TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

   SALA  CIVIL

Auto Supremo: 181/2014

Sucre: 24 de abril 2014

Expediente: SC-11-14-S

Partes: José Masanés Solé c/ Jorge Córdova Serrudo y Silvia Godefroy de

Córdova.

Proceso: Demanda de indemnización proporcional a la disminución patrimonial

provocada por ilegal y abusivo enriquecimiento ilegítimo, nulidad de los

contratos que sirvieron de medio por causa  y motivos ilícitos, más

restitución del pago indebido ya efectuado y consiguiente resarcimiento

del daño

Distrito: Santa Cruz

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 1289 a 1297, interpuesto por Dolly Julia De Chazal Vda. de Masanés, contra el Auto de Vista de 27 de noviembre de 2013, cursante de fs. 1278 a 1279, pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso ordinario de indemnización proporcional a la disminución patrimonial provocada por ilegal y abusivo enriquecimiento ilegítimo, nulidad de los contratos que sirvieron de medio por causa  y motivos ilícitos, más restitución del pago indebido ya efectuado y consiguiente resarcimiento del daño seguido por José Masanés Solé contra Jorge Córdova Serrudo y Silvia Godefroy de Córdova, la concesión del recurso a fs. 1304, los antecedentes del proceso;  y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez de Partido Décimo en lo Civil y Comercial de la ciudad de Santa Cruz, pronunció Sentencia de27 de mayo de 2013, cursante de fs. 1225 a 1229 vlta.,  que declara: probada parcialmente la demanda principal de fs. 13 a fs. 23 planteada por José Masanés Solé, sucedido procesalmente por su esposa supérstite, e improbada en relación a la codemandada Silvia Godefroy de Córdova, en cuanto a la acción de nulidad de contratos escrituras públicas Nº 91, 92 y 93 del año 2008, que salen de fs. 4 a 9, é improbada  en cuanto a la acción de enriquecimiento ilegítimo, restitución por pago de los indebido y pago de daños y perjuicios. Improbada la demanda reconvencional saliente de fs. 78 a 85 vlta., interpuesto por Jorge Córdova Serrudo. Probada la excepción perentoria de prescripción saliente de fs. 103 a 106 planteado por los demandantes. En consecuencia se declara la nulidad de las Escrituras Públicas Nº 91/2008, 92/2008 y 93/2008, de 30 de diciembre de 2008, otorgadas ante Notaria de Fe Pública Nº 112; se deja sin efecto el reconocimiento de derechos y demás obligaciones que se estipulan en cada uno de los instrumentos; se condena al demandado al pago de la suma de $us. 6000 más intereses legales aplicables  a la fecha de recepción  que sale a fs. 1999 a la favor de la actora; se declara prescrito por el transcurso del tiempo cualquier derecho  que pudiera alegarse respecto al contrato sobre “Convenio entre partes” de fecha 21 de julio de 1993. Resolución de primera instancia que es apelada por ambas partes, por memorial de fs. 1241 a 1244 Dolly Julia De Chazal Vda. de Masanés y por escrito de fs. 1249 a 1255 Jorge Córdova Serrudo, que merece la emisión del Auto de Vista de 27 de noviembre de 2013, cursante de fs. 1278 a 1279, que revoca parcialmente la Sentencia apelada, declarando improbada también la pretensión de nulidad de las escrituras públicas, y por otra parte declara probada la reconvencional presentada por Jorge Córdova Serrudo, y se dispone la validez y eficacia jurídica a los contratos insertos en las Escrituras Públicas Nros. 91/2008, 92/2008 y 92/2008, de 30 de diciembre de 2008; se ordena el cumplimiento por parte de los herederos forzosos de José Masanés Solé las obligaciones asumidas por el nombrado al pago de daños y perjuiciosa calificarse en ejecución de sentencia; Resolución de alzada que es recurrida de casación en el fondopor lo parte demandante, que obtiene el presente análisis.

CONSIDERANDO II:                                                                HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

La recurrente plantea violación, interpretación errónea y aplicación indebida de los arts. 945 y1286 del Código Civil y 397 de su Procedimiento, provocadas por la arbitraria apreciación de hecho y derecho en la apreciación de las pruebas de ambas partes, fundando en que los contratos no configuran ni hacen referencia a una transacción, y que estos son el producto del ilegal condicionamiento que fue sometido su difunto esposo. Agrega que la transacción se constituya debe  contenerconcesiones recíprocas que cada una delas partes sacrifica a favor de otra, debiendo estar configurada en documento expreso, no se trata de un documento cualquier y tampoco se puede sostener que determinados documentos implican transacción si no están los presupuestos legales. Continúa su exposición señalando la violación, interpretación errónea y aplicación indebida del art. 945 del Código Civil. Por afirmar el Ad quem que los contratos base del juicio se “asemejan” a una transacción.

Luego señala que la infracción del art. 945 del Código civil se debe  a la ilegal y arbitraria apreciación de las pruebas producidas por ambas partes, que contiene error dehecho y derecho; argumenta que el Ad quem al apreciar que los contratos se asemejan a una transacción  ha incurrido en error en la apreciación, en ese marco identifica infracción delos arts. 1286 del Código civil y 397 de su procedimiento. Acota que se ha vulnerado el sistema de la sana crítica y prudente arbitrio asumiendo propio sistema de valoración basado en la arbitrariedad y especulación ausente de lógica. Prosigue indicando que el error de derecho consiste en haber otorgado a los contratos una eficaciaprobatoria de transacción cuando los mismos no configuran ni remotamente tal modalidad contractual, y existe error de hecho cuando arbitrariamente ha dado por demostrado eje hecho de que los contratos existe una transacción; en ese margen la recurrente acusa error de hecho en la abundante prueba documental, testifical, confesiones provocadas e inspecciones oculares, desglosando en 14 puntos la prueba desarrollada, cúmulo de pruebas que fueron ignoradas dice- cuya apreciación hubieran conducido a la identificación de la causa y motivo ilícitos., y al ignorar esta prueba ha cercenado el contenido objetivo de la misma que demuestran los hechos, y la recurrente desglosa el acta de verificación de entrega de inmueble , la certificación defs. 202 vlta., acta de inspección de fs. 624 a 625, la declaración de fs. 652 y vlta., el acta de inspección de fs. 628 y vlta, el acta de declaración testifical, la confesión de los demandados de fs. 676 y vlta., y 680 y vlta., la declaración de fs. 688 a 689, la declaración de fs. 1056 a 1057 cúmulo de pruebas que fueron cercenados incurriendo en error de hecho.

Por otro lado acusa violación, interpretación errónea y aplicación indebida de los arts. 549-3) del Código Civil, con relación alos arts. 489 y 490 del mismo cuerpo legal, a lo que indica que al haber cercenado el valor objetivo de la prueba cimentó las base para desconocer la existencia y presencia de causa y motivo ilícito en los contratos base. Señala que la violación del art. 549-3) del Código Civil consiste en la no aplicación correcta de los preceptos legales, ello al margen de la existencia de un evidente error de hecho plasmado en el abusivo cercenamiento de la prueba, y dice lo mismo respecto a los arts. 489 y 490 del Código Civil. Señala que se produjo interpretación errónea por haber dado a dichos preceptos un sentido equivocado al desconocer la presencia de causas y motivos ilícitos en los contratos, agrega que en el caso al aprovecharse de estar en posesión de un bien y condicionar su entrega a la previa firma de contratos a través de los cuales se obtieneindebidas ventajas, no sólo que buenas costumbres  y contraria a la convivencia e intereses generales, es contraria a la propia ley está revestido de chantaje.

Señala, también, inaplicación del principio constitucional de verdad material y consiguiente violación del art. 180-I de la Constitución, al respecto señal que una cosa es lo que se encuentra estipulado en los contratos y otra cosa es lo que materialmente se ha probado y demostrado, en el caso dice- el Ad quem se inclinó por la verdad con apariencia formal dejando de lado la verdad material, se limitó a analizar los contratos y otorgarle eficacia probatoria de transacción cuando la verdad material demuestra que esos documentos son el producto de un ilegal aprovechamiento y condicionamiento para su obtención.

Finalmente señala que interpone recurso de casación en el fondo en contra el Auto de Vista y su Auto complementario pidiendo al Tribunal Supremo de Justicia resuelva casando totalmente el Auto de Vista y en consecuencia fallando en los principal del litigio aplicando la leyes conculcadas.

CONSIDERANDO III:                                                                        FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Respecto a la denuncia de violación, interpretación errónea y aplicación indebida de los arts. 945 y1286 del Código Civil y 397 de su procedimiento, provocadas por la arbitraria apreciación de hecho y derecho en la apreciación de las pruebas de ambas partes, fundando en que los contratos no configuran ni hacen referencia a una transacción. Para responder a lo anotado, se debe primero contextualizar la respuesta otorgada por el Tribunal Ad quem, al efecto el Auto de Vista al referirse a la Sentencia emitida manifestó que: “…dicha decisión carece de sustento probatorio; y que además emerge de apreciaciones subjetivas erróneas con notoria carencia de razonabilidad, habida cuenta que no es lógicamente admisible que para recuperar la posesión de un inmueble, se someta al condicionamiento de transferir propiedad de bienes valiosos a favor de su inquilino a título gratuito (la solución peor que el problema); cuando lo más lógico es concluir que la coincidencia de fechas de subscripción de los contratos, con la fecha de entrega del inmueble y la fecha del desistimiento del proceso de desocupación, seaproducto de una transacción habida cuenta entre demandante y demandado la relación de propietario inquilino no era la única, sino que desde hacía muchos años estaban relacionados y tenían negocios en común habiendo inclusive suscrito en el año 1993 un documento denominado “convenio entre partes”. Es por esa razón que más que un condicionamiento doloso, la suscripción de los contratos se asemeja más a una transacción

Conforme lo vertido, al hacer referencia el Ad quem a una posible transacción no estaba señalando a instauración de una transacción en contrato especifico, sino que en el contexto observó que la serie de actos consumados (suscripción de los contratos, entrega del inmueble, desistimiento del proceso de desocupación) en una misma fecha sea producto de una transacción, utilizando el término en una acepción de que estos acuerdos arribados fueron para determinar situaciones pendientes, pues como se advirtió esa relación entre José Masanés Solé y Jorge Córdova Serrudo, no era sólo de inquilino y propietario, sino devenía de años anteriores por negocios en común. En esa característica resulta inadecuado, denunciar lainfracción del art. 945 del Código Civil, referido a la regulación del contrato en particular de la transacción, pues no existe nexo entrelo razonadopor el Ad quem con la norma que se dice vulnerada, más aun cuando en el tenor de la Resolución de Vista se verifica que la controversia no fue resuelta aplicando esa norma sustantiva.

Respecto al error de hecho y derecho en la apreciación de la prueba que advierte la recurrente se hace necesarioseñalar que, el error de derecho en la valoración de la prueba ocurre cuando el juzgador hubiera consignado un valor diferente al elemento probatorio contrariando las reglas vinculadas a la eficacia probatoria señalada en ley, es decir, ala prueba valorada se le concede valor contrario a la tasación que la ley diseñó al efecto. Por otro lado, se entiende por error de hecho cuando el juzgador valora erróneamente los hechos al considerar una prueba que no contieneciertamente el proceso, o cuando da por demostrado un hecho que no refleja el elemento probatorio que existe materialmente en obrados, o en su caso, cuando el juez altera o modifica, cortando o incrementando, el contenido objetivo de la prueba existente.

Conforme los parámetros brindados se concluye que la denuncia de error de derecho en la apreciación de las Escrituras Públicas N.º 91/2008, 92/2008 y 93/2008, todas de fecha 30 de diciembre de 2008, no tiene consistencia, por cuanto a estos instrumentos públicos no se otorgó una valoración diferente a la establecida  en el art. 1289 del Código Civil, pues el examen del error no pasa por significancia de contenido que el Tribunal Ad quem le brindo a dichas escrituras, sino en concluir si a ese documento se le hubiera restado o aumentado la eficacia probatoria, es decir, si por encima de él se hubiera opuesto unaprueba con una eficacia menor, cuando esta prueba tiene un régimen tasado por la ley.

En relación al error de hecho en las Escrituras Públicas N.º 91/2008, 92/2008 y 93/2008, todas de fecha 30 de diciembre de 2008, se tiene que comprender que en el razonamiento vertido por el Ad quem fue en mérito a un examen de un cúmulo de prueba que decantó en el razonamiento de que esos actos desarrollados en la fecha de elaboración delos documentos se asemejaban en una transacción, entendida ésta última como una solución a cuestiones pendientes mucho antes; en esa lógica, no se puede endilgar de error de hecho cuando esta apreciación no partió de esos instrumentos públicos en concreto sino de una comunidad de elementos probatorios que permitieron al Tribunal de alzada razonar de esa forma.

Por otro lado, el acusar paralelamente la presencia de error de hecho en la prueba documental, testifical, confesiones judiciales provocadas e inspecciones oculares, sin indicar donde en específico considera la recurrente existió yerro del juzgador no puede ser considerado, más aun cuando en el desarrollo de esa consideración recursiva lo que se pretende  es que éste Tribunal proceda a una revalorización de esa prueba, tarea privativa de los jueces de instancia, ya que al asegurar que estas fueron ignoradas se está intentando que se actúe como un instancia más para rever los hechos en base a la prueba aludida. Por lo considerado anteriormente no se evidencia infracción de los arts. 1286 del Código Civil y 397 de su procedimiento.

Respecto a la violación, interpretación errónea y aplicación indebida de los arts. 549-3) del Código Civil, con relación a los arts. 489 y 490 del mismo cuerpo legal,ingresando en análisis, se debe señalar que se hace apropiado considerar la causal de nulidad planteado conforme a los hechos expuestos en demanda.

Es así que el art. 549-3)del Código Civil prevé que el contrato será nulo por ilicitud de la causa y por ilicitud del motivo que impulsó a las partes a celebrar el contrato; al efecto, la causa es ilícita cuando es contrario al orden público o las buenas costumbres o cuando el contrato es un medio para eludir la aplicación de una norma, y, por otro lado, el contrato es ilícito cuando el motivo que determina la voluntad de ambos contratantes es contrario al orden público o a las buenas costumbres, conforme determinan los arts. 489 y 490 del Código Civil, respectivamente.

En el marco de esta exposición normativa, se debe explicar que la causa como elemento estructural del contrato, es la finalidad económica social que persigue el acto jurídico que merece la protección del ordenamiento jurídico, la cual se torna ilícita cuando esa finalidad es contraria al orden público o las buenas costumbres  o cuando es un medio para rehusar  el cumplimiento de una norma imperativa, a decir de Messineo (Doctrina General del Contrato, pág. 135) señala que la causa entendida como fin económicosocial tiene un función teleológica , “en el sentido de que cada ordenamiento jurídico, secundando la legítima expectativa de cada una de las partes, hace depender la validez del contrato de la circunstancia de que, mediante el mismo, la parte consiga efectivamente el fin (reconocido como importante) que el contrato, por su misma naturaleza, es idóneo para hacer conseguir…”, en esos términos podemos señalar quela causa es esa función o propósito (económico social) práctico que los concurrentes al acto persiguen al contratar.

Del mismo modo, debemos señalar que el motivo es entendido como un elemento subjetivo, la voluntad del sujeto para asistir al contrato, por lo que pareciera irrelevante el móvil de las partes, por separado, para la validez del contrato, sin embargo cuando ese motivo en conjunto es contrario al orden público o las buenas costumbres ese contrato es considerado ilícito, lo que podría señalarse que el motivo ilícito de los contratantes constituye la causa del contrato, al respecto Carlos Miguel Ibáñez (Derecho de los contratos, 2010, pág. 363) explica que: “Los motivos individuales  de los contratantes sólo alcanzan relevancia, cuando el móvil perseguido ha sido explicitado, incluido, incorporado, en el contenido del contrato, lo que implica su conocimiento por la otra parte, y, además ha constituidola causa determinante del consentimiento.

En tal caso es un motivo causalizado, que integra la causa fin, y si ese móvil se torna decumplimiento imposible o si es ilícito, puede anular el contrato.”

Por lo anotado, si se increpa de nulo los contratos insertos en las Escrituras Públicas N.º 91/2008, 92/2008 y 93/2008, todos de fecha 30 de diciembre de 2008, se debe demostrar que la causa y el motivo fue ilícito en cada uno de ellos, en ese análisis, podemos advertir que el contrato cubierto en la Escritura Pública Nº91/2008 de 30 de diciembre de 2008 no se advierte una causa ilícita sino que al contrario se denota el reconocimiento del derecho de copropiedad en lo proindiviso sobre determinado terreno, siendo su causa lícita al establecerse condiciones en este reconocimiento de derechos patrimoniales que están en tráfico normal de la autonomía de la voluntad, por lo que no es contrario al orden público o las buenas costumbres o cuando el contrato es un medio para eludir la aplicación de una norma. En ese mismo orden, los contratos insertos en las Escrituras Públicas Nº92/2008 y 93/2008, ambos de fecha 30 de diciembre de 2008, deben ser considerados de forma conjunta por ser el segundo aclarativo del primero, a lo que cabe indicar que su causa es referida a una compra-venta de cosa futura, finalidad económica social que no contiene un referente ilícito, aun cuando sea onerosa  a una de las partes, condición no ilícita por estar dentro de los límites de la autonomía voluntad; si bien, en el supuesto, puede existir excesiva contraprestación a la recibida, lo que no implica la existencia de vicio estructural en la formación del contrato.

De otro lado, cabe señalar que en el examen de cada uno de los contratos no se observa que el motivo que llevó a las partes a concurrir en el mismo, se haya causalizado, es decir que ese móvil individual sea la causa por la cual se realizó los instrumentos aludidos.

La recurrente en su recurso, no distingue cuál la causa ilícita y el motivo ilícito en cada uno de los contratos, sin explicitar a dos presupuestos diferentes descritos en la ley, lo cual vuelve confusa su exposición. Asimismo, el recurso, indiferentemente, encuentra ilicitud al condicionamiento de la entrega del bien inmueble a la firma de los contratos antes citados; a lo que es conveniente decir que transar esa situación de hecho mediante prestaciones, posiblemente onerosa a una de las partes, no significa que se haya entrado a un ámbito de ilicitud de la causa, pues veamos que esos contratos nacieron cuando se tenía un proceso de por medio, con pretensión doble, si para poner término a ese litigo se consideró prestaciones de ambas, es lógico que ambos actuaron bajo el principio de la autonomía de la voluntad, creando derechos y obligaciones para ambas partes, que como consecuencia lógica debe cumplirse por tener fuerza de ley entre los celebrantes, a tal consideración Carlos Miguel Ibáñez incide que “el que se ha obligado voluntariamente no puede hablar de un sometimiento injusto por aplicación del principio volenti non fit injuria (no se comete injusticia con quien actuó por su voluntad”.

En relación a la inaplicación del principio de verdad material inserto en el art. 180-I de la Constitución Política del Estado; se debe señalar que el Tribunal de alzada, si se guió por el principio de verdad material estableciendo parámetros objetivos de la prueba circunscrita en proceso, en esa consideración compulsó la pruebas de forma conjunta llegando a concluir lógicamente el porqué de la celebración de los contratos y los otros actos desarrollados, en esa consideración no se puede culpar de infracción a la norma fundamental en su art. 180-I, bajo un argumento subjetivo de la parte recurrente, cuando por la explicación vertida se ha verificado la inexistencia de causa y motivo ilícito. Por todo lo anteriormente explicado, se observa que el fundamento argüido en el recurso de casación no contiene el fundamento necesario para revertir la decisión del Ad quem, por lo que debe declarase infundado.

Conforme lo explicado precedentemente correspondefallar en sujeción a lo mandado por los arts. 271 núm. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el artículo 42 parágrafo I núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los arts. 271 núm. 1) y 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 1289 a 1297, interpuesto por Dolly Julia De Chazal Vda. de Masanés, contra el Auto de Vista de 27 de noviembre de 2013, cursante de fs. 1278 a 1279, pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. Con costas.

Se regula el honorario del abogado en la suma de Bs. 1.000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Dr. Patricia Ríos Tito

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: Segundo