TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                             S A L A  C I V I L


Auto Supremo: 200/2014

Sucre: 8 de mayo 2014

Expediente:        CH-07-14-S

Partes: Isaac Marcelo Saavedra Calvo y Alicia Rossemary Barja A. de Saavedra.

            c/ María del Carmen Vargas Montalvo, Edith Gloria Vargas Montalvo,

            Luis Arturo Vargas Montalvo y Wilfredo Vargas Valdez.

Proceso: Usucapión.

Distrito: Chuquisaca.


VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 962 a 964 y vlta, presentado por Isaac Marcelo Saavedra Calvo y Alicia Rossemary Barja Alvarado de Saavedra, contra el Auto de Vista Nº 642/2013, cursante de fs. 947a948, emitido el 24 de diciembre de 2013 por la Sala Civil Segunda, Comercial y Familiar del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, en el proceso ordinario de Usucapión, seguido por Isaac Marcelo Saavedra Calvo y Alicia Rossemary Barja A. de Saavedra contra María del Carmen Vargas Montalvo, Edith Gloria Vargas Montalvo, Luis Arturo Vargas Montalvo y Wilfredo Vargas Valdez, la concesión de fs. 970; los antecedentes del proceso; y:


CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juzgado de Partido Mixto de las Provincias Tomina y Belisario Boeto del Departamento de Chuquisaca en suplencia legal dictó Sentencia por la cual declaró Improbada la demanda de usucapión fojas 12-13.

Contra dicha resolución, los demandantes presentaron recurso de apelación, solicitando que se revoque la decisión asumida en primera instancia.

A dicha solicitud y conforme a la apelación interpuesta, el Tribunal de Alzada, mediante Auto de Vista de fecha 24 de diciembre de 2013, confirmó totalmente la Sentencia.

Debido al Auto de Vista, la parte demandante recurre en casación en la forma y en el fondo, recurso que es analizado.


CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

En la Forma:

Acusó que el Auto de Vista impugnado carece de fundamentación y motivación, solamente se refiere a una supuesta confesión judicial y no absuelve los demás puntos de su apelación, infringiendo así lo determinado por el art. 236 del Código de Procedimiento Civil.

En el fondo:

Acusa error de hecho en la apreciación del contrato de anticresis de fs. 50 y 51, toda vez que no se consideró que dicho documento está suscrito por quien no es propietaria del inmueble y al tener dicha calidad ha inducido en error a los recurrentes quienes entregaron el dinero de anticrético a la demandada, mencionando que en ese entendido dicho documento solo surte efectos entre partes y no así con los demás demandados, por dicho motivo la posesión del inmueble objeto de la usucapión no es precaria, es una posesión de buena fe, pacífica y continuada sin interrupción por más de 10 años, toda vez que ingresaron al inmueble con la venia de quien no era propietario y se acomoda a la previsión del art. 93 I del Sustantivo Civil.

En base a dichos argumentos, termina solicitando que conforme a la argumentado en la forma se Anule el Auto de Vista y para el caso inesperado de no anular se ingrese al fondo del proceso en virtud al recurso de casación en el fondo y se Case el Auto de Vista declarando probada la demanda principal instituyendo a los recurrentes como propietarios del inmueble ubicado en la calle Sucre Nº 266 de la ciudad de Monteagudo sobre la extensión de 229,63 m2.


CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Planteado como está el recurso de casación tanto en la forma como en el fondo, corresponde con carácter previo pronunciarnos sobre el recurso de casación en la forma, toda vez que de ser evidentes los agravios recurridos, ya no se ingresaría a considerar el recurso de casación en el fondo.

En la forma:

Que, el recurrente acusa concretamentela falta de fundamentación y motivación del Auto de Vista y el incumplimiento de lo establecido en el art. 236 del adjetivo civil.

En ese entendido, la parte recurrente, deberá tomar en cuenta lo establecido en la  Sentencia Constitucional Plurinacional SCP 0903/2012 de fecha 22 de agosto de 2012, la cual estableció que: "...la fundamentación y motivación de una Resolución que resuelva cualquier conflicto jurídico, no necesariamente implica que la exposición deba ser exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario una debida motivación conlleva que la Resolución sea concisa, clara e integre en todos los puntos demandados, donde la Autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, exponga de forma clara las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la Resolución; en suma se exige que exista plena coherencia y concordancia entre la parte motivada y la parte dispositiva de un fallo".   Bajo esa línea jurisprudencial, se puede entender que los Tribunales de instancia no se encuentran obligados a cumplir de manera ampulosa y punto por punto la fundamentación extrañada por la recurrente;  tanto el Juez A quo como el de Alzada están llamados a fundamentar su decisión de manera clara, positiva y precisa conforme lo manda la ley.

En ese entendido, se tiene de la revisión del Auto de Vista, que dicha resoluciónbasó su fundamentación en la confesión espontáneaque realizó la parte recurrente, quienes reconocieron, admitieron y afirmaron que tienen la calidad de  anticresistas en la litis, motivo por el cual el Tribunal Ad quem estableció que: “…el art. 404 II del Cód. Pdto. Civil con relación al art. 347 del cuerpo legal citado, relevando de prueba a la parte demandada, como de valorar otras pruebas por este Tribunal, como considerar el recurso de alzada formulado por el actor, acorde al art. 236 del Cód. Pdto. Civil…”, fundamentación del Ad quem que da valor a la confesión por sobre otras pruebas acusadas en el recurso de apelación, lo que derivó en la no consideración del recurso y de los agravios acusados en el mismo, fundamentación del Ad quem que da a entender que la lógica jurídica empleada era la no procedencia de la usucapión en base a argumentos facticos de un contrato de anticresis, motivo por el cual la consideración de la validez del contrato indicado, no era necesario.

Por dicho motivo, el Tribunal de Alzada en consideración a la confesión espontánea, efectuada por la parte recurrente concluyó que la misma hace plena prueba en la demanda, motivo por el cual los argumentos de que el contrato de anticresis fue firmado por quien no era propietaria, no tenían ninguna connotación en la litis, criterio del Ad quem que bien pudo ser explicado y complementado, mediante lo dispuesto por el art. 276 del Adjetivo Civil, al no haber agotado dicha solicitud la parte interesada, ahora en casación su reclamo no puede ser motivo de nulidad.

Por lo cual se debe dar aplicación a lo dispuesto por el art. 273 del Código de Procedimiento Civil.

En el fondo:

Tanto la doctrina como la jurisprudencia han orientado sobrelademanda de usucapión, en virtud de ello la Corte Suprema con la cual se comparte criterio, a través del A.S. Nº 132 de 10 de mayo de 2010, señala que "...la usucapión como medio derivativo de adquirir el dominio o derecho de propiedad en la modalidad de extraordinaria o decenal no sólo requiere el transcurso del tiempo designado en la ley -diez años- sino esencialmente la posesión ánimus dómine, pública, quieta o pacifica, no equivocada ni viciosa además de continuada". 

La doctrina, al hablar de la usucapión menciona que es una de las formas más comunes de adquirir el derecho de propiedad por el transcurso del tiempo, cuando el interesado ha poseído un bien inmueble bajo ciertas condiciones, motivo por el cual se estableció que para la usucapión el actor deba cumplir conlos requisitos mínimos de procedencia, así tenemos:

1) que se trate de un bien susceptible de usucapir (bienes que se encuentren dentro del comercio humano o en la esfera de dominio privado); 2) que se demuestre la posesión (libre, pacífica y voluntaria); 3) que se demuestre el transcurso del plazo (continuado por 10 años).

Además de dichos requisitos, la jurisprudencia estableció que la usucapión debe procurar un doble efecto, adquisitivo para el usucapiente y extintivo para el usucapido; por dicho motivo, en toda demanda de usucapión se hace indispensable que el demandante presente una certificación o constancia emitida por el Registro de Derechos Reales, para evidenciar quién es el último propietario del bien inmueble que se pretende usucapir, porque será ese titular del derecho a quien opere el efecto extintivo del bien inmueble a usucapir.

Ahora bien, establecido lo anterior y conforme a los datos del proceso, se tiene que éstos de manera general fueron cumplidos en la litis; motivo por el cual se debe pasar a realizar un análisis más a detalle de los requisitos de la usucapión, por lo cual nos abocaremos aconsiderar la posesión de los recurrentes, en ese entendido tenemos que el art. 87 del Código Civil define a la posesión como: “…el poder de hecho ejercido sobre una cosa mediante actos que denoten la intensión de tener sobre ella el derecho de propiedad u otro derecho real.”, o sea, es el acto de poseer o tener una cosa corporal con ánimo de conservarla, usarla, gozarla y aprovecharla para sí mismo.

El autor Gonzalo Castellanos Trigo en su libro Posesión, Usucapión y Reivindicación en la pág. 12 sobre la posesión señala que: “Cuando una persona posee una cosa reconociendo el derecho de propiedad y otro derecho real en otra persona, se llama tenencia; por lo tanto, éste último posee legítimamente en nombre de otro”.

En la litis, los recurrentes, en su demanda principal reconocieron que mediante una “minuta pública reconocida” de fecha 12 de octubre de 1996 suscribieron un contrato de anticresis, por el cual entraron a vivir en el inmueble objeto de usucapión, también mencionaron que, una vez cumplido el plazo otorgado en el contrato de anticrético, no haberse devuelto el monto del mismo y al no existir reclamo de la devolución del bien inmueble, se mantuvieron viviendo por más de 12 años.

Indican de manera textual que: “por el mal estado en que se encontrabael aludido bien inmueble, con autorización de la señora María L. Herrera Vda. De Vargas así como de los otros copropietarios…” erogaron una determinada suma de dinero para la refacción de dicho bien inmueble, dinero que lo emplearon también para cancelar los impuestos anuales en forma regular. 

Todos estos hechos fácticos indicados en la demanda principal, demuestran que los recurrentes ejercían dicha posesión a nombre de otras personas, respetando el derecho de propiedad que tenía María L. Herrera Vda. de Vargas, María del Carmen Vargas Montalvo, Edith Gloria Vargas Montalvo, Luis Arturo Vargas Montalvo y Wilfredo Vargas Montalvo, éstos cuatro últimos, demandados de usucapión. Motivo por el cual en la litis se evidencia que los recurrentes no llegaron a probar la posesión alegada y más al contrario se hizo evidente la simple detentación del inmueble, aspecto que no puede llevar a una usucapión. 

En ese entendido, si los recurrentes confesaron de manera espontánea que la posesión la tenían a nombre de otros, estos tenían la obligación de probar su transformación de detentadores a poseedores conforme lo norma el art. 89 del Código Civil, aspecto que no aconteció en la litis.

Motivo por el cual la pretensión de usucapir el bien inmueble ubicado en la localidad de Monteagudo indicando que eran poseedores del mismo de buena fe  por más de diez años, no era procedente, debido a que siempre reconocieron la titularidad de los demandados y el hecho que “el contrato de anticresis fue suscrito por quien no era propietaria del bien inmueble, y éste contrato solo surtía efectos entre las partes suscribientes y no así con los demás codemandados”, como indican los recurrentes, no es el correcto, debido a que se debe analizar en la usucapión el “animus”, elemento que da vida a la posesión, y sin la existencia del “animus possidendi” estamos frente a un fenómeno diverso de la posesión que se llama detentación.

Por dicho motivo, si el contrato de anticresis fue otorgado por quien no era propietaria, no desvirtúa que los recurrentes hubiesen reconocido el derecho de propiedad que contaban los codemandados a quienes se les pidió autorización para realizar arreglos en el bien inmueble de su propiedad, también entablaron tratativas para la devolución del monto de dinero entregado en contrato anticrético, finalmente se apersonaron al proceso de división y partición de bienes oponiendo tercería en base al dicho contrato, reconocimiento y actos de los recurrentes que hacen evidente la precariedad de la posesión 

Por lo expuesto, concluiremos indicando que no existe error de hecho o de derecho en la apreciación del contrato de anticresis, los Tribunales de instancia obraron correctamente, motivo por el cual, corresponde a este Tribunal fallar de la forma prevista en los arts. 271 núm.2) y 273 ambos del Código de Procedimiento Civil.


POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el Art. 42 parágrafo I núm. 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto por los arts. 271 núm. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara: INFUNDADO el recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 962 a 964 y vlta, presentado por Isaac Marcelo Saavedra Calvo y Alicia Rossemary Barja Alvarado de Saavedra, contra el Auto de Vista Nº 642/2013, cursante de fs. 947 a 948, emitido el 24 de diciembre de 2013 por la Sala Civil Segunda, Comercial y Familiar del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca. Con costas.

Se regula el honorario profesional en la suma de Bs. 1000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.