TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

           S A L A    C I V I L


Auto Supremo: 169/2014

Sucre: 23 de abril 2014

Expediente: SC - 7 - 14 - S

Partes: José Miguel Rojas Chávez. c/ Sandra Pereyra Viveros y Roly Santiago

            Yabeta Gamarra.

Proceso: Guarda Legal.

Distrito: Santa Cruz.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 254 a 256, interpuesto por José Miguel Rojas Chávez, contra el Auto de Vista Nº 174/2013 de 14 de octubre de 2013, cursante de fs. 243 a 244 vlta., pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso de Guarda Legal seguido por José Miguel Rojas Chávez contra Roly Santiago Yabeta y Sandra Pereyra Viveros; la respuesta al recurso de fs. 262 y vlta.; el Auto de concesión de fs. 263; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

José Miguel Rojas Chávez, de fs. 42 a 44, demanda la guarda legal de su hija de ocho meses, Anthonella Rojas Yabeta, dirigiendo la misma contra Roly Santiago Yabeta Gamarra y Sandra Pereyra Viveros, señalando que su mencionada hija, a la muerte de su esposa Wendy Lizeth Yabeta Pereyra, debería quedar bajo su guarda legal, empero, las funcionarias de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, aduciendo una orden de la Juez de la Niñez de Adolescencia, obligaron a su madre a entregar a la niña a los abuelos maternos sin importar que aquel día debían llevar a su hija a una revisión médica. Señala que siendo estudiante universitario juntamente su cónyuge fallecida, la niña siempre estuvo al cuidado de sus padres, los controles y tratamiento médico siempre estuvieron a cargo de ellos, especialmente de su mamá.

De fs. 62 a 63 vlta., los demandados contestan negando la demanda señalando que existe una acción penal en contra del demandante debido a su participación en el aborto que ocasionó la muerte de su hija Wendy Lizeth Yabeta Pereyra, a quien no protegió oportunamente; no desconocen la paternidad del demandante pero consideran que el padre de su nieta no cumple con las condiciones económicas ni personales ni los abuelos paternos están en condiciones personales de cuidar a una niña de meses; que tanto la niña y sus padres siempre vivieron en casa de ellos.

Sustanciado el proceso en primera instancia, la Juez Segundo de Partido de la Niñez y Adolescencia de la ciudad de Santa Cruz, mediante Sentencia Nº 25 de 03 de junio de 2013, de fs. 198 a 203 vlta., declaró Probada la demanda otorgando la guarda y/o tenencia en favor del progenitor y demandante, disponiendo a favor de los abuelos maternos un régimen de visitas los días domingos de horas 09:30 a 19:00, y de no ocurrir ese día, podrá cumplirse los días sábados, así como la autorización de visitar a la niña cualquier día de la semana en el domicilio del padre; por el interés superior de la niña se ordenó al progenitor y a los abuelos maternos efectúen terapias de trabajo de duelo.

En apelación de la indicada Sentencia, interpuesta por los demandados, la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Auto de Vista Nº 174/2013 de 14 de octubre de 2013, cursante de fs. 243 a 244 vlta., revocó parcialmente la sentencia apelada, disponiendo en favor de los abuelos maternos un régimen de visita los días sábados de horas 09:00 hasta las 19:00 de los días domingos; en contra de la mencionada Resolución de segunda instancia, el demandante recurre en casación.

CONSIDERANDO II:

HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Del contenido del recurso, se resume lo siguiente:

  1. El Tribunal Ad quem al revocar parcialmente respecto a un punto que no fue objeto de apelación, realizando mala interpretación del art. 1283 del Código Civil e infringiendo el art. 115 de la Constitución Política del Estado.
  2. Que, al resolver de esa manera se vulneró el debido proceso, la tutela judicial efectiva y seguridad judicial establecidos en el art. 115 de la Constitución Política del Estado.
  3. Los apelantes pidieron en su recurso la anulación del proceso y no así la revocatoria de la sentencia.
  4. En Sentencia se estableció un régimen de visitas los días domingos o en su caso, los sábados porque no se puede interrumpir el tratamiento médico que sigue la niña y porque los abuelos maternos son personas de la tercera edad, y por tanto, imposibilitados de hacerse cargo de una niña de meses.
  5. Además, los apelantes no pueden hacerse cargo debido a que ingieren bebidas alcohólicas, y no tiene sentido que reclamen la guarda sin percatarse de lo dispuesto por los arts. 31 de la Ley Nº 2026, y 249, 250, 251 y 254 del Código de Familia, concordante con el art. 3º de la Convención de los derechos del niño.
  6. Que, al haber sido declarados rebeldes, la respuesta de los demandados no debe tenerse en cuenta, y por tanto, en el proceso no probaron nada.
  7. El Tribunal Ad quem no valoró el estado de salud de su pequeña hija, quien no habla ni camina, pese a haberse acreditado, debido a ello, los abuelos maternos no pueden estar a cargo los días sábados ni domingos.

Con ello, pide Casar parcialmente el Auto de Vista en cuanto al régimen de visita, y mantener la Sentencia en todas sus partes.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

A efecto de dar respuesta a los agravios expuestos en el recurso, es necesario establecer los siguientes hechos:

La Sentencia (fs. 198 a 203vlta.), la Juez de Partido Segundo de la Niñez y Adolescencia de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, resolvió declarar probada la demanda de Guarda o tenencia de la niña Anthonella Rojas Yabeta, a favor del progenitor José Miguel Rojas Chávez, y dispuso en favor de los abuelos maternos un régimen de visitas los días domingos de 09:30 a 19:00 horas, y en caso de no ocurrir ese día, podrán hacerlo los días sábados. Los fundamentos básicos para dicho fallo se refieren a que en el proceso se demostró suficiente idoneidad del demandante como padre, al haber fallecido la progenitora, en cumplimiento de lo que señala la ley que dice que el sobreviviente debe ejercer la autoridad del hijo menor; que está demostrado que el padre cubre la atención médica que recibe la niña debido a su discapacidad siendo el quien le brinda los cuidados que se requieren, y que solo podría negarse este derecho y otorgar a los abuelos, en caso de demostrarse que el padre no es idóneo para ello.

El fallo de segundo grado (Auto de Vista de fs. 243 a 244 vlta.), revocó parcialmente la Sentencia disponiendo un nuevo régimen de visita desde horas 09:00 de los días sábados hasta horas 19:00 de los domingos, con el argumento de que dentro del desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social de los niños, niñas y adolescentes, se encuentra la obligación de estrechar lazos familiares siendo que la familia es la base de la sociedad. Así como no es posible separar a la menor del hogar paterno porque existe un lazo biológico que los une, tampoco es posible separarla de los abuelos maternos porque existe un lazo afectivo y sicológico entre ellos. 

De la revisión de dichos antecedentes, debemos puntualizar los siguientes aspectos:

  1. De acuerdo al principio dispositivo, el cual rige, entre otros, al proceso civil y al que se sujeta el régimen familiar, evidentemente el campo de acción del Juez está delimitado por lo que las partes pidan y prueben, sin que al juzgador le sea permitido ir más allá de lo pedido y probado. Este principio, basado en la autonomía o voluntad de las partes, supone que durante el proceso judicial, las partes en el ejercicio de sus derechos, pueden disponer o renunciar a los mismos, por acción u omisión. En este sentido, las resoluciones judiciales deberán ser congruentes con las pretensiones de las partes, es decir, el Tribunal de Alzada, en virtud del principio dispositivo, debe circunscribir su fallo en base a los puntos resueltos por el inferior que hubieren sido objeto de apelación, sin estar autorizado para resolver aspectos que no fueron motivo de impugnación, lo contrario implica un exceso de jurisdicción que se califica como ultra petita. El art. 236 del Código de Procedimiento Civil, ciertamente señala: “El Auto de Vista deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que hubieren sido objeto de la apelación y fundamentación a que se refiere el artículo 227, excepto lo dispuesto en la parte final del artículo 343”.

Sin dejar de ser evidente lo señalado arriba, en materia de niñez y adolescencia, las normas sustantivas y procedimentales deben interpretarse en consonancia con los derechos fundamentales de los niños y adolescentes consagrados en la Constitución Política del Estado. Esto significa que los padres en el cumplimiento de sus deberes para con los hijos, y las autoridades judiciales y administrativas facultadas para intervenir en interés del niño, niña o adolescente, deben respetar y efectivamente aplicar el contenido y alcance de los derechos consagrados en forma prevalente en la Constitución Política del Estado, en virtud del principio de interpretación conforme a la Constitución Política del Estado. Al respecto, el art. 6º de la Ley Nº 2026 de 23 de octubre de 1999, Código del Niño, Niña y Adolescente, señala: “Las normas del presente Código deben interpretarse velando por el interés superior del niño, niña y adolescente, de acuerdo con la Constitución Política del Estado, las Convenciones, Tratados Internacionales vigentes, y las Leyes de la República”.

A su vez, la Constitución Política del Estado, en su art. 60, manifiesta: "Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado". En esa misma orientación, el art. 3 núm. 1) de la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por Ley Nº 1152 de 14 de mayo de 1990, señala: "En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los Tribunales, las Autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño", deduciendo de la normativa legal precitada, que cuando se trata de asumir una medida judicial o administrativa concerniente a un niño, niña o adolescente, debe primar el interés superior del niño, referido, entre otros aspectos, a la primacía de sus derechos y a la garantía de su desarrollo integral.

Con base en la normativa legal señalada supra, las autoridades administrativas y jurisdiccionales, en todos los procesos donde se encuentren involucrados niñas, niños y adolescentes, deben interpretar las normas legales siempre en procura del interés superior del niño, y con esa facultad, en el caso de Autos, el Tribunal de segunda instancia, en revisión de la Sentencia de primer grado, disponiendo la revocación parcial, procedió a modificar el régimen de visitas dispuesto por la inferior pese a que los apelantes, en su memorial de recurso (fs. 211 a 212 vlta.), no impugnaron el régimen de visitas establecido en la Sentencia.

  1. Indudablemente, el derecho de visita permite el contacto permanente entre padres e hijos, permitiendo el desarrollo afectivo, emocional y físico así como la consolidación de la relación paterno-filial. La visita es un derecho y un deber a tener una adecuada comunicación entre padres e hijos y viceversa cuando entre ellos no existe una convivencia permanente, pero sobre todo, es una facultad indispensable del hijo para su desarrollo integral. De hecho, la parte in fine del art. 146 del Código de Familia, otorga al padre o a la madre que no ha obtenido la guarda, el derecho de visita en las condiciones que fija el Juez, y el art. 257 de la citada norma, denomina a este régimen como el derecho de mantener las relaciones personales, siendo su finalidad precisamente la de fomentar y favorecer las relaciones personales prevaleciendo el beneficio e interés del hijo menor. Por extensión, el derecho de visita abarca a otros parientes como son los abuelos a quienes podría considerárseles como una prolongación de las relaciones de los padres, como ocurre en autos, pero en todo caso, el establecimiento del régimen de visitas estará siempre sujeto al interés del menor, considerando en cada caso las circunstancias particulares que median; en cada caso existe una necesidad particular.

En el sub lite, el Tribunal de Alzada al revocar parcialmente el fallo de primera instancia, modificando el régimen de visitas dispuesto por la A quo a tiempo de resolver la demanda principal, no se percató de la condición especial de salud por la que atraviesa la niña, situación que debe inexcusablemente tenerse presente para regular el derecho de visita de terceros. De ello tenemos que los informes médicos, sicológicos y sociales evacuados en virtud del art. 45 del Código del Niño, Niña y Adolescente, determinaron:

De las mencionadas literales podemos inferir que la niña Anthonella Rojas Yabeta, presenta discreto retraso del desarrollo psicomotor requiriendo de tratamiento médico especializado y continuo que sirva en su auto dependencia posteriormente. El núm. 1) del art. 20 del Código del Niño, Niña y Adolescente, privilegia a las niñas, niños y adolescentes con capacidades diferentes, a recibir cuidados y atención especial adecuados, inmediatos y continuos que les permita valerse por sí mismos; en ese sentido ha sido entendido por la Juez Segundo de Partido de la Niñez y Adolescencia, a tiempo de resolver la guarda solicitada en su fallo, procedió al análisis de la situación de salud de la prenombrada menor para disponer el régimen de visitas en función a la situación de la niña. Por otro lado, el art. 22 de la citada norma, previene la obligación que tienen los padres y responsables de niños y adolescentes en condiciones de discapacidad que se encuentren bajo su tutela, de garantizar que éstos reciban la atención y rehabilitación oportuna y adecuada; por lo que debemos entender que el padre de la niña, José Miguel Rojas Chávez, está obligado a priorizar de manera integral la salud de su hija menor de edad, aspecto que constituye el interés superior.

Finalmente, respecto al derecho de visita de los abuelos maternos y de                  cualquier otro familiar que legalmente pruebe ese vínculo, debemos dejar establecido que dicho régimen puede a futuro variar pidiéndose la ampliación o modificación del mismo, previa acreditación de informes bio-psico-sociales a cargo de las instancias correspondientes, teniendo en cuenta el carácter provisional de la guarda señalado en el art. 49 de la misma norma.

El interés superior de la niña, en este caso, consiste en la atención prioritaria, continua y oportuna en el tratamiento médico sin interferencias de ninguna clase que puedan disminuir o alterar el mismo, como correctamente dispuso la Juez de primera instancia quien determinó que no se produzca retroceso en la terapia, correspondiendo a este Tribunal fallar en sujeción a lo determinado por los arts. 271 núm. 4) y 274 del Código de Procedimiento Civil, y en virtud a lo dispuesto por el art. 41 de la Ley Nº 025, Ley del Órgano Judicial, adoptando el fallo por mayoría absoluta de sus miembros.


POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por los arts. 41 y 42 parágrafo I núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de lo estipulado en los arts. 271 núm. 4) y 274 del Código de Procedimiento Civil, CASA el Auto de Vista Nº 174/2013 de 14 de octubre de 2013, cursante de fs. 243 a 244 vlta., manteniéndose firme y subsistente la Sentencia Nº 25 de 03 de junio de 2013 de fs. 198 a 203, debiendo darse estricto cumplimiento a la misma.

Sin responsabilidad por ser excusable el error incurrido.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Relatora: Magda. Dra. Rita Susana Nava Durán.

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Dr. Patricia Ríos Tito

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: Segundo