TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA  CIVIL


Auto Supremo: 187/2014

Sucre: 24 de abril2014

Expediente: CH-4-14-S

Partes: Roberto Quiroga Rodero.c/Luís Alberto Quiroga Ilafaya y otros.  

Proceso: Usucapión.

Distrito:Chuquisaca.


VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 167 a 170, interpuesto por Roberto Quiroga Rodero contra el Auto de Vista Nº SII- 611/2013 de 04 de noviembre de 2013, cursante de fs. 160 a 164, pronunciado por la Sala Civil, Comercial y FamiliarSegunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, en el proceso ordinario seguido por Roberto Quiroga Rodero contra Luís Alberto Quiroga Ilafaya, Esperanza Quiroga Rodero y Petrona Quiroga Rodero, la concesión de fs. 177, los antecedentes del proceso, y;

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

La JuezSexto de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de Sucre dicta  Sentencia Nº 38/2013 de 27 de agosto de 2013, cursante de fs. 125 a 126 de obrados, declarando improbada la demanda de fs. 11 a 12, subsanada a fs. 18 de obrados, interpuesta por Roberto Quiroga Roderocontra Luís Alberto Quiroga Ilafaya y Otros.

Resolución de primera instancia que es apelada por la parte actora, mediante escrito de fs. 131 a 134 vlta, que merece el Auto de Vista de 04 de noviembre de 2013, cursante defs. 160 a 164, que confirma íntegramentela Sentencia Nº 38/2013 de 27 de agosto de 2013. Resolución de Alzada que es recurrida de casación en el fondopor lo parte demandada, que obtiene el presente análisis.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

El recurrente afirma que el Tribunal inferior no ha corregido los errores que como fundamento hubo planteado ante el Ad quem, por lo que de acuerdo a lo establecido por los arts. 250, 253 inc. 1) y 3), y 258 todos del Código de Procedimiento Civil, argumenta que presenta recurso de casación en el fondo respecto del Auto de Vista Nº SII-611/2013 de fs. 160 a 164, yconsiguientemente pasa a detallar los agravios sufridosque en resumen se mencionan:

1.Acusa el tratamiento del recurso de apelación de favor, porque el Tribunal inferior referiría que solo estaría conociendo el recuso por mandato de los arts. 24 y 180 de la Constitución Política del Estado, lo que no sería correcto, porque los recursos en materia civil solamente se tramitarían apegados al procedimiento especial que en éste caso es el Código de Procedimiento Civil, y que no habría existido equidad en el examen del recurso.

2. Asimismo refiere que existiría falta de pronunciamiento legal, porque el Juez cometería el error de aplicar el art. 397 del Código Civil en lugar de aplicar el 397-I del Código de Procedimiento Civil, y el Tribunal de Alzada lejos de reconocer, esto que denomina como error, pero que en realidad sería una aplicación indebida de la ley, la justificaría, de donde se tiene que el Tribunal de Alzada con esta actuación estaría violando el art. 397 del Código Civil, porque esta norma no tiene nada que ver con la valoración de la prueba.

3.De igual manera acusa violación de los arts. 1286 del Código Civil y 397-I del Código de Procedimiento Civil por el Tribunal de Alzada, porque dichas normas referirían que todas las pruebas producidas en el curso del proceso deben ser valoradas, en el caso que nos ocupa no se habría valorado las pruebas testificales y de inspección judicial en sentencia, y el Auto de Vista recurrido lejos de enmendar esta situación, volvería a violar estas normas y además profundizaría dicha violación, porque diría que la Juez habría razonado correctamente en el tercer considerando, cuando el tercer considerando no existiría.

4. Acusa también que el Tribunal violó el art. 353 del Código de Procedimiento Civil, porque en el Auto de Vista, estaría indicando que no tuvo el ánimo o espíritu posesorio, confirmando de esta manera la sentencia que establecería la falta del “animus possidendi”, al respecto señala que no es lo que tuvo o no lo tuvo dicho ánimo, sino simplemente que él estuvo y está en posesión del inmueble, caso contrario insta que lo demuestre la parte demandada, porque según los datos del proceso, todos fueron notificados conforme a ley, pero si no hicieron nada ellos, reitera el pedido que hizo en su momento alaJuezde primera instancia, y ahora al Tribunal de Alzada, porque éste último no supla lo que debe o debió hacer la parte contraria.

5.Refiere que el Auto de Vista, volvería a violar el art. 1334 del Código Civil con relación al art. 427 de su procedimiento,porque en el punto e) de su texto, manifestaría que la Juez ha cumplido a cabalidad con el examen y valoración respecto de la prueba de inspección judicial, pero los señores Vocales no se hubiesen tomado la molestia de leer el acta cursante a fs. 106 de obrados y relacionarlos con la sentencia, y no habrían tomado en cuenta que el acta refiere: “la existencia del inmueble, la existencia de las habitaciones que él construyó y habita, que toda la casa la ocupa él solamente y que le dio un cuarto a su sobrino, que no existe persona ajena al mencionado o al inmueble viviendo en la casa”. Éste análisis y valoración, no haría la señora Juez y el Tribunal de Alzada corrobora y confirmaría esa violación porque dirían que actuados en esta parte por el Juez, está perfecto.

6.Asimismo acusa la violación por el Tribunal de Alzada del art. 354 del Código de Procedimiento Civil,se violaría esta disposición normativa procedimental a partir de que se aprobaría la ninguna valoración de las pruebas de cargo ofrecidas y producidas por su parte, porque si calificó la Juez como ordinario de hecho el proceso, refiere que estaba en la obligación de valorar correctamente todas las pruebas y no lo habría realizado, además que se calificó el proceso de manera equivocada, habida cuenta que solo se calificaría como tal cuando hay hechos controvertidos por probar, pero si según la Juez y los Vocales que dictaron el Auto de Vista era suficiente el documento de transferencia que hizo Miguel Quiroga a Luís Alberto Quiroga Ilafaya, lo correcto para la señora Juez y así debió orientar el Tribunalera calificar el proceso como ordinario de puro derecho, de esta manera refiere que se habrían salvado de todo el andamiaje que les hizo dar el proceso en primera instancia y lo curioso sería que en Alzada se corroboraría esta manera de actuar, de ahí la violación de la norma indicada.

7.De igual manera acusa la violación del art. 376 del Código de Procedimiento Civil en el Auto de Vista,porquecuando hubiere ofrecido las pruebas, laJuez las hubiere aceptado, seguramente porque eran pertinentes conforme dice la norma, si acaso las ofrecidas eran impertinentes dice que debieron haber sido rechazadas; empero, de actuados se desprendería que fueron admitidas, producidas y nunca valoradas, esto ocurriría porque según el fallo, el documento de transferencia era suficiente para determinar el curso del proceso, de ahí se desprendería que el Tribunal de Alzada al aprobar la actuación de la Juez, estaría cometiendo violación de la norma procedimental indicada.

8. Manifiesta que el Tribunal de Alzada haría de Juez y parte porque de mutuo propio estaría oponiendo las excepciones previstas en el art. 336 núm. 6) 8) del Código de Procedimiento Civil, este sería el argumento principal que plantea como fundamento para la procedencia del recurso de casación, porque resultaría que el Auto de Vista hablaría por si solo respecto a que el Tribunalestá haciendo de parte, habida cuenta que en el inciso c) entre otras cosas diría lo siguiente:”…el hecho de habitar desde que tenía doce años no suple este requisito posesión, por haber transferido Roberto Quiroga Ramírez a Luis Alberto Quiroga Ilafaya el 27-02-08, el nuevo titular es el comprador y desde el momento de la compra no han transcurridos los diez años exigidos por el art. 138 del Código Civil…”. De esta afirmación saca tres conclusiones para demostrar la ilegal actuación del Tribunal de Alzada:

Primero.- No sería verdad que él le haya transferido el inmueble a Luís Alberto Quiroga Ilafaya, sino que lo habría hecho el señor Miguel Quiroga Ramírez, para comprobar esto bastaría fijarse en la documental saliente de fs. 5 a 8.

Segundo.- El Tribunal de Alzada estaría oponiendo la excepción que dice el art. 336 del Código de Procedimiento Civil porque sin que oponga siquiera la parte contraria excepción alguna, el Tribunal de Alzada estaría aplicando de mutuo propio los incisos 6 y 8 del art. 336 del Código Adjetivo de la materia, esta actuación sería hacer de parte y también de Juez porque estaría procesando el pleito, para más claridad estaría haciendo un cómputo del plazo para que pueda interrumpirse el término y de ésta manera no se produzca la usucapión extraordinaria.

Tercero.- Hasta donde sabe, estas excepciones no pueden ser planteadas y resueltas por los jueces en ninguna instancia, necesariamente deben oponerlas las partes. Los administradores de justicia en ninguna instancia podrían actuar de oficio en cuanto a la interposición de éste tipo de excepciones, si lo hacen, no estarían cometiendo solamente errores sino delitos porque, como ocurre en el caso de Autos, los miembros del Tribunal de Alzadaactuarían dictando decisiones contrarias a la ley (art. 336 del Código de Procedimiento Civil) por no ser competentes para actuar de oficio.

9. Acusa que el Tribunal de apelación violó principios procesales,tomando en cuenta de que el proceso civil se sustenta en principios como dice la ley Nº 439 de 19 de noviembre de 2013, el Auto de Vista motivo del recurso de casación, refiere que violó los siguientes principios:

1. Legalidad, en el caso que nos ocupa, aplicar las excepciones de oficio, no sería actuar legalmente.

2.- Igualdad procesal, cuando el Tribunal actúa en el caso de Autos de mutuo propio iría contra este principio.

3. Probidad, en el caso no se practicaría, porque una actuación inclinada como es la de oficio, no sería precisamente hablar de probidad.

Por lo que en definitiva solicita que previo el trámite pertinente, se dicte el Auto  Supremo Casando el Auto de Vista referido con arreglo al art. 271-4 del Código de ProcedimientoCivil.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

El recurrente anuncia que plantea recurso de casación en el fondo, emperoel recurso en examen carece de precisión jurídica en su contenido y petición, dificultando la tarea de este Tribunal, no obstante, en previsión del principio de accesibilidad y de impugnación, regulados en la Constitución Política del Estado Plurinacional, y soslayando aquellos defectosse ingresa en el conocimiento del recurso planteado, con la finalidad de lograr que la resolución que se emita se ajuste a los puntos reclamados y resulte pertinente a los agraviosargumentados por la parte recurrente.

1. Éste agravio,se debedejar claramente establecido que el Ad quem, en base a los argumentos expuestosen elAuto de Vista de fs. 160 a 164,menciona que ante la falta de técnica recursiva, esto es,ante la falta de cumplimiento del art. 227 del Código de Procedimiento Civil, es decirla falta de suficiente técnica jurídicay pericia procesal que deben alcanzar mínimamente los recursos en la interposición delos agravios expuestos,empero,en resguardo al derecho de peticióny el principio de accesibilidad y de impugnación, establecidos en los arts. 24 y 180 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia,el Tribunal inferiorda respuesta a la apelación formulada por el ahora recurrente.

De donde se concluye que a pesar del incumplimiento por parte del recurrente de normas procesales que hacen a la interposición de un recurso de Alzada,a pesar de esta falta, y en mérito a la normativa Constitucional invocada, el Tribunal inferior pasa a considerar el recurso planteado, sin que este extremo signifique el tratamiento del recurso de favor, sino el cumplimiento de una obligación y de un deber del Ad quem conforme prescribe el art. 236 del Código de Procedimiento Civil,de donde no se evidencia agravio evidente sino más bien la procedencia con la debida equidad del Tribunal inferior.

2.Con relación a éste agravio referido, se tiene que la A quo, enla sentencia de fs. 125 a 126, en el segundo considerando, al inicio de éste punto refiere: “Que conforme establece el art. 397-I) del Código Civil es obligación del órgano jurisdiccional valorar en sentencia las pruebas esenciales y decisivas…”, de donde se tiene que evidentemente hace referencia al art. 397-I) del Código Civil, sin embargo, la mención realizada a éste artículo y parágrafo correspondiente, como lo reconoce el ahora recurrente,es para referirse a la valoración de la prueba y que por unerror o lapsus habría sido mencionado por la Juez inferior como correspondiente al Código Civil, afirmación que se ratifica claramente de la parte introductiva de dicho acápitedonde la A quo hace mención en concreto al “Artículo 397.- (Valoración de la prueba). I. Las pruebas producidas en la causa serán apreciadas por el Juez de acuerdo a la valoración que les otorgare la ley; pero si ésta no determinare otra cosa, podrá apreciarlas conforme asu prudente criterio o sana crítica. II. El Juez tendrá  obligación de valorar en la sentencia las pruebas esenciales y decisivas.”, de donde se identifica claramente que éste artículoreferido, por su orientación y ladisposición contenida, corresponde al Compilado Adjetivo Civily no al Sustantivo Civil;sin embargo, si bien al presente se fundamenta como agravio éste error de forma, empero,de la revisión de obrados se tiene que al respecto el recurrente no ha activado el art. 196 núm., 2) del Código de Procedimiento Civil, por lo que su derecho habría precluido, máxime si dicho cuestionamiento corresponde al recurso de casación en la forma y no en el fondo, consiguientemente a más de una mención incompleta o un lapsus,no existe aplicación indebida de la ley, menos agravio evidente.

3(5).En este punto y por su relación nos referiremos al tercer y quinto agravio descrito por el recurrente. Al respecto debemos mencionar que elart. 1286 (Apreciación de la Prueba) del Código Civil preceptúa que: “Las pruebas producidas serán apreciadas por el Juez de acuerdo a la valoración que les otorga la ley; pero si ésta no determina otra cosa, podrá hacerlo conforme a su prudente criterio.”. Este artículo sienta el principio general que ha de darse a la prueba producida. Sobre el particular Carnelutti refiere que “la valoración de la prueba, es legal o es libre, según que la regulación de su eficacia esté librada a las reglas legales o al discernimiento del Juez”.Por su parte el art. 397(Valoración de la prueba)del Compilado Adjetivo Civil dispone:”I. Las pruebas producidas en la causa serán apreciadas por el Juez de acuerdo a la valoración que les otorgare la ley; pero si ésta no determinare otra cosa, podrá apreciarlas conforme a su prudente criterio o sana crítica.”, y ésta misma norma adjetiva en su parágrafo segundo dispone:”II.El Juez tendrá obligación de valorar en la sentencia las pruebas esenciales y decisivas.”.

Sobre éste último párrafo Carlos Morales Guillen en su Libro “Código de Procedimiento Civil Concordado y Anotado”pag. 461, refiere: “El ap. II ha sido tomado del art. 386 del Cgo. Arg., que, conforme a principios doctrinarios que acuerdan facultadesselectivas al Juez en la apreciación de la prueba, excusa a éste el deber de expresar en la sentencia la valoración de todas las pruebas producidas y examinadas, limitando esa obligación únicamente respecto de las que fueren esenciales y decisivas para el fallo de la causa. Quiere decir esto, que el Juez en el estudio del proceso para sentenciar, tiene inexcusablemente que valorar toda la prueba producida. Lo que le está permitido por ley, es que de toda esa prueba examinada, solo relacione, al redactar la sentencia para fundar su decisión, lo que realmente sea esencial y decisiva para el fallo de la causa…”.De donde se tiene que el Juez ensentencia, tiene el deber de valorar toda la prueba producida, empero, solo tiene el deber de mencionar y relacionar las pruebas esenciales y decisivas.

Compartiendo este criterio, la uniforme Jurisprudencia sentada por éste Supremo Tribunal ha establecido: “De acuerdo con el art. 397 parágrafos I y II del Código Procedimiento Civil, es deber de todo Juez o Tribunal apreciar y valorar la prueba en su conjunto, tomando en cuenta las que sean esenciales y decisivas, otorgando el valor que les asigna la ley, o en caso contrario, valorando según las reglas de la sana crítica. En ese mismo sentido discurre el art. 1286 del Código Sustantivo... (Auto Supremo Nº 136 de 16 de abril de 2002, dictado por la Sala Civil II)”.

Al respecto, se debe traer a colación también el principio de Adquisición Procesal o Comunidad de Pruebas, donde se establece que todas las pruebas producidas en una causa son del proceso, por lo que cualquiera de las partes puede valerse de ellas. Derivando de aquello que la prueba no es ni está destinada para el que la presenta, sino para el Juez quien valorará la misma, una vez introducida al proceso el Juez tiene libertad de valorarla, ya sea que favorezca o no a quien la presentó.

De dondese coligequeel parágrafo IIdel art. 397 del Compilado Adjetivo Civil, estableceque el Jueztiene la obligación de valorar en sentencia las pruebas esenciales y decisivas; agregándose a esto el principiode comunidad de pruebas, de donde se tiene que la prueba presentada puede favorecer o no a quien la presentó.

En ese marco jurídico, en el caso de Autosse conoce que tanto la prueba testifical, así como el acta de inspección judicial, ha sido mencionaday valorada por la Aquo, conforme se colige de los puntos 1) y 2), delsegundo considerando,de la resolución de primera instancia, donde establece: “1).- Que, el inmueble cuya usucapión se demanda tiene la extensión de 320 mts. 2, tal cual refiere la escritura Nº 326/2008 cursante de fs. 4-8 de obrados. 2).- Que, el demandante habita actualmente el inmueble objeto del litigio, conforme se evidenció en la inspección de fs. 106 de obrados”, y concluye señalando: ”3).- Que, el demandante no ha poseído el inmueble objeto del litigio”. Asimismoen el cuarto párrafo deltercer considerando de la Resolución de primera instancia, se menciona: “Respecto a la prueba testifical de cargo cuyas actas cursan de fs. 112 a 115 de obrados  y la audiencia de inspección judicial cuya acta cursa a fs. 106 las mismas acreditan la ocupación del inmueble por parte del actor no así su posesión por las razones anotadas precedentemente.”. De donde se concluyeque éste tercer y quinto agravio descrito no es evidente, porque tanto la prueba testifical así como la prueba de inspección judicial ha sido mencionada, considerada y valorada en la sentencia por la A quo, lo queha sido ratificado por el Tribunal de Alzadaen relación a los agravios mencionados en el escrito de apelación, por lo que no existe tampoco violación de los arts. 1286 y 1334 del Código Civil y arts. 397-I y 427 del Código de Procedimiento Civil.

4.- En este acápite el recurrente hace referencia en concretoa que con la prueba testifical producida habría demostrado su posesión sobre el bien inmueble objeto de litigio, empero que la misma no habría sido valorada.

Como se ha referido precedentemente la sentencia recurrida tanto en su segundo y tercer considerando,menciona y valora las atestaciones de los testigos de cargo ofrecidos por la parte demandante, cuyas actas cursan de fs. 112 a 115 de obrados,sin embargo y conforme han concluido los Tribunales de instancia,dichas atestaciones sólo acreditan la ocupación física del inmueble por parte del actorRoberto Quiroga Rodero, pero no así su posesión; ademásla Juez inferiorainferido también, que estas declaraciones son desvirtuadas tanto por la Escritura Pública Nº 326/2008 de fecha 07 de marzo de 2008 que cursa de fs. 4 a 8 de obrados (“de donde se conoce que el señor MIGUEL QUIROGA RAMÍREZ en su condición de propietario del bien inmueble, ubicado en el ex fundo La Florida del Cantón San Lázaro de la Provincia Oropeza del Departamento de Chuquisaca, con una superficie de 320 mts. 2, inscrita en el Registro de Derechos Reales de Chuquisaca bajo la Partida Nº 425 de fecha 13 de agosto de 1962 del Libro de Propiedades de la Provincia Oropeza, transfiere dicha propiedad en fecha 27 de febrero de 2008 a favor del señor LUÍS ALBERTO QUIROGA ILAFAYA, representado por su padre el señor Roberto Quiroga Rodero”), así como por la confesión espontanea de la parte actora explanada a través de su apoderado de fs. 11 a 12 de obrados,donde refiere: ”…mi representado (Roberto Quiroga Rodero) desde sus doce años (…) habita el lote de terreno de 320 mts. 2 ubicado en el ex fundo “La Florida” del Cantón San Lázaro, Provincia Oropeza del Departamento de Chuquisaca (…) mediante minuta de 27 de febrero de 2008 don Miguel Quiroga Ramírez hace la transferencia de los 320 mts. 2 a nombre de Luís Alberto Quiroga Ilafaya, según la documentación aparejada a fs. 3-10, este señor es hijo de mi representado Roberto Quiroga Rodero y obviamente nieto del señor Miguel Quiroga Ramírez…”, extremos estos que han sido ratificados por el Tribunal de Alzada.

Al respecto conviene también referir que la Usucapión es la adquisición del dominio u otro derecho real poseíble, por la posesión continuada del mismo durante el tiempo y con las condiciones que fija la ley.La posesión resulta ser un elemento central de la usucapión. Savigny, a tiempo de desarrollar la teoría subjetiva de la posesión, sostuvo que la misma se distingue de la mera tenencia por el hecho de que consta no solo del dominio físico sobre el objeto (o corpus) sino también de la voluntad de comportarse en cuanto a ese objeto como dueño y propietario (animus domini o “intención de tratar como propia la cosa que debe formar el objeto de la posesión”). A partir de esa postulación se conoce y acepta que la posesión supone la existencia de dos elementos que la componen: el corpus y el ánimus, referidos a la relación de hecho del hombre con las cosas y su provecho material sin dependencia o subordinación a otra voluntad.

El art. 87 del Código Civil dispone que: “La posesión es el poder de hecho ejercido sobre una cosa mediante actos que denotan la intención de tener sobre ella el derecho de propiedad u otro derecho real”.

Tanto la doctrina como la legislación, conciben a la posesión como un poder de hecho ejercido sobre las cosas (bienes), que produce efectos jurídicos, que implica la realización de actos positivos sobre la cosa que denotan la intención de comportarse frente al bien como si fuera el dueño.

En la posesión, el poder material que se ejerce sobre el bien se sustenta en la voluntad libre e independiente de usar o aprovechar económicamente el bien, es decir, sin que se reconozca dominio ajeno sobre el mismo, es precisamente esa actitud lo que marca la diferencia entre la posesión y la tenencia; en ésta última el poder o relación material de la persona con el bien, que se usa o aprovecha, está mediado por dependencia o subordinación a la voluntad de otro sujeto, lo que equivale a sostener que se reconoce dominio ajeno sobre el bien y se somete al mismo.La posesión entonces supone siempre el poder de hecho de la persona respecto del bien, la realización de actuaciones consistentes en el uso o provecho del bien, como si se tratara del propietario, es decir, sin reconocer dominio ajeno.

En el caso de Autos,el recurrente indica que cumplió con la carga probatoria habiendo demostrado los presupuestos de su pretensión; sin embargo de la revisión de obrados se establece que ninguno de los medios de prueba a los que hace referencia, demuestran que el actor hubiese estado en posesión del bien inmueble objeto del litigio, si bien es evidente que el actor cuenta con la ocupación física(corporal), es decir esta en tenencia material del inmueble, ese aspecto no desvirtúa el hecho de que su padre MIGUEL QUIROGA RAMÍREZen ejerciciodel derecho de titularidad del inmueble transfirió a su nieto LUÍS ALBERTO QUIROGA ILAFAYA, representadopor su padre el señor Roberto Quiroga Rodero, reconociendo así éste último el derecho de propiedad de su padre en favor de su hijo, aspecto que ciertamente demuestra que el demandante solo tenía, respecto del inmueble, la tenencia material y corporal y no así la posesión o animus domine que se requiere para usucapir, porque en definitivaes el propio actor, ocupante del bien inmueble, quien reconoce la titularidad del derecho de propiedad recientemente transferido en favor de otra persona.Consiguientemente, no es evidente que los Tribunales de instancia hubiesen valorado erróneamente la prueba cursante en obrados.

De donde se concluye queel actor no ha acreditado la posesión del bien inmueble porque no ha demostrado la concurrencia del segundo requisito de la posesión que es el “animus possedendi”, pues como el mismo confiesa el inmueble que ocupa era de propiedad de su padre, quien luego ha transferido dicho derecho propietario a su nieto mediante Escritura Pública Nº 326/2008 habiendo precisamente el demandante intervenido en ella en representación de su hijo, reconociendo consecuentemente el derecho propietario de su padre hacia su hijo, quedando con ello desvirtuado su posesión en el inmueble objeto de litigio,por lo que enlógica Roberto Quiroga Rodero no podía tener ánimo de dueñorespecto al bien inmueble cuyo titularidad de derecho de propiedad reconoce en otra persona,siendo además que la última transferencia recién se efectuó en fecha 27 de febrero de 2008 no habiendo transcurrido hasta el momento de la presentación de la demanda (26/11/2012) el plazo previsto por el art. 138 del Código Civil. No siendo en consecuencia evidente el agravio denunciado ni la violación del art. 353 del Código de Procedimiento Civil.

6. Éste agravio, corresponderíasu impugnación en el recurso de casación en la forma; sin embargo,ante su reclamo incongruente,en sentido de que la Juez A quo de manera equivocada calificó el proceso como ordinario de hecho, siendo que lo correcto era que califique como ordinario de puro derecho; se debe aclarar al mismo,que conforme se tiene analizado supra, la Juez inferior en su oportunidad ha valorado toda la prueba producida por la parte actora,así como el Tribunal de Alzada en relación a los agravios descritos en apelación;no obstante, de la revisión de obrados no se evidencia que el ahora recurrente hubiera planteado tal petitoriode calificación del proceso como ordinario de puro derecho en la instancia correspondiente, tampoco que hubiere objetado el Auto que establece la relación jurídica procesal y los puntos de hecho a probar,contrariamente se advierte que el recurrenteha consentido el Auto que establece la relación jurídica procesal, en el entendido de que el presente caso de Autoses un proceso contencioso de conocimiento, por lo que en cumplimiento a dicho Auto ha ofrecido y producido sus probanzas, consiguientemente, al presente la oportunidad de su reclamo a precluído, siendo además que no existe fundamento alguno para su reclamo, por lo mismo no es evidente la violación del art. 354 del Código de Procedimiento Civil.

7. En este punto el recurrente de manera persistente reclama que las pruebas no fueron valoradas, empero este su reclamo es generalizado e incoherente, porque en el memorial de recurso de casación ni en éste acápite,no se plantea error de hecho o de derecho en la valoración de la prueba conforme señala el art. 253-3) del Código de Procedimiento Civil, tampoco se concreta en qué medio probatorio se encuentra el error, ya sea de hecho o de derecho, pues de modo inadecuado se refiere al documento de transferencia, sin especificar qué tipo de error se habría cometido en la apreciación de éste medio de prueba, porque no basta nombrar el o los elementos de prueba y argüir que estos sean contrarios a derecho o insuficientes, sino que debe demostrarse que en la apreciación de un determinado medio de prueba se ha incurrido en error de hecho o de derecho por parte del juzgador,siendo además que el primero debe ser acreditado mediante actos auténticos o documentos que pongan de manifiesto la equivocación del juzgador, lo contrario significaría que el Tribunal de casación se posicione como una tercera instancia de valoración probatoria, situación ilegal por cuanto esa es una atribución de los Tribunales de grado incensurable en casación; falencia recursiva que no puede ser paliada por éste Tribunal al ser responsabilidad propia del recurrente. Por que además, como se ha analizado precedentemente, las pruebas producidas no han sido observadas ni objetadas,y en el marco de lo dispuesto por los arts. 1286 del Código Civil y 397 del Código de Procedimiento Civilhan sido valoradas en la instancia correspondiente, por lo que no existe fundamento alguno que sostenga el supuesto agravio acusado por la parte recurrente, menos existe violación del art. 376 del Código de Procedimiento Civil.

8. De la revisión de obrados, y en relación a éste agravioinconsistente, no se evidencia que el Ad quem hubiera interpuesto las excepciones establecidas por el art. 336-6)-8) del Código de Procedimiento Civil, menos que el referido Tribunalhubiera resuelto la excepción previa (Demanda interpuesta antes de ocurrido el vencimiento del término o el cumplimiento de la condición) o perentoria (Transacción), sino que en el marco de lo establecido por los arts. 1286 del Código Civil y art. 397 del Código de Procedimiento Civil la Juez inferior ha valorado correctamente la prueba producida por la parte actora,conforme se ha referido precedentemente, y en cumplimiento del art. 236 del Compilado Adjetivo Civil el Tribunal de Alzadatambién ha concluido de la prueba valorada, que el actor Roberto Quiroga Rodero solo ocupa físicamente el inmueble objeto de litigio,que empero no ha demostrado la concurrencia del segundo requisito de la posesión quees el “animus possedendi”, pues como el mismo confiesa el inmueble que ocupaba era de propiedad de su padre, quien luego ha transferido dicho derecho propietario a su nieto, habiendo precisamente el demandante intervenido en ella en representación del nieto que era su hijo conforme se evidencia de laEscritura Pública Nº 326/2008 de fecha 07 de marzo de 2008, reconociendo consecuentemente el derecho propietario de su padre hacia su hijo, quedando con ello desvirtuado su posesión del inmueble objeto de litigio,porque además no ha transcurrido hasta el momento de la presentación de la demanda,efectuada en fecha 26 de noviembre de 2012, el plazo de diez años, siendo que la última transferencia referida se efectuó en fecha 27 de febrero de 2008, habiendo transcurrido solo 4 años y 9 meses aproximadamente hasta la presentación de la demanda.

De donde se concluye que el Tribunal inferior en el cumplimiento de su deber y no de oficio, ha concluido en base a la prueba valoradaque el actor solo ocupa físicamente el inmueble objeto de litigio,y que lógicamente al existir un propietario por él reconocido, no existe la concurrencia del “animus possedendi”, es másrealizando el cómputo correspondiente de la última transferencia a la fecha de la presentación de la demanda no se ha cumplido con los diez años establecidos por art. 138 del Código Civil. Porconsiguiente no existe argumento alguno que sostenga el supuesto agravio acusado por el recurrente, porque éste Tribunal no encuentra que el Ad quem hubiera incurrido en error en la valoración de la prueba, ni muchos menos en violación o interpretación errónea o aplicación indebida de la ley, deviniendo este agravio en infundado.

9. En este acápite el recurrente hace mención a la violación de los principios  de legalidad, igualdad procesal y probidad, los mismos que sustentarían la Ley Nº 439 de 19 de noviembre de 2013, sin tener presente que esta disposición normativa señalada es impertinente al presente caso de Autos, conforme a la primera disposición transitoria contenida en la misma, donde se señala que:”El presente Código entrará en vigencia plena el 6 de agosto de 2014 y será aplicable a los procesos presentados a partir de la fecha de referencia…”, sin embargo al haber hecho también referencia a los principiosque sustentan la jurisdicción ordinaria y que rigen de forma general al proceso civil, debemos manifestar que al respecto la Ley Nº 025 (Ley del Órgano Judicial) conceptúa a los mismos de la siguiente manera:

-Principio de Legalidad.- Con sujeción a la Constitución Política del Estado, constituye el hecho de que el administrador de justicia, esté sometido a la Ley de su jurisdicción y no a la voluntad de las partes (LOJ, art. 30, inc.6)”;en el presente caso el Tribunal Ad quem ha circunscrito su resolución a la normativa sustantiva y adjetiva vigente, mismas que se encuentranseñaladas en la Resolución de Alzada, y no así a la voluntad de las partes, por lo que no existe vulneración alguna de éste principio.

- “Principio de Igualdad de las Partes ante el Juez o de Igualdad Procesal.- Propicia que las partes en un proceso, gocen del ejercicio de sus derechos y garantías procesales, sin discriminación o privilegiode una con relación a la otra (LOJ, art. 30, inc.13)”;en el presente caso en igualdad de condiciones y con las mismas facultades y derechos, sin discriminación alguna,las partes han intervenidoy han sido participes de todas las etapas e instancias del proceso, por lo mismo ha existido igualdad procesal, no siendo evidente que el Tribunalde Alzadahaya actuado de mutuo propio conforme se ha analizado supra.

-“Principios de Probidad.- Toca a la exigencia de conocimiento y de capacitación permanente de las Juezas y los jueces, como fundamento para el servicio de calidad en la administración de justicia (LOJ, art. 30, inc. 4)”;Como se ha referido, en el presente caso de Autos la parte actora ha producido su prueba, la misma que ha sido valorada por la Juez de instancia, y una vez sabida la verdad material,conforme a la normativa sustantiva y adjetiva vigente,en equidad, se ha declarado improbada la demanda, lo que ha sido ratificada por el Tribunal de Alzada, de donde se tiene que los Tribunales de instancia han actuado con probidad.

Lo que no importa violación de los principios referidos,por lo queno existe fundamento alguno que sostenga el supuesto agravioacusado.

Por lo referido, el recurso de casación en el fondo interpuesto por el recurrente se enmarca en lo determinado por los arts. 271 núm. 2), y 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 parágrafo I, núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación delos arts. 271 núm. 2), y 273del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADOel recurso de casación en el fondo de fs. 167 a 170de obrados, interpuesto por Roberto Quiroga Rodero contra el Auto de Vista de fecha 04 de noviembre de 2013 cursante de fs. 160 a 164, pronunciado por la Sala Civil, Comercial y Familiar Segunda del Tribunal Departamental de Chuquisaca. Sin costas por no existir contestación.


Regístrese, comuníquese y devuélvase.


Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.


Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Dr. Patricia Ríos Tito

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: Segundo