TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                          S A L A   C I V I L



Auto Supremo: 178/2014.

Sucre: 24 de abril 2014.         

Expediente:         SC-8-14- S.

Partes: Maria de los Ángeles Nasica Azogue.         c/ Roberto Rivas Castro

Proceso: Nulidad de documento privado aclarativo declarativo.

Distrito: Santa Cruz.


VISTOS: El recurso de casación de fondo y de forma de fs. 781 a 795 y vlta., interpuesto por Roberto Rivas Castro, contra el Auto de Vista de fecha 13 de noviembre 2013, cursante de Fs. 768 a 769 y vlta.,  emitido por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en el proceso ordinario de Nulidad de documento privado aclarativo declarativo, seguido por María de los Ángeles Nasica Azogue contra Roberto Rivas Castro; la concesión de fs. 801, los antecedentes del proceso; y:


CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Que, el Juez Segundo de Partido Segundo de Familia, el 21 de noviembre de 2006, pronunció Sentencia,  cursante de fs. 563 a 565 y vlta., declarando Improbada la demanda principal.

Contra la Resolución de primera instancia, la demandante y el demandado, presentaron recurso de apelación, en cuyo mérito la Sala Primera Civil del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz el 5 de mayo de 2008 emitió el Auto de Vista por el cual revocó parcialmente la Sentencia, resolución que fue recurrida en casación, motivo por el cual la Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, anulo el Auto de Vista de fecha 5 de mayo de 2008, cumplida con dicha nulidad, La Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, nuevamente emite Auto de Vista por el cual, también nuevamente revoca parcialmente la sentencia, declarando probada la demanda principal, solamente sobre la nulidad del documento privado aclarativo declarativo.

Contra el Auto de Vista de fecha 13 de noviembre de 2013, el demandado, interpuso recurso de casación en el fondo y en la forma, el mismo que se analiza.


CONSIDERANDO II:        

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN.

El recurrente realiza una reseña de los antecedentes de un proceso de divorcio instaurado por la actora, en el cual se hubiese declarado propio el bien inmueble objeto de la presente litis, resolución que a la fecha se encontraría ejecutoriada y tendría la calidad de cosa juzgada.  Proceso de divorcio, paralelo al de nulidad del documento Aclarativo Declarativo, donde se declaró probada la nulidad, fundamentándose aspectos ya establecidos en el proceso de divorcio, como por ejemplo la calidad que cuenta el bien propio y no ganancial, resolución que fue anulada por la Sala Civil Liquidadora por carecer de requisitos de congruencia y exhaustividad.

Indica también que nuevamente se dictó Auto de Vista en el cual se repitieron los errores que se hicieron en la resolución de Alzada anterior, por dicho motivo acusa la violación al principio de congruencia, mencionado que el Auto de Vista de fecha 13 de noviembre de 2013 realiza consideraciones que “confunde el reconocimiento del BIEN PROPIO y el arrastre a la comunidad de ganancial”, acusando de ultrapetita la resolución de Alzada, al haber emitido su pronunciamiento apartándose del hecho invocado en la demanda principal.

Indica también que el Ad Quem no limitó su pronunciamiento a lo que fue resuelto por el Juez A quo y recurrido en apelación, infraccionando lo normado en el art. 236 del Código de Procedimiento Civil.

Por otro lado, acusa la violación e interpretación errónea del art. 103 del Código de Familia, el incumplimiento al art. 115 de la Constitución Política del Estado, art. 90, 190 y 327 núm. 5) del Código Adjetivo Civil, art. 105, 1538 y 1451 del Código Civil, el incumplimiento del Auto Supremo No. 141 de fecha 7 de mayo de 2009, el cual definió como bien propio el inmueble objeto del Documento Privado, acusado de nulidad.

Por dichos motivos, luego de traer al recurso de casación jurisprudencia y doctrina, respecto a la Cosa Juzgada, termina solicitando que se admita su recurso de casación y se dicte Auto Supremo “donde se enuncie de manera clara y precisa que EL INMUEBLE DE LA CALLE CHIQUITOS Nº 86 U.V. 2 MANZANA 11 de esta ciudad, ES UN BIEN PROPIO DE ROBERTO RIVAS CASTRO, Y NO PERTENECE A LA COMUNIDAD GANANCIAL y de esta manera ponerle fin a este litigio” (textual).


CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Estando planteado el recurso de casación en el fondo y en la forma, corresponde precisar que de manera reiterada éste Tribunal estableció que doctrinalmente se considera al recurso de casación como aquel medio impugnatorio vertical y extraordinario procedente en supuestos estrictamente determinados por ley y dirigido a lograr que el máximo Tribunal revise, reforme o anule las resoluciones expedidas en apelación por los Tribunales Departamentales, que infringen las normas de derecho material o las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, o las formas esenciales para la eficacia y validez de los actos procesales.

Igualmente precisó que la Casación tiene por fin privilegiar la recta aplicación de la ley y de esta manera alcanzar la justicia en la resolución de los conflictos jurídicos, por ello, estamos ante una institución necesaria y de enorme importancia en la administración de justicia, pues gracias a ella, se cuenta con una vía que asegura la correcta aplicación o interpretación de las normas jurídicas y la uniformización de la jurisprudencia nacional.

Al respecto la uniforme jurisprudencia sentada por la entonces Corte Suprema de Justicia señaló que el recurso de casación se equipara a una demanda nueva de puro derecho, que puede ser interpuesto en el fondo o en la forma o en ambos a la vez, conforme está establecido en el artículo 250 del Código de Procedimiento Civil.

Cuando el recurso de casación se interpone en el fondo, esto es por errores en la resolución de fondo o errores in iudicando, los hechos denunciados deben circunscribirse a las causales de procedencia establecidas en el artículo 253 del adjetivo civil, siendo su finalidad la casación del Auto de Vista recurrido y la emisión de una nueva resolución que en base a una correcta interpretación o aplicación de la ley sustantiva o eliminando el error de hecho o de derecho en la valoración de la prueba, resuelva el fondo del litigio; en tanto que si se plantea el recurso de casación en la forma, es decir por errores de procedimiento, la fundamentación de agravios debe adecuarse a las causales contenidas en el artículo 254 del mismo cuerpo legal, siendo su finalidad la anulación de la resolución recurrida o del proceso mismo, lo primero sucede cuando la resolución recurrida contiene infracciones formales como ser falta de forma, falta de pertinencia o congruencia, incompetencia del Tribunal, entre otras; lo segundo cuando en la sustanciación del proceso se hubieren violado las formas esenciales del mismo sancionadas con nulidad por la ley. En ambos casos, es de inexcusable cumplimiento el mandato del artículo 258-2) del Código de Procedimiento Civil, es decir, citar en términos claros, concretos y precisos la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente y especificar en qué consiste la violación, falsedad o error; especificaciones que deben hacerse precisamente en el recurso y no fundarse en memoriales o escritos anteriores ni suplirse posteriormente.

De lo manifestado precedentemente se concluye que el recurso de casación en el fondo y el de forma son dos medios de impugnación distintos, que persiguen igualmente finalidades diferentes, el uno, nos referimos al de fondo, está orientado a que el Tribunal Supremo revise el fondo de la resolución del litigio, y en ese caso lo que el recurrente pretende es que el Auto Supremo case la resolución recurrida y resuelva el fondo de la controversia en base a la correcta aplicación o interpretación de la ley sustantiva o eliminando el error de hecho o de derecho en la valoración de la prueba. En cambio el recurso de casación en la forma está orientado a que el Tribunal Supremo constate la existencia de errores formales en la resolución impugnada -por ejemplo falta de pertinencia o congruencia, falta de fundamentación, incompetencia del Tribunal - o errores de procedimiento en la sustanciación de la causa que conllevaron la afectación del debido proceso, en ese caso la pretensión recursiva se orienta a la nulidad de la resolución impugnada o a la nulidad de obrados.

En el caso que se analiza el recurrente Roberto Rivas Castro, si bien indica presentar un recurso de casación en el fondo y en la forma, éste no efectúa una especificación de que puntos son de fondo y cuáles de forma, el recurrente en sus argumentos empleados, engloba los aspectos formales con los aspectos de fondo del proceso, es más argumenta aspectos debatidos en otro proceso, motivo por el cual, resulta importante desglosar que quiso objetar  en el recurso de casación que nos presenta, por dicho motivo se tiene lo  siguiente:

Del confuso y desordenado recurso de casación, se puede extraer que, cuenta con nueve agravios desglosados, y 13 puntos de supuestas vulneraciones del Tribunal Ad quem,  en los cuales  objeta cuestiones formales y de fondo, para hacerlo más entendible su recurso, resulta necesario diferenciar de manera específica que puntos están orientados a la forma y cuales al fondo.

En ese entendido, diremos que en la forma, el recurrente, en el primer agravio, al igual que en el segundo acusa la violación al principio de congruencia, en su cuarto agravio  argumenta sobre errores formales del Auto de Vista, en su quinto agravio indica sobre el carácter ultrapetita de la Resolución de Alzada, para pasar al noveno agravio donde transcribe lo dispuesto en el Auto Supremo  Nº 471 emitido por el Tribunal Liquidador, mencionando que la “Sala Civil Primera del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz” en su nuevo Auto de Vista, vuelve a repetir su error y emite una resolución contraria al Auto Supremo mencionado.  Más adelante en las vulneraciones acusadas por el recurrente, nuevamente en el punto 2, vuelve a indicar que la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, incumplió el Auto Supremo  Nº 471 de fecha 30 de septiembre de 2013, de la misma forma en el punto 3, vuelve a reiterar que la Sala Civil otorgó más de lo pedido, violando el art. 254 4) del Adjetivo Civil, en su punto 5 y 6  indica que se incumplió con lo dispuesto por los arts.  90 y 190 del Código de Procedimiento Civil, para finalmente en el punto 11 de su argumentación mencionar de manera confusa que el Ad quem incumplió con lo normado en el “art. 327 inciso 5) el Código Adjetivo”.

Todos estos agravios, que así desglosados, se puede entender que están orientados en la forma, pero como se podrá advertir del párrafo anterior,  los mismos fueron extraídos de la lectura total del recurso, el cual se encuentra desordenado entre aspectos formales y de fondo de la litis; donde además del confuso recurso de casación expuesto por el recurrente,  de manera totalmente impertinente hace referencia  a lo dispuesto por el art. 122 de la Constitución Política del Estado, normativa que nos habla sobre los actos nulos en relación a la competencia y jurisdicción, no aplicable al caso de nulidades procesales por errores in procedendo.

En base a los agravios rescatados, el recurrente de manera textual expone su pretensión recursiva en los siguientes términos: “Se dicte un nuevo AUTO SUPREMO donde se enuncie de manera clara y precisa que EL INMUEBLE DE LA CALLE CHIQUITOS Nº 86 U.V.2 MANZANA 11 de esta ciudad, ES UN BIEN PROPIO DE ROBERTO RIVAS CASTRO, Y NO PERTENECE A LA COMUNIDAD GANANCIAL y de esta manera ponerle fin a este litigio”, solicitud que no es congruente con el recurso de casación en la forma presentado, el cual debió decantar en solicitar la anulación de obrados odel Auto de Vista, en el caso concreto, como se señaló, el recurrente no vinculó sus alegaciones a una pretensión concreta, congruente con el recurso de casación en la forma que dice interponer, lo que hace inviable la consideración de los mismos en virtud a que este Tribunal desconoce cuál es la pretensión que persigue el recurrente.

Por otro lado, respecto al recurso de casación en el fondo, se puede ordenar el mismo, partiendo del tercer agravio, en el cual objeta la violación del art. 1538 del Código Civil, en el quinto agravio (existen dos en el recurso), al parecer acusaría un supuesto error de hecho en la valoración de la prueba de fs. 6, concerniente a una denuncia por violencia familiar indicando que se estaría manipulando a su antojo el proceso, con decisiones mentirosas, de la misma forma el sexto y séptimo agravio, el recurrente objeta la declaración jurada de un persona alcohólica consuetudinaria, indicando de manera general que no se valoró sus pruebas presentadas en la litis, en el octavo agravio hace referencia que el bien inmueble objeto de la litis ya fue juzgado en el juicio de Divorcio con división de bienes gananciales, indicando de manera textual que: “…si fuera declarado nulo por este Tribunal Departamental de Justicia o por vuestras autoridades, aun así, no debe implicar ni tener efecto sobre la propiedad del inmueble de la calle Chiquitos Nº 86 registrado en el folio real a nombre de Roberto Rivas; porque así lo ordena el AUTO SUPREMO 141 de fecha 7 de mayo de 2009…”, concluyendo que dicha Resolución tiene la calidad de cosa juzgada.

De estos argumentos empleados por el recurrente, se puede advertir que no indican de manera clara y precisa, cuál sería el error de hecho o de derecho en la apreciación de la prueba, conforme lo manda el art. 253 núm. 3) del Código de Procedimiento Civil, toda vez que la valoración de la prueba es una tarea privativa de los jueces de instancia e incensurable en casación, salvo que se demuestre error de hecho o de derecho, situación recursiva que no ocurre en el caso, pues no se alega de manera fundamentada el tipo de error en que el Tribunal Ad quem hubiese incurrido, el recurrente tan solo se limita  a realizar un cuestionamiento a la labor del Tribunal de Apelación, sin apoyarse en la norma legal que respaldaría su argumentación.

Continuando con el recurso, en los puntos 1, 7, 8, 9 y 10, el recurrente acusa la violación del art. 103 del Código de Familia, 56.I de la Constitución Política del Estado y 105 del Código Civil, para circunscribir su recurso de casación en el fondo a objetar la decisión asumida por el Tribunal de Alzada respecto a la no consideración del Auto Supremo Nº 141, resolución que a criterio del recurrente definía la situación del bien inmueble objeto de la litis, argumentos empleados en el fondo que no tienen ninguna relación con el objeto del presente proceso, el cual se circunscribió a determinar la validez o no del Documento Privado Aclarativo Declarativo y debió ser ese el fundamento de fondo del recurrente para pretender que el Tribunal de Casación aperture su competencia y  entre a considerar los puntos de agravio acusados en su recurso de casación en el fondo, al no haber obrado de dicha manera y solamente limitarse a acusar aspectos resueltos en otro proceso, los cuales no tienen incidencia en el objeto del presente proceso,  se concluye que el recurrente complicó los argumentos empleados en el recurso de casación,el mismo que al final no decanta como quiere que sea resuelto.

En ese entendido, diremos que el recurso de casación de manera general como está expuesto, no cumple con la adecuada técnica recursiva, necesaria para ser considerado en casación, es más el recurso que se analiza no reúne los requisitos de fondo y de forma expresados por el art. 258 núm. 2) del Código de Procedimiento Civil, por cuanto no especifica en qué consisten tales violaciones, falsedades o errores; de la misma forma el recurrente olvida que este recurso se halla equiparado a una verdadera demanda de puro derecho en cuya virtud para su procedencia y admisión debe reunir requisitos de fondo y de forma expresados en el Código Adjetivo Civil en sus arts. 257 y 258 con relación a los arts. 253 y 254, de manera que todo recurrente debe cumplir a cabalidad estas cargas procesales para lograr que el Tribunal de casación abra plenamente su competencia, considere, analice y resuelva el recurso.

Finalmente, es necesario reiterar que la mera cita de normas violadas, no satisface el requisito exigido por el art. 258 núm. 2) del Código de Procedimiento Civil, porque el recurrente debe, en cada caso concretar, precisar e individualizar cada una de las infracciones denunciadas fundando la conculcación para demostrar cómo y en que forma la decisión de segundo grado dañó su derecho al debido proceso.   

Por las razones expuestas, corresponde a éste Tribunal fallar en la forma prevista por los arts. 271núm. 1) y 272 núm. 2) del Código de Procedimiento Civil.


POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 parágrafo I núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial, en aplicación de lo previsto por los arts.  271 núm. 1) y 272 núm. 2) del Código de Procedimiento Civil, declara IMPROCEDENTE el recurso de casación de fondo y de forma de fs. 781 a 795 y vlta., interpuesto por Roberto Rivas Castro, contra el Auto de Vista de fecha 13 de noviembre 2013, cursante de Fs. 768 a 769 vlta.,  emitido por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. Con costas.

Se regula el honorario profesional en la suma de Bs. 1.000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Dr. Patricia Ríos Tito

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: Segundo