TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                       S A L A  C I V I L

Auto Supremo: 208/2014

Sucre: 09de mayo 2014

Expediente: SC- 29 14 S

Partes: Delia Paz Vda. de Hoyos y David Hoyos Paz. c/ Susana Peralta Aguilera.

Proceso: Ordinario, mejor derecho propietario, reivindicación, desocupación y entrega de inmueble.

Distrito: Santa Cruz.


VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 200 a 203, interpuesto por Susana Peralta Aguilera contra el Auto de Vista Nº 362 de 10 de octubre de 2013 de fs. 195 y vlta. pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en el proceso ordinario de mejor derecho propietario, reivindicación, desocupación y entrega de inmueble, seguido por Delia Paz Vda. de Hoyos y David Hoyos Paz contra la recurrente; la respuesta al recurso de fs. 205 y vlta.; el Auto de concesión de fs. 207; los antecedentes del proceso, y:


CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Del contenido del memorial de demanda de fs. 24 a 25 subsanado a fs. 29 y en lo esencial se resume lo siguiente: los actores indican que son legítimos herederos de Víctor Luis Hoyos Mattos, quien en vida adquirió el inmueble de 157,19 mts2. ubicado en la zona norte de la ciudad de Santa Cruz, U.V. 35, Mza. 4, Av. Ovidio Barbery, antes Av. Gral. Martínez; indican que el de cujus en vida era una persona de buen corazón, motivo por cual el 2003 cedió el inmueble a Susana Peralta Aguilera para que pueda vivir con su familia en calidad de tolerada y que la nombrada persona no quiere desocupar dicho inmueble, recibiendo de su parte ofensas temerarias lo cual les llevó incluso hasta instancias policiales; en base a esos antecedentes y al haberse sus personas declarado herederos de su causante, es que interponen la indicada demanda en contra de la nombrada persona.

Sustanciado el proceso en primera instancia, la Juez 6º de Partido en Materia Civil y Comercial de la ciudad de Santa Cruz, mediante Sentencia de 08 de octubre de 2011 cursante de fs. 111 a 112 y vlta., declaró probada en parte la demanda de fs. 24 a 25 subsanada de fs. 29 sobre reivindicación, desocupación y entrega de inmueble e improbada con respecto a la acción negatoria, ordenando a la demandada la entrega del inmueble objeto de litis completamente desocupado dentro del plazo de treinta días a los demandantes.

En apelación la referida Sentencia interpuesto por la demandada; la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Auto de Vista Nº 362 de 10 de octubre de 2013 de fs. 195 y vlta., confirmó totalmente la Sentencia; en contra de esta resolución de segunda instancia, la demandada recurre de casación en la forma y en el fondo.


CONSIDERANDO II:

HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Del contenido de los recursos de casación y en lo esencial se resume lo siguiente:

II.1.- En la forma, la recurrente indica que la Sentencia y el Auto de Vista fueron dictados por Tribunal integrado contraviniendo lo dispuesto por la ley y el principio de irretroactividad, citando para el efecto el art. 123 de la Constitución Política del Estado y art. 1570 del Código Civil; esto en razón a que los demandantes habrían afirmado en su demanda que habitaron el inmueble desde 1970; ante esta situación indica que la ley aplicable es el Código Civil Santa Cruz de 02 de abril de 1931, motivo por el cual debe disponerse la nulidad de obrados hasta fs. 27 inclusive.

II.2.- En el fondo, acusa error de hecho en la apreciación y valoración de las pruebas de cargo de fs. 6 a 15; 22 a 23 y 109, mismas que no acreditarían de manera fehaciente que la ubicación y superficie del inmueble reclamado por los actores coincida con la ubicación del inmueble que posee su persona desde hace más de 10 años; es decir los actores no habrían demostrado derecho de pertenencia sobre el inmueble que habita su persona.

Indica que el inmueble de los actores se encontraría ubicado detrás del Colegio La Salle, Barrio Banzer, U.V. Nº 35, Mzo. Nº 4; mientras que el inmueble que habita su persona se encontraría en la Av. Ovidio Barbery esquina calle Cecilio Guzmán de Rojas y que ninguna de las partes litigantes se perturbaron en la posesión en sus respectivas propiedades; que los actores estarían utilizando títulos de otro inmueble para pretender hacer desocupar el inmueble que ocupa su persona.

Acusa también aplicación indebida de los arts. 105 y 1453 del Código Civil, por cuanto los actores no habrían acreditado por ningún elemento probatorio ser legítimos propietarios del inmueble que ocupa su persona, siendo éste uno de los primeros aspectos a ser probados en una acción de reivindicación con la existencia de título de propiedad, mismo que además debe ser conducente a acreditar la ubicación, superficie, límites y colindancias exactas del bien que se pretende reivindicar.

En base a esos antecedentes concluye solicitando en su recurso de casación en la forma, se ANULEN obrados hasta fs. 27 inclusive o alternativamente en función al recurso de casación en el fondo, se CASE el Auto de Vista recurrido y se declare improbada la demanda.


CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Al haber sido interpuesto recurso de casación en la forma y en el fondo, primeramente corresponde considerar el recurso en la forma, toda vez que de ser evidente lo denunciado se estaría ante la emisión de una resolución anulatoria, resultando innecesario considerar el recurso de casación en el fondo.

III.1.- Recurso en la forma:

Los argumentos son bastante confusos toda vez que se señala la causal del art. 254 núm. 1) del Código de Procedimiento Civil, indicando que la “Sentencia y el Auto de Vista fueron dictados por “Tribunal integrado contraviniendo a lo dispuesto por la ley”, citando para el efecto el art. 123 de la Constitución Política del Estado y art. 1570 del Código Civil; según criterio de la recurrente la ley aplicable al presente caso sería el Código Civil Santa Cruz de 02 de abril de 1931 y no así el Código Civil en actual vigencia, manifestó al mismo tiempo la contravención al principio de irretroactividad de la ley; todo ello en razón de que los actores habrían afirmado en su demanda que habitaron el inmueble desde 1970.

El art. 17-II de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial establece: “En grado de apelación, casación o nulidad, los tribunales deberán pronunciarse sólo sobre aquellos aspectos solicitados en los recursos interpuestos”; en observancia del citado precepto legal, a continuación se da respuesta al recurso en la forma.

Respecto a que el Auto de Vista habría sido emitido por tribunal integrado contraviniendo a lo dispuesto por la ley, no se especifica cual sería esa irregularidad en la que se habría incurrido en la conformación del Tribunal Ad quem o cuáles serían las causas que les impediría a los miembros del Tribunal actuar válidamente en la emisión de la resolución recurrida, ni mucho menos se indica que disposiciones legales habrían sido desconocidas o incumplidas. El art. 53 de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial establece que, “Las resoluciones que adopten las Salas Especializadas serán por mayoría absoluta de votos de sus miembros”; en el caso presente, de la revisión de los datos del proceso y sobre todo del contenido del Auto de Vista de fs. 195 y vlta., se evidencia que la emisión de dicha resolución fue con el voto conforme de sus tres miembros de la Sala, no existiendo ninguna excusa, recusación u otro aspecto que les impida a sus miembros conformar válidamente el Tribunal para la emisión de la resolución.

En cuanto a la aplicación del abrogado Código Civil Santa Cruz y la inaplicabilidad del actual Código Civil al caso de autos, estos aspectos por tratarse de leyes sustantivas no corresponden ser reclamados en recurso de casación en la forma ni muchos menos se encuentra previsto dentro del catálogo de las causales del art. 254 del Código de Procedimiento Civil para que haga viable el recurso de casación en la forma; sin embargo con fines simplemente de aclaración se debe indicar que la presente causa no se encuentra dentro de los alcances de los arts. 1567 y 1568 del actual Código Civil para que se alegue la aplicación del art. 1570 del mismo cuerpo legal, toda vez que los actores interpusieron su demanda en su calidad de propietarios del inmueble objeto de litis y esa calidad lo tienen recién a partir de la declaratoria de herederos que realizaron en el año 2005. Por lo manifestado el recurso en la forma deviene en infundado. 

III.2.- Recurso en el fondo:   

En el fondo la recurrente indica que la ubicación del inmueble reclamado por los actores no coincide con la ubicación del inmueble que posee su persona, afirmando que se tratarían de inmuebles distintos que se encontrarían situados en lugares diferentes, acusando al mismo tiempo error de hecho en la apreciación y valoración de la prueba de cargo de fs. 6 a 15; 22 a 23 y 109 con respecto a la ubicación del inmueble; por otro lado acusa la aplicación indebida de los arts. 105 y 1453 del Código Civil en el entendido de que los actores no habrían demostrado derecho de pertenencia sobre el inmueble que habita su persona; en torno a los aspectos descritos giran esencialmente todos los argumentos del recurso de casación en el fondo. 

De las pruebas que hace referencia la recurrente y que revisten importancia para el caso de autos, son las de fs. 8 al 15 y de fs. 109, entre éstas se encuentra el Testimonio expedido por Derechos Reales respecto a la compra del inmueble de 157,19 mts2. objeto de la litis realizado por el de cujus, de los actores con especificación de las dimensiones y colindancias; copias del folio real, formulario de información rápida de derechos Reales, plano de ubicación y uso de suelo, certificado catastral y formulario único de recaudaciones; todos se encuentran legalizados por el Secretario del Juzgado 6º de Partido en lo Civil, excepto el formulario de información rápida de fs. 109 que cursa en original; dichas documentales ubican al inmueble en cuestión en la U.V. Nº 35, Manzana Nº 4, zona Norte de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra con una extensión de 157,19 mts2., ubicación que se establece con mayor precisión por las documentales de fs. 8 y 9 consistentes en el certificado catastral y formulario único de pago de impuestos, situando al inmueble en cuestión entre las calles Ovidio Barbery/Guzmán (la primera denominada anteriormente Av. Gral. Martínez según los actores), aunque con pequeñas variaciones en la extensión.

En ese entendido, los hechos expuestos en la demanda de “mejor derecho propietario, reivindicación, desocupación y entrega de inmueble” planteada por los actores, coinciden con los datos de las documentales descritas respecto a la ubicación del inmueble sometido a demanda; si bien de acuerdo al plano de ubicación que cursa a fs. 14, el inmueble objeto de la litis aparece colindando al Este con una vía pública denominada Av. General Martínez, sin embargo por afirmaciones de los propios demandantes se conoce que la misma habría cambiado de denominación llevando el nombre actualmente de Av. Ovidio Barbery, situación que se encuentra ratificada por las documentales de fs. 8 y 9 consistentes en el certificado catastral y formulario único de pago de impuestos que son de fecha posteriores donde se consigna como ubicación del inmueble en cuestión, la calle Ovidio Barvery/Guzmán, lugar donde el Juez de la causa se constituyó a realizar la inspección al inmueble, es decir en la calle Ovidio Barbery, U.V. 35, Manzana 4 donde habita actualmente la demandada, tal como se puede evidenciar por el acta que cursa a fs. 97 y vlta.

Si la recurrente consideraba que el inmueble que habita su persona se trata de otro distinto al reclamado por los demandantes, tenía la gran oportunidad de alegar en su defensa esa situación en el momento procesal de la contestación a la demanda a objeto de que se fije en el auto de relación procesal como un punto de probanza para su persona y demostrar esa situación, ya que tal afirmación se constituye en un hecho impeditivo dentro de los alcances del art. 375 del Código de Procedimiento Civil, frente a la pretensión de los actores, toda vez que fue legalmente citada con la demanda tal como se evidencia por la diligencia de fs. 31 al igual que con todo el resto de las actuaciones judiciales llevadas a cabo en primera instancia, sin que las mismas hayan sido cuestionadas en ningún momento.

Sin embargo, la hoy recurrente no asumió defensa en primera instancia ni constituyó apoderado que lo represente, incumpliendo el mandato del art. 131 del Código de Procedimiento poniéndose voluntariamente en estado de indefensión, compareciendo recién después de la emisión de la Sentencia reclamando la falta de notificación únicamente con dicha resolución y posteriormente en su apelación es donde afirma de simple palabra indicando que el inmueble que habita se trataría de otro distinto al reclamado por los actores, sin aportar ningún tipo de prueba con respecto a esa aseveración, ni mucho menos especifica a que título se encuentra ocupando dicho inmueble y menos opuso demanda reconvencional de usucapión.

Se debe tener en cuenta que hoy en día rige en la administración de justicia el principio de verdad material, mismo que se antepone a la verdad formal, pues a través del principio de verdad material el juzgador al momento de emitir las resoluciones está obligado a observar los hechos tal como se presentan y analizarlos dentro de los acontecimientos en los cuales encuentra explicación; es decir debe realizar un análisis de los hechos ocurridos tal como se presentan en la realidad anteponiendo la verdad de los mismos frente a las formas procesales.

En el caso presente, por las pruebas documentales que cursan en el expediente a las cuales se hizo referencia líneas arriba, se llega a la conclusión de que el inmueble demandando por los actores es el mismo del que habita la recurrente y que simplemente habría existido cambio en la denominación de algunas vías públicas, no otra cosa indican las literales que cursan a fs. 8 y 9 donde se consignan las nuevas vías públicas entre las cuales se encuentra ubicado actualmente el inmueble en cuestión y consiguientemente no se advierte error de hecho en la valoración de la prueba por parte del Juez A quo, quien por el contrario aplicó el principio de verdad material en la resolución de la causa; Sentencia que al  haber sido confirmada en su integridad por el Ad quem, implica de parte de este último estar de acuerdo con todo lo razonado y valorado por su inferior.

Se hace notar que la recurrente incurre en evidentes contradicciones cuando hace referencia a la prueba documental, toda vez que en los puntos II.1.1 y II.1.5 de su memorial de recurso de casación, acusa a los Jueces de instancia de haber incurrido en error de hecho en la apreciación y valoración de las pruebas de fs. 6-15,  22-23 y 109, y por otra parte en el punto II.1.4 indica que no se habrían valorado esas mismas pruebas; pues si no se valoró, mal se puede acusar de error de hecho de algo que no fue objeto de tratamiento, no correspondiendo además este último aspecto ser reclamado en recurso de casación en el fondo, sino únicamente en la forma; consiguientemente existe una manifiesta contradicción en los argumentos del recurso; sin embargo en observancia del principio de impugnación previstos en el art. 180.II de la Constitución Política del Estado y del principio de pro actione, se le dá respuesta a la recurrente en los términos que se tienen descritos.

Finalmente, corresponde dejar establecido que si bien el inmueble objeto de demanda fue adquirido por Víctor Luis Hoyos Mattos y ante su fallecimiento, los demandantes se declararon herederos de la indicada persona, cuyo trámite judicial fue iniciado a fines del 2004 y concluido el 2005, mismo que cursa de fs. 1-5 reiterado a fs. 61-66, adquiriendo de esta forma el derecho propietario por sucesión mortis causa conforme lo establece el art. 110 del Código Civil, lo cual constituye título de propiedad suficiente con respecto al inmueble y por ende adquieren la posesión civil del mismo, aspecto que les otorga a los actores el derecho de poder reivindicar dicho inmueble conforme al art. 1453-I del mismo cuerpo legal, no existiendo aplicación indebida de dicha norma legal, menos del art. 105 del sustantivo civil como refiere la recurrente.

Por todo lo anteriormente expuesto, corresponde fallar en la forma prevista por el art. 271 núm. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.


POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el Art. 42 parágrafo I núm. 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en los arts. 271 núm. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara: INFUNDADOS los recursos de casación en la forma y en el fondo interpuesto por Susana Peralta Aguilera contra el Auto de Vista Nº 362 de 10 de octubre de 2013 de fs. 195 y vlta. pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. Con costas.

Se regula honorarios en la suma de Bs. 700 (Setecientos 00/100 Bolivianos)

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Duran