TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CIVIL


Auto Supremo: 156/2014

Sucre: 16 de abril 2014

Expediente: LP-1 14 S

Partes: Sonia Soledad Quispe Paredes, Elena Quispe de Bautista, Rosa Quispe de

           Soto, Nicolás Quispe Choque y Mario Quispe Choque. c/ Olga Prevé Vda.

           de Sánchez Peña.

Proceso: Usucapión decenal.

Distrito: La Paz.


VISTOS: El recurso de casación en el fondo y en la forma de fs. 113 a 114 interpuesto por los demandantes Sonia Soledad Quispe Paredes, Elena Quispe de Bautista, Rosa Quispe de Soto, Nicolás Quispe Choque y Mario Quispe Choque y el recurso de casación de fs. 118 a 119 y vlta., interpuesto por la demandada Olga Preve Vda. de Sánchez y la adhesión al recurso de los actores; todos contra el Auto de Vista-Resolución Nº R-141/2013 de 19 de julio de 2013 de fs. 105 a 106, pronunciado por la Sala Civil Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el proceso ordinario de usucapión seguido por los demandantes; los memoriales de fs. 122 y 125; el Auto de concesión de fs. 129; los antecedentes del  proceso, y:


CONSIDERANDO I:                                                                         ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Del contenido del memorial de demanda de fs. 12-13 en lo esencial se resume lo siguiente: los demandantes refieren que la Sra. Prevé Vda. de Sánchez Peña en su calidad de propietaria  mediante minuta de fecha 20 de enero de 1994 les transfirió un lote de terreno de 1.300 mts2. comprometiéndose a sanear y legalizar los títulos respectivos en el plazo de tres meses, sin embargo pese a recibir el importe de la compra venta no cumplió con su compromiso, situación que les ocasiona una serie de perjuicios; indican al mismo tiempo que desde el momento de la compra vienen poseyendo el inmueble de manera, quieta, pacífica y continuada sin ninguna perturbación y con el objeto de sanear y legalizar sus legítimos derechos propietarios, interponen la indicada demanda en contra de su vendedora Olga Prevé Vda. de Sánchez Peña, quien contesta a la demanda de manera afirmativa, como también se apersona el Gobierno Municipal de La Paz y contesta negando la demanda y reconviene por acción negatoria y reivindicación más pago de daños y perjuicios. 

Sustanciado el proceso en primera instancia, la Juez 15º de Partido en Materia Civil de la ciudad de La Paz, mediante Sentencia - Resolución Nº 443/2012 de 14  de diciembre de 2012 cursante de fs. 88 a 90 y vlta., declaró probada la demanda  y consiguientemente operada la usucapión decenal o extraordinaria  ordenando la inscripción de la Sentencia en Derechos Reales, confiriendo derecho propietario a los demandantes sobre 1.298,13 mts.2 de los 1.300 mts.2 demandados; por otra parte declaro improbada la acción reconvencional de reivindicación, acción negatoria y pago de daños y perjuicios interpuesto por el Gobierno Municipal Autónomo de La Paz, disponiendo al mismo tiempo se remita en consulta la Sentencia ante el superior en grado.

En conocimiento de la consulta de la Sentencia enviada por el Juez de la causa  y ante la inexistencia de recursos de apelación, la Sala Civil Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz mediante Auto-Resolución Nº R- 141/2013 del 19 de julio de 2013 anuló la Sentencia consultada por considerar que la demanda no fue dirigida contra el propietario registral del inmueble que se pretende usucapir a efectos de establecer la calidad de sujeto pasivo de la acción, extrañando al mismo tiempo la falta de presentación de la certificación de Derechos Reales; en contra de esta resolución de segunda instancia, los demandantes principales recurren en casación en el fondo y en la forma, haciendo lo propio la demandada Olga Prevé Vda. de Sánchez Peña, quien a la vez se adhiere a los recursos interpuestos por los actores.


CONSIDERANDO II:                                                                

HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Del contenido de los recursos de casación interpuestos por ambas partes, en lo esencial se resume lo siguiente:

II.1.- Recurso de los demandantes de usucapión:

Los recurrentes acusan al Auto de Vista de ilegal porque habría sido dictado sin tener la competencia correspondiente y no se dio cumplimiento a los arts. 90 y 91 del Cód. Pdto. Civ.

Manifiestan  que el Tribunal hizo referencia al art. 197 sin tomar en cuenta el art. 127 ambos del Cód. Pdto. Civ. porque el proceso correspondería a personas particulares y la intervención de la Alcaldía Municipal habría sido simplemente para informar que el inmueble objeto de usucapión es de propiedad privada y no del Estado.  

Indican que la sentencia constitucional a la que hace mención el Tribunal de Alzada es completamente alejada al caso de autos porque consideran que su demanda fue en base al art. 138 del Código Civil y el Ad quem se equivoca al pretender imponer en forma ultrapetita que exista informe de algún derecho propietario cuando la última propietaria sigue siendo su vendedora.

Acusan la violación del art. 138 del Código Civil indicando que el Ad quem en forma totalmente alejada de la verdad y hasta calumniosa habría indicado que se ha incumplido con la carga de la prueba incurriendo en mal interpretación del art. 1283 del “Código Procesal”.    

II.2.- Recurso de la demandada Olga Preve Vda. de Sánchez Peña:

Manifiesta que no correspondía la consulta de la Sentencia, y por otra parte indica que se habría presentado toda la prueba pertinente como también de su parte habría contestado afirmativamente la demanda de los actores y que no correspondía informe sobre derecho propietario.

Acusa la vulneración de todo el ordenamiento legal sustantivo y adjetivo, haciendo referencia para ello a los arts. 1281, 1282, 1285, 1449, 1453, 1455 del Código Civil y 327 y siguientes de su Procedimiento.

Afirma que su persona es la última propietaria del inmueble objeto de usucapión y que no puede legalizar su derecho propietario debido a su delicado estado de salud y avanzada edad y falta de recursos económicos.

Que la demanda fue interpuesta en base al art. 138 del Código Civil que exige sola la posesión continuada, pacífica, pública e ininterrumpida por diez años, no requiriéndose de ninguna certificación  o tradición registral.

En base a los antecedentes señalados en el presente Considerando, los demandantes solicitan que se CASE y ANULE el Auto de Vista recurrido, en tanto que la demandada solicita simplemente que se CASE dicha resolución.


CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Al haber interpuesto ambas partes litigantes recurso de casación, no obstante la deficiencia en el planteamiento de los mismos, en observancia del art. 180.II de la Constitución Política del Estado, con el fin de dar respuesta, se pasa a considerar dichos recursos en el orden en que fueron interpuestos.

III.1.- Recurso de los demandantes de usucapión:

Los recurrentes acusan al Auto de Vista de ilegal porque habría sido dictado sin tener la competencia correspondiente y no se dio cumplimiento a los arts. 90 y 91 del Cód. Pdto. Civ.; sin embargo los recurrentes respecto a este punto simplemente realizan acusaciones de manera general sin especificar porque no sería competente el Tribunal de alzada para conocer el asunto, tampoco precisan cuales normas legales habrían sido incumplidas toda vez que los arts. 90 y 91 del adjetivo civil al cual hacen referencia, son disposiciones legales de carácter general.

Aluden también que el Tribunal de Alzada hizo referencia al art. 197 del Cod. Pdto. Civ. sin tomar en cuenta el art. 127 del mismo cuerpo legal porque el proceso correspondería a personas particulares y la intervención de la Alcaldía Municipal habría sido simplemente para informar que el inmueble objeto de usucapión es de propiedad privada y no del Estado; ese argumento es bastante confuso y no se entiende que es lo que pretenden los recurrentes; pues si se toma en cuenta lo dispuesto en dichas normas legales y el acto procesal a ser cumplidos, no existe relación entre ambas disposiciones legales, toda vez que la primera se refiere a la consulta de las Sentencias dictadas contra el Estado o de las entidades públicas en general y la segunda a la citación con la demanda al Estado y demás personas jurídicas.

Sin embargo es de indicar que la intervención de la Alcaldía Municipal fue en calidad de contrademandante indicando que el inmueble que pretende usucapir los actores principales, es un bien de dominio público y en ese entendido interpuso demanda reconvencional de acción negatoria y reivindicación más pago de daños y perjuicios, aunque posteriormente por memorial de fs. 31 aclara que existiría sobreposición en una fracción de 1,87 m2. hacia una vía pública; de esta manera  la intervención del Gobierno Municipal no solo se limitó a la presentación de un simple informe como refieren los recurrentes, por el contrario asumió defensa de fondo.

Por otra parte los recurrentes indican que la “sentencia constitucional” a la que habría hecho mención el Tribunal de Alzada es completamente alejada al caso de autos porque afirman que su demanda fue en base al art. 138 del Código Civil dirigida contra la última propietaria que sigue siendo su vendedora quien habría contestado de manera afirmativa a la demanda de usucapión, cumpliendo de esa manera sus personas con la carga de la prueba, no requiriéndose de ningún informe de derecho propietario; respecto a este punto corresponde tomar en cuenta la jurisprudencia ordinaria que se tiene consolidada con respecto a la usucapión decenal, sin que ello implique dejar de lado los hechos expuestos en los cuales se sustenta la demanda y la prueba documental que fue adjuntada a la misma, así como la conducta procesal asumida por la parte demandada a lo largo del proceso.

Tanto la Ex Corte Suprema como el Tribunal Supremo de Justicia han establecido de manera uniforme a través de reiterados Autos Supremos en sentido de que la usucapión declarada judicialmente produce un doble efecto, adquisitivo para el demandante y extintivo para el demandado y para que se produzca de forma válida y eficaz ese doble efecto, la demanda debe necesariamente ser dirigida contra el último titular registral que aparece en Derechos Reales como propietario del inmueble (sujeto pasivo) contra quien se pretende que se opere el efecto extintivo del derecho y en caso de fallecimiento del titular de ese derecho, debe dirigirse contra sus herederos o causahabientes. Solo si se dirige la demanda de manera correcta contra el verdadero propietario registral del inmueble, puede asumirse en sentencia decisiones útiles y eficaces respecto a las partes y la cosa juzgada adquiere su carácter material comprendiendo a todos a quienes deriven sus derechos respecto del bien inmueble objeto de litis.

Por otra parte, para efectos de dar viabilidad a la demanda de usucapión y verificar si la misma se encuentra correctamente dirigida, también la jurisprudencia ha establecido como uno de los requisitos indispensables, la presentación de la certificación de Derechos Reales que acredite quien es el último titular registral del inmueble que se pretende usucapir, y en caso de obtenerse una certificación negativa, el demandante debe acudir a las oficinas del Gobierno Municipal respectivo donde se encuentra ubicado el inmueble a objeto de obtener información técnica y legal que establezca de manera precisa las características del inmueble, la situación impositiva, a nombre de quien se encuentra registrado el inmueble, aspectos que en el caso sub lite fueron completamente obviados por los actores al momento de la presentación de su demanda, como también el Juez de la causa no observó esa situación al momento de admitir la demanda, permitiendo la sustanciación del proceso con vicios procesales insalvables.   

En el caso presente, los actores dirigieron su demanda contra su vendedora Olga Preve Vda. de Sánchez Peña pretendiendo la usucapión de un inmueble de 1.300 mts2., exponiendo como hechos incumplimiento de obligaciones de parte de su vendedora acordadas en el contrato de compra-venta, lo que a prima facie conduciría a otro tipo de acción como es la demanda de cumplimiento o resolución de contrato; sin embargo los demandantes considerándose verdaderos y legítimos propietarios del inmueble y con la finalidad de sanear y regularizar ese su derecho, demandaron la usucapión decenal pretendiendo de esta manera adquirir por dos formas el derecho propietario de un mismo inmueble, es decir por efectos de los contratos y a la vez por usucapión decenal, cuando el art. 110 del Código Civil establece para adquirir la propiedad, solo una de las formas que se encuentran descritas en dicha norma legal.

Los actores al contar con un contrato de compra-venta a su favor cuyo documento cursa a fs. 4, ya tendrían adquirida la propiedad del inmueble objeto de litis por efecto de los contratos, toda vez que en los contratos de compra-venta si es que las partes no establecen otra cosa, la transferencia del derecho de propiedad conforme a los arts. 521 y 584 del Código Civil, se opera por el solo consentimiento de las partes consolidándose en el momento mismo de la celebración del contrato sin que sea necesario el cumplimiento de otras formalidades, ni la entrega física del bien o el pago del precio; la excepción a esta regla se da en el caso de los contratos de venta de herencia, etc. en los cuales la ley exige cumplir con una determinada forma.

En el caso presente como lo afirman los propios actores, tomaron posesión real del inmueble a título de verdaderos dueños desde el momento mismo de la celebración del contrato de compra-venta de fecha 20 de enero de 1994; al haber ya adquirido la propiedad de inmueble y si únicamente pretenden regularizar ese derecho propietario como lo manifiestan en su demanda, la vía correcta es acudir a la regularización del derecho propietario bajo los alcances de la Ley Nº 247 y su Decreto Supremo Reglamentario Nº 1314, misma que fue puesta en vigencia precisamente para dar solución a los casos típicos como los que atraviesan los recurrentes o en su caso, si es que el inmueble no tendría ningún antecedente dominial o tracto sucesivo, acogerse a lo que dispone el art. 26 del D.S. 27957 de 24 de diciembre de 2004, Reglamento de la Ley de Inscripción de Derechos Reales y no así a la usucapión prevista en el art. 138 del Código Civil que es una forma originaria de adquirir la propiedad y tiene alcance distinto.      

Desde el punto de vista como lo enfocan los actores sustentando su pretensión de manera reiterada en base art. 138 del Código Civil y sobre la base de un derecho de propiedad, la demanda de usucapión decenal resulta siendo improponible toda vez que como se tiene indicado, no se puede adquirir el derecho de propiedad de un mismo inmueble por dos formas distintas como pretenden los recurrentes, a menos que hubieren renunciado a su derecho de propiedad del inmueble en cuestión adquirido por efecto del contrato de compra venta y solo decidan hacer valer únicamente su derecho de posesión, aspecto que no se advierte en el caso presente.

El Ad quem, ante las implicancias que adquirió el proceso y ante la falta de presentación de la certificación de Derechos Reales, por una parte extrañó que la demanda no se encuentra dirigida contra el verdadero titular registral del inmueble y por otra parte, al hacer referencia al A.S. Nº 25/2013 también advirtió que la demanda resulta siendo improponible, resolución que lamentablemente el abogado de los recurrentes llegó al extremo de confundir con una sentencia constitucional; pero las situaciones descritas no solo pueden dar lugar a la nulidad de la sentencia simplemente, sino la nulidad de todo el proceso hasta la admisión de la demanda para que la misma sea subsanada como corresponde, toda vez que existe vicio procesal que la torna insalvable la tramitación del proceso, correspondiendo en ese sentido reorientar la nulidad dispuesta por el Ad quem.

Al margen de lo indicado, es pertinente tomar en cuenta otro aspecto de vital importancia que es el derecho propietario que refiere la demandada en base al cual habría transferido a los actores el inmueble objeto de litis; revisado el contenido del contrato de compra venta que cursa a fs. 4 en minuta en el cual se amparan los actores, se trata de una de fecha 20 de enero de 1994 donde la vendedora y hoy demandada en este proceso indica ser legítima propietaria del inmueble de 1.300 mts.2 el cual fue sometido en la presente causa a demanda de usucapión decenal por parte de los actores; en dicho documento la vendedora no realiza ninguna aclaración de donde proviene el antecedente de su derecho propietario y menos indica el registro en Derechos Reales, simplemente se limita a indicar que sería la legítima propietaria manteniendo esa afirmación en su recurso de casación, sin acreditar esa situación absolutamente con ninguna prueba, tampoco el informe técnico presentado por el Gobierno Municipal (fs. 30) da cuenta que la demandada seria la propietaria del inmueble en cuestión, dejando de esta manera en completa incertidumbre a los juzgadores quien realmente seria el verdadero propietario del inmueble a efectos de establecer válidamente la calidad de sujeto pasivo de la usucapión, ni mucho menos los actores presentaron ninguna certificación de Derechos Reales ni otro tipo de prueba documental que acredite que la demandada sea la verdadera propietaria; ante esa situación incluso es lógico pensar que otras personas serían las propietarias del inmueble y en caso de consolidarse la usucapión que pretenden los actores, se estaría dejando en estado de indefensión a esas personas.   

Por las consideraciones realizadas, los recursos que fueron interpuestos por los actores devienen en infundados.

III.2.- Recurso de Olga Preve Vda. de Sánchez Peña: 

La recurrente en su calidad de demandada al haberse adherido al recurso de los actores, aunque esa situación no se encuentra prevista de manera expresa en la ley procesal, sin embargo debe tener presente que la respuesta en cuanto a esa adhesión, ya lo tiene absueltas en las consideraciones realizadas anteriormente.

En cuanto a la interposición de su propio recurso, los argumentos de la recurrente simplemente se limitan a manifestar un desacuerdo con el fallo recurrido lanzando acusaciones infundadas contra la administración de justicia, sin fundamentar absolutamente nada cual sería el verdadero agravio que le ocasionaría la resolución recurrida con relación a su persona, toda vez que la misma no interpuso ninguna demanda reconvencional y simplemente de manera oficiosa se avoca a reclamar derechos en favor de los actores sin tener la legitimación procesal para ese propósito; no obstante esa situación, con el fin de darle una respuesta, nos referiremos a sus argumentos.

Indica que no correspondía la consulta de la sentencia, sin absolutamente fundamentar nada al respecto del porque no correspondería dicha consulta; acusa de manera general la vulneración de todo el ordenamiento legal sustantivo y adjetivo civil, citando disposiciones totalmente impertinentes como los arts. 1453 y 1455 que están referidos a la acción reivindicatoria y negatoria, cuando esa situación en ningún momento fueron interpuestas por los actores principales ni mucho menos por su persona; refiere también que se habría presentado toda la prueba pertinente cuando en esa situación no es verdad, ya que de la revisión de los antecedentes del proceso se evidencia que su persona no presentó absolutamente ningún tipo de prueba.

Manifiesta también que su persona sería la última propietaria del inmueble objeto de litis y que habría contestado afirmativamente a la demanda de usucapión, sin embargo el supuesto derecho propietario que refiere no fue demostrado con ningún tipo de prueba y los jueces no pueden basarse en la simple palabra de los litigantes, correspondiendo en todo caso a la recurrente demostrar sus afirmaciones conforme a derecho.

En cuanto a la contestación afirmativa a la demanda de usucapión que refiere, esta situación podría haber sido útil y favorable a los demandantes siempre y cuando se encuentre debidamente acreditado que la demandada es la legítima propietaria registral del inmueble sometido a usucapión, toda vez que de acuerdo al art. 1538 del Código Civil, el registro en Derechos Reales es el que otorga la publicidad del derecho propietario frente a terceros; en el caso presente como se tiene indicado, la demandada y recurrente en ningún momento acreditó su derecho propietario y menos el registro correspondiente y consiguientemente no puede considerársela válidamente como sujeto pasivo de la usucapión pretendida por los actores.

Finalmente, si la demandada considera ser la propietaria del inmueble en cuestión, era su deber regularizar la documentación de su derecho propietario ya que tuvo el tiempo por demás suficiente para hacerlo y demostrar con documentación legal su condición de propietaria y no pretender atribuir su negligencia u omisión a la administración de justicia lazando afirmaciones totalmente infundadas, sin comprender además los verdaderos alcances de la usucapión prevista en el art. 138 del Código Civil frente a los hechos expuestos en la demanda de los actores.

Por todo lo anteriormente expuesto, corresponde resolver los recursos en la forma prevista por el art. 271 núm. 2) con relación al art. 273 del Código de Procedimiento Civil.


POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 parágrafo I núm. 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en los Arts. 271 núm. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara: INFUNDADOS los recursos de casación interpuestos por Sonia Soledad Quispe Paredes, Elena Quispe de Bautista, Rosa Quispe de Soto, Nicolás Quispe Choque y Mario Quispe Choque; como también el recurso interpuesto por Olga Preve Vda. de Sánchez Peña; ambos contra el Auto de Vista-Resolución Nº R-141/2013 de 19 de julio de 2013 de fs. 105 a 106, pronunciado por la Sala Civil Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; sin embargo se reorienta la nulidad dispuesta por el Ad quem, disponiendo que dicha nulidad sea hasta fojas catorce inclusive (estado de admisión de la demanda de usucapión) por los fundamentos contenidos en la presente resolución.  Sin costas por ser ambas partes recurrentes.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Duran

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Dr. Patricia Ríos Tito

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: Segundo