Nº SII-612/2013 de 19 de noviembre de 2013, de fs. 523 a 529 vlta; pronunciado por la Sala Civil, Comercial y Familiar Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, en el proceso ordinario de rescisión por lesión seguido por Mary Caballero Siles contra Jorge Ramón y Norah Sara Caballero Siles; las respuestas a los recursos de fs. 546 a 548 y de fs. 560 a 561 vlta.; el Auto de concesión de fs. 569; los antecedentes del  proceso, y:


CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Mary Caballero Siles Vda. de Otondo, de fs. 62 a 65 vlta., adjuntó literales de fs. 1 a 60, demanda la rescisión de contrato de venta por lesión amparada en los arts. 561 y 563 del Código Civil señalando que juntamente sus cinco hermanos se declararon herederos del inmueble ubicado en la calle Copacabana Nº 191 Barrio Senac registrado en 18 de marzo de 2004, de 435 m2, correspondiéndole a cada uno la superficie de 72,5 m2, del inmueble. Al encontrarse en estado de necesidad que incluso hipotecó la alícuota que le correspondía, sus hermanos Norah Sara y Jorge Ramón le propusieron una oferta de compra del 50% sobre su porción al igual que a sus otras hermanas, previa tasación del precio comercial, le persuadieron a suscribir dos minutas de transferencia de 5 de octubre de 2011: la primera a favor de Jorge Ramón transfiriéndole el 50% de la alícuota que le corresponde, y la segunda a Norah Sara del otro 50%, en ambos documentos unilateralmente establecieron el precio de Bs.38.000 haciendo un total de Bs.76.000 por todo el inmueble incluyendo sus propias porciones que dividido entre los seis copropietarios les correspondía Bs.12.666, cuando en realidad el precio del 50% de cada parte y el total del precio es de Bs.248.696 tomando como simple parámetro el precio catastral o base imponible establecido por la Alcaldía para el pago de impuestos sin contar con el precio comercial, el monto que cancelaron no asciende ni al 30% del precio real y comercial del inmueble lo cual constituye lesión que atenta a la igualdad de las contraprestaciones, los compradores cancelaron por debajo del 50% del valor real del inmueble; no hay relación entre contraprestaciones, es desproporcional al precio real y atenta y excede a la mitad del precio real. Estando reatada a varias obligaciones pecuniarias, su mal estado de salud, ligereza e ignorancia ocasionaron que suscriba las dos minutas referidas, lo cual constituye lesión porque sus compradores aprovecharon esas necesidades.

Jorge Ramón Caballero Siles responde de fs. 92 a 93, señalando que a través de los recibos de 27 y 29 de septiembre de 2011, debidamente reconocidos canceló $us. 10.362,86 o su equivalente a Bs. 72.333,76 a Gloria Sara y Ruth Isabel Caballero Siles por la acción que cada una tenía en el inmueble que sumados ascienden a Bs. 144.665,52, monto superior a la indicada en la minuta de compraventa de 5 de octubre de 2011, consignada a pedido y conveniencia de las vendedoras, siendo este pago el correspondiente al 50% del valor del inmueble y del otro 50% de las acciones de las restantes hermanas Mary y Blanca Margarita Caballero Siles se hizo cargo de cancelar Norah Sara, y que sumados ambos pagos tendríamos el valor total del inmueble de Bs. 289.331,04 superior al valor catastral y coincide con el valor comercial estimado en $us. 62.177,20 evacuado en el contrato de venta con arras suscrito por todos los hermanos el 2 de septiembre de 2011.

La Juez Registradora de DD.RR, a fs. 97 contesta indicando que la matrícula 1011990029569 actualmente corresponde a Norah Sara Caballero Siles sobre la superficie de 217,50 m2; la matrícula 1011990061001 con la superficie de  217,50 m2 corresponde a Jorge Ramón Caballero Siles. La demandante transfiere su acción en las dos matrículas.

Norah Sara Caballero Siles a fs. 146 a 148 vlta., responde manifestando que en cumplimiento al acuerdo transaccional de 24 de mayo de 2012, el 5 de octubre de 2011 todos los hermanos se reunieron en el bufete del abogado de la demandante. El avalúo del inmueble determinó un valor final de $us. 62.177,20 que divididos entre los seis hermanos, la alícuota de cada uno fue de $us. 10.362,86 con ese antecedente firmaron la minuta de transferencia y luego en la Notaría de Fe Pública Nº 16 el reconocimiento de firmas donde la actora se negó a firmar pero ahora la demandante no dice que se negó a recibir el dinero de la parte que le correspondía pese a que reiteradamente la buscó para cancelarle por lo que dicho monto hasta hoy se encuentra en su poder, sin embargo, inicia un proceso arguyendo lesión en el precio refiriendo que su familia se aprovechó de sus necesidades económicas, su ignorancia cuando ella es maestra de Estado quien al momento de suscribir la minuta se encontraba en uso de sus facultades mentales y asesorada, posiblemente la ligereza por sus deudas con el banco o quien sabe. Lo que ocurrió fue que en la minuta se inserta un precio ficto menor a la base imponible debido al cálculo que se realiza en la Alcaldía entre la cancelación del impuesto a la transferencia tomando como referencia el monto mayor entre la minuta y la base imponible del inmueble, por ese motivo se consignó el precio aparente de Bs. 38.500 pero en el contradocumento figura el precio real de la venta, de lo contrario, los demás hermanos hubieran iniciado oportunamente el proceso que corresponda.   

El Gobierno Municipal de fs. 181 y vlta., contesta señalando que no es parte en el proceso y no está determinada la litis consorcio pasiva debido a que simplemente se pondrá a su conocimiento una eventual sentencia a dictarse  por lo que no puede declararse la rebeldía de dicha entidad.

Sustanciado el proceso en primera instancia, el Juez de Partido Primero en lo Civil y Comercial de la ciudad de Sucre, mediante Sentencia de 19 de junio de 2013 de fs. 468 a 476 vlta., declaró Improbada la demanda, declarando no ha lugar a la acción de rescisión demandada de las dos minutas de transferencia de la alícuota parte de 5 de octubre de 2011, contenidos en los testimonio de propiedad Nos. 47/2012 (fs. 75-79) y 64/2012 (fs. 119-125), manteniendo todo el valor legal de ambos instrumentos; No ha lugar la cancelación de sus registros en Derechos Reales y en la Alcaldía Municipal.

En apelación la referida Sentencia, interpuesto por la actora, la Sala Civil, Comercial y Familiar Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, por Auto de Vista de 19 de noviembre de 2013 de fs. 523 a 529 vlta., revoca totalmente la Sentencia disponiendo declarar probada la demanda de rescisión de contrato por lesión y sin valor los contratos de venta del inmueble a través de las minutas de 5 de octubre de 2011 en la alícuota parte que corresponde a la demandante. Contra esta resolución de segunda instancia, los demandados Jorge Ramón y Norah Sara Caballero Siles, recurren de casación.


CONSIDERANDO II:

HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Recurso de Casación de fondo de José Martínez Miranda en representación de Jorge Ramón Caballero Siles de fs. 540 a 542 vlta.:

En base a esos antecedentes, pide se Case el Auto de Vista manteniendo subsistente la Sentencia de primera instancia.

Recurso de Casación de Norah Sara Caballero Siles de fs. 552 a 554:

En base a estos antecedentes solicita se Case el Auto de Vista confirmando la Sentencia en virtud al art. 253-1) y 255-1) y siguientes del Código de Procedimiento Civil.


CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Recurso de Casación de fondo de José Martínez Miranda en representación de Jorge Ramón Caballero Siles:

Respecto al primer agravio referido a que el elemento objetivo que configura la lesión en el caso de Autos no se dio porque el recurrente no adquirió en compraventa la acción de la demandante, ni ha pagado por ello ninguna suma menos una suma menor al 50%, por tanto, son inaplicables los arts. 561 y 563 del Código Civil.

Al respecto, debemos señalar que son dos los elementos que configuran la lesión: 1) El elemento objetivo constituido por el perjuicio económico, que debe ser más de la mitad del valor. La desproporción evidente de las prestaciones. 2) El subjetivo representado por la ligereza, ignorancia, inexperiencia o estado de necesidad, que coarta la libertad del contratante perjudicado.

Para determinar el elemento objetivo de la lesión dentro del contrato de transferencia de inmueble celebrado entre partes el 05 de octubre de 2011, corresponde establecer si hubo o no desproporción entre la prestación realizada por los demandados con la contraprestación otorgada por la demandante. De la revisión de antecedentes del cuaderno procesal, se tiene que por la minuta privada reconocida de 05 de octubre de 2011 (fs. 9-11 y fs. 46), se establece la transferencia efectuada por Norah Sara, Jorge Ramón, Gloria Sara, Ruth Isabel, Mary y Blanca Margarita Caballero Siles en favor de Jorge Ramón Caballero Siles el 50% sobre el inmueble sito en calle Copacabana Nº 191 esq. Av. Julio Pinkas, zona Barrio Senac, inscrito en Derechos Reales con Matrícula Nº 1011990029569 de 435 m2, adquirido por sucesión hereditaria, mencionándose que la transferencia es sobre la alícuota parte que corresponde a los copropietarios en el referido inmueble, en la suma convenida de Bs.38.500. Por la segunda minuta privada reconocida (fs. 45), los mencionados copropietarios transfieren en favor de Norah Sara Caballero Siles, el otro 50% del inmueble, por la misma suma (Bs.38.500).

Del resultado de dicha revisión, se establece que Jorge Ramón Caballero Siles y Norah Sara Caballero Siles mediante minuta privada reconocida de 5 de octubre de 2011, adquirieron el inmueble de referencia el cual, al no haber sido dividido entre los copropietarios se encontraba en lo proindiviso, extremo que está corroborado en el Acuerdo Transaccional celebrado el 24 de mayo de 2011 (fs. 83-83 vlta.), cuya cláusula segunda hace referencia a un proceso en trámite sobre división y partición, de ello puede inferirse que el recurrente adquirió el 50% del referido inmueble en las porciones en común de todas las demás vendedoras, por el precio de Bs.38.500. Sin embargo, mediante Avalúo del inmueble (fs. 4-6; fs. 89-91), se estableció el valor de dicho bien en $us. 62.177,20, y mediante el Formulario Único de Recaudaciones (fs. 60), se establece el valor catastral del inmueble en Bs. 248.696,oo.

El precio total del inmueble que se establecieron en las minutas privadas reconocidas de 05 de octubre de 2011, fue de Bs. 77.000,oo debiendo cada uno de los compradores cancelar en el 50% del inmueble. El parágrafo I del art. 561 del Código Civil, dispone: “A demanda de la parte perjudicada es rescindible el contrato en el cual sea manifiestamente desproporcionada la diferencia entre la prestación de dicha parte y la contraprestación de la otra…”, de lo cual podemos deducir que en la presente transferencia de acciones existió desproporción entre el precio pagado por los compradores con el valor determinado del inmueble. El elemento objetivo, señala W. Kaune en su libro “Curso de Derecho Civil. Contratos Tomo II” (Editorial Jurídica Temis-1996 pág. 193), está constituido por el perjuicio económico que debe ser más de la mitad del valor. Ese perjuicio económico en el presente caso ha ocurrido en el precio establecido en las minutas reconocidas de 05 de octubre de 2011, en relación al valor del inmueble estimado tanto en el avalúo pericial como en el catastral del inmueble, infiriéndose que la vendedora no recibió una contraprestación en el precio, proporcional al valor del inmueble transferido, y los compradores se beneficiaron del perjuicio ocasionado a la vendedora, consistiendo en ello la lesión existente en el contrato de 05 de octubre de 2011.

El parágrafo II del art. 561 precitado, señala que: “La acción rescisoria solo será admisible si la lesión excede a la mitad del valor de la prestación ejecutada o prometida”, efectivamente el daño económico está dado en que se determinó un precio mucho menor en relación a la tasación efectuada al inmueble. Sin embargo, el recurrente señala que en realidad no canceló el monto que figura en la minuta privada reconocida de 05 de octubre de 2011, sino el que consta en los recibos debidamente reconocidos de 27 y 29 de septiembre de 2011 (fs. 84 a 87), cuyo monto asciende a $us. 10.362,86 en favor de sus vendedoras Gloria Sara y Ruth Isabel Caballero Siles, y que con los dos pagos efectuados, es decir, $us.20.725,72 habría superado el monto indicado en la minuta de compraventa. Empero, en el cuaderno procesal no se establece que la actora haya recibido suma igual a la señalada por el demandado.

En cuanto al art. 563 del Código Civil, del cual el recurrente señala que no es aplicable en el presente caso, el parágrafo I del mismo señala: “Para apreciar la lesión se tendrá en cuenta el perjuicio resultante en el momento de la conclusión del contrato”, en el presente caso, el perjuicio resultante del contrato de transferencia de inmueble radica en que, como efecto de la suscripción del mismo, los compradores procedieron a inscribir su derecho propietario en el Registro de Derechos Reales (fs. 94 a 97), sobre la alícuota parte transferida por la demandante.

Respecto al segundo agravio expuesto, en líneas anteriores hacíamos referencia al elemento subjetivo y señalábamos que éste se encuentra en relación al estado de necesidad, inexperiencia, ligereza o ignorancia del lesionado. El segundo acápite del art. 561 del Código Civil señala: “… (sic) siempre que la lesión resultare de haberse explotado las necesidades apremiantes, la ligereza o la ignorancia de la parte perjudicada”, consecuentemente, la segunda condición para que exista lesión es el elemento subjetivo que ha motivado a la persona a realizar el negocio. En autos, con respecto a esa condición subjetiva, se debe advertir dos situaciones: La primera, mediante el Testimonio Nº 797 de la Escritura Pública  de 30 de julio de 2011 (fs. 49 a 51), se acredita el contrato de préstamo de dinero en favor de la demandante por $us.8.000,oo con la garantía hipotecaria de la alícuota que le corresponde sobre el inmueble que es objeto del presente análisis, prestación a ser cancelada en el plazo de dos años, aunque es evidente también que antes del plazo la deudora canceló el mencionado monto a su acreedor evidenciándose este extremo por la Escritura Pública Nº 450/2011 de 4 de octubre de 2011 de cancelación de garantías hipotecarias adjunto Registro de la Propiedad Inmueble (fs. 58). Segundo, el préstamo de dinero por Bs.36.000 otorgado por la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Magisterio Rural Ltda.” en favor de la demandante en 22 de junio de 2011, en cuyo plan de pagos (fs. 47-48) se establece el último pago en el mes de agosto de 2015.

Dichas circunstancias son las que llevaron a la demandante a pactar el convenio, es decir, ciertas circunstancias sociales y económicas que condicionaron a la demandante ya que apenas un día antes a la suscripción fue cancelado el gravamen hipotecario sobre su alícuota parte del inmueble y estaba pendiente el préstamo a la mencionada entidad financiera; toda vez que se ha comprobado esa desproporción notable de prestaciones y contraprestaciones, importa una presunción de un estado subjetivo de inferioridad o de necesidad de una de las partes en relación a la otra, en este caso de la vendedora frente a los compradores. La ligereza o ignorancia a las que hace referencia el recurrente en su tercer agravio se encuentran dentro de ese estado de necesidad que hemos referido.

En el cuarto agravio, el recurrente señala que para que exista lesión tendría que haber pagado una suma de dinero menor al 50% de su valor pero no canceló ninguna suma a la demandante.

El parágrafo II del art. 561 establece: “La acción rescisoria solo será admisible si la lesión excede a la mitad del valor de la prestación ejecutada o prometida”, lo que significa que el perjuicio económico debe ser más de la mitad del valor. A través de la minuta privada reconocida de 5 de octubre de 2011, se convino un precio de Bs.38.000 por el 50% del inmueble que debían ser cancelados por Jorge Ramón Caballero Siles, y otro monto igual por Norah Sara Caballero Siles, sumándose un importe de Bs.77.000,oo como precio total del inmueble. Contrariamente a este importe total, el avalúo del inmueble estableció el precio final del inmueble en $us.62.177,20 y de acuerdo al valor catastral del inmueble, éste ha sido valuado en Bs.248.696. No obstante de ello, mediante contradocumentos las partes establecieron el precio real del inmueble en $us.10.362,86 sin embargo, esta suma no ha sido cancelada a la demandante, lo cual se advierte de los datos del proceso, deduciéndose de ello que no existió equivalencia entre la prestación realizada por los compradores y la contraprestación efectuada por la vendedora, en consecuencia, ocasionándose perjuicio económico a la vendedora que excede a la mitad del valor del inmueble.

En el quinto agravio el recurrente señala que no correspondía demandarse la rescisión del contrato de transferencia de inmueble sino la resolución de la misma. Al respecto debemos señalar que la rescisión persigue la invalidez del contrato por causas existentes en el momento de celebración del mismo, en cambio, la resolución persigue la invalidez por causas sobrevinientes, coligiéndose por ello en el caso de autos, la lesión se constituyó al momento de la celebración de la transferencia del inmueble al haberse pactado un precio inicuo frente al precio establecido en el avalúo pericial y catastral que son los parámetros referentes del valor real del inmueble.

Del análisis de los arts. 561 y 563 parágrafo I del Código Civil, aplicables al caso, se establece que el Auto de Vista procedió a aplicar correctamente; respecto a la mala valoración de la prueba que alega el recurrente, se debe señalar que la valoración de la prueba en casación en incensurable, sin embargo, el recurrente no ha demostrado por ninguna otra prueba que se haya cancelado efectivamente a la lesionada o contrariamente, se haya celebrado un nuevo contrato reconduciendo el equilibrio de las prestaciones.

Recurso de Casación de Norah Sara Caballero Siles:

Los agravios primero, segundo y tercero de la recurrente, a efecto de ser respondidos, serán considerados en conjunto. Al respecto se debe señalar que para apreciar la lesión los Jueces deben situarse en el momento de la conclusión del contrato averiguando si hubo perjuicio económico que exceda en más de la mitad del valor, así como si mediaron las causales subjetivas que configuran la lesión. Para establecer el perjuicio económico, como nos habíamos referido precedentemente, está dado en la desproporcionalidad de las prestaciones concedidas por las partes contratantes ya que el precio establecido en la minuta privada reconocida es inequivalente frente al valor catastral y al avalúo del inmueble efectuados con anterioridad a la celebración del contrato de transferencia del inmueble, no obstante, tras la conclusión del contrato, la recurrente ofreció modificar la contraprestación, deduciéndose de ello que la antedicha desproporcionalidad e inequivalencia de prestaciones subsiste hasta la interposición de la presente acción de rescisión sin que los demandados hayan cancelado efectivamente el valor real del inmueble. Con referencia al elemento subjetivo debemos señalar que éste se materializó en el presente caso debido a que a tiempo de suscribir el contrato, la demandante Mary Caballero Siles se encontraba reatada a dos obligaciones crediticias, una de las cuales estaba pendiente de pago y si bien la otra deuda se canceló días antes a la celebración del contrato, no obstante ambas deudas determinaron su estado de necesidad y de condiciones de inferioridad en ese momento.

Respecto al cuarto agravio, debe señalarse que la presente acción deviene de la lesión existente en el contrato de transferencia de inmueble celebrado el 05 de octubre de 2011, habiéndose establecido que la misma excede en más de la mitad del valor del inmueble tomando como parámetros para determinar la lesión el precio convenido para la transferencia frente al valor catastral y el avalúo comercial determinados con anterioridad a la celebración del contrato, a cuya consecuencia se ocasionó perjuicio económico en la vendedora, no obstante la voluntad de modificar el precio por parte de la recurrente, la demandante como vendedora no se benefició con el valor real del inmueble, debido a ello, el contrato fue obtenido a través de lesión que amerita su rescisión y no así la resolución del mismo, porque la causa de invalidez se funda en el momento de la celebración del contrato y no posterior a él.

Por lo anteriormente señalado, este Tribunal Supremo considera que el Ad quem ha dado correcta aplicación de los arts. 561 y 563 parágrafo I del Código Civil, correspondiendo fallar en la forma prevista por los arts. 271 núm. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.


POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el Art. 42 parágrafo I núm. 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en los arts. 271 núm. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO los recursos de casación interpuestos por Jorge Ramón Caballero Siles y Norah Sara Caballero Siles, contra el Auto de Vista Nº SII-612/2013 de 19 de noviembre de 2013, de fs. 523 a 529 vlta., pronunciado por la Sala Civil, Comercial y Familiar Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, en el proceso ordinario de rescisión por lesión seguido por Mary Caballero Siles contra Jorge Ramón y Norah Sara Caballero Siles. Con costas.


Se regula honorarios profesionales en la suma de Bs. 1000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Duran.