TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA  CIVIL


Auto Supremo: 159/2014

Sucre:17 de abril 2014

Expediente: B-3-14-S

Partes: Gobierno AutónomoMunicipal de Santa Rosa del Yacuma c/ Tania

Liliana Calizaya Roldan.

Proceso: Nulidad de Escritura Pública y cancelación de matrícula de registro  e

inscripción de Derechos Reales.

Distrito: Beni


VISTOS: El recurso de casación de fs. 298 a 299, interpuesto por Javier Nogales Jaime, Alcalde Municipal de Santa Rosa del Yacuma, contra el Auto de Vista Nº 169/2013 de 11 de noviembre de 2013, cursante de fs. 295 a 297 vlta., pronunciado por la Sala Civil del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, en el proceso de Nulidad de Escritura Pública y cancelación de matrícula de registro  e inscripción de Derechos Reales seguido por Gobierno AutónomoMunicipal de Santa Rosa del Yacuma contra Tania Liliana Calizaya Roldan, la concesión de fs. 318, los antecedentes del proceso, y;


CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:


El Juez  de Partido Mixto Liquidador de San Borja, Provincia Ballivian del Dpto. del Beni,  dicta Sentencia Nº 15/2013 de 27 de marzo de 2013, cursante de  fs. 274 a 280 vlta., declarando improbada la demanda de nulidad de escritura  y cancelación de matrícula de registro e inscripción den Derechos Reales de fs. 11 a 14 y 16.

Resolución de fondo que es apelada por la parte actora por escrito de fs. 282 a 285, y como consecuencia de ello se dicta el Auto de Vista Nº 169/2013 de 11 de noviembre de 2013, cursante de fs. 295 a 297 vlta. de obrados, que anula obrados hasta el Auto de admisión de fs. 3 sin reposición, indicando que la actora acuda a la vía llamada por ley en los términos de la resolución dictada;  resolución de alzada que es recurrida de casación en el fondo por el actor que merece el presente análisis.


CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

El recurrente alega:

Que, el Auto de Vista vulnera el principio del debido proceso, en una mala lectura e interpretación  de los que señala el art. 27 de la ley Nº 2341 (de Procedimiento Administrativo) puesto que indica los efectos sobre el administrado  cuando se persigue la nulidad de una transferencia de un inmueble que no tenía requisitos válidos y/o legales para el beneficio de la demandada razón por la cual la demanda se enmarca al art. 549 del Código Civil.

Señala que no es la Ordenanza Municipal Nº 009/2010 del Municipio de Santa Rosa la que está siendo impugnada jurisdiccionalmente sino el ilícito de usarla para asirse de un inmueble cuando la normativa era general y beneficiosa para los poseedores por emergencia y no para un fin particular, argumento que también vulnera dice- el art. 549 del Código Civil, la ley 2028 de Municipalidades, Ley Nº 031 de Autonomía y descentralización.

Agrega que se pretende remitir en el marco del art. 778 del Código de Procedimiento Civil el conocimiento de este proceso siendo que se encuentra en el limbo jurisdiccional, por mandato de la también derogada Ley Nº 1836, ocasionando un daño al Gobierno Municipal de Santa Rosa del Yacuma. Asimismo, disiente el que se deje sin responsabilidad a la A quo en el Auto de Vista.

Finalmente señala que a nombre de su municipio interpone casación en el fondo y se case en el fondo dejando sin efecto el Auto recurrido y se emita Auto de vista resolviendo la apelación.


CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:


El recurso interpuesto  propuso recurso de casación en el fondo, sin embargo todo el fundamento vertido refiere íntegramente  a la decisión anulatoria del Auto de Vista, que discrepa en la forma la decisión asumida, por lo que, por el principio pro actione, se hace las siguientes consideraciones:

Conforme se tiene en obrados, el Gobierno AutónomoMunicipal de Santa Rosa del Yacuma, por demanda de fs. 11 a 14, pretende la nulidad de minuta de transferencia suscrita el 24 de septiembre de 2010, entre Javier Nogales Jaime, en su calidad de Alcalde Municipal de Santa Rosa del Yacuma con Tania Liliana Calisaya Roldan de un lote de terreno  de 2861,29 mts2; asimismo la nulidad dela escritura pública que recubre ese contrato, y la cancelación de su registro en Derechos Reales, más resarcimiento de daños y perjuicios.

En ese contexto, se debe señalar que conforme la Escritura Pública Nº 151/2010 de 07 de octubre de 2010, se puede establecer que el antecedente administrativo para la ocurrencia del contrato es el Auto de adjudicación de 24 de septiembre de 2010, acto administrativo por el cual se procede a la adjudicación municipal definitiva a título de consolidación del lote de terreno ubicado en la zona central, manzano B-10 con superficie de 2861,29 mts2., a favor de Tania Liliana Calisaya Roldan, es decir que el derecho subjetivo respecto al lote de terreno que otorgó la Administración se encuentra en el Auto de adjudicación de 24 de septiembre de 2010.

Ahora bien, la pretensión esta avocada únicamente a buscar la ineficacia en el ámbito civil del contrato, que fue diferido sólo a efectos de inscripción, sin observar en nada al acto administrativo donde se transfiere el terreno de litigio por parte del Municipio, pues debe tenerse presente que todo el procedimiento seguido por la Administración para la adjudicación del terreno decantó en el acto administrativo de adjudicación que es el que traslada el derecho propietario, es decir es el acto que contiene la transferencia del derecho de dominio sobre el inmueble antes referido.

En esa situación, cuando se pretende dejar sin efecto el acto de transferencia del lote de terreno debe procederse  necesariamente a enervar  el acto administrativo donde se establece el derecho subjetivo hacia el administrado de adjudicación del terreno, no siendo competente la jurisdicción ordinaria civil para dejar sin efecto un acto administrativo como el Auto de adjudicación de 24 de septiembre de 2010, por lo que esa atribución corresponde a la jurisdicción especializada.

Bajo esas connotaciones, el Auto de Vista es congruente en anular obrados, a objeto de que la postulación sea conocida por la jurisdicción contenciosa- administrativa, y no por la jurisdicción ordinaria civil, siendo intrascendente la alegación recursiva de que la nulidad se enmarca en las causales del art. 549 del Código Civil. Si bien es cierto que existe desliz por parte del Ad quem, al referir que se busca la ineficacia de la Ordenanza Municipal Nº 009/2010, sin embargo la referencia de la cita jurisprudencial resulta válida, para comprender que la ineficacia de ciertos actos deben ser dilucidados en instancias pertinentes según la competencia que la misma ley ha determinado.

En ese marco de análisis, corresponde indicar que siendo la pretensión del municipiode Santa Rosa del Yacuma el que se declare la ineficacia de la transferencia del terreno otorgado a favor de Tania Liliana Calisaya Roldan en el supuesto que para alcanzar ese acto traslativo de dominio se observó una serie de vicios que serían lesivos a los intereses del municipio, éste último deberá accionar procesalmente la impugnación de aquel acto administrativo irrevocable por la vía del contencioso administrativo, a objeto de que mediante éste proceso especial se anule el acto administrativo que declaró derechos a favor de un particular la demandada- que además de ilegal, según su argumento, es también lesivo a los intereses del ente edilicio; bajo esa perspectiva el art. 51-II del Reglamento a la Ley Nº 2341 de Procedimiento Administrativo establece: “II. El acto administrativo individual, firme en sede administrativa, podrá ser impugnado ante el órgano judicial competente por el órgano administrativo que lo emitió o el superior jerárquico, cuando esté afectado de vicios y sea contrario a un interés público actual y concreto”. Es también importante considerar sobre al análisis realizado, lo descrito por la SCP 1099/2012  que siguiendo la línea jurisprudencial marcada por la SC 0090/2006 de 17 de noviembre, sostuvo: “El replanteamiento del ámbito objetivo del proceso contencioso supera la tradicional y restringida concepción del recurso contencioso administrativo como una revisión judicial de actos administrativos previos, es decir, como un recurso contra el acto. El carácter revisor del contencioso suponía que los tribunales tenían que limitarse a enjuiciar la validez del acto impugnado y debían hacerlo, además, bajo la pauta previamente establecida en la fase administrativa como si se tratase de un recurso de casación contra una sentencia, en cuyo caso no se podían pronunciar sobre cuestiones no planteadas formalmente en la vía administrativa o respecto de las que la Administración no se hubiese pronunciado expresamente, ni se podía practicar prueba salvo para revisar la practicada en el expediente administrativo.


El nuevo replanteamiento es abrir definitivamente las puertas para obtener justicia frente a cualquier comportamiento ilícito de la Administración. Consecuentemente, la pretensión desplaza al acto administrativo como elemento determinante de la legitimación: legitimado no está el destinatario de la actuación administrativa, ni si quiera el afectado por dicha actuación; legitimado está quien ha sufrido o teme sufrir una lesión de cualquier derecho o interés protegible y pretende el auxilio de jueces y tribunales; de ahí que si bien el proceso contencioso-administrativo está diseñado como un proceso de puro derecho en atención al debido proceso, las partes cuentan con la oportunidad de presentar la prueba atinente al objeto procesal misma que sin duda debe ser valorada en dicha instancia

Por lo señalado, la indicación que el proceso se enmarca a los presupuestos del proceso contencioso administrativo regulado por el art. 778 del Código de Procedimiento Civil resulta congruente con lo analizado supra -con el aditamento que se deberá deparar con lo esgrimido en la SCP Nº 693/2012 respecto a la competencia de los Tribunales Departamentales para conocer la materia- estando esa regulación normativa vigente transitoriamente para la sustanciación de las causas con esas características, conforme señala el art. 10-I de la Ley Nº 212.

Por todo lo señalado precedentemente, se evidencia que el recurso de casación no contiene el sustento necesario para revertir la decisión asumida por el Tribunal de alzada por lo que el recurso deviene en infundado, correspondiendo a éste Tribunal resolver conforme lo estipulado en los arts. 271 num.2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 par. I núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010,y en aplicación de los arts. 271 núm. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADOelrecurso de casación de fs. 298 a 299, interpuesto por Javier Nogales Jaime, Alcalde Municipal de Santa Rosa del Yacuma, contra el Auto de Vista Nº 169/2013 de 11 de noviembre de 2013, cursante de fs. 295 a 297 vlta., pronunciado por la Sala Civil del Tribunal Departamental de Justicia de Beni. Sin costas por tratarse el recurrente de un ente Municipal.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Dr. Patricia Ríos Tito

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: Segundo