TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA  CIVIL

Auto Supremo: 179/2014

Sucre: 24de abril de 2014

Expediente: LP-153-12-S

Partes: Newman Lumber Inc. c/Alberto guiteras Déniz y Augusto Guiteras Déniz

en representación de Sociedad Agroindustrial SATA S.R.L.

Proceso: Ordinario de pago sobre obligación de saldo líquido, intereses y

condenaciones de ley

Distrito: La Paz

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 332 a 339 de obrados interpuesto por Alberto Guiteras Déniz, en contra el Auto de Vista Nº N-S -337/2012 de fs. 327 a 329 vlta., de fecha 4 de septiembre de 2012, pronunciada por la Sala Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el proceso ordinario sobre pago de obligación de saldo líquido, intereses y condenaciones de ley del proceso, seguido por Newman Lumberg Inc. contra Alberto Guiteras Déniz y Augusto Guiteras Déniz en Representación de Sociedad Agroindustrial SATA S.R.L., el Auto de concesión de fs. 348, los antecedentes del proceso, y:


CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:


El Juez Cuarto de Partido Civil y Comercial de la ciudad de La Paz, el 16 de junio de 2011, pronunció la Sentencia Nº 180/2010, cursante de fs. 280 a 282 vlta., declarando Probada en parte con costas, la demanda ordinaria de pago de obligación, más intereses y costas, seguido por Newman Lumber Inc. contra Alberto Guiteras Déniz y Augusto Guiteras Déniz SATA S.R.L., disponiendo respecto al codemandado Alberto Guiteras Déniz, pague la suma de $us408.562, 89 (CUATROCIENTOS OCHOMIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS 89/100 DÓLARES AMERICANOS), bajo conminatoria de procederse a la subasta y remate de sus bienes propios, más interés legal e IMPROBADA respecto de la Empresa SATA S.R.L., la excepción de prescripción. Contra esa Resolución de primera instancia los demandados, interpusieron recurso de apelación, en cuyo mérito la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, el 14 de junio de 2012 pronunció Auto de Vista, que confirmó la Sentencia de 16 de junio de 2011 de fs. 280 a 282 vlta.

Contra esa Resolución Alberto Guiteras Déniz, interpone recurso de apelación, que mereció el Auto de Vista Nº S-337/2012 de fecha 04 de septiembre de 2012 que corre de fs. 327 a 329 vlta., de obrados, que confirma la Sentencia apelada.

Notificado con la Resolución de Alzada, Alberto Guiteras Denis, interpone recurso de casación en el fondo, el mismo que corre de fs. 332 a 339 del cuaderno procesal, el mismo que se analiza.


CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:


El recurrente acusa falta de fundamentación legal del Auto de Vista Nº S-337/2012 a tiempo de confirmar la Sentencia apelada, pues señala que los vocales solamente se han limitado a realizar un resumen de los antecedentes del proceso sin ingresar a la consideración del fondo que la causa  y a los argumentos de la apelación de su parte.

Por otro lado, en el acápite prescripción de la obligación, señala que el Auto de Vista falsamente indica que no habría transcurrido el plazo para que opera la prescripción y que el computo inició el año 2003, un año después de haberse girado las letras de cambio, además de interpretar erróneamente la SC N° 0001/2004-R de 7 de enero de 2004: Arguye que el plazo de prescripción común es de 5 años, y que la Empresa Newman Lumber Inc. Tenía la facultad para ejercer su derecho de cobro a partir del 7, 18, 28 de enero de 2002, para las letras de cambio, fechas que deben ser consideradas como inicio para el cómputo de la prescripción, acudiendo al art. 565 del Código de Comercio. Agrega que las letras fueron giradas a la vista y la empresa Newman Lumber Company, tenía la facultad para ejercer su derecho de cobro desde el momento en que las letras fueron giradas, teniendo el plazo de 1 año para poder realizar el cobro en cualquier momento de dicho plazono como erróneamente señala el Tribunal de Alzada, que se debía esperar el plazo de un año para el comienzo del cómputo para la prescripción; acota que se encuentra ante una mala interpretación  a las normas jurídicas civiles y comerciales y una arbitrariedad de ambos fallos. En ese marco el recurrente hace un desglose de cada letra de cambio según su data y notificación con la demanda.

Prosiguiendo con su alegato recursivo, señala que no se ha considerado las diferencias existentes entre prescripción y caducidad y que las ha confundido, siendo que son totalmente distintas una de otra más aún para el cómputo del plazo que determine una prescripción. Señala que no es posible concebir  que al termino de cinco años necesarios para la prescripción se haya añadido el termino señalado para la caducidad, el cuál comprende un año a partir del giro de la letra de cambio y su cobro y no tiene relación con la prescripción, que empieza desde el mismo momento en que se giró la letra de cambio. Se acota que no existe fundamento legal que justifique o rechace la diferencia o la complementariedad entre los pazos para la prescripción de la obligación de pago y para el protesto y cobro de la letra de cambio. 

En el acápite de la prueba presentada en el proceso, alude a las literales de fs. 8 a 10 de obrados, y sostiene que las aseveraciones sobre las pruebas, fueron negadas oportunamente, puesto que las mismas contiene afirmaciones y hecho completamente alejados de la verdad, pues jamás hubo conciliación de cuentas o de saldos deudores entre la empresa demandante y SATA SRL, y nunca existió una conciliación de saldos con el recurrente en calidad de persona natural. En ese particular el recurrente indica que nose realizóconciliación a salados y que la misma fue unilateral, aspectos que no fue valorado adecuadamente por las autoridades, y existió una mala valoración tanto de las pruebas como del art. 341 del Código Civil, señalando que existía mora sin intimación prevista y haciendo referencia auna carta de fs. 11, en la cual su persona señalódesconocer la conciliación de cuentas supuestamenterealizada entre ambas partes, complementa que ninguna delas cartas señaladas en el Auto de Vista ha servido para constituirle en mora de manera expresa. Más adelante alega que la concurrencia y consentimiento de la empresa SATA SRL y/o algún personeros en las literales de fs. 8 a 10, así como la inexistenciade conciliador  no constituyen una conciliación de saldos por lo que esas literales carecen de todo valor legal; yque la literalde fs. 11 demuestra la inexistencia de obligación pecuniariaalguna a favor de la empresa actora, carta que no fue confrontada con una repuesta de parte de los personeros de dicha empresa.

En el acápite “de la falta de prueba en el proceso”, señaló que en ningún momento dentro de las pruebas en el proceso y menos dentro el periodo probatorio, seha probado que su persona tenga una deuda con la empresa Newman Lumber Inc., pues no existe dice- ningún contrato ni documento alguno que pruebe que ha recibido ese dinero, por el contrario se ha probado que él se encontraba en la ciudad de La Paz cuando se firmaron las letras de cambio.

Finalmente, solicita se emita Auto Supremo casando el Auto de Vista declarando en consecuencia improbada la demanda interpuesta por no haber sido producida prueba alguna en su contra que acredite su calidad de deudor y solicita se declare probada la excepción perentoria de prescripción.


CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Es pertinente señalar que el presente examen deviene del mandato que emerge del Auto Nº 343/2013 de 22 de octubre de 2013, emitido por el Tribunal de garantías, en la acción de amparo constitucional interpuesta por Alberto Guiteras Dénizcontra los Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en consecuencia, el análisis se circunscribirá a los aspectos identificados en el citado pronunciamiento, dentro el límite establecido en las normas adjetivas referidas al recurso de casación.

En relación a la acusación de falta de fundamentación legal del Auto de Vista Nº S-337/2012 a tiempo de confirmar la Sentencia apelada; se debe señalar que la falta de fundamentación es una agravio que corresponde a la forma, es decir, es relativo a error “in procedendo”, error procesal, que afecta las resoluciones judiciales en su estructura, en tal caso dicha denuncia debió ser deducida en recurso de casación en la forma más no en el fondo, ya que la casación en el fondo tiene como objetivo enmendar el error material que ocurre cuando en la resolución de la controversia se afecta la norma jurídica sustancial que conduce a una decisión de fondo que no es correspondiente con lo que el sistema jurídico tiene previsto para el caso concreto; en esa circunstancia éste Tribunal de casación se inhibe de ingresar al análisis al respecto, por la naturaleza del recurso planteado. Por lo anotado se tiene por respondido el inc. e) “falta de fundamento legal de la Sentencia Nº 180/2010 de 16 de junio de 2011 y Auto de Vista 337/2012”, identificado por el Tribunal de garantías, dentro el marco legal estipulado para éste recurso extraordinario.

En relación a prescripción de la obligación, que acusa errada aplicación de los tribunales de grado, arguyendo que el plazo de prescripción común es de 5 años,  y que la Empresa Newman Lumber Inc. tenía la facultad para ejercer su derecho de cobro a partir del 7, 18, 28 de enero de 2002, para las letras de cambio, fechas que deben ser consideradas como inicio para el cómputo de la prescripción.

Para otorgar respuesta al mismo se debe considerar que el pago de la suma de $us. 408.562,89.-, deducida en demanda, es sobre la base de tres título valores giradas a la vista en fechas 07, 18 y 28 de enero de 2002, en tal circunstancia el art. 565 del Código de Comercio señala: “(LETRA A LA VISTA). Las letras giradas a la vista deben pagarse a su sola presentación. La presentación para su pago debe hacerse dentro del año siguiente a la fecha de la letra. El girador podrá ampliar el plazo o prohibir la presentación antes de determinada fecha, pero dentro del plazo señalado


El artículo señalado y acusado de haber sido mal interpretado y aplicado por el Tribunal de Alzada, disponeque en la letra de cambio girada a la vista,el pago es a su presentación y ésta debe hacerse dentro el año siguiente a la fecha de la letra, pudiendo el acreedor dentro del año de girada la misma pedir su cancelación, término determinado en ley fijado por la naturaleza misma de la letra de cambio, por cuanto siendo un título valor  abstracto, que contiene una orden incondicional de pagar suma de dinero en el lugar y plazo que se señala en el texto del documento, que, por ser a la vista, la ley le ha fijado el citado plazo a objeto de que se tenga constancia el tiempo de establecerse esa obligación cambiaria. Ahora bien, en el caso, las letras antes referidas no fueron presentadas dentro el año estipulado en ley para su pago como tampoco fueron protestadas, es decir, que ha caducado la acción ejecutiva de retorno, sin embargo conforme el art. 588 del Código de Comercio, puede el tenedor demandar el pago de la letra en la vía ordinaria, en tal caso la obligación emergente del título valor para fines de su prescripción comenzó a transcurrir desde que el derecho ha podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo, en aplicación del art. 1493 del mismo compilado normativo, es decir posterior al plazo que la ley ha establecido para el pago de una letra de cambio que era de un año girada la letra a la vista, no pudiendo computarse desde el momento mismo de haberse girado, como arguye el recurrente, por cuanto al ser la letra a la vista si bien no tiene un plazo de vencimiento cierto, no significa que no lo tenga, sino que éste ha sido diferido por el librador para que seadeterminado por el acreedor siendo su voluntad establecerlo pero dentro del año expresado en ley; en ese contexto sería arbitrario computar el plazo de prescripción de la obligación antes del término de un año que la ley estableció para el vencimiento de una letra de cambio a la vista.

Asimismo y conforme se tiene de los antecedentes que cursan en obrados, el recurrente, ha sido citado con la demanda, que cursa de fs. 86 de obrados en fecha 30 de enero de 2007, oponiendo inicialmente excepción de prescripción, mediante memorial de fs. 89 a 92 vta. de 12 de febrero de 2007 y contestando negativamente la demanda mediante memorial de fs. 94 a 98 Vlta., de obrados, bajo ese contexto y realizado el cómputo del plazo establecido por el art. 1501 del Código Civil al que el recurrente hace referencia y bajo los presupuestos establecidos por los arts. 1492 y 1493 del Código Civil ya mencionados, desde el 7, 18 y 28 de enero de 2003 al 30 de enero de 2007, momento en el cual el acreedor ha ejercido sus derechos, el tiempo transcurrido no es el exigido por el artículo 1507 del Código Civil, no habiéndose operado la prescripción de la obligación.

No obstante lo vertido, aun considerándose para el cómputo del plazo, la fecha en la que han sido giradas las letras de cambio, vale decir tomando como punto de partida como pretende el recurrente el 7, 18 y 28 de enero de 2002, el plazo para que se opere la pretendida prescripción, no se produce, toda vez que, según se tiene de los antecedentes que cursan en obrados y de lo expuesto y reclamado por el propio recurrente, de fs. 8 a 11 de obrados, surge la carta Notariada de conciliación de cuentas dirigida a Augusto Guiteras Déniz y Alberto Guiteras Déniz, Propietarios de la SOCIEDAD AGROINDUSTRIAL "SATA" S.R.L., con el saldo deudor de $us 408.562.89 a favor de la empresa NEWMAN LUMBER COMPANY entregada a los demandados en fecha 27 de marzo de 2002, por concepto de exportación de madera, a la cual los demandados, también mediante carta notariada responden negando la deuda, en fecha 28 de marzo de 2002, interrumpiéndose el plazo para la prescripción, conforme al art.1503 parágrafo II del Código Civil concordante con el 1506, también del Código Civil.

Por lo señalado anteriormente, se evidencia que todo el fundamento vertido por el recurrente en relación ala excepción de prescripción de la obligación no es consistente conforme las normas que regulan tal instituto, bajo esa connotación  se tiene por contestado el inc. a) “Excepción de prescripción” identificado por el Tribunal de garantías.

Respecto a la diferenciación entre  los términos de prescripción y caducidad.  A tal consideración recursiva se debe indicar, primero, que ésta fue planteada como parte del fundamento de la “prescripción de la obligación” y no de forma autónoma; y, por otra parte, se debe dejar en claro que no existe ninguna divergencia o malinterpretación de los términos de caducidad y prescripción por los Tribunales de grado, como sesgadamente pretender hacer notar el recurrente, al contrario, tal alegación al ser una copia casi idéntica de lo señalado en la apelación, no tomó en cuenta la respuesta que le otorgó el Ad quem al respecto lo cual hubiese disipado las dudas del recurrente. Sin embargo, para mayor explicación se debe señalar que, la prescripción y caducidad son institutos diferentes con características también diferentes, así también lo entiende el recurrente, por lo que no entraremos en su diferencia técnica, empero, la discusión no pasa por entender cuál la diferencia de esos institutos, sino que, como alude el recurrente, es la imposibilidad de añadir el termino señalado para la caducidad, el cual comprende un año a partir del giro de la letra de cambio y no tiene ninguna relación con la prescripción. En esos términos se debe explicar que la letra de cambio al ser un título valor cambiario que contiene una orden incondicional de pagar suma de dinero que debe cumplirse en el lugar y fecha que se fija en el documento, conforme a las modalidades de giro, en el presente se tiene una letra de cambio girada a la vista, lo que implica que el tenedor o beneficiario tiene la facultad de establecer la fecha de su cobro, pero dentro del año fijado por el art. 565 del Código de Comercio. En caso de no presentarse para el cobro la letra debe ser protestada, para establecer esa situación fehacientemente; sin embargo de no haberse cumplido con esa formalidad, se tiene el efecto de caducidad de la acción ejecutiva  de regreso, conforme el art. 588 del Código de Comercio, en tal caso, la ley remite para que se cumpla con la obligación a la vía correspondiente que resulta ser la ordinaria o sumaria, según sea el caso, mismo efecto se tiene con la letra de cambio girada a la vista, más allá de las características propias de esta forma de giro. De ahí el término de caducidad que alude el Ad quem en los términos que determina la ley. En ese contexto, habiendo cumplido con éste procedimiento, el derecho del cobro de la letra de cambio  no pude quedar en una incertidumbre, sino que vencido aquel plazo de un año, para que se proceda el cobro en la vía correspondiente, comienza a correr el término de la prescripción que señala el art. 1507 del Código Civil, debiendo quedar en claro, que no es una sumatoria de plazos, sino que son etapas reatadas a plazo que la misma ley prescribe, que debe interpretarse los mismos de forma sistemática y no de manera aislada. Bajo esa consideración no existe ningún tipo de sobre posición o interpretación errónea de la caducidad y la prescripción, como aduce el recurrente, ya que cada uno opera en espacios diferentes, siendo ilógico reatar todo lo explicado a una norma específica, ybajo el mismo razonamiento veríamos que el recurrente no fundamentó cuál norma señala que el plazo para la prescripción de la obligación ocurre desde el momento de girada la letra; por loindicado se da respuesta al inc. b) “diferenciación entre los términos de prescripción y caducidad”registrado por el Tribunal de garantías.

Para otorgar respuesta a las otras dos presuntas infracciones, diremos que según definió la S.C. Nº 1468/2004-R de 14 de septiembre de 2004, el recurso de casación es: “un recurso extraordinario y excepcional que tiene una doble función, de un lado, la de unificar la jurisprudencia nacional; y, del otro, la de proveer la realización del derecho objetivo, función que en la doctrina se ha denominado nomofiláctica o de protección de la ley. Dada su naturaleza jurídica, así como sus raíces históricas, la casación no es una instancia adicional del proceso, sino un recurso extraordinario que tiene por objeto el enjuiciamiento de la sentencia, y no del caso concreto que le dio origen; de ahí que, tanto la doctrina cuanto la legislación, le reconocen un carácter excepcional a este recurso, toda vez que, en primer lugar, no procede contra toda sentencia sino sólo contra aquellas que el legislador expresamente señala en la Ley; y, en segundo lugar, porque su fin principal es la unificación de la jurisprudencia nacional y no propiamente la composición del litigio, es decir, la dilucidación de los hechos objeto del litigio, sino que el Tribunal de casación ponga correctivos a la diversidad de las interpretaciones del derecho realizadas por los distintos jueces o tribunales de instancia, así como a las transgresiones en que éstos puedan incurrir contra la legislación”. Bajo esa anotación jurisprudencial podemos advertir que el recurso de casación no es una instancia adicional del proceso que permita el esclarecimiento de los hechos objeto del litigio, por lo cual se ha definido que la apreciación probatoria es una facultad autónoma de los jueces de instancia, incensurable en casación, salvo que se demuestre el yerro en esa apreciación error de hecho o de derecho-  que debe ser preciso en demostrar la equivocación conforme señala el art. 254-3) del Código de Procedimiento Civil.

El recurrente plantea en el acápite “b) De la prueba presentada en el proceso”, en referencia a las literales 8 a 10 de obrados, que no hubo conciliación de cuentas o de saldos deudores entre la empresa demandante y Sata S.R.L. y que no existió una conciliación de saldos con él, en esa particularidad el recurrente pretende que éste Tribunal de casación proceda a una revalorización de los medios probatorios señalados, soslayando la independencia probatoria que tuvieron los jueces de instancia, ya que no repara qué tipo de error se le atribuye a la apreciación obtenida, a más de citar impertinentemente la Ley de Conciliación y Arbitraje y el instituto de la conciliación regulada en el art. 180 del Código de Procedimiento Civil.

Asimismo, en el acápite “c) De la falta deprueba en el proceso” de forma desorientada acusa que no existe ningún contrato ni documento alguno que prueba que ha recibido dinero, consideración que pretende que éste Tribunal de casación revalorice toda la comunidad probatoria a fines de dilucidar los hechos del litigio, situación que confronte la naturaleza extraordinaria y excepcional del recurso de casación.

Por lo señalado, se ha otorgado respuesta a todos los puntos identificados por el Tribunal de garantías en el recurso de casación, sin embargo el mismo no contiene el fundamento suficiente para revertir la decisión emanada por el Tribunal de apelación, por lo deviene en infundado.

A lo expuesto corresponde a éste Tribunal Supremo de Justicia dictar infundado el recurso de casación en el fondo, por lo que se falla en sujeción a lo mandado por los arts. 271 núm. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.


POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 parágrafo I núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los arts. 271 núm.2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO elrecurso de casación en el fondo de fs. 332 a 339 de obrados interpuesto por Alberto Guiteras Déniz, en contra el Auto de Vist a Nº N-S -337/2012 de fs. 327 a 329 vlta., de fecha 4 de septiembre de 2012, pronunciada por la Sala Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Con costas.

Se regula el honorario del abogado en la suma de Bs. 1.000.-   

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Dr. Patricia Ríos Tito

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: Segundo