TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                               S A L A  C I V I L



Auto Supremo: 130/2014

Sucre: 08 de abril 2014

Expediente: LP 117 13 - S

Partes: Roger Ramírez Calle y Raúl Ramírez Calle  c/ Ana María

            Choque Villca

Proceso: Cesación de uso lesivo de nombre más el resarcimiento de

              pago de daños y perjuicios.

Distrito: La Paz.


VISTOS: El Recurso de Casación de fojas 1186 a 1195 vuelta, interpuesto por Ana María Choque vda. de Ramírez, contra el Auto de Vista Nº S-112/2013 de 4 de junio, cursante de fojas 1160 a 1164, pronunciado por la Sala Civil Cuarta de la que fuera Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso de cesación de uso lesivo de nombre y otro, seguido por Roger Ramírez Calle y otro contra la recurrente, los antecedentes del proceso, la contestación al recurso extraordinario de fojas 1198 a 1200, el Auto de concesión del recurso de fojas 1201; y,


CONSIDERANDO I.-

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Que durante la tramitación de la causa, el Juez de Partido Décimo Tercero en lo Civil y Comercial de La Paz, emitió sentencia de fecha 30 de mayo de  2011, cursante a fojas 748 a 753 vuelta de obrados, declarando PROBADA la demanda interpuesta por Roger y Raúl Ramírez Calle, disponiendo en consecuencia la cesación del uso lesivo del apellido “vda. de Ramírez” por parte de la demandada Ana María Choque Villca a tiempo de identificarse en la realización de sus actividades públicas y privadas, asimismo se condena al pago de daños y perjuicios que serán cuantificados en ejecución de Sentencia, con costas.

Que, en grado de apelación incoada por ambas partes, la Sala Civil Cuarta de la Corte Superior de Distrito Judicial de La Paz, confirma en parte la Sentencia N° 208/2011 de fecha 30 de mayo, en consecuencia se dispone que desde la ejecutoria de la Sentencia N° 267/2003 la demandada se presente en sus actos públicos como privados sin hacer uso del apellido “vda. de Ramírez” en adelante; y en los actos ya ejecutados, deberá realizar la aclaración de su nombre en el plazo razonable de seís meses; e improbada en cuanto al pago de daños y perjuicios.


CONSIDERANDO II.-

FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN:

En conocimiento de la determinación adoptada por el Tribunal de Alzada, la demandada interpuso recurso de casación en la forma y en el fondo, mismos que se pasan a resumir.

Recurso de casación en la forma.- Señala el recurrente que el Auto de Vista no se ha circunscrito y no resolvió un punto apelado, el reclamo de condenar al pago de daños y perjuicios sin prueba objetiva alguna, vulnerando el artículo 236 del Código de Procedimiento Civil, que además aplicó indebidamente el artículo 198-II del mismo adjetivo, al no existir relación, motivación, fundamentación y menos decisión con relación a este punto, falta de congruencia, lesionando también los artículos 190 y 192-2)3) del Código Civil adjetivo, los artículos 115-II, 117-I, 119-II y 120-I de la Constitución Política del Estado y el 1281 del Código Civil, ya que en la parte considerativa le darían la razón a la demandada, o sea el derecho a usar el apellido de su esposo y resuelven lo contrario, confirmando en parte la Sentencia.

Por lo expuesto y de acuerdo al artículo 17-I de la LOJ N° 025, el Tribunal Supremo pronunciara Auto por el que anule el auto de vista con reposición, hasta que se dicte otro que cumpla las omisiones delatadas.

Recurso de casación en el fondo.- Indica que se han violado los artículos 9 y 11-I del Código Civil, al prohibirle que siga usando el apellido de su esposo.

Que, no existe prueba sobre su mala fe, sino presunción de buena fe, tanto en la celebración del matrimonio cuanto en su vida matrimonial, habiendo considerado la Sentencia salvando sus derechos como cónyuge supérstite, reconociéndole efectos y derechos adquiridos a su matrimonio putativo hasta el día 4 de agosto de 2005, por lo que su matrimonio anulado produjo efectos como válidos, sólo con relación a su persona para el futuro y no con efecto retroactivo, que el uso del apellido “vda. de Ramírez” es un derecho adquirido que se ha incorporado a su patrimonio.

Concluye su recurso que, al encontrar violación de normas sustantivas se debe casar el auto de vista impugnado y deliberando en el fondo desestimar la demanda en todas sus partes, manteniéndose firmes su estado civil de viuda y sus nombres Ana María Choque vda. de Ramírez.


CONSIDERANDO III.-

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Que el extenso, redundante y confuso memorial de casación interpuesto, no da cumplimiento a lo establecido por el artículo 258 del Código de Procedimiento Civil, lo que en aplicación estricta de las normas procesales que rige la tramitación del recurso de casación, daría lugar a que el recurso sea declarado improcedente;sin embargo, no obstante las deficiencias y contradicción del mismo y en consideración a los lineamientos y principios del nuevo orden constitucional y lo establecido en la SCP 2210/2012, se pasa a considerar dicho recurso como fue interpuesto el mismo.

En cuanto al recurso de casación en la forma.- Que los endebles fundamentos expuestos en el recurso de casación en la forma, corresponde resolver el mismo en base a los hechos y normas invocadas siendo pertinente al efecto, referirse a los principios doctrinales relictos a la materia de nulidades procesales, así como a la normativa vigente. En ese orden, corresponde señalar que el recurso de casación en la forma se dirige a invalidar una resolución o el proceso dentro del que se ha dictado aquella, cuando hubiere sido pronunciada o sustanciado con violación de las formas esenciales establecidas por ley. En ese marco, es preciso señalar que un acto jurídico es nulo cuando la ley le priva de los efectos que regularmente debía producir y, de acuerdo con la doctrina, siendo el derecho procesal un conjunto de formas dadas de antemano por el orden jurídico mediante las cuales se hace el juicio, la nulidad consiste en el apartamiento de ese conjunto de formas necesarias establecidas por ley. Por estas razones y a efectos de determinar la nulidad de un proceso se debe tener en cuenta principios doctrinales esenciales como el de especificidad o legalidad, en cuya virtud rige la máxima "pas nullité sans texte" (no hay nulidad sin ley específica que la establezca). Es decir, no basta que la ley prescriba una determinada formalidad para que su omisión o defecto origine la nulidad del acto o procedimiento; ella debe ser expresa, específica, debe estar prescripta por ley.

Por otro lado, se debe tener en cuenta el principio de la finalidad del acto, en razón del cual el acto es legítimo si ha sido actuado de un modo apto para el logro de la finalidad a que estaba destinado, no procediendo por lo tanto su nulidad. Otro de los presupuestos esenciales para la procedencia de la declaración de nulidad de un acto procesal, es el principio de trascendencia plasmado en la máxima "pas de nullite sans grief" (no hay nulidad sin perjuicio). En virtud a este requisito no es dable admitir la declaración de la nulidad por la nulidad misma, por ello, el litigante que invoca el vicio formal debe probar que el mismo le acarreó un perjuicio cierto e irreparable que sólo puede subsanarse mediante la declaración de nulidad. De igual modo, es menester que la omisión o el acto defectuoso no haya sido convalidado expresa o tácitamente por las partes, puesto que, los actos viciados o supuestamente viciados se consolidan si no se los ataca en tiempo hábil, lo que importa la preclusión del derecho a solicitar la nulidad del procedimiento por no haber activado oportunamente esa facultad. En concordancia con este principio la norma del artículo 258 numeral 3) del Código de Procedimiento Civil, determina que en el recurso de nulidad no será permitido presentar nuevos documentos, ni alegar nuevas causas de nulidad por contravenciones que no se hubieren reclamado en los tribunales inferiores, salvo los casos que interesaren al orden público para los efectos del artículo 252 del adjetivo civil.

Que, "frente a la necesidad de obtener actos procesales válidos y no nulos, se halla la necesidad de obtener actos procesales firmes, sobre los cuales pueda consolidarse el derecho", como lo afirma el tratadista Eduardo Couture, (Fundamentos de Derecho Procesal Civil, pág. 391). Lo que significa que si la parte afectada no impugna mediante los recursos que la ley le franquea y deja vencer los términos de interposición, sin hacerlo, debe presumirse que la nulidad aunque exista, no le perjudica gravemente y que renuncia a los medios de impugnación, operándose la preclusión de su etapa procesal y los actos, aún nulos quedan convalidados.


En la especie, en cuanto al reclamo de que el Juez de primera instancia condenó al pago de daños y perjuicios sin prueba objetiva alguna, tenemos que, la recurrente estaba en la obligación de plantearlo en su solicitud de  enmienda y complementación de fojas 1168 y no acusar vicios de nulidad en el recurso de casación, en evidente desconocimiento de la norma prevista por el mencionado artículo 258 numeral 3) del Código de Procedimiento Civil, empero, con la finalidad de no dejar dudas a la recurrente atenderemos su reclamo diciendo, a pesar de no haber sido observado oportunamente, el Auto de Visa ahora recurrido en su tercer considerando numeral 3) parágrafo tercero, desarrolla sobre este reclamo, y en la parte resolutiva declara improbada el pago de daños y perjuicios, por lo que no existe justificativo válido para una nulidad de obrados, por cuanto, como se tiene expresado, no causó perjuicio a la recurrente, máxime, si el auto de vista atendió su denuncia, otorgándole lo que pedía en su apelación, denuncia que en todo caso debía ser formulada por los demandantes, al verse afectados con la modificación, por lo que no corresponde acusar agravio alguno al respecto.

Con relación a la falta de congruencia, motivación y exhaustividad del Auto de Vista, debemos precisar que, la previsión del artículo 190 del Código Procedimiento Civil, impone que las Sentencias que ponen fin al litigio, deben recaer sobre lo pretendido por las partes, sus defensas, excepciones y todo cuanto expusieron en la fase de conocimiento y fue objeto de la relación procesal, los puntos de hecho sujetos a demostración, en base a las pruebas aportadas, sin poder salir del marco que encierra dicha relación.

Que, conforme dispone el señalado artículo, la Sentencia debe poner fin a la instancia conteniendo decisiones precisas, concretas y positivas, resolviendo todas las pretensiones de las partes en la medida en que fueron demandadas y probadas en el proceso. Esta obligación impuesta al Juez A quo, se extiende al tribunal Ad quem en los artículos 236 con relación al 227 del Adjetivo Civil.

Que de la revisión exhaustiva del expediente, como de la Sentencia, el memorial de apelación y el Auto de Vista vemos que no es evidente que los juzgadores hubieran vulnerado el artículo 192 del Código Procedimiento Civil, toda vez que la Sentencia y Auto de Vista son claras, contienen decisiones expresas, positivas y precisas, además que en la parte considerativa de las mismas se ha realizado una exposición sumaria del derecho que se litiga y evaluación de la prueba y se ha citado las leyes en que se funda la misma. Es más se ha analizado y valorizado la prueba conforme a derecho y de acuerdo al valor jurídico que la ley le da, ya que el demandante, dentro del período de prueba ha cumplido con lo exigido por el artículo 1283 I del Código Civil, en razón de que ha probado los hechos que fundamentan su pretensión, sosteniéndose que el Auto de Vista considera y resuelve el recurso de apelación dentro del mandato del artículo 236 del Código de Procedimiento Civil, observando el principio de congruencia, no siendo evidente la violación de los artículos denunciados.

En cuanto al recurso de casación en el fondo.- El Tribunal de Alzada apoyado en conceptos de derecho a la identidad, al nombre y apellido, a la protección del mismo y a impedimentos de uso por lesiones que causen inmoralidad o perjuicio y honor de la persona, a determinado que con el proceso familiar de anulabilidad absoluta de matrimonio, declarada probada por Sentencia N° 267/2003 de fecha 18 de septiembre, y ejecutoriada en fecha 4 de agosto de 2005, la señora Ana María Choque Villca, como cónyuge de buena fe le correspondía todo el derecho de agregar el apellido de su marido a su propio apellido, precedido de la preposición “de”, tal cual prevé el artículo 11 del Código Civil, una vez fallecido y hasta la ejecutoria de la sentencia de anulación de matrimonio, le asiste también el derecho de seguir usándolo en estado de viudez, no resultando lesivo el uso del apellido en ese tiempo descrito, ya que en vigencia del matrimonio, desde la celebración hasta su anulación, ingresaron a su patrimonio derechos y obligaciones, realizó actos y situaciones hasta jurídicas con el estatus de casada y posteriormente de viuda, correspondiendo, una vez ejecutoriada la Sentencia 267/2005, el cese progresivo del uso de la identificación “vda. de Ramírez”.

No encontrando este Tribunal que se haya violado los artículos 9 y 11 del Código Civil, como la recurrente interpreta o quiere interpretar, así como tampoco el fallo de primera y segunda instancia, le reconoce  el derecho de seguir usando la identificación “vda. de Ramírez” después de la ejecutoria de la sentencia, al contrario lo que dispone el Auto de Vista es, que la demandada después de esa ejecutoria, se presente en sus actos públicos como privados sin utilizar el apellido “vda. de Ramírez”, otorgando un plazo razonable de 6 meses para que realice la aclaración de su nombre, para los actos ya ejecutados.

En consecuencia, las forzadas acusaciones de violación de normas adjetivas y sustantivas, terminan siendo simples denuncias sin fundamento, correspondiendo a este Tribunal Supremo de Justicia declarar infundados los recursos interpuestos, aplicando los artículos 271 numeral 2) y 273 del Código de Procedimiento  Civil.


POR TANTO.- La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el parágrafo I numeral 1) del artículo 42 concordante con la disposición transitoria octava de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial, así como el parágrafo II del artículo 8 de la Ley 212 de Transición del Órgano Judicial declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma y en el fondo interpuesto por Ana María Choque Villca, contenidos en el memorial de fojas 1186 a 1195 vuelta, con costas.


Se regula el honorario profesional en la suma de Bs. 1000, que mandará hacer efectivo el Juez inferior.


Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Ana Adela Quispe Cuba

Fdo. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.

Fdo. Mgda. Rita Susana Nava Durán.

Ante mí  Fdo. Dr. Patricia Ríos Tito

Registrado en el Libro de Tomas de Razón: Segundo