TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                          S A L A  C I V I L


Auto Supremo: 158/2014

Sucre: 17 de abril 2014

Expediente: LP 7 14 - S

Partes: Toribio Rodolfo Cossio Zacarias. c/ Ana Maritza Cossio Poroma y otra.

Proceso: División y Partición.

Distrito: La Paz.


VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 364 a 365 vlta., interpuesto por Daysi Evelyn y Ana Maritza Cossio Poroma, contra el Auto de Vista Nº 279/2013 de 1 de noviembre de 2013 cursante de fs. 358 a 359 vlta., pronunciado por la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el proceso de división y partición, seguido por Toribio Rodolfo Cossio Zacarías en contra de las recurrentes, la concesión de fs. 373, los antecedentes del proceso, y:


CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez Séptimo de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad Nuestra Señora de la Paz, dicta la Sentencia signada con resolución Nº 54/2013 de 15 de abril de 2013, cursante de fs. 324 a 331 de obrados, declarando probada la demanda formulada por Toribio Rodolfo Cossio Zacarías disponiendo la tasación y venta en subasta pública del inmueble lote de terreno ubicado en la Urbanización Villa Tupac Katari, de la ciudad de El Alto, registrado en Derechos Reales bajo la matricula Nº 2014010098482 y del bien inmueble casa, ubicada en la calle Simón Aguirre de la zona Villa Copacabana de esa ciudad al no admitirse sus fraccionamientos, para que con su producto se pague al demandante el 66,66% y a cada una de las demandadas Daysi Evelyn Cossio y Ana Maritza Cossio Poroma  el valor del 16,66% a cada una de ellas, sobre la venta  dichos inmuebles.

Resolución de primera instancia que es recurrida de apelación por la demandas, y resuelta mediante Auto de Vista de fs. 358 a 359 vlta., que confirma la Sentencia apelada y el Auto complementario, fallo que a su vez es recurrida de casación en el fondo por las demandadas, objeto de análisis y estudio.


CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

La Resolución de Vista que confirma en todas sus partes la sentencia y su auto complementario, contiene los agravios siguientes:

1.- La resolución recurrida se ha realizado una incorrecta aplicación e interpretación del art. 679 del Código de Procedimiento Civil, que la sucesión pueden concurrir todos los herederos de la sucesión no pudiendo ser involucrados en el proceso el heredero que pretendió renunciar al acervo hereditario, a sabiendas que una vez aceptado no se permite la renuncia, que fue desconocido por las partes en litigio.

El A quo resuelve en Sentencia resuelve la división de dos inmuebles entre el demandante y las demandadas, sin considerar que el acervo hereditario se encuentra afectado por una tercera persona, Ruddy Cossio registrado en Derechos Reales, como copropietario, merma el 100% que hace imposible su materialización, contradicción e incongruencia que quebranta el art. 190 del Código de Procedimiento Civil.

Vulneración del art. 1021 y 1022 del Código Civil, conforme al testimonio Nº 550/2010 el sr. Edwin Cossio formula renuncia al acervo hereditario en forma expresa cursante a fs. 38, 39, 40 y 41 y en la resolución Nº 54/2013 se indica que se pague al demandante el 66,66% y a cada una de las demandadas el 16,66%, con el producto del remate de los dos bienes inmuebles, que fue confirmado por el Auto de vista ahora recurrido, sin percatarse de que se adjuntó un folio real de Derechos Reales que demuestre que Ruddy Cossio, mantiene registrado su calidad de heredero.

Cita el art. 1025 del Código Civil, y señala que aceptada la herencia no se puede renunciar conforme al art. 121 del sustantivo de la materia, ya que la resolución recurrida adolece de omisiones y desaciertos de gravedad extrema, señalando que cómo se pretende la división y partición de los bienes descritos en su 100%, cuando se encuentra afectado por el registro de Ruddy Cossio.

2.- Señala falta de fundamentación del Auto de Vista, arguyendo que conforme al art. 115 de la Constitución Política del Estado, refiere a la garantía del debido proceso que entre sus elementos contiene el derecho que tiene las partes a que las autoridades motiven sus resoluciones, que es quebrantado por el Auto de Vista, ya que se limita a relacionar los memoriales presentados son valorar el agravio acusado, aspecto que no puede ser traducido en fundamentación.

3.- Acusa contradicción del Auto de Vista, al confirmarse la Sentencia, deduce el Ad quem que el Juez a quo no ha tomado en cuenta la situación de Edwin Ruddy Cossio con relación a la sucesión de Julia Poroma, punto que impide la materialización de los determinado en la Sentencia, cuando ordena la división del 100% de  dos inmuebles entre tres personas y se olvida de un cuarto que de forma dolosa se hizo declarar heredero y registró su nombre afectando una parte del 100%.

Por lo que  solicita se case el Auto de Vista recurrido y se revoque o anule las resoluciones Nº 54/2013 de fs. 234 a 331 y el Auto de Vista de fs. 358 a 361.


CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Antes de analizar los fundamentos del recurso de casación interpuesto por Daysi Evelyn y Ana Maritza Cossio Poroma, corresponde analizar si el fallo recurrido resulta ser atentatorio contra los intereses de las recurrentes, consiguientemente para el análisis de dicho aspecto se deberá considerar los siguientes puntos.

1.- DEL DERECHO A RECURRIR.-  

Este Tribunal mediante Auto Supremo Nº 172/2013 de 12 de abril de 2013, sobre la legitimación para recurrir de un fallo ha señalado lo siguiente: “…Consecuentemente, se dirá que el art. 257 del Código de Procedimiento Civil refiere: "(Plazo).- El recurso de casación se interpondrá dentro del plazo fatal e improrrogable de ocho días a contar desde la notificación con el Auto de Vista o Sentencia...", como se podrá apreciar dicho articulado refiere, a un recurso de casación, o sea al medio de impugnación que puede formular un perjudicado procesal, obviamente bajo las condiciones establecidas en el art. 258 del Código de Procedimiento Civil, de acuerdo a ello se podrá decir que el avance de la doctrina, ha desarrollado el "principio de impugnación", por el cual se ha formulado la legitimación del recurrente, entendiendo que solo un perjudicado es quien puede recurrir.

Consideración que tiene sustento, en base al aporte de doctrinarios del derecho como Hugo Alsina quien en su obra TRATADO TEORICO Y PRACTICO DE DERECHO PROCESAL, tomo IV, pág. 191 señala lo siguiente: "b) la cuestión de saber quien puede interponer un recurso, constituye un aspecto de la legitimación procesal. Como regla general, puede decirse que los recursos tienen la característica de que funcionan por iniciativa de las partes, y que en consecuencia, a ellas corresponderá su deducción (V 4). Pero hay casos en que el recurso se niega a las partes, y otros en que se concede a terceros. Es que, así como el interés es la medida de la acción, el agravio es la medida en el recurso, y por eso se concede aún a los que no siendo partes en el proceso, sufren un perjuicio como consecuencia de la Sentencia. Se explica entonces que el recurso no proceda cuando la Sentencia sea favorable a la pretensión de la parte, o cuando ésta se ha allanado a la pretensión del adversario y la Sentencia se funda en esa conformidad. Los terceros no pueden interponer recursos en los procesos en que no intervengan, pero pueden hacerlo desde que se incorporan a la relación procesal, porque en ese momento asumen la calidad de partes. No obstante permanecer en su situación de terceros, pueden interponer ciertos recursos, como el extraordinario de apelación por inconstitucionalidad cuando se pretende ejecutar contra ellos una Sentencia dictada en un proceso en el que no ha intervenido (VII, 18)..."

Desde otro criterio doctrinario se tiene la ponencia presentada en la Universidad San Marcos de Lima, por Pedro Donaires Sánchez, intitulado: "LOS PRINCIPIOS DE LA IMPUGNACIÓN", señala lo siguiente: "...PRINCIPIOS DE LA IMPUGNACIÓN... La doctrina no es uniforme respecto de cuáles son los principios que rigen la impugnación. Corresponderá a la teoría de la impugnación, ahondar este tema y plantearlo con uniformidad y coherencia; por el momento, estos son los acogidos por los distintos Autores, algunos de los cuales son citados... 2. Interés del perjudicado o agraviado. Esto significa que el perjudicado con el acto viciado debe tener interés en cuestionarlo haciendo uso de los medios impugnatorios. No debe haberlo consentido ni expresa ni tácitamente. Hay consentimiento expreso cuando el afectado acepta fehacientemente dicho acto. Hay consentimiento tácito cuando deja transcurrir el plazo que tenía para impugnar o procede a ejecutarla o cumplirla; o, no lo cuestiona en la primera oportunidad que tuvo. Quien consiente, no puede impugnar válidamente. La ausencia de consentimiento otorga la legitimación para la impugnación. No existen las impugnaciones de oficio, salvo los casos en que por estar afectada una norma de orden público, el juzgador debe aplicar, de oficio, el remedio de la nulidad; o, el caso en el que la norma procesal ha dispuesto la consulta al superior (por ejemplo, cuando la Sentencia que declara el divorcio conyugal, no impugnada por las partes, debe ser elevada al superior, en consulta, para su aprobación)..."

En nuestro medio el aporte doctrinario de Carlos Morales Guillen, en su obra "CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL CONCORDADO Y ANOTADO", en la página 500 señala: "... En la doctrina y en la práctica, generalmente, y también en la ley (v. gr. El ap. 213, según el cual las Resoluciones judiciales, serán recurribles mediante impugnación de la parte perjudicada), se habla de medios de impugnación (Chiovenda, Carnelutii, Couture)" (las negrillas y subrayado son nuestros)…”

La teorización sobre el principio de impugnación, establece el carácter de legitimación para recurrir y esa legitimación se encuentra en la parte perjudicada en sus derechos, esto quiere decir que al emitirse una resolución judicial, tratándose de un proceso contencioso, obviamente que dicha resolución en forma total favorecerá a la pretensión de una de las  partes y perjudicará en cuanto a la pretensión de su contraparte; también puede darse el caso que una resolución final en proceso contencioso, podrá favorecer en forma parcial a ambas partes y perjudicará también en alguna medida a las mismas partes, consiguientemente de ello se deduce que al emitirse una resolución final, en la generalidad de los casos favorece a alguna de las partes y perjudica a la otra parte en cuanto a sus pretensiones, a raíz de dicha resolución final, se genera la legitimación para recurrir identificada siempre en la parte perjudicada con la resolución, de ahí que se habilita la vía recursiva o de evaluación de la resolución de grado, y en el caso de apelación será un Tribunal jerárquicamente superior al que emitió la resolución en contra de la que se recurre, entendimiento conforme al texto literal del art. 213 del Código de Procedimiento Civil que señala: “(Recurribilidad de las Resoluciones judiciales).- I.- Las Resoluciones judiciales serán recurribles mediante impugnación de la parte perjudicada...”, texto legal del cual se absorbe la legitimación para recurrir, resulta ser la parte perjudicada.

Sobre el derecho a la impugnación se cita la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 1853/2013 de 29 de octubre en el que se señaló lo siguiente: “III.4. Derecho de impugnación.- El debido proceso como instituto jurídico que garantiza el respeto de derechos fundamentales y garantías Constitucional es de las partes que intervienen en un proceso, contiene entre sus elementos al derecho de impugnación como un medio de defensa. Con la finalidad de resguardar derechos fundamentales y garantías Constitucional es de las partes que intervienen en un proceso o procedimiento judicial o administrativo, la Constitución Política del Estado, establece el principio de impugnación en el art. 180.II, al disponer: Se garantiza el principio de impugnación en los proceso judiciales, lo que implica que todo procedimiento en el ámbito privado o público, debe prever un mecanismo para recurrir del acto o resolución que se considere lesivo a un derecho o interés legítimo de alguna de las partes a objeto que se restablezca o repare el acto ilegal u omisión indebida, demandado como agravio, en que hubiere incurrido la autoridad pública o privada. Lo que se pretende a través de la impugnación de un acto judicial o administrativo, no es más que su modificación, revocación o sustitución, por considerar que ocasiona un agravio a un derecho o interés legítimo; es decir, el derecho de impugnación se constituye en un medio de defensa contra las decisiones del órgano jurisdiccional o administrativo.

Así en materia procesal civil el art. 213, prescribe: I. Las resoluciones judiciales serán recurribles mediante impugnación de la parte perjudicada. II. Sólo cuando la ley declare irrecurrible una resolución será permitido negarse al examen del recurso o someterlo a conocimiento del juez que correspondiente; es decir, la interposición de los recursos está sujeta a determinados requisitos, como la existencia de un gravamen o perjuicio, debe ser idóneo, la calidad de parte para plantearlo, interponerse ante la autoridad competente…”

2.- DE LOS ANTECEDENTES PROCESALES EN LA PRESENTE CAUSA.-

Por memorial de fs. 18 a 19 vlta., Toribio Rodolfo Cossio Zacarias, interpone demanda de división y partición de bienes hereditarios al deceso a la causante Julia Poroma de Cossio, la misma que es dirigida en contra de Daysi Evelin Cossio Poroma y Ana Maritza Cossio Poroma, y peticiona que le otorgue el 62.5% sobre la sucesión y en tres partes iguales a sus tres hijos coherederos Edwin Ruddy, Ana Maritza y Daysi Evelin Cossio Poroma, acción dirigida ante el Juez de Partido de Turno en lo Civil, sin embargo, los antecedentes de la causa son remitidos ante el Juez de Instrucción de Turno en lo Civil con el criterio muy restringido de que el proceso de división y partición estuviera consignado como un proceso voluntario.

A la mencionada demanda, se ha adjuntado en fs. 6 a 8, el testimonio de la Escritura Pública Nº 9/2010 relativo a la protocolización del testimonio de la declaratoria de herederos tramitada ante el Juzgado Décimo de Instrucción en lo Civil, autoridad judicial que declaró como herederos forzosos ab intestato a Toribio Rodolfo Cossio Zacarias y Edwin Ruddy Cossio Poroma, sobre los bienes, acciones y derechos de la causante Julia Poroma de Cossio; testimonio que fue inscrito en la oficina de Derechos Reales bajo la matricula Nº 2.01.0.99.0041105, como consta en el asiento 3, en el que figura la inscripción del mencionado testimonio de la declaratoria de herederos descrita (fs. 9 a 10).

Posteriormente radicada la causa ante el Juez de Instrucción Primero en lo Civil, el mismo admite la demanda en contra de Ana Maritza y Daysi Evelin Cossio Poroma, quienes mediante memorial de fs. 34 a 35 se oponen a la pretensión señalando que Edwin Ruddy Vargas Poroma, no fuera descendiente de la causante Julia Poroma.

A fs. 40 a 41, cursa memorial de apersonamiento de Edwin Ruddy Cossio Poroma, quien adjuntando el testimonio de la Escritura Pública N° 550/2010, señala renunciar al acervo hereditario y legítima que le corresponde sobre la sucesión de Julia Poroma Salinas de  Cossio.

Luego de ello se dicta el Auto de fs. 45 a 46, por el que el Juez de la causa declara la contención y los antecedentes son remitidos ante el Juez Séptimo de Partido en lo Civil.

A fs. 55 a 57, cursa memorial de Rodolfo Cossio Zacarias, quien ratifica el tenor de su demanda añadiendo que ante la renuncia a la porción hereditaria de su hijo Edwin Ruddy Cossio Poroma, la herencia debiera ser divida tan solo entre Ana Maritza y Daysi Evelin Cossio Poroma y el demandante con el 66,67% para el actor y el resto en parte iguales en favor de las dos demandadas, escrito que es subsanado mediante memorial de 58 y su vlta., y admitida mediante decreto de fs. 59.

Citadas las demandadas, a fs. 63 a 64 contestan negativamente la acción principal y refieren que mientras no se levante del registro en nombre de Edwin Ruddy Cossio Poroma, la división no prosperaría ya que su derecho a la sucesión estuviera siendo afectado en alto porcentaje, posterior a ello se dicta el Auto de relación procesal de fs. 85 prosiguiendo el trámite procesal.

Posteriormente se dicta Sentencia de fs. 324 a 331 de obrados, en el que se determinó lo siguiente: “POR TANTO: Falla declarando PROBADA la demanda de división y partición de bienes inmuebles, interpuesto por TORIBIO RODOLFO COSSIO ZACARIAS, a fs. 18-19 vlta., reproducida a fs. 24 y 55-57 y subsanada a fs. 58, disponiéndose consecuentemente la tasación y la venta en subasta pública… al no admitirse fraccionamientos, para que con su producto se pague al demandante TORIBIO RODOLFO COSSIO POROMA el 66,66% del valor de la venta en subasta pública de dichos inmuebles y a las demandadas DAYSI EVELIN COSSIO POROMA Y ANA MARITZA COSSIO POROMA el 16,66% a cada una…”, parte dispositiva que sumando los porcentajes, se deduce haberse dispuesto la división entre el demandante Toribio Rodolfo Cossio, Daysi Evelin y Ana Maritza Cossio Poroma, sobre el 100% de las acciones y derechos de la causante Julia Poroma, no consignándose en la misma a Edwin Ruddy Cossio Poroma (por haber considerado el A quo su renuncia a la sucesión).

3.-  DE LOS PUNTOS RECURRIDOS Y LA FALTA DE LEGITIMACIÓN PARA RECURRIR.-

3.1.- En los numerales 2) y 3) del anterior considerando se ha resumido los fundamentaos por lo que interpone recurso de casación en el fondo, empero de ello se debe considerar que la acusación relativa a la falta de fundamentación del Auto de Vista y la contradicción de la misma, son observaciones relativas a la forma de las resoluciones y no al fondo de la controversia, al respecto las recurrentes confunden sobre la naturaleza del recurso de casación en el fondo con la forma, en la primera se debe evaluar si las resoluciones de mérito son las correctas o no y si dan lugar a modificar lo sustancial de lo otorgado por los de instancia, en cambio en la observaciones en la forma, como el caso de la falta de fundamentación (intelectiva, probatoria, fáctica y jurídica) o contradicción (incongruencia interna o externa de la resolución), son argumentos que observan la forma de las resoluciones, que no objetan la resolución de mérito sobre lo sustancial en la causa, por lo que las mismas para ser consideradas debían de ser formuladas mediante recurso de casación en la forma  y no en el fondo, pues en el recurso de fs. 364 a 365 vlta., las recurrentes no manifiestan que el recurso interpuesto también fuera en el forma, y de mencionar las disposiciones relativas a la misma, por lo que sobre estos puntos resultan ser impertinentes dentro de un recurso de casación en el fondo, lo que hace inviable su consideración.

3.2.- El punto 1) del anterior considerando se advierte que las recurrentes, acusan que una vez aceptada la herencia no se puede renunciar a la misma, la infracción de los arts. 1021 y 1022 del Código Civil, y 697 de su procedimiento y que Edwin Ruddy Cossio Poroma sigue registrado en los registros pertinentes; para dicha acusación se deberá  tomar en cuenta los puntos siguientes:

3.2.1.- Que la resolución de grado, de acuerdo al contenido de la demanda principal y contestación a la misma, se advierte que no les causa perjuicio a las recurrentes en cuanto a sus derechos sustantivos, pues el proceso tiene como objetivo la protección y resguardo de los derechos sustantivos reconocidos a las partes, y en la especie no se ha considerado la participación de Edwin Ruddy Cossio Poroma en la sucesión objeto del litigio; así también se deberá considerar que los operadores judiciales tiene el poder coercitivo para ejecutar sus resoluciones.

3.2.2.- Que la acusación las infracciones de los arts. 1021 y 1022 del Código Civil y art. 697 de su procedimiento, no les es pertinente a las recurrentes, pues dichas normas precautelan los derechos de Edwin Ruddy Cossio Poroma, y las recurrentes tan solo pueden activar los derechos que le asisten a cada una de ellas y no a terceros, esto implica la legitimación del derecho a recurrir, como se ha explicado en el numeral 1 de los fundamentos de la presente resolución, ahí radica la falta de legitimación para recurrir, legitimación ausente en las recurrentes.

Por otra parte también se deberá considerar que las partes en su conducta procesal, están obligadas a hacerlos bajo el principio de buena fe, principio procesal del que emerge la teoría del acto propio conocido con el apotegma de “venire contra factum propium non valet”, que significa nadie "puede ir válidamente contra sus propios actos", que de acuerdo al aporte doctrinario de varios autores coinciden en que sus elementos son: 1) que la primera conducta sea jurídicamente relevante, válida y voluntaria. 2) que ella produzca objetivamente un estado de hecho que permita generar confianza o expectativas legítimas. 3) que la segunda conducta sea contradictoria o incoherente con la primera y con ella se pretenda ejercer un derecho, facultad o pretensión. 4) que exista identidad entre el sujeto que desarrolló la primera conducta y el que ahora pretende desconocerla con un hecho contrario.

Conforme a la cita de la enciclopedia OMEBA, Tomo I, sobre los actos propios, se ha señalado que la misma puede ser reducida al principio general que a “… nadie es lícito ir contra sus propios actos cuando éstos son expresión del consentimiento de quien los ejecuta y obedece al designio de crear, modificar o extinguir relaciones de derecho. Es decir, cuando se trata de actos jurídicos que causan estado definiendo de una forma inalterable la posición jurídica de su autor…”, consiguientemente  resulta relevante para el entendimiento de la mencionada teoría, el aporte de Luis Diez Picazo, quien considera que: “está vedado a un sujeto a asumir una conducta o intentar hacer valer una pretensión jurídica contradictoria con una postura anterior en tanto ha originado confianza en otro sujeto que de ve perjudicado por el ejercicio de ésta nueva pretensión al ver defraudada su fe puesta en el comportamiento primitivo”.

Ahora de acuerdo al contenido de la contestación a la demanda de fs. 63 a 64 vlta., las ahora recurrentes han manifestado que Edwin Ruddy Cossio Poroma, no fuera parte de la sucesión hereditaria de la causante Julia Poroma de Cossio, y en base al mismo el reclamo consistía en que la división fuera efectuada sin la participación del nombrado, a ello se suma el contenido de la demanda principal modificada a fs. 55 a 57, en el que el actor Toribio Rodolfo Cossio Zacarías, manifiesta que la división sea efectuada entre su persona y las demandadas Daysi Evelyn y Ana Maritza Cossio Poroma, esto ante la eventual renuncia a la porción hereditaria  Edwin Ruddy Cossio Poroma; de todo ello se infiere que el A quo determinó que la división sea efectuada sin la concurrencia del nombrado Edwin Ruddy Cossio Poroma, pretensión que en lo sustancial fue requerida por las demandadas, sin embargo de ello pese que la sentencia, sobre ese punto en lo sustancial atendió favorablemente la petición de que la división fuera efectuada con exclusión de Edwin Ruddy Cossio Poroma; ahora las demandadas formulan recurso de casación impetrando se case el Auto de Vista y se revoque las resoluciones recurridas; esa es una postura que va en contra del acto propio, no atendible ni admisible en derecho, pues  al momento de contestar la demanda manifestaron que la división fuera efectuada entre las nombradas demandadas y el actor principal, empero ahora recurren de casación, entre otros puntos, que por la no concurrencia de Edwin Ruddy Cossio Poroma se revoque la Sentencia de grado, faltando al principio universal que rigen los sistemas procesales como es el de la buena fe y la obligación de lealtad procesal contenida en el art. 57 del Código de Procedimiento Civil.

Consiguientemente, en base a los fundamentos expuestos corresponde emitir resolución en la forma prevista en el art. 271 núm. 2) del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 parágrafo I núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los arts. 271 núm. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil declara: INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 364 a 365 vlta., interpuesto por Daysi Evelyn y Ana Maritza Cossio Poroma, contra el Auto de Vista Nº 279/2013 de 1 de noviembre de 2013. Con costas.

Se regula honorario en la suma de Bs. 700.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.


Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.


Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Dr. Patricia Ríos Tito

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: Segundo