TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                        S A L A    C I V I L

Auto Supremo:131/ 2014

Sucre:10 de abril 2014      

Expediente: SC-15-14-S

Partes:Abram Braun  c/ Héctor Encinas Cavero        

Proceso: Reivindicación, desocupación y entrega de inmueble, acción     

negatoria y resarcimiento de daños  y perjuicios.

Distrito:   Santa Cruz


VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs.447 a 448 y vlta., de obrados, interpuesto por Paúl Céspedes Maldonado en representación legal de Abram Allen  Braun, contra el Auto de Vista Nº171/2013 de 20 de septiembre de 2013,  cursante de fs. 442 a 445 y vta. pronunciada por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro el proceso doble de Reivindicación, desocupación y entrega de inmueble, acción negatoria,  resarcimiento de daños  y perjuicios  y la reconvencional de usucapión, incoado por el recurrente en contra de  Héctor Encinas Caero, la respuesta de fs. 451 a 455  de obrados, el Auto de concesión de fs. 459,  los antecedentes procesales; y,

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Paúl Céspedes Maldonado en representación legal de Abram Allen Braun, por memorial de 12 de mayo de 2005 de fs. 10 a 11, al amparo de los arts. 1453, 1454 y 1455 del Código Civil interpone demanda ordinaria de reivindicación, desocupación, entrega de inmueble, acción negatoria y pago de daños y perjuicios, contra Héctor Encinas Caero, de cuyo contenido se sintetiza lo siguiente: indica que su mandante es propietario del bien inmueble de 14.965 mts.2, sito en la unidad vecinal Nº 199, registrado a su nombre en Derechos Reales el 25 de abril del 2005 bajo la Matrícula Nº 7012010008694; que el demandado tres meses atrás sin autorización ni consentimiento, ingresó al inmueble y procedió a construir una habitación y un embardado simple, destruyendo el alambrado y posteado existente, aspecto que motivó la interposición de la presente demanda. 

Citado el demandado, negando todos los extremos, interpuso demanda reconvencional por usucapión decenal y excepciones de falsedad y de prescripción, señalando que en marzo de 1994 hubiera comprado la posesión del predio, inmueble que desde entonces viene poseyendo de manera pública, pacífica y continuada, habiendo realizado en el mismo algunas construcciones estando en posesión del inmueble por más de diez años.

Sustanciado el proceso, por Sentencia Nº 42/07 de 05 de abril de 2007, el Juez Décimo Segundo de Partido en materia Civil y Comercial de Santa Cruz de la Sierra, declaró probada en parte la demanda principal, en lo que corresponde a la reivindicación, desocupación, entrega de inmueble y la acción negatoria e improbada en cuanto al pago de daños y perjuicios. Asimismo, declaró Improbadas las excepciones perentorias y la demanda reconvencional de usucapión planteada por Héctor Encinas Caero, disponiendo en consecuencia la reivindicación del inmueble  ubicado en la U.V. 199 con una superficie de 14.965 ms.2, registrado en DDRR bajo Matrícula Nº 7.01.2.01.0008694 a favor del demandante, ordenando que el demandado  desocupe y entregue el inmueble en el término de  60 días, previo pago de las mejoras introducidas en el  mismo, a ser evaluadas en ejecución de sentencia.

En apelación interpuesta por el demandado Héctor Encinas Caero, la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia  de Santa Cruz, emitió  Auto de Vista  Nº 171/2013 de 20 de septiembre de 2013, que corre de fs. 442 a  445 y vlta, revocando la Sentencia  de 5 de abril de 2007, cursante de fs. 254 a 275 y el Auto complementario de fecha 11 de mayo de 2007, cursante a fs. 269 y deliberando en el fondo, declaró PROBADA la excepción  perentoria de falsedad, IMPROBADA la excepción de prescripción, IMPROBADA la demanda principal de fs. 10 a 11 e improbada  la demanda reconvencional de usucapión decenal de fs. 39 a 41. Sin costas.

Contra esa Resolución de Alzada, Paúl Céspedes Maldonado, en representación de  Abram Allen Braun, interpuso recurso de casación en el fondo, mediante memorial de fs. 447 a 448 y vta. Asimismo Héctor Encinas Caero  mediante memorial de fs. 451 a  455 recurrió de casación en el fondo.

CONSIDERANDO II:

HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Recurso de Abran Braun.-

Concluye su  recurso,  pidiendo al Tribunal Supremo  que case el Auto de Vista de 20 de septiembre de 2013 y se deje subsistente la Sentencia de 5 de abril de 2007.

Recurso de casación en  el fondo de  Héctor Encinas Caero.-

- Acusa la vulneración de los arts. 87-I, 88, 110 y 138 del Código Civil porque el Tribunal discurre aspectos que no forman parte de la expresión de agravios y desestima la demanda reconvencional con un argumento inatinente porque el  terreno objeto de  Litis es un predio  susceptible de ser  negociado en el  comercio humano, es de dominio privado y el hecho de que no esté urbanizado y parcelado, no es óbice para negar la procedencia de la usucapión que es  una de las formas de adquirir la propiedad, conforme el art. 110 del Código  Civil, cuya condición esencial se basa en la  posesión continuada por diez años con el cumplimiento de que el poseedor haya poseído la cosa por el tiempo requerido y que el presunto propietario haya permanecido ese mismo tiempo sin reclamar su bien.

- Que, asimismo, se incurrió en violación de del art. 1492 par. I del Código Civil con relación a  la excepción perentoria de  prescripción  opuesta contra la acción negatoria,  al señalar que la misma no merece mayor consideración  porque la ubicación del inmueble que pretende reivindicar el demandante no estaría debidamente acreditada y resultaría incongruente disponer los efectos de la prescripción, olvidando el Tribunal que el ejercicio de las acciones derivadas de los derechos patrimoniales, se extinguen por efecto de la prescripción cuando su titular no los ejerce  durante el tiempo que la ley establece.

- Que, en opinión del Tribunal de apelación estaría pretendiendo la usucapión de bienes de dominio público, incurriendo  en interpretación equivocada y aplicación  indebida y subliminal  de las disposiciones legales citadas porque  no se puede administrar justicia en base a supuestos hechos que puedan acaecer en el futuro, porque ello significaría incurrir en inobservancia de la pertinencia dispuesta en el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, peor aun cuando nadie en el proceso ha manifestado que el bien es de dominio público, además de no haberse cerciorado de la citación al Gobierno Municipal, en previsión de lo dispuesto en el art. 131 de la Ley 2028, para evitar cualquier situación de indefensión.

- Que, el Tribunal ha incurrido en error de hecho cuando puntualiza no haber  acreditado la ubicación exacta del inmueble adquirido, afirmando sin embargo que el reconvinente  ha acompañado pruebas documentales que avalan su  posesión ininterrumpida  sobre el bien inmueble cuya inspección judicial se verifica en el Acta de fs. 168 y de  haberse constatado en  la inspección de visu la existencia de las instalaciones de agua y luz, contradictoriamente señala que tampoco se ha acreditado la fecha de instalación  de los mismos, falsa y temeraria aseveración, pues el Informe del Departamento de Regulación  de Edificación de fs. 243 demuestra la ubicación del inmueble, laexistencia de construcciones, que es una vivienda y que cuenta  con servicios básicos de agua y luz, corroborada con los recibos de fs. 17y vlta., 18 y 19, 124 y 240 donde está detallado el listado de facturas desde el mes de enero de 1995 a junio de 1996, del 2002 al 2003; y del agua potable, el recibo de ingreso a la Cooperativa como el Socio Nº 4136 en junio de 1994 y Libreta de pagos otorgado por  la Cooperativa de Servicios Públicos  “PAMPA DE LA ISLA” de junio de 1994; asimismo las facturas de consumo de julio y agosto de 2005.

- Que, el Tribunal ha incurrido  en error de derecho porque ha tergiversado el sentido y los alcances de los documentos privados de fs. 21 a 22, en contraposición a la eficacia que les otorga el art. 1297 del Código Civil, al señalar que no acreditan la apariencia de dominio sobre el bien inmueble, porque la posesión no constituye  por sí misma un derecho transferible y tampoco ha tomado en cuenta los documentos privados de venta de posesión de fechas el 09 de marzo y 29 de septiembre de 1995, que fueron ofrecidos a los fines del art. 88-III del Código Civil.

Concluye su recurso, solicitando a este Tribunal que case parcialmente la resolución de segunda instancia, extensiva  a la sentencia de primer grado y deliberando en el fondo, se declare probadas las excepciones perentorias y la demanda reconvencional de usucapión decenal e improbada la demanda principal de reivindicación y otros.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Del recurso de casación de Abram Allen Braun.-

Al respecto y revisados los antecedentes de obrados se evidencia que el documento de fs. 2 a 4 de obrados, demuestra que  Ronald Aguilar Zeballos en fecha 01 de septiembre de 2004, transfirió a Abram Braun, en calidad de compra venta, el inmueble sito en la Zona El Trapiche, cantón Cotoca de la Provincia Andrés Ibáñez, parcela signada con el Nº 27, Inscrita en Derechos Reales bajo la matrícula Nº 7012010008694 de fecha 10 de septiembre de 2002, constituyéndose el mismo, en  un documento público, en conformidad con lo dispuesto por el art. 1287-I del código Civil que da fe de la titularidad que le asiste a AbramAllen Braun respecto al inmueble objeto de la litis, sin embargo, cabe aclarar al recurrente que la validez del documento de fs. 2 a 4  no está en discusión como erróneamente entiende y el Tribunal en ningún momento ha puesto en duda su validez ni la titularidad que le otorga sobre el bien, la observación del Tribunal va en sentido de que el demandante, no hubiera aportado prueba que demuestre el lugar exacto en que se encuentra el bien cuya reivindicación reclama para demostrar de manera efectiva el avasallamiento que hubiera sufrido por parte del demandado y reconviniente, cosa muy distinta a que no hubiera reconocido su derecho propietario o la validez del documento de fs. 2 a 4, no existiendo en consecuencia conculcación alguna del principio de verdad material como sugiere el recurrente y  tampoco del art.1289 parágrafo I del Código Civil.

- Respecto a vulneración del art. 190 del Código de Procedimiento Civil, cabe señalar que esta norma está referida a la pertinencia de la resolución, que es un aspecto relativo a su forma, en ese entendido si el recurrente advirtió error procedimental, debió acusar el mismo en recurso de casación en la forma, por lo que al ser el recurso incoado en el fondo, no corresponde su consideración.

- En cuanto a  la violación de los arts. 1534 y 1283 y del Código Civil y los arts. 399-I y 375 num. 1) del Código de Procedimiento Civil en que hubiera incurrido el Ad quem al declarar probada la excepción de falsedad con el argumento de que no se hubiera  acreditado la  ubicación del  inmueble  objeto de laLitis, cuando el  documento con efectos reales que está debidamente inscrito en Derechos Reales, es oponible frente a terceros, tiene todo el efecto jurídico y validez en su contenido, no existe ningún otro documento, certificación  o informe que enerve o destruya su derecho de propiedad, peor aún el demandado que no hubiera objetado su existencia y validez.

Al respecto, planteado como está el agravio, resulta prácticamente inentendible, toda vez que acusa de manera indiscriminada y conjunta la vulneración los arts. 1283 del Código Civil,  referido a la carga de la prueba, el art. 1534 de la misma norma que se refiere a la fuerza probatoria  de las partidas asentadas  en los registros públicos  que hacen fe sobre los actos que constan en ellas; el art. 399 par. I y 375 del Código de Procedimiento Civil concordantes con los precitados artículos, ingresando nuevamente en una discusión que no existe, que es su derecho propietario sobre el bien en litigio y la existencia y validez  del documento de fs. 2 a 4, aspectos sobre los cuales este Tribunal ya se ha pronunciado en el punto anterior y a cuyos fundamentos nos remitimos, aclarando sin embargo, que la declaratoria de falsedad dispuesta por el Ad quem, no está dirigida a desvirtuar su derecho propietario, sino al  supuesto avasallamiento que hubiera sufrido por parte del demandante, hechos que según refiere el  Tribunal no han sido demostrados y cuya conclusión no tiene incidencia  en la validez de los documentos de fs. 2 a 4, por lo que este  reclamo no resulta fundado.

- Con referencia a que el Tribunal incurrió en “interpretación errada de hecho y de derecho” al otorgar valor legal  a certificaciones e informes, en contraposición  de documentos públicos debidamente registrados, negando la existencia del terreno de su propiedad que es completamente real y está sujeto a  urbanización por parte de la Alcaldía, aspecto que no fue objeto de la Litis.

Al respecto, y así como está expresado este punto,  el mismo no configura agravio de ninguna naturaleza, pues el recurrente se limita a decir que  el Tribunal ha incurrido en error de hecho y de derecho sin precisar a qué certificaciones, informes y documentos públicos se refiere ni las normas que considera infringidas, tampoco  precisa en términos claros yconcretos  en qué consisten ambos errores, qué ley o leyes fueron violadas o aplicadas falsa o erróneamente y en qué consiste la violación, falsedad o error, resultando infundados los agravios acusados.

Del recurso de casación de  Héctor Encinas Caero.-

- Con relación a  la vulneración de los arts. 87-I, 88, 110 y 138 del Código Civil, el Tribunal desestima la demanda reconvencional con un argumento inatinente porque el terreno objeto de  Litis, es un predio susceptible de ser negociado dentro del comercio humano y de dominio  privado, y  el hecho de que no esté urbanizado y parcelado, no es óbice para negar la procedencia de la usucapión, que es una de las formas de adquirir la propiedad, conforme el art. 110 del Código Civil, cuya condición esencial se basa en la  posesión continuada por diez años, que el poseedor haya poseído la cosa por el tiempo requerido y que el propietario haya permanecido ese mismo tiempo sin reclamar su bien.

Al respecto, inicialmente señalaremos que la usucapión llamada también “prescripción adquisitiva” es un modo originario de adquirir el derecho de propiedad sobre un bien por la posesión continua e ininterrumpida, pública y pacífica por el plazo que dispone la ley, en el caso de la usucapión extraordinaria como en el caso de Autos, el plazo de  10 años, que cumplido de manera efectiva  y sumado a la posesión dan lugar a la prescripción adquisitiva.

Señalado lo anterior, en la especie importa incidir  respecto a lo dispuesto  por el art. 87 del Código Civil, que en relación  a la posesión señala:  “I. La posesión es el poder de hecho ejercido sobre una cosa mediante actos que denotan la intención  de tener sobre ella el derecho de propiedad u otro derecho real”; norma referida específicamente  al ejercicio de hecho  sobre el bien que se pretende usucapir y el propósito o la intención que se tiene sobre el mismo  como verdadero titular,estableciéndose en consecuencia dos elementos: uno objetivo y otro subjetivo, pues conforme señala la doctrina, resulta imperativo para la procedencia de la usucapión, el dominio físico de la cosa, denominado “corpus” y,  la actitud y comportamiento frente a ella como su verdadero dueño, lo que se denomina “animus”, elementos que configuran la posesión  como la autoridad o ejercicio de hecho sobre el  bien.

Ahora bien, establecidos  los elementos de la posesión, cabe referirnos a los  requisitos que se exigen para su procedencia, es decir que la misma sea pacífica, continua e ininterrumpida y pública; entendiéndose por pacífica, que el  usucapiente hubiera ingresado a la posesión del bien inmueble, sin violencia de ninguna naturaleza y manteniéndola en ese estado durante el tiempo establecido, sin presión ni coerción de ninguna naturaleza; con relación  ala publicidad, la misma implica que el poseedor se ha comportado durante todo el tiempo dispuesto por la ley como verdadero propietario, conocido y reconocido en esa dimensión tanto por terceros e incluso  por la persona contra la cual recae la usucapión, pues de estimarse que ha sido clandestina, la misma no produce ningún efecto para  dar lugar a la usucapión.

Ahora bien, corresponde señalar también que, siendo la usucapión un modo originario de adquirir la propiedad, una vez declarada judicialmente produce un doble efecto: adquisitivo para el que logra la usucapión y extintivo para la persona que pierde el derecho propietario del inmueble por inactividad de su titularidad por el tiempo establecido por ley,  razón porla que resulta imperativo que la demanda de usucapión  esté dirigida contra quien figura en el Registro de Derechos Reales como último titular del derecho propietario del bien inmueble, criterio establecido por la vasta jurisprudencia emitida por este Tribunal Supremo de Justicia, en concordancia con la ya sentada por la ex Corte Suprema de Justicia, elementos que en el caso de Autos están debidamente cumplidos.

A ese efecto y,  de la revisión de los antecedentes de obrados, de fs. 1 a 4, cursan los siguientes documentos: Testimonio de compra venta por el cual se acredita que  Ronald Aguilar Zeballos, en fecha 1 de septiembre de 2004, transfirió a Abram Braun,  el terreno ubicado en  la Zona  El Trapiche, cantón Cotoca de la Provincia Andrés Ibáñez, parcela signada con el Nº 27 e inscrita en Derechos Reales  bajo la matrícula 7.01.2.01.0008694 con una superficie de 14.965 mts.2; a fs. 4 de obrados, cursa fotocopia legalizada del Folio Real con matrícula 7.01.2.01.0008694, por la que se constata que Ronal Aguilar Zeballos bajo el Asiento Nº 2, tiene inscrito su derecho propietario sobre el bien en la superficie que se señala, adquirido el mismo de su propietario original José Orestes Morales  Suárez, quien adquirió por dotación del Consejo Nacional de Reforma Agraria mediante Resolución Suprema Nº 189124, figurando en el Asiento Nº 4 como actual propietario, Abram Allen Braun cuya fecha de inscripción data de fecha 20 de abril de 2005, establecido lo anterior,  cualquier duda respecto a la calidad del bien y la titularidad del sujeto pasivo, Abram Allen Braun, queda  esclarecida,  infiriéndose que la argumentación esgrimida por el Ad quem en sentido de que “...el reconvencionista  pretendería declararse propietario de una superficie de terreno  de 14.410,44 ms.2 atentando  contra bienes de dominio público...”  no es válida, máxime cuando  la Certificación de  fs. 243 a la que alude como base de su fundamento el Tribunal señala que: “…realizada la inspección al terreno objeto de la presente solicitud,  se verificó que está ubicado en la zona Nor-Este de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Unidad vecinal Nº 199, manzana S/N y lote S/N, cuenta con  los servicios básicos de  Energía Eléctrica y Agua Potable, utilizada como vivienda.

El terreno se encuentra registrado en  topografía a nombre del señor Ronald Aguilar Zeballos en fecha 30 de septiembre del año 2003.

También informamos que el inmueble se encuentra ubicado en un sector de la ciudad sin aprobación ni parcelamiento sujeto a planificación y afectación, por lo tanto previo a cualquier tramitación de lote individual deberá cumplir con el  proceso de aprobación de la Urbanización de acuerdo a normas establecidas por el Código de Urbanización …”entendiéndose de la misma,  que si bien  a futuro podría verse afectado y sometido a proceso administrativo de expropiación por parte del Gobierno Municipal, éste, como bien señala el recurrente, es un supuesto que de ninguna manera resulta  un óbice para los efectos de la pretendida acción de usucapión y no puede constituirse en fundamento para declararla improbada, menos admitir que la acción de usucapión en el caso de Autos no procede porque se estaría afectando propiedad del Gobierno Municipal de Santa Cruz, como entendió erróneamente el Tribunal de apelación.

Ahora bien, demostrado como está que el sujeto pasivo de la acción de usucapión está debidamente identificado y que el bien objeto del litigio es propiedad privada, cabe corroborar la ubicación precisa del bien,aspecto también observado por el Ad quem y en el que funda su decisión, para tal efecto, conforme sale de los documentos que han sido motivo del análisis precedente se infiere que la ubicación del inmueble objeto de la litis, no puede ser otra que la descrita en el informe de fs. 243, por el que se evidencia que el mismo figura en el Departamento  de Regulación de Edificación del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, a nombre de Ronald Aguilar Zeballos, vendedor de Abram Allen Braun, refrendado este dato por  el acta de Inspección de fs. 168 cuyos datos coinciden con los que figuran en el Testimonio de propiedad de fs. 2 a 3; el Informe DRF OFICIO 76/2007 remitido al Juzgado por el Jefe del Departamento  de Registro y Fiscalización del Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra, coincidente en su ubicación,  superficie y colindancias y mejoras, el mismo que al margen de estos datos da cuenta de que se encuentra habitado por Héctor Encinas Caero, así como de la construcción existente en el mismo, cuya data señala, es de aproximadamente de diez años, documentos por los que se evidencia además que Abram Allen Braun, no ha realizado ningún acto o hecho en ejercicio del derecho propietario que refiere tener, ni ha aportado prueba alguna que interrumpa la posesión del usucapiente, pues como se tiene de las certificaciones referidas supra, su persona no figura en las mismas como propietario, sino su vendedor,  Ronald Aguilar Zeballos,  lo que demuestra que ha actuado con negligencia, dejando operar la prescripción extintiva de su derecho propietario, resultando en consecuencia erróneos los argumentos del  Ad quem para declarar improbada  la demanda reconvencional de usucapión así como la excepción de prescripción  opuesta por memorial de fs. 39 a 42.

En cuanto a la interpretación  equívoca  y aplicación indebida de  los artículos 85 y 131 de la Ley 2028, en que habría incurrido el Ad quem al manifestar que  el recurrente estaría pretendiendo usucapir bienes de dominio público,  basando su argumento en la certificación de fs. 243 que dice que el predio objeto de la usucapión  está en un sector de la ciudad sin aprobación de parcelamiento sujeto a planificación y afectación, (el subrayado es nuestro), cuando el bien objeto de litis, no constituye bien de dominio municipal o público, añadiendo además que la autoridad jurisdiccional no puede fallar sobre supuestos hechos o probabilidades, además de que este aspecto no ha sido motivo del contradictorio, al respecto y toda vez que este punto ha sido aclarado precedentemente, sin mayor abundamiento nos remitimos a las mismas consideraciones, existiendo ciertamente interpretación equívoca por parte del Ad quem.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 parágrafo Inúm. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los arts. 271 núm. 4) y  274 del Código de Procedimiento Civil, y 41 de la Ley Nº 025, CASA parcialmente el Auto de Vista  Nº171/2013 y deliberando en el fondo declara PROBADA la demanda reconvencional de usucapión a favor de Héctor Encinas Caero,  respecto del predio urbano  denominado “El Trapiche”, sito en  el camino a Monte Cristo, Zona Este de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, parte de la UV 199 MZA. s/n en la superficie de 14.410 ms.2, con las siguientes  colindancias al norte Víctor Hugo Saucedo con 123.25 m., al sur Alfredo Mendoza con 136.84 m., al Este Ángel Méndez con 117.01 m., al oeste Víctor Melgar con 122.36 así comola excepción de prescripción opuesta de fs.39 a 41, usucapión que tiene efecto extintivo sobre la matrícula de folio real Nº 7.01.2.01.0008694 de propiedad de Abram Allen Braun o Abram Braun; manteniendo firme y subsistente en  lo demás. Asimismo, en previsión de los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 447 a 448 y vta., interpuesto por AbramAllen Braun. Sin costas.


Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Magda. Dra. Rita Susana Nava Durán.

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Dr. Patricia Ríos Tito

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: Segundo